Judiciales
“Garrotazo y al pozo”: la amenaza de un imputado tras el femicidio de Marina
Las testimoniales recabadas hoy en la cuarta audiencia del juicio oral por el femicidio de Marina Da Silva (19), cometido en 2013 en Nemesio Parma, volvieron a girar en torno a la figura de su ex concubino Franco Ramos (28), pero esta vez también se centraron en Juan Portal (33), que al momento del hecho tenía una relación paralela con la víctima y está imputado en la causa.
Fue la testigo Margarita Mackenzie, ex concubina de Portal, quien arrojó declaraciones que podrían poner bajo sospecha algunos comportamientos del imputado, aunque las precisiones, como durante gran parte del proceso, no abundan.
En el orden cronológico de los hechos, Mackenzie aseguró que se enteró de la infidelidad de su pareja con Marina en octubre de 2013 y recordó que el día en que presuntamente se cometió el crimen -21 de diciembre- el hombre durmió en la casa de sus padres porque quería reconciliarse con ella y pasar tiempo con la hija que tenían en común.
En esa línea, aseguró que estuvieron distanciados hasta el 25 de diciembre, cuando se reconciliaron y pasaron la noche en la olería donde Portal trabajaba en compañía de Ramos y Alejandro “Pili” Da Silva, que era sereno en el lugar y también está imputado en la causa.
Esa olería, en tanto, era propiedad de Omar Ramírez, que también quedó involucrado en el expediente pero falleció en medio del proceso y no llegó a instancia de juicio. En la hipótesis planteada por la fiscalía de instrucción se considera que esa fue la escena del crimen.
En ese lugar, Mackenzi afirmó que pasó la noche con Portal, más conocido como Juancho, y recordó que a la mañana siguiente limpió varias manchas de sangre, ubicadas en zonas del “quincho y baño”, aunque recalcó que los rastros de fluido sanguíneo no le sorprendieron porque tanto su pareja como lo demás trabajadores del lugar solían realizar cuatrerismo y llevar animales muertos.
Más tarde, la testigo fue consultada por escenas de violencia sufridas durante su relación con Portal y el fiscal, Vladimir Glinka, hizo especial énfasis en una discusión registrada el 13 de enero de 2014, dos semanas después del hallazgo del cadáver de Marina Da Silva en un pozo de Nemesio Parma.
“Nunca me pegó, siempre quedó todo en empujones. Ese día me dijo: ‘Vos estás buscando lo mismo que Marina. Que te encaje un garrotazo y te tire a un pozo’. Yo ahí le empecé a preguntar si él había sido entonces, pero me dijo que no y hasta que me negó que ella era su amante”, declaró la mujer.
El testimonio llamó la atención de Glinka, que ahondó un poco más en la cuestión, teniendo en cuenta que para esa fecha se desconocían los resultados completos de autopsia.
“Desde un principio ya se decía que ella tenía un golpe en la cabeza. Eran versiones de los vecinos”, agregó la testigo.
¿Fue una confesión encubierta de Portal, sabía lo que sucedió o simplemente se dejó llevar por un comentario generalizado del barrio en su amenaza? Es lo que se intentará develar en la continuidad del proceso.
El 18 enero, la relación entre Mackenzi y Portal se cortó definitivamente.
Portal y Ramos -a la derecha- están imputados por el femicidio y pueden ser condenados a prisión perpetua.
Ramos y su familia
El resto de los testimonios se centraron, como desde un comienzo, en la figura de Ramos, ex concubino de la víctima y hasta el momento la última persona que fue vista con Marina ese 21 de diciembre.
En la jornada de hoy declararon varios familiares directos, quienes decidieron hablar a pesar de estar amparados por el artículo que los exime de prestar testimonio en contra de parientes.
Reconstruir las últimas horas de Marina es otra de las claves del proceso. En su indagatoria, Ramos afirmó que entre las 13 y 14 dejó a su concubina en un kiosco de la zona y nunca más la vio.
Hoy, una de sus hermanas, Tania Ramos, expresó que ese día el ahora imputado salió de su casa a las 11 “en moto, con dos pañales y en compañía de Marina y la hija de ambos”.
Luego, agregó que el joven volvió a la casa cerca del mediodía, pero ya estaba solo y después de tomar “tere y sidra” se fue a jugar al fútbol por la tarde.
Esta mañana también declaró Gladis Ledesma, madre de Ramos, quien aseveró que ese día su hijo salió de casa “cerca de las 12” en compañía de su familia y agregó que minutos después “volvió solo, me pidió pañales y llevó ropita”, contradiciendo en parte la declaración de su hija Tania.
Ledesma además negó haber sido violenta con Marina, lo cual acusó la madre de la víctima en el segundo día de juicio. “Siempre nos llevamos bien, yo aprendí mucho de ella. Una vez amenacé con pegarle con una vara porque ella estaba haciendo lo mismo con mi nieta y la mamá de Marina me dio autorización para hacerlo”, sostuvo.
Respecto a las acusaciones dadas por la madre de la víctima, la testigo respondió que “ella tiene miedo de tener la tenencia de la nieta y por eso está dispuesta a hacer de todo para que Franco no salga”.
Hasta ahora, el único dato certero y ratificado por varios testigos es que al menos entre las 12 y 16 fue vista con Ramos circulando en moto. A veces con la hija de ambos, o bien los dos solos. Pero qué sucedió de ahí en más continúa siendo una incógnita y es lo que se busca develar para esclarecer el femicidio.
El debate oral continúa mañana, a partir de las 8.30, con más testimoniales. El proceso se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado César Yaya.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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