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Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el hacker misionero que confesó el ataque al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, y a varios jueces, reclamó este miércoles la custodia que la jueza María Araceli Martínez había ordenado hace diez días y pidió encuadrarse en la figura del arrepentido, establecida en la Ley 27.304.
El joven, que declaró ya dos veces, aseguró, en su última indagatoria, que la persona que lo contactó para hackear las líneas del ahora ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, varios jueces y el diputado nacional del PRO Diego Santilli, le pagó por adelantado.
Nuñes Pinheiro reconoció un pago de $46.000 por “tres objetivos”, fechado el 17 de octubre de 2022 y que figura en un listado de transferencias de la billetera Lemon.
Contó que prendió fuego su teléfono y lo arrojó al río Paraná, pero que cuando lo hizo las conversaciones de Telegram con el contacto que lo contrató ya se habían borrado.
Luego de esa declaración, la fiscal Daniela Dupuy pidió que se dispongan medidas para protegerlo, por lo que, horas después, la jueza Martínez exhortó al juez de instrucción de Eldorado para asigne custodia a Nuñes Pinheiro.
Ahora, la defensa del hacker misionero pidió que su cliente sea encuadrado en los términos de la “ley del arrepentido”, que permite reducir la pena de quienes aportan información útil a la causa que se investiga.
“Ha quedado demostrado a lo largo del proceso evidenciado a través de su amplia colaboración a través de ambas declaraciones indagatorias, entendemos que corresponde dar tratamiento en forma especial teniendo en cuenta sus condiciones personales a fin de que pueda ser tratado como arrepentido, teniendo en cuenta el artículo 43 del Código Penal, y la Ley del Arrepentido (Ley 27.304)”, pidieron los abogados de Núñes Pinheiro, Sebastián Noguera y Marcos Kapko, según publicó el diario porteño Infobae.
La Ley 27.304, promulgada en diciembre de 2016 y conocida como “ley del arrepentido”, regula la posibilidad de que una persona que cometió un delito aporte datos relevantes para el avance de una investigación a cambio de obtener ciertos beneficios sobre la pena que pudiera corresponderle.
La defensa de Núñes Pinheiro descuenta que la jueza Martínez haga lugar al pedido, por cuanto en su exhorto al juez de Eldorado pidiendo protección para el hacker, había destacado que este “ha brindado información relevante para la continuación de la pesquisa”.
El hackeo al teléfono de D’Alessandro se registró en la tarde del 19 de octubre a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, lo cual es posible a través de distintas técnicas, como la del turno trucho de la vacuna contra el Covid-19, que es la más común.
Además de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, en la causa están también investigados su padre, Elías Nuñes Pinheiro, Julio César Escobar, Cecilia Mercado y Antonio Aquino, todos de la localidad Eldorado, aunque los abogados del joven aseguran que no participaron del hackeo.
D’Alessandro no fue el único objetivo de los hackers misioneros. También, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos integrantes del tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa Vialidad), y Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; el fiscal general de Caba Juan Bautista Mahiques, y el diputado nacional del PRO Diego Santilli.
El hackeo de los teléfonos desembocó en la filtración de conversaciones del ex ministro porteño con jueces y fiscales, donde hablaban de cómo encubrir un “viaje secreto” del grupo a la mansión del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, provincia de Río Negro.
La unidad fiscal a cargo de Dupuy no solo investiga el origen del hackeo al teléfono del ministro de Caba, sino también la filtración del contenido, como “difusión no consentida de material privado”.
A esa causa se sumaron otras dos en Comodoro Py: una del diputado nacional del PRO Diego Santilli, y otra del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, también por el hackeo de sus teléfonos.
La causa abierta en Bariloche, ante el Juzgado de la jueza federal Silvina Domínguez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos y la supuesta aceptación de dádivas por parte de D’Alessandro y los jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido, es la única que se enfoca en el contenido de los chats.