Judiciales
Imputado por violación se presenta como DJ en un bar de Jardín América
Gian Lucas Galarza, de 20 años, está acusado por “Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la participación de dos personas”.
El imputado, hijo de un ex intendente de General Urquiza, estuvo detenido un año y nueve meses hasta que, en junio de este año, el juez de instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, accedió al pedido de la defensa y le otorgó la excarcelación.
El magistrado le impuso al acusado una serie de condicionamientos a cumplir para mantener el beneficio, entre ellos, la prohibición de acercamiento a la víctima y la imposibilidad de salir del país. En tanto, Galarza fijó domicilio en Posadas.
Ahora, la defensa del imputado informó a la Justicia que el próximo sábado 15 de octubre Gian Lucas Galarza estará en el Bar Estación Sarmiento, ubicado en Jardín América, animando la velada y pasando música como DJ.
“En el lugar donde empezó todo mi calvario digamos”, dijo la víctima a La Voz de Misiones, tras recibir la noticia por medio de su abogado, Hugo Zapana.
Según detalló el letrado a la joven, Galarza tiene autorización para presentarse “el día sábado 15 de octubre del corriente año por la noche, en el Bar Estación Sarmiento, sito en av. Sarmiento y Uruguay de la localidad de Jardín América, donde ha sido contratado para pasar música como disc jockey (DJ) en el horario de 22:00 a 05:00 horas; regresando a su domicilio de esta ciudad de Posadas en horas de la mañana”.
La muchacha relató a LVM que vive “con miedo de cruzármelo a donde quiera que vaya, y ahora hace esto”, dijo y enfatizó: “Es horrible”.
Y agregó: “Me enteré cuando estaba trabajando y tuve un colapso de emociones. Estás cosas siempre me hacen sentir muy mal. Todavía estoy lidiando y tratando de sobrellevar ciertas consecuencias y cosas que me dejó todo esto que me pasó. Y ahora pasa esto, que me hace revivir todo, me hace muy mal, me hace sentir mucho dolor, tanto a mí como a mi familia”.
Luego de realizar la denuncia en el 2020, la joven tuvo que abandonar Jardín América, de donde es oriunda y donde vive toda su familia, a raíz de escraches públicos que sufrió. Incluso, tuvo que denunciar por acoso y amenazas a familiares directos del implicado.
Por motivo de la celebración del Día de la Madre el próximo domingo, la joven comentó que “tenía planeado ir a Jardín a visitar a mi mamá y sacarla a un lugar a cenar, a mi familia también, estuve juntando plata para hacer eso y sinceramente no me esperaba que esto pase”.
En esa línea, la denunciante reclamó: “Me parece re injusto que yo tenga que estar sufriendo en mi trabajo, en mi casa, ni siquiera pueda salir con mi familia porque este individuo hace lo que quiere, cuando quiere y nadie le dice nada, no entiendo, no me entra en la cabeza”.
La causa
El hecho fue denunciado en septiembre del 2020 por la joven que, en ese entonces, tenía 19 años. La mujer acusó de abuso y violación a Gian Lucas Galarza y a Hernán Mareco, este último no rindió cuentas ante la Justicia y se encuentra en calidad de prófugo.
La causa estuvo a cargo del magistrado Roberto Sena, responsable del Juzgado de Instrucción de Jardín América, que concluyó la investigación y dispuso su elevación a juicio.
Sin embargo, posteriormente la defensa de Galarza presentó un planteo de recusación del magistrado, argumentando -entre otros puntos- que en su juzgado trabajaba una persona allegada a la denunciante. El pedido fue analizado por los magistrados del Tribunal Penal 2 de Posadas, quienes fallaron a su favor y dispusieron que el expediente regrese a etapa de instrucción con un magistrado subrogante al frente.
A partir de ahí, intervino el Balanda Gómez, que es el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y fue quien dispuso el cese de la prisión preventiva del único implicado que estaba detenido.
La defensa de la víctima, encabezada por el Estudio Jurídico Zapana Tilli, interpuso un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia “por la nulidad de gran parte del expediente y el cambio de juez”, dijo el letrado Hugo Zapana a LVM.
Por otra parte, la causa fue nuevamente elevada a juicio e “ingresó al mismo tribunal que dispuso la nulidad de gran parte del expediente y que ordenó al juez de Puerto Rico que ponga en libertad a Galarza”, detalló el abogado.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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