Judiciales
“Garrotazo y al pozo”: la amenaza de un imputado tras el femicidio de Marina
Las testimoniales recabadas hoy en la cuarta audiencia del juicio oral por el femicidio de Marina Da Silva (19), cometido en 2013 en Nemesio Parma, volvieron a girar en torno a la figura de su ex concubino Franco Ramos (28), pero esta vez también se centraron en Juan Portal (33), que al momento del hecho tenía una relación paralela con la víctima y está imputado en la causa.
Fue la testigo Margarita Mackenzie, ex concubina de Portal, quien arrojó declaraciones que podrían poner bajo sospecha algunos comportamientos del imputado, aunque las precisiones, como durante gran parte del proceso, no abundan.
En el orden cronológico de los hechos, Mackenzie aseguró que se enteró de la infidelidad de su pareja con Marina en octubre de 2013 y recordó que el día en que presuntamente se cometió el crimen -21 de diciembre- el hombre durmió en la casa de sus padres porque quería reconciliarse con ella y pasar tiempo con la hija que tenían en común.
En esa línea, aseguró que estuvieron distanciados hasta el 25 de diciembre, cuando se reconciliaron y pasaron la noche en la olería donde Portal trabajaba en compañía de Ramos y Alejandro “Pili” Da Silva, que era sereno en el lugar y también está imputado en la causa.
Esa olería, en tanto, era propiedad de Omar Ramírez, que también quedó involucrado en el expediente pero falleció en medio del proceso y no llegó a instancia de juicio. En la hipótesis planteada por la fiscalía de instrucción se considera que esa fue la escena del crimen.
En ese lugar, Mackenzi afirmó que pasó la noche con Portal, más conocido como Juancho, y recordó que a la mañana siguiente limpió varias manchas de sangre, ubicadas en zonas del “quincho y baño”, aunque recalcó que los rastros de fluido sanguíneo no le sorprendieron porque tanto su pareja como lo demás trabajadores del lugar solían realizar cuatrerismo y llevar animales muertos.
Más tarde, la testigo fue consultada por escenas de violencia sufridas durante su relación con Portal y el fiscal, Vladimir Glinka, hizo especial énfasis en una discusión registrada el 13 de enero de 2014, dos semanas después del hallazgo del cadáver de Marina Da Silva en un pozo de Nemesio Parma.
“Nunca me pegó, siempre quedó todo en empujones. Ese día me dijo: ‘Vos estás buscando lo mismo que Marina. Que te encaje un garrotazo y te tire a un pozo’. Yo ahí le empecé a preguntar si él había sido entonces, pero me dijo que no y hasta que me negó que ella era su amante”, declaró la mujer.
El testimonio llamó la atención de Glinka, que ahondó un poco más en la cuestión, teniendo en cuenta que para esa fecha se desconocían los resultados completos de autopsia.
“Desde un principio ya se decía que ella tenía un golpe en la cabeza. Eran versiones de los vecinos”, agregó la testigo.
¿Fue una confesión encubierta de Portal, sabía lo que sucedió o simplemente se dejó llevar por un comentario generalizado del barrio en su amenaza? Es lo que se intentará develar en la continuidad del proceso.
El 18 enero, la relación entre Mackenzi y Portal se cortó definitivamente.
Portal y Ramos -a la derecha- están imputados por el femicidio y pueden ser condenados a prisión perpetua.
Ramos y su familia
El resto de los testimonios se centraron, como desde un comienzo, en la figura de Ramos, ex concubino de la víctima y hasta el momento la última persona que fue vista con Marina ese 21 de diciembre.
En la jornada de hoy declararon varios familiares directos, quienes decidieron hablar a pesar de estar amparados por el artículo que los exime de prestar testimonio en contra de parientes.
Reconstruir las últimas horas de Marina es otra de las claves del proceso. En su indagatoria, Ramos afirmó que entre las 13 y 14 dejó a su concubina en un kiosco de la zona y nunca más la vio.
Hoy, una de sus hermanas, Tania Ramos, expresó que ese día el ahora imputado salió de su casa a las 11 “en moto, con dos pañales y en compañía de Marina y la hija de ambos”.
Luego, agregó que el joven volvió a la casa cerca del mediodía, pero ya estaba solo y después de tomar “tere y sidra” se fue a jugar al fútbol por la tarde.
Esta mañana también declaró Gladis Ledesma, madre de Ramos, quien aseveró que ese día su hijo salió de casa “cerca de las 12” en compañía de su familia y agregó que minutos después “volvió solo, me pidió pañales y llevó ropita”, contradiciendo en parte la declaración de su hija Tania.
Ledesma además negó haber sido violenta con Marina, lo cual acusó la madre de la víctima en el segundo día de juicio. “Siempre nos llevamos bien, yo aprendí mucho de ella. Una vez amenacé con pegarle con una vara porque ella estaba haciendo lo mismo con mi nieta y la mamá de Marina me dio autorización para hacerlo”, sostuvo.
Respecto a las acusaciones dadas por la madre de la víctima, la testigo respondió que “ella tiene miedo de tener la tenencia de la nieta y por eso está dispuesta a hacer de todo para que Franco no salga”.
Hasta ahora, el único dato certero y ratificado por varios testigos es que al menos entre las 12 y 16 fue vista con Ramos circulando en moto. A veces con la hija de ambos, o bien los dos solos. Pero qué sucedió de ahí en más continúa siendo una incógnita y es lo que se busca develar para esclarecer el femicidio.
El debate oral continúa mañana, a partir de las 8.30, con más testimoniales. El proceso se desarrolla en el Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado César Yaya.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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