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Funcionario de UIF sobre Clan Barakat: “El caso representa gravedad”

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El congelamiento de bienes dispuesto contra integrantes del denominado Clan Barakat, un grupo de libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de ejecutar maniobras de lavado de activos en Puerto Iguazú para luego financiar grupos terroristas de Medio Oriente, corre riesgo. Las medidas cautelares vencen este miércoles y su prorrogación depende del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, contra quien la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación interpuso recientemente un recurso de queja por retardo de justicia.

En plena cuenta regresiva al vencimiento de los plazos vigentes, el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Abel Ezeyza, dialogó con La Voz de Misiones, charla en la que alertó sobre la situación y expuso las consecuencias que acarrearía la caída de estas disposiciones judiciales dictadas contra este grupo de extranjeros vinculados, ni más ni menos, que con Hezbollah. 

Ezeyza asumió en la UIF tras el recambio de gobierno nacional y sostuvo que entre las prioridades de gestión que encara el presidente del organismo, Ignacio Martín Yacobucci, se encuentra la causa contra el Clan Barakat, expediente en el cual intervienen como querellantes.

La situación no es para menos. Se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo.

“Para nosotros, como organismo, el compromiso de lucha contra el finamiento del terrorismo es un tema serio y queremos darle prioridad y presencia al organismo dentro de las regiones. Especialmente en la zona de la triple frontera, que es especialmente grave”, describió Ezeyza.

A partir de ahí, se adentró en el expediente en cuestión. El funcionario indicó que en 2015 la UIF dispuso la medida de congelamiento administrativo y en 2018 se dictó el congelamiento judicial, disposición que desde allí es prorrogada periódicamente.

Justamente, esos plazos vencen mañana, 3 de julio, tras lo cual las medidas cautelares perderían vigencia y los sospechosos puestos bajo la lupa podrán volver a hacer libre uso de los recursos que hoy tienen inhibidos, como así también podrán volver a operar en el sistema financiero argentino. La prórroga de estas disposiciones dependen del juzgado federal que dirige Guerrero, aunque desde la UIF alertaron sobre el acercamiento de la fecha límite y pidieron mayores acciones.

“Con lo que yo me topo cuando entro es que había un montón de medidas de pruebas que no estaban avanzadas, que no estaban individualizadas las personas. Es decir, no se avanzó en una causa que ya se inició en 2015. Lo primero que hicimos fue un pedido de pronto despacho, pidiendo relevar las medidas pendientes y constatar avances. Fue después de eso que recurrimos al recurso de queja”, repasó Ezeyza.

Ese recurso de queja por retardo de justicia tuvo acogida favorable por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Misiones, cuyos magistrados entendieron como valedero el reclamo de la UIF y encomendaron al juzgado de Guerrero a “dar curso a lo solicitado” con “la premura que el caso amerita”, principalmente en lo relacionado a la prórroga del congelamiento de bienes y al pedido de informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.

No sé si todos dimensionan la gravedad que representa este caso. Una prórroga puede ser dictada una vez vencidos los plazos, pero queda una ventana, con el riesgo que eso implica, para que esta gente pueda actuar mientras las medidas no estén vigentes”, resumió.

Independientemente de ello, la situación también puede repercutir en el plano internacional. Es que Argentina se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija estándares internacionales y promueve la efectiva implementación políticas para prevenir el lavado de activos, el finamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Los evaluadores estuvieron en el país en marzo y los resultados del relevamiento recién se publicarán en octubre, ante lo cual un hipotético vencimiento de las medidas de congelamiento en la causa Clan Barakat podría repercutir de manera negativa en la calificación final.

Clan Barakat

La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.

De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.

Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.

En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias. 

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

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Viuda de Guirula tras el fallo: “Pensé que ya no íbamos a tener justicia”

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La última audiencia del juicio por la muerte de Carlos Guirula, marcada por la última palabra de los acusados y la sentencia, fue seguida de cerca por la familia de víctima, principalmente de su esposa, sus hijos y su hermana, quienes destacaron el fallo como “el cierre” de una dolorosa etapa que duró once años.

“En general conforme, pero más que nada por mis hijos. Para ellos es importante tener un cierre, saber que se hizo un poco de justicia después de tantos años. Ellos hoy son chicos felices, libres de toda bronca, porque así lo quise yo, de protegerlos todos estos años”, expresó Nora Acosta, viuda de Guirula, en conversación con La Voz de Misiones en los pasillos del Tribunal Penal Dos de Posadas, antes de salir al encuentro de sus hijos, que la esperaban con un abrazo grupo fuera del recinto.

Hijos y más familiares de Guirula a los abrazos fuera del tribunal.

Yo pensé que ya no íbamos a tener justicia, que esto ya no salía. Pero esto es un cierre para ellos. Ahora veremos qué hacemos y cómo seguimos, pero lo bueno es que no quedó en vano”, añadió.

Para Nora los pedidos de disculpa de los acusados no fueron del todo sinceros, mucho menos suficientes. “Esperar once años para solo decir ‘lo sentimos’”, apuntó y agregó que “solo me llegó la palabra de Da Silva, a él si lo sentí muy sincero”.

Si bien se mostró conforme con el fallo, admitió que le hubiese gustado una pena más alta para los otros imputados. “Nuestro día del padre es ir al cementerio hace once años. Es dolorosísimo, pero repito: es bueno saber que esto no quedó en vano”.

“Clemencia” y “disculpas”: la palabra de los condenados por el caso Guirula

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“Clemencia” y “disculpas”: la palabra de los condenados por el caso Guirula

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Más de once años pasaron del día en que el albañil Carlos Raúl Guirula (34) fue a un motel de Posadas y tras unos disturbios acabó muerto, con un edema cerebral, nueve costillas rotas y un pulmón perforado. La Justicia hoy determinó que ese desenlace mortal fue consecuencia de los pisotones y las patadas de los borceguíes policiales que calzaban Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes recibieron una pena de prisión de perpetua por el delito de “tortura agravada seguida de muerte”.

La sentencia fue impartida por el Tribunal Penal de Dos de Posadas, que además condenó a 4 años de prisión por omisión a los ex policías Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) y absolvió por el beneficio de la duda del mismo delito a los también ex uniformados y Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián. Los cuatro quedaron en libertad apenas culminó la lectura del fallo. 

Previo al veredicto, todos ellos hicieron uso de sus últimas palabras y la primera en hablar fue Tabarez, quien pidió disculpas a la familia de la víctima y solicitó clemencia al tribunal.

Tabarez se había mantenido en silencio durante las diez audiencias previas que se desarrollaron en el marco del debate oral. Soportó las incriminaciones de sus consortes de causa y aguantó las acusaciones del fiscal Vladimir Glinka, que en su alegato la señaló como quien pisó la cabeza y pateó en las costillas a Guirula estando esposado en el suelo del motel.

Esta mañana, en su última oportunidad para hablar, hizo uso de su derecho. “Esto fue una tragedia y pido disculpas a toda la familia. No va a volver a la vida su hijo, no va a volver a la vida nadie, tampoco nosotros. Todos tenemos una familia atrás nuestro. Mi corazón se va a salir del pecho porque entre hoy y mañana va a volver a cambiar nuestras vidas para peor, si así lo decide la Justicia”, comenzó.

Luego hizo un breve repaso de su vida, describiendo que tiene una hija, que es la mayor de siete hermanos y que proviene de una familia humilde, con padre albañil y madre ama de casa, que le “inculcó valores y buenas costumbres”.

“Las palabras de mi papá me resuenan en la cabeza: Lourdes sos el ejemplo y el espejo de tus hermanos. Pido clemencia, pido justicia por mí, por mi familia, por cada uno de nosotros. Se nos dio esta comisión y yo simplemente fui a cumplir mi trabajo. La situación que se dio fue una tragedia para todos”, lanzó antes de volver a su lugar, apoderada por las lágrimas.

En segundo término habló Escobar, a quien el fiscal acusó de dar patadas, pisar e “ir saltando” sobre la espalda de Guirula durante el traslado del detenido desde el motel hacia la comisaría Decimotercera, donde llegó muerto.

Quería pedir disculpa a los familiares, quiero que sepan nosotros nunca tuvimos esa intención. Pido disculpas, sé lo que es perder un hijo. Nunca tuve antecedentes de ser agresivo, ni de golpear a nadie. Espero que esto nos de tranquilidad a todos, ya sea para bien o para mal, así lo decida el Tribunal. Que sea lo justo para todos. Que se termine todo y podamos estar en paz”, resumió.

Ricardo Escobar pidió disculpas en sus últimas palabras. Más tarde fue condenado a prisión perpetua.

Más disculpas

En mismo sentido se expresó Allosa, quien enfrentaba un pedido de 7 años de prisión por “vejaciones” y “omisión”, aunque finalmente recibió 4 y como estuvo ese mismo plazo privado de su libertad en prisión preventiva esquivó un segundo paso por la cárcel.

“Pido disculpas a la familia, yo sé que fue un sufrimiento para ellos estos once años. Para nosotros también y para nuestras familias. Estuvimos pendiente todos estos años para tratar de que esto se resuelva. Ha llegado el día. Si esa noche podía haber hecho algo más, lo siento por no haberlo hecho”, fueron sus palabras.

El siguiente fue Zidorak, que resultó absuelto. “Es un hecho lamentable lo que ha ocurrido. Son muchos años esperando. Obviamente nadie pensó lo que iba a pasar. Pedir disculpas a la familia”, había expresado antes del veredicto.

Servian, que también fue absuelto, expresó el mismo sentimiento. “Desde lo más profundo del corazón, mío y de todos, estamos arrepentidos de lo que pasó. Obviamente no va a devolver la vida, pero nosotros también somos conscientes de lo que pasó y que cada uno reciba lo que le corresponde, por su participación y su responsabilidad. Que se haga justicia”.

Allosa fue condenado a 4 años de prisión pero quedó libre por el tiempo que ya estuvo con preventiva.

El último en hablar fue Da Silva, uno de los primeros en declarar y señalar tanto a Tabarez como a Escobar por las agresiones contra la víctima, testimonio que fue valorado como prueba importante por la fiscalía.

“Realmente fue un hecho lamentable. Quiero pedir perdón de corazón a la familia, sé que hay una madre que se quedó sin un hijo, una hermana sin hermano, un niño sin padre. Realmente nos sentimos muy apenados por esa tragedia. Lamento no haber hecho más. Sé que no vamos a traer a la vida al señor Guirula, pero se puede hacer justicia. Creo que quedó demasiado claro lo que pasó esa noche y que tenemos ciertos grados de responsabilidades. Que se haga justicia”, pidió.

El tribunal presidido por Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos luego pasó a deliberar y tras más de una hora en reunión secreta regresaron con el fallo que condenó a dos ex policías a la pena de prisión perpetua, el equivalente a 35 años de encierro efectivo. 

Servian -a la izquierda- y Zidorak -en el centro- fueron absueltos.

 

Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula

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Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula

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El Tribunal Penal Dos de Posadas dictó sentencia este mediodía y condenó a prisión perpetua a dos de los seis policías acusados por la muerte del albañil Carlos Guirula, registrada hace once años durante un procedimiento policial que inició por disturbios en motel de la ciudad.

La máxima pena recayó sobre Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes fueron declarados responsables del delito de “tortura agravada seguida de muerte”.

De los restantes acusados, Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) fueron condenados a 4 años de prisión por el delito de “omisión”, ante lo cual recuperaron la libertad porque ya pasaron esa misma cantidad de años en prisión preventiva. En el caso de Allosa fue absuelto por la acusación de “vejaciones”.

Por último, Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián fueron absueltos por el beneficio de la duda de la acusación por omisión efectuada por el fiscal Vladimir Glinka.

De esta manera, Tabarez y Escobar quedaron detenidos y a partir de hoy empezarán a purgar sus condenas en diferentes unidades penitenciarias de la provincia, mientras que los demás imputados salieron libres del tribunal.

Ricardo Rafael Escobar también recibió perpetua. Antes de la sentencia pidió disculpas.

Antes del veredicto, todos los acusados hicieron uso de la última palabra y todos pidieron disculpas a la familia a Guirula.

Fue la primera vez que se oyó la voz de Tabarez durante el juicio oral que tuvo más de diez jornadas. “Sé que todos estaban esperando mi palabra. Quiero pedir disculpas a la familia, lo ocurrió esa noche fue una tragedia de para todos. Siento que el corazón se me va a salir del pecho”, expresó al comienzo y luego indicó “pido clemencia para mí, para mi familia y para cada uno de nosotros”.

Los últimos en hablar fueron Servian y Da Silva, quienes además de pedir perdón a la familia de la víctima, señalaron que cada uno de los acusados debía “hacerse cargo de sus participaciones y responsabilidades”.

La sentencia se oyó este mediodía, minutos después de las 13, tras una audiencia que incluyó un último alegato defensivo, a cargo de la letrada Mónica Olivera, abogada del policía Escobar, como así también la etapa de réplicas y dúplicas.

Da Silva fue condenado a 4 años de prisión, el mismo tiempo que estuvo en prisión preventiva, ante lo cual quedó libre.

Después de ello, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos, dispusieron un cuarto intermedio para deliberar, proceso que se extendió durante más de una hora.

Tras la sentencia, los dos imputados condenados a prisión perpetua salieron esposados y atravesando un cordón de agentes penitenciarios hasta ingresar al móvil que los iba a trasladar a sus lugares de detención.

Entre los demás acusados hubo sensaciones diferentes: lágrimas de alivio, puños apretados y abrazos de agradecimiento para con sus abogados defensores y con sus familiares fuera del recinto.

Pisotones y patadas

El fallo del tribunal se ajustó en gran parte a lo solicitado por el fiscal Glinka en su alegato del jueves pasado, instancia en la que consideró que tanto Tabarez como Escobar fueron los autores de las agresiones que derivaron en las lesiones que ocasionaron la muerte de la víctima.

El fiscal repasó que todo comenzó ese 19 de mayo a la madrugada, cuando Guirula se negó a pagar dos petacas de whisky que había consumido durante su estadía en el motel Park, lugar al cual llegó junto a dos amigos y dos trabajadoras sexuales.

 “Es verdad que Guirula se opuso y estuvo mal. Pero cuando le pusieron las esposas se terminó el procedimiento. Todo lo que vino después de ser esposado es delito y los acusados deben responder por ello”, planteó.

Y a partir de ahí desarrolló la parte central de su teoría del caso. El fiscal dio por acreditado que con la víctima esposada y en el suelo, Tabarez la pisó la cabeza primero y luego le aplicó al menos cuatro patadas.

Sobre Escobar, apuntó que también efectuó patadas al detenido y lo acusó de ir “saltando” sobre la espalda de la víctima durante el traslado del hombre hacia la comisaría en la caja de la Toyota Hilux.

Asoció, además, las mecánicas de esas agresiones con los resultados de la autopsia y vinculó el accionar de Tabarez con el edema cerebral y las tres fracturas costales que perforaron el pulmón izquierdo de Guirula.

Para Glinka, los saltos de Escobar sobre la víctima ocasionaron la fractura lineal de seis cosquillas del lado derecho y se basó en los forenses para concluir que cada una de esas lesiones por separado ya revestían carácter de letal, aunque era atendibles en caso de recibir una asistencia médica urgente.

A Saravia Allosa, por su parte, le adjudicó el lanzamiento de gas pimienta contra la víctima, como así también la omisión de no haber impedido las agresiones de Tabarez y Escobar, misma responsabilidad que le atribuyó a los otros tres imputados.

Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados

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