Judiciales
Funcionario de UIF sobre Clan Barakat: “El caso representa gravedad”
El congelamiento de bienes dispuesto contra integrantes del denominado Clan Barakat, un grupo de libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de ejecutar maniobras de lavado de activos en Puerto Iguazú para luego financiar grupos terroristas de Medio Oriente, corre riesgo. Las medidas cautelares vencen este miércoles y su prorrogación depende del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, contra quien la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación interpuso recientemente un recurso de queja por retardo de justicia.
En plena cuenta regresiva al vencimiento de los plazos vigentes, el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Abel Ezeyza, dialogó con La Voz de Misiones, charla en la que alertó sobre la situación y expuso las consecuencias que acarrearía la caída de estas disposiciones judiciales dictadas contra este grupo de extranjeros vinculados, ni más ni menos, que con Hezbollah.
Ezeyza asumió en la UIF tras el recambio de gobierno nacional y sostuvo que entre las prioridades de gestión que encara el presidente del organismo, Ignacio Martín Yacobucci, se encuentra la causa contra el Clan Barakat, expediente en el cual intervienen como querellantes.
La situación no es para menos. Se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo.
“Para nosotros, como organismo, el compromiso de lucha contra el finamiento del terrorismo es un tema serio y queremos darle prioridad y presencia al organismo dentro de las regiones. Especialmente en la zona de la triple frontera, que es especialmente grave”, describió Ezeyza.
A partir de ahí, se adentró en el expediente en cuestión. El funcionario indicó que en 2015 la UIF dispuso la medida de congelamiento administrativo y en 2018 se dictó el congelamiento judicial, disposición que desde allí es prorrogada periódicamente.
Justamente, esos plazos vencen mañana, 3 de julio, tras lo cual las medidas cautelares perderían vigencia y los sospechosos puestos bajo la lupa podrán volver a hacer libre uso de los recursos que hoy tienen inhibidos, como así también podrán volver a operar en el sistema financiero argentino. La prórroga de estas disposiciones dependen del juzgado federal que dirige Guerrero, aunque desde la UIF alertaron sobre el acercamiento de la fecha límite y pidieron mayores acciones.
“Con lo que yo me topo cuando entro es que había un montón de medidas de pruebas que no estaban avanzadas, que no estaban individualizadas las personas. Es decir, no se avanzó en una causa que ya se inició en 2015. Lo primero que hicimos fue un pedido de pronto despacho, pidiendo relevar las medidas pendientes y constatar avances. Fue después de eso que recurrimos al recurso de queja”, repasó Ezeyza.
Ese recurso de queja por retardo de justicia tuvo acogida favorable por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Misiones, cuyos magistrados entendieron como valedero el reclamo de la UIF y encomendaron al juzgado de Guerrero a “dar curso a lo solicitado” con “la premura que el caso amerita”, principalmente en lo relacionado a la prórroga del congelamiento de bienes y al pedido de informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.
“No sé si todos dimensionan la gravedad que representa este caso. Una prórroga puede ser dictada una vez vencidos los plazos, pero queda una ventana, con el riesgo que eso implica, para que esta gente pueda actuar mientras las medidas no estén vigentes”, resumió.
Independientemente de ello, la situación también puede repercutir en el plano internacional. Es que Argentina se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija estándares internacionales y promueve la efectiva implementación políticas para prevenir el lavado de activos, el finamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los evaluadores estuvieron en el país en marzo y los resultados del relevamiento recién se publicarán en octubre, ante lo cual un hipotético vencimiento de las medidas de congelamiento en la causa Clan Barakat podría repercutir de manera negativa en la calificación final.
Clan Barakat
La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.
De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.
Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.
En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.
Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.
Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.
Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.
Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.
Judiciales
Da Silva fue condenado a 14 años de prisión por intentar matar a su ex
Después de oír a los testigos y el alegato de las partes, el Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a 14 años de prisión a Leonardo Michael Da Silva (25) por el ataque a cuchillazos perpetrado en perjuicio de su ex pareja en hecho de extrema violencia de género registrado el 28 de octubre de 2023.
La sentencia fue leída a la siesta de este jueves, cerrando así un debate oral que arrancó temprano en la mañana, con la declaración de la víctima y de otros testigos citados a dar su testimonio sobre el hecho ocurrido en el barrio Oberá III.
Da Silva fue declarado responsable de los delitos de “femicidio doblemente calificado por la relación de pareja y violencia de género, en grado de tentativa, y desobediencia judicial”, tal como lo solicitó el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi, aunque difirió en el monto de la pena, dado que la acusación solicitó 16 años de prisión y la resolución final fue de 14.
“No cabe dudas de la existencia del hecho, ni la autoría del hecho. La persona que atacó y quiso matar a su pareja se encuentra imputado acá”, alegó en su momento Fernández Rissi, en su primer debate oral desde que fue designado a fines del año pasado en ese cargo.
El fiscal describió que la víctima, Maira Ortega, fue víctima de un larga historia de violencia de género, que incluyó persecución, hostigamiento, golpes y otros intentos de asesinato.
La defensa, en tanto, encabezada por Alexander Pona, consideró que durante el proceso hubo más incongruencias que certezas respecto a la autoría de Da Silva, por lo cual pidió la absolución por el beneficio de la duda.
El tribunal que dictó sentencia estuvo presidido por el magistrado Horacio Paniagua e integrado por los vocales subrogantes Jorge Villalba y Julio Carvallo.
El hecho que terminó en sentencia se registró el 28 de octubre de 2023, a las 7.30, cuando el implicado sorprendió a su víctima mientras dormía en su casa y tras una breve discusión le asestó dos puntazos en el cuello con un cuchillo tipo tramontina.
La propia víctima declaró esta mañana como testigo en el juicio contra su ex pareja y ante los jueces recordó que “yo estaba durmiendo con mis dos hijos, que son hijos también de Michael. Siento que alguien me toca la espalda, me levanto. Estábamos hablando y de golpe saca un cuchillo de atrás y me empieza a atacar”.
La joven relató que intentó defenderse y al comenzar a gritar también se despertó una amiga suya que estaba en la casa y entre ambas logran sacarle el cuchillo al violento, aunque para ello ya había recibido dos puntazos en el cuello. “Me agarró el cuchillo cerca de la garganta y en la cabeza. Un corte tenía 2 puntos y el otro 3”, describió Ortega sobre las lesiones sufridas.
FOTO: EL TERRITORIO
Intentó matar a cuchillazos a su ex en 2023 y ahora enfrenta juicio en Oberá
Judiciales
“Ni una bala más, ni un pibe menos”: pidieron justicia por Nano Amarilla
Familiares, amigos y vecinos se reunieron para recordar y pedir justicia por Arnaldo Alejandro Amarilla, más conocido como “Nano”, quien habría sido asesinado por dos policías en el barrio A 3-2, en el año 2018.
Durante el encuentro, concretado el martes pasado a las 18 en una cancha de fútbol ubicada en ese mismo barrio, compartieron un partido y posteriormente una merienda.
Al mismo tiempo, el objetivo fue celebrar el cumpleaños de Nano, como una forma de “mantener viva su memoria, como a él le gustaba, dentro de una cancha”, señalaron los impulsores de la iniciativa a través de su cuenta de Instagram.
A ocho años del hecho, sus allegados continúan a la espera de justicia, por lo que señalaron: “Exigimos que se haga efectivo el juicio, han pasado ocho años desde su asesinato y la justicia misionera -lenta e ineficaz- sigue sin plasmar una fecha de juicio y cárcel al ex sargento Esteban Soley y el ex oficial David Villalba”.
Y concluyeron: “Basta de gatillo fácil. Basta de matar a nuestros pibes”, “Nano Amarilla presente, ahora y siempre”.
El caso
Arnaldo Alejandro Amarilla (32) fue asesinado el domingo 1 de julio del 2018 en horas de la madrugada en el barrio A3-2 de Posadas, donde lo hallaron con múltiples impactos de perdigones de goma horas después de la intervención policial por un conflicto vecinal.
En su momento, las investigaciones policiales afirmaron que se trataba de un ex convicto que murió en un confuso episodio y por ello hubo dos policías detenidos en averiguación del caso: el ex sargento Emanuel Esteban Soley y el ex oficial David Villalba, quienes prestaban servicios en la Comisaría Décima.
El ataque se concretó entre la 1 y las 2, pero el cadáver fue descubierto por un hermano a las 5, quien habría alertado a sus padres.
El cuerpo fue hallado cerca del baño de su vivienda 21, en la manzana 18, y con múltiples heridas de perdigones, presuntamente disparados por policías que habrían acudido a repeler, por tercera vez en menos de seis horas, discusiones y peleas callejeras en las que habría intervenido el ex convicto.
En ese entonces, el magistrado Ricardo Balor ordenó la detención preventiva de ambos policías. También fue secuestrada una escopeta Ithaca 12.70, peritada en el marco de la causa por homicidio investigada por el Juzgado de Instrucción Seis.
Al igual que Villalba, en el año 2023 Soley fue excarcelado por el cese de la prisión preventiva y desde entonces aguardan en libertad la realización del debate oral para esclarecer el hecho, proceso que debe realizarse en el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Ambos están imputados por el delito de “homicidio calificado por su función”, figura enmarcada por el artículo 80, inciso 9 del Código Penal de la Nación Argentina, que prevé una pena de prisión perpetua.
Al comienzo de la causa, Villalba estuvo imputado como partícipe secundario del mismo hecho, pero cuando René Casals asumió como titular de la Fiscalía de Instrucción Seis de Posadas, consideró que el uniformado debía responder como coautor por omisión, dado que era el encargado de la patrulla.
Ex sargento acusado de gatillo fácil en A3-2 aguardará el juicio en libertad
Judiciales
Intentó matar a cuchillazos a su ex en 2023 y ahora enfrenta juicio en Oberá
“Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie más”, fueron las palabras que Leonardo Michael Da Silva (25) le dijo a su ex pareja antes de asestarle dos cuchillazos en el cuello, hecho por el cual esta mañana comenzó a ser juzgado en el Tribunal Penal Uno de Oberá.
Los detalles del grave episodio fueron expuestos al comienzo de la audiencia, al momento en que los magistrados Horacio Paniagua (presidente), Jorge Villalba y Julio Carvallo (ambos subrogantes), autorizaron la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa que tiene a Da Silva como imputado por “femicidio doblemente calificado por la relación de pareja y violencia de género, en grado de tentativa, y desobediencia judicial”.
Según la reconstrucción, el hecho ocurrió el 28 de octubre de 2023, a las 7.30, cuando el sospechoso irrumpió en la casa de su ex pareja, Nélida Maira Ortega, quien dormía junto a sus dos hijos en su casa del barrio Oberá III.
La propia víctima declaró esta mañana como testigo en el juicio contra su ex pareja y ante los jueces recordó que “yo estaba durmiendo con mis dos hijos, que son hijos también de Michael. Siento que alguien me toca la espalda, me levanto. Estábamos hablando y de golpe saca un cuchillo de atrás y me empieza a atacar”.
La joven relató que intentó defenderse y al comenzar a gritar también se despertó una amiga suya que estaba en la casa y entre ambas logran sacarle el cuchillo tipo tramontina al violento, aunque para ello ya había recibido dos puntazos en el cuello. “Me agarró el cuchillo cerca de la garganta y en la cabeza. Un corte tenía 2 puntos y el otro 3”, describió Ortega sobre las lesiones sufridas.

La víctima del hecho declaró y reconoció el cuchillo incautado en la causa como el arma utilizada en el ataque.
La víctima, además, ratificó que en pleno ataque su ex pareja que “si yo no iba a estar con él, no iba a estar con nadie. Que me iba a matar a mí y después se iba a matar él”.
Ortega explicó que su relación con Da Silva duró tres años y que al comienzo todo “iba bastante bien”, pero a mediados de 2023 la situación empeoró: “Peleábamos casi todos los fines de semana hasta que yo decidí separarme y él nunca aceptó la separación. Me separé porque él empezó a consumir drogas y se ponía loco, desconfiaba de mí y quería sacarme la vida”.
Da Silva también compareció ante el estrado del tribunal, escuchó la imputación en su contra y se abstuvo de declarar. El joven es defendido por el abogado Alexander Pona, mientras que la acusación está a cargo del fiscal Juan Pablo Fernández Rissi, designado en el cargo a fines del año pasado.
En el episodio también resultó herida la amiga de la víctima, que además es prima del acusado. El debate continúa en proceso con la recepción de declaración a más testigos. El juicio es transmitido en vivo por Youtube.
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