Judiciales
Funcionario de UIF sobre Clan Barakat: “El caso representa gravedad”

El congelamiento de bienes dispuesto contra integrantes del denominado Clan Barakat, un grupo de libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de ejecutar maniobras de lavado de activos en Puerto Iguazú para luego financiar grupos terroristas de Medio Oriente, corre riesgo. Las medidas cautelares vencen este miércoles y su prorrogación depende del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, contra quien la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación interpuso recientemente un recurso de queja por retardo de justicia.
En plena cuenta regresiva al vencimiento de los plazos vigentes, el director de Litigios Penales de la UIF, Mariano Abel Ezeyza, dialogó con La Voz de Misiones, charla en la que alertó sobre la situación y expuso las consecuencias que acarrearía la caída de estas disposiciones judiciales dictadas contra este grupo de extranjeros vinculados, ni más ni menos, que con Hezbollah.
Ezeyza asumió en la UIF tras el recambio de gobierno nacional y sostuvo que entre las prioridades de gestión que encara el presidente del organismo, Ignacio Martín Yacobucci, se encuentra la causa contra el Clan Barakat, expediente en el cual intervienen como querellantes.
La situación no es para menos. Se trata de la única causa abierta en el país que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo.
“Para nosotros, como organismo, el compromiso de lucha contra el finamiento del terrorismo es un tema serio y queremos darle prioridad y presencia al organismo dentro de las regiones. Especialmente en la zona de la triple frontera, que es especialmente grave”, describió Ezeyza.
A partir de ahí, se adentró en el expediente en cuestión. El funcionario indicó que en 2015 la UIF dispuso la medida de congelamiento administrativo y en 2018 se dictó el congelamiento judicial, disposición que desde allí es prorrogada periódicamente.
Justamente, esos plazos vencen mañana, 3 de julio, tras lo cual las medidas cautelares perderían vigencia y los sospechosos puestos bajo la lupa podrán volver a hacer libre uso de los recursos que hoy tienen inhibidos, como así también podrán volver a operar en el sistema financiero argentino. La prórroga de estas disposiciones dependen del juzgado federal que dirige Guerrero, aunque desde la UIF alertaron sobre el acercamiento de la fecha límite y pidieron mayores acciones.
“Con lo que yo me topo cuando entro es que había un montón de medidas de pruebas que no estaban avanzadas, que no estaban individualizadas las personas. Es decir, no se avanzó en una causa que ya se inició en 2015. Lo primero que hicimos fue un pedido de pronto despacho, pidiendo relevar las medidas pendientes y constatar avances. Fue después de eso que recurrimos al recurso de queja”, repasó Ezeyza.
Ese recurso de queja por retardo de justicia tuvo acogida favorable por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Misiones, cuyos magistrados entendieron como valedero el reclamo de la UIF y encomendaron al juzgado de Guerrero a “dar curso a lo solicitado” con “la premura que el caso amerita”, principalmente en lo relacionado a la prórroga del congelamiento de bienes y al pedido de informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.
“No sé si todos dimensionan la gravedad que representa este caso. Una prórroga puede ser dictada una vez vencidos los plazos, pero queda una ventana, con el riesgo que eso implica, para que esta gente pueda actuar mientras las medidas no estén vigentes”, resumió.
Independientemente de ello, la situación también puede repercutir en el plano internacional. Es que Argentina se encuentra en pleno proceso de evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una organización intergubernamental creada en 1989 por los países integrantes del G-7, que fija estándares internacionales y promueve la efectiva implementación políticas para prevenir el lavado de activos, el finamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los evaluadores estuvieron en el país en marzo y los resultados del relevamiento recién se publicarán en octubre, ante lo cual un hipotético vencimiento de las medidas de congelamiento en la causa Clan Barakat podría repercutir de manera negativa en la calificación final.
Clan Barakat
La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.
De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.
Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.
En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.
Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.
Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.
Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.
Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat (FOTO) -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.
Judiciales
Indagan este viernes a los cinco detenidos por la niña cautiva en Garupá

Los cinco hombres, entre ellos un suboficial de la Policía, que el martes a la mañana fueron detenidos en el marco de una investigación que comenzó por grooming y que derivó en el rescate de una niña de 12 años cautiva en el galpón de una fábrica abandonada de Garupá, comparecerán ante la Justicia este viernes.
Las audiencias de declaración indagatoria se desarrollarán en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, donde deberán comparecer ante el magistrado Juan Manuel Monte, actualmente titular de esa dependencia por subrogancia legal.
Hasta allí serán trasladados uno a uno los cinco sospechosos detenidos. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63), Matías C. (19) y Mario M. (43), quienes en principio afrontan acusaciones por grooming, aunque no se descarta que la imputación sume delitos mayores, dependiendo de lo que resulte de los estudios y pericias encomendadas a realizar.
Ante el juez Monte, todos tendrán la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio signifique presunción de culpabilidad.
Los primeros tres sujetos mencionados fueron arrestados en la fábrica abandonada donde también fue encontrada y rescatada la niña de 12 años que estaba desaparecida desde el domingo anterior, tras ausentarse del hogar Papa Francisco en compañía de otra niña de 13 que había logrado escapar de una gomería cercana para llegar hasta la comisaría Quinta en busca de ayuda.
Todo ocurrió en el predio de la ex firma Envasadora Misionera, ubicada en el barrio Ñu Porá de Garupá, donde los investigadores llegaron a partir de los datos aportados por la primera niña auxiliada y tareas de geolocalización.

Así estaba acondicionado el interior del galpón donde fue encontrada la niña desaparecida.
El operativo se activó de inmediato, a tal punto que los primeros investigadores en llegar al predio se arriesgaron a ingresar sin esperar el apoyo de personal táctico para evitar que los sospechosos se fugaran.
Según describieron voceros del procedimiento, al llegar se encontraron con un portón cerrado con cadena y candado, y desde adentro la primera reacción fue entorpecer la acción policial, ante lo cual los presentes decidieron irrumpir.
Allí dieron con los tres primeros arrestados y en el lugar también encontraron a la niña desaparecida. La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados.
Pero el operativo no acabó ahí. Otro grupo se dirigió hacia la gomería de donde escapó la primera niña. Allí arrestaron al sospechoso de 19 años y en simultáneo otra comitiva arribó a la oficina del 911, en pleno microcentro posadeño, donde esposaron al suboficial de 43 años involucrado. En principio, se especula con que el uniformado obtuvo o buscaba fines sexuales con la menor cautiva.
Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que la trama comenzó días antes, cuando una tercera adolescente del mismo hogar fue contactada a través de Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.

Así el estaba el resto del predio donde anteriormente funcionó la ex Envasadora Misionera.
La invitación se extendió hacia las otras dos menores, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en ese predio abandonado y sórdido descubierto el martes a la mañana.
Los investigadores ahora aguardan por el resultado de varios estudios. En principio determinar si existen signos de abuso en las niñas y lo que pueda aparecer mediante el peritaje de aparatos telefónicos y el análisis de cuentas en redes sociales que fueron preservadas ante la volatilidad de la prueba digital.
El operativo general fue coordinado de manera conjunta por el procurador general Carlos Giménez, el magistrado Juan Manuel Monte y el fiscal de Ciberdelitos Juan Pablo Espeche, quienes presenciaron y supervisaron las labores de rescate.
En el procedimiento participaron agentes de la comisaría Quinta, de la División Investigaciones de la Unidad Regional X y personal especializado de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), bajo directivas del subjefe Juan Pablo Vedoya Recio, que también estuvo en el lugar.

El juez Monte, el fiscal Espeche y el subjefe de Saic Vedoya Recio, supervisaron las labores.
Hay otros dos detenidos por el caso de la niña rescatada en Garupá
Judiciales
De Menes fue absuelto por el homicidio de su mamá y es libre 6 años después

Nelson Orlando De Menes (51) estuvo 2741 días detenido como único acusado por el asesinato de su madre Elsa Díaz (70), pero hoy la Justicia dictaminó que no había pruebas suficientes en su contra y decidió absolverlo por el beneficio de la duda. “Estoy conforme”, expresó ya como hombre libre, mientras subía al patrullero que lo llevaría hasta el penal para simplemente retirar sus pertenencias y despedirse de los internos con quienes compartió el encierro durante más de seis años.
La sentencia del Tribunal Penal Uno de Posadas se ajustó a lo solicitado por la defensora oficial Celina Silveira Márquez, desestimando a su vez el planteo del fiscal Martín Alejandro Rau, quien en su alegato había solicitado una pena de prisión perpetua al considerar que De Menes cometió un “homicidio doblemente agravado por alevosía y el vínculo” en perjuicio de su madre.
El tribunal encargado del caso arribó al fallo con el voto mayoritario de los magistrados Viviana Cukla -presidenta- y Miguel Ángel Faría -subrogante-, mientras que Gustavo Bernie votó en disidencia al entender que lo apropiado era el dictado de la perpetua.
De esta manera, la absolución vino acompañada de la inmediata libertad del acusado, quien salió del tribunal sin esposas y solamente debía regresar a la Unidad Penal IV de Miguel Lanús para retirar sus pertenencias. Una nueva vida le espera, salvo que una posible casación logre revertir el fallo a instancias del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
“Estoy conforme”, expresó en forma escueta De Menes antes de subirse al móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). Previo a ello, al momento de ejercer el derecho a sus últimas palabras, había ratificado su inocencia ante los jueces.
“Soy inocente de todo lo que se me acusa. Yo daba por ella. Eso que dijeron los vecinos que vinieron acá es todo mentira. Ella era una mujer libre, yo no le hacía nada”, dijo De Menes en referencia a los testigos que durante el juicio declararon que Díaz se había vuelto más “retraída” cuando su hijo se mudó con ella a la casa que compartían en el barrio 2 de Febrero de Candelaria, donde también se produjo el crimen que ahora quedó sin resolverse.

El voto de los jueces en orden: Gustavo Bernie condena; Viviana Cukla y Miguel Ángel Faría absolución.
“Solo me quedan preguntas”
En defensa del imputado intervino Celina Silveira Márquez, que fue la última en alegar pero cuyo planteo fue atendido en forma favorable por dos de los magistrados del tribunal.
“Es una causa rica en testimonios, pero no tenemos ninguna prueba directa sobre este triste suceso. No hay una sola prueba de cargo, son solo indicios. Ser introvertido y pedirle plata a la madre no te convierte en un matricida”, postuló la defensora oficial.
Y continuó: “Las pruebas científicas dicen que no tenemos el arma homicida. Todas las pericias de ADN dieron negativo. El ADN de De Menes no fue encontrado en nada. Entonces, después de todo, a mí solo me quedan preguntas. Acá no hay pruebas suficientes para una sentencia condenatoria, no hay forma de darlo como autor del hecho, no hay nada que quebrante su principio inocencia”.

De Menes estuvo detenido desde el día del crimen: 10 de febrero de 2019.
La teoría acusatoria
El alegato de Silveira Márquez fue la respuesta a la exposición dada por el fiscal Martín Rau, quien en contrapartida había considerado “acreditada” la autoría del hecho criminal por parte de De Menes y en consecuencia había solicitado la máxima pena en su contra.
En su teoría del caso, Rau apuntó que durante la madrugada del 10 de febrero de 2019 el acusado aguardó que su madre se durmiera para atacarla “sobre seguro” y matarla de un garrotazo en la cabeza sin que siquiera la víctima se de cuenta.
Para ello, el fiscal se apoyó en los testimonios recolectados tanto en la etapa de instrucción como durante el debate oral que comenzó el martes pasado y se extendió a lo largo de cinco audiencias.
En ese marco, repasó las declaraciones de dos vecinas de Díaz, quienes manifestaron que la mujer había manifestado que su hijo “la quebrantaba” por plata e indicaron que esa noche vieron a De Menes en el lugar.
También hizo énfasis en los aportes dados por otro grupo de testigos, entre ellos las peritos Andrea Strocen Schelske y Cintia Beyer, que ante las partes describieron que la escena del crimen no coincidía con un caso de robo, tal como había planteado el acusado apenas se descubrió el crimen.
“Es falsa la tesis del olor a sangre y de la ventana abierta que dio el imputado en esta sala”, refutó en una parte de su alegato el fiscal Rau, que también hizo mención a las pisadas de barro detectadas en la escena compatibles con una zapatilla del acusado y la actitud evasiva que De Menes tuvo durante el procedimiento respecto a la llave que abría el depósito donde se hallaron los elementos que él había dado como robados ante la Policía.

El fiscal Rau exhibiendo imágenes de la causa. En el fondo, el juez Bernie, el único que votó por la condena.
“Sobre la mesa había una billetera con plata, pero resulta que en un robo nadie se llevó esa billetera con cash. La tele y la garrafa estaban en el depósito, donde también había una moto y un casco, elementos de valor que tampoco nadie se robó. Los testigos dijeron que la casa estaba impecable. El escenario es incompatible con un robo y la teoría de un crimen pasional también está descartada. El acusado fue dando diferentes hipótesis para germinar eso en los vecinos y desviar la investigación”, trazó Rau.
Y cerró: “La hipótesis más certera es que el imputado mató a Elsa. En el lugar todos los caminos conducen a Roma y Roma está sentado ahí en frente. Estoy convencido de su autoría. Lo hizo sobre seguro, aprovechando mientras ella dormía. No hay ningún signo de defensa”.
Bajo esa premisa, el fiscal pidió que De Menes sea condenado a prisión perpetua como autor del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y el vínculo”, aunque el planteo no prosperó.
El juicio, día por día
Día 1: Lo acusan de matar a su mamá y se defendió en juicio: “Yo daba todo por ella”
Día 2: Perito repasó indicios que contradicen teoría de un robo en el caso Elsa Díaz
Día 3: Juicio por matricidio: “Ella se volvió más cerrada desde que llegó su hijo”
Día 4: Se aguarda por un testigo para iniciar los alegatos en el juicio a De Menes
Judiciales
La fiscalía pidió prisión perpetua para De Menes por el homicidio de su madre

El fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas, Martín Alejandro Rau, solicitó esta mañana la pena de prisión perpetua contra Nelson Orlando De Menes (51), imputado por el homicidio de su madre Elsa Díaz (70), cometido en febrero de 2019 en Candelaria.
Rau descartó de plano las hipótesis de un robo o la participación de un implicado externo a la familia, y acusó a De Menes por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el vínculo”.
El pedido fue planteado en el marco del inicio de la ronda de alegatos que se desarrolla en el Tribunal Penal Uno.
“Todos los caminos conducen a Roma y Roma está sentado acá enfrente”, expuso Rau ante los jueces Viviana Cukla, Gustavo Bernie y Miguel Ángel Faría, quienes luego deberán emitir sentencia.
El fiscal entendió que las pruebas encontradas contrastan la teoría defensiva del imputado, descartando la tesis de un robo.
Entre esas pruebas mencionó que no hubo signos de violencia en los ingresos, que la escena no estaba revuelta, que una pisada de barro coincide con una zapatilla del imputado y que los elementos denunciados como robados fueron hallados en un depósito de la propiedad cuya llave la tenía De Menes.
Ahora es el turno de alegar para la abogada defensora oficial Celina Silveira Márquez y más tarde el tribunal dictaría sentencia.
Lo acusan de matar a su mamá y se defendió en juicio: “Yo daba todo por ella”
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