Judiciales
Hacker misionero reclama custodia y pide convertirse en “arrepentido”
Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el hacker misionero que confesó el ataque al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, y a varios jueces, reclamó este miércoles la custodia que la jueza María Araceli Martínez había ordenado hace diez días y pidió encuadrarse en la figura del arrepentido, establecida en la Ley 27.304.
El joven, que declaró ya dos veces, aseguró, en su última indagatoria, que la persona que lo contactó para hackear las líneas del ahora ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, varios jueces y el diputado nacional del PRO Diego Santilli, le pagó por adelantado.
Nuñes Pinheiro reconoció un pago de $46.000 por “tres objetivos”, fechado el 17 de octubre de 2022 y que figura en un listado de transferencias de la billetera Lemon.
Contó que prendió fuego su teléfono y lo arrojó al río Paraná, pero que cuando lo hizo las conversaciones de Telegram con el contacto que lo contrató ya se habían borrado.
Luego de esa declaración, la fiscal Daniela Dupuy pidió que se dispongan medidas para protegerlo, por lo que, horas después, la jueza Martínez exhortó al juez de instrucción de Eldorado para asigne custodia a Nuñes Pinheiro.
Ahora, la defensa del hacker misionero pidió que su cliente sea encuadrado en los términos de la “ley del arrepentido”, que permite reducir la pena de quienes aportan información útil a la causa que se investiga.
“Ha quedado demostrado a lo largo del proceso evidenciado a través de su amplia colaboración a través de ambas declaraciones indagatorias, entendemos que corresponde dar tratamiento en forma especial teniendo en cuenta sus condiciones personales a fin de que pueda ser tratado como arrepentido, teniendo en cuenta el artículo 43 del Código Penal, y la Ley del Arrepentido (Ley 27.304)”, pidieron los abogados de Núñes Pinheiro, Sebastián Noguera y Marcos Kapko, según publicó el diario porteño Infobae.
La Ley 27.304, promulgada en diciembre de 2016 y conocida como “ley del arrepentido”, regula la posibilidad de que una persona que cometió un delito aporte datos relevantes para el avance de una investigación a cambio de obtener ciertos beneficios sobre la pena que pudiera corresponderle.
La defensa de Núñes Pinheiro descuenta que la jueza Martínez haga lugar al pedido, por cuanto en su exhorto al juez de Eldorado pidiendo protección para el hacker, había destacado que este “ha brindado información relevante para la continuación de la pesquisa”.
Viaje escondido
El hackeo al teléfono de D’Alessandro se registró en la tarde del 19 de octubre a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, lo cual es posible a través de distintas técnicas, como la del turno trucho de la vacuna contra el Covid-19, que es la más común.
Además de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, en la causa están también investigados su padre, Elías Nuñes Pinheiro, Julio César Escobar, Cecilia Mercado y Antonio Aquino, todos de la localidad Eldorado, aunque los abogados del joven aseguran que no participaron del hackeo.
D’Alessandro no fue el único objetivo de los hackers misioneros. También, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos integrantes del tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad), y Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; el fiscal general de Caba Juan Bautista Mahiques, y el diputado nacional del PRO Diego Santilli.
El hackeo de los teléfonos desembocó en la filtración de conversaciones del ex ministro porteño con jueces y fiscales, donde hablaban de cómo encubrir un “viaje secreto” del grupo a la mansión del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, provincia de Río Negro.
La unidad fiscal a cargo de Dupuy no solo investiga el origen del hackeo al teléfono del ministro de Caba, sino también la filtración del contenido, como “difusión no consentida de material privado”.
A esa causa se sumaron otras dos en Comodoro Py: una del diputado nacional del PRO Diego Santilli, y otra del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, también por el hackeo de sus teléfonos.
La causa abierta en Bariloche, ante el Juzgado de la jueza federal Silvina Domínguez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos y la supuesta aceptación de dádivas por parte de D’Alessandro y los jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido, es la única que se enfoca en el contenido de los chats.
Judiciales
Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio
Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Samic de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”
Judiciales
Admitió haber matado a machetazos a su vecina y firmó un abreviado por perpetua
Casi cuatro años después del hecho, el hombre acusado de asesinar a machetazos a su vecina Rosula Concepción Benitez Garcete (73) admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado a prisión perpetua.
Se trata de Héctor Raúl Fernández (33), quien esta mañana debía sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno de Eldorado para enfrentar un debate oral como autor del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y homicidio calificado por alevosía en concurso real”.
Sin embargo, horas antes tomó otra decisión y finalmente decidió admitir su responsabilidad en el hecho, aceptando la pena de prisión perpetua. El acuerdo fue alcanzado entre el imputado, su defensa y la fiscalía, lo cual ahora debe ser homologado por los magistrados del tribunal para transformarse en sentencia.
El hecho que Fernández confesó ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en el paraje Aguaray Guazú de Puerto Esperanza, donde atacó a machetazos a su vecina Benítez Garcete, de 73 años y no vidente.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, aquella tarde Fernández se dirigió a la casa de sus vecinos y con un machete en manos amenazó de muerte al esposo de Benítez Garcete.
En esas circunstancias, apareció el padre de Fernández, que lo retiró del lugar, pero minutos más tarde el imputado regresó a la casa de sus vecinos, donde la mujer se encontraba sola debido a que su esposo se había dirigido a la comisaría para radicar la denuncia del primer suceso.
Allí Benítez Garcete fue atacada a machetazos y falleció tras más de una semana internada en terapia intensiva como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.
Las pericias del caso revelaron que el homicida registraba 2,5 gramos de alcohol en sangre y bajo ese estado pretendió ser declarado inimputable, aunque los planteos tuvieron respuesta negativa.
Judiciales
Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
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