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Ex sargento acusado de gatillo fácil en A3-2 aguardará el juicio en libertad

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El ex sargento de la Policía Emanuel Esteban Soley (38), imputado por el asesinato de Arnaldo “Nano” Amarilla (33), perpetrado en julio de 2018, en el marco de un presunto caso de gatillo fácil, fue excarcelado por el cese de la prisión preventiva a fines del año pasado y ahora aguarda en libertad la realización del debate oral para esclarecer el hecho.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la excarcelación se dio bajo caución juratoria y fue otorgada en diciembre de 2022 por las autoridades del Tribunal Penal Uno, tras considerarse vencidos los plazos de la prisión preventiva.

De esta manera, Soley salió de la cárcel y, al igual que su consorte de causa, el oficial subayudante David Salomón Villalba (34), aguardará en libertad el inicio del juicio oral en el que se esclarecerá el hecho y se determinará la responsabilidad de cada uno de ellos.

Ambos están imputados por el delito de “homicidio calificado por su función”, figura enmarcada por el artículo 80, inciso 9 del Código Penal de la Nación Argentina, que prevé una pena de prisión perpetua.

Al comienzo de la causa, Villalba estuvo imputado como partícipe secundario del mismo hecho, pero cuando René Casals asumió como titular de la Fiscalía de Instrucción Seis de Posadas, consideró que el uniformado debía responder como coautor por omisión, dado que era el encargado de la patrulla.

En ese marco, ambos imputados deberán enfrentar el juicio oral, que tendrá lugar en el Tribunal Penal Uno de Posadas, a cargo de los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie.

Las fuentes consultadas por LVM señalaron que el expediente está incorporado a la agenda de debates de este año y se estima que el proceso podría llevarse adelante entre agosto y octubre.

Como representante del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal original del Tribunal Penal Uno, Martín Rau, pero también participará como colaborador el fiscal Casals, quien instruyó la última etapa de la investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente.

La excarcelación de Soley ya había sido solicitada en la etapa de investigación, pero el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, rechazó el planteo.

Tras la elevación a juicio, el pedido volvió a ser efectuado, esta vez ante el Tribunal Penal Uno, cuyas autoridades dieron lugar a la liberación de Soley al considerar vencido los plazos de la prisión preventiva, que estipula dos años y la posibilidad de una prórroga por un año más.

Las fuentes de LVM señalaron que Soley ahora debe cumplir determinados condicionamientos para mantener el beneficio, entre ellos, presentarse periódicamente ante el Tribunal para demostrar que continúa ajustado a derecho.

El hecho se registró el 1 de julio de 2018, en el barrio A3-2 de Posadas.

“Me genera dolor”

La excarcelación del ex sargento trajo malestar en la familia de Nano, encabezada por su madre Francisca Amarilla, quien adelantó que planean retomar las marchas con allegados a otras víctimas de casos de gatillo fácil en la provincia.

“Me genera dolor saber que la persona que mató a mi hijo está en libertad de nuevo. Yo quiero que llegue el momento del juicio y esta persona pague por lo que hizo. Hoy tenemos miedo, él puede llegar a amenazar o intimidar a los testigos”, señaló Francisca.

Y agregó que “por la forma en que mataron a mi hijo, creo que deben tener perpetua. Nosotros vamos a seguir organizando marchas para pedir justicia, no sólo por mi hijo, sino por todos los casos parecidos. Queremos que haya juicio porque si no parece que los policías son intocables y no es así; ellos tienen que pagar por lo que hicieron, como cualquier otro”.

El caso

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el crimen se cometió el 1 de julio de 2018, entre las 1.30 y las 1.45 de la madrugada, en el barrio A3-2 de Posadas.

La hipótesis consigna que, esa noche, un patrullero integrado por Villalba, Soley y un chofer, todos con prestación de servicios en la Comisaría Décima, recorrían la zona a raíz de una denuncia por grescas que se habían producido en cercanías a la cancha 6 de Septiembre y sindicaban a Nano Amarilla como uno de los involucrados.

En esas circunstancias, se estima que, en el mencionado horario, el patrullero llegó a la casa de Amarilla, quien se encontraba durmiendo en la vereda en una avanzado grado de intoxicación etílica y, al advertir la presencia policial, corrió hacia el inmueble, pero Soley abrió fuego con una Ithaca calibre 12.70.

Amarilla resultó herido tras ese primer disparo, pero aun así continuó su corrida hacia el interior de su casa, instancia en la que recibió un segundo balazo en el omóplato derecho que le terminó provocando lesiones que lo llevaron a la muerte en el lugar.

Los elementos recolectados en el expediente también harían suponer que tras el hecho el patrullero regresó a la comisaría, pero cerca de las 4, ambos imputados volvieron a la escena tras el alerta de una persona fallecida en el lugar.

Villalba también está acusado del delito de “falsificación ideológica de documento público en concurso real”, dado que habría fraguado los registros de los movimientos de la patrulla.

 

FOTO: El Territorio


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Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas

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sicarios brasileños

El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa contra los dos sicarios brasileños acusados de acribillar a un comerciante del barrio Yacyretá a mediados de 2022, hecho que encierra un posible trasfondo vinculado al narcotráfico, aunque la hipótesis no pudo ser acreditada.

Los imputados en esta causa son los brasileños Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (22) y David Weslley de Oliveira Silva (24), ambos oriundos de Porto Alegre, y el último de ellos presuntamente ligado al temible Bala Na Cara, calificado como el segundo grupo narco-criminal más potente de Río Grande Do Sul.

Según fuentes de La Voz de Misiones, los dos están alojados en una Unidad Penal VI de Posadas y tras la resolución del juez Mattos irán a juicio acusados por el delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

En la causa figura un tercer involucrado, acusado de brindar alojamiento y prestar logística a los extranjeros, aunque se mantiene prófugo desde el día en que el comerciante Cristian Javier Díaz (34) encontró la muerte a balazos.

El expediente ahora será remitido al Tribunal Penal Dos de Posadas, cuyas autoridades deberán programar fecha para la realización del correspondiente debate oral para terminar de esclarecer lo sucedido.

El Fiat Duna utilizado por los extranjeros captado por cámaras de seguridad.

Timbre y ráfaga de disparos

El crimen de Díaz se registró el 8 de mayo de 2022 en su casa y también kiosco ubicado en la esquina de las calles 74 y 95, de la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.

Eran las 3.30 de la madrugada cuando tocaron el timbre del kiosco y al asomar por la ventana de atención fue acribillado. En la escena se recogieron vestigios de siete disparos y en el cuerpo de seis, localizadas en cuello (lesión fatal), tórax y abdomen.

La esposa de Díaz fue quien alertó de lo sucedido a la Policía y en menos de 24 horas los investigadores de la Dirección Homicidios dieron con los dos extranjeros hoy detenidos mediante el relevamiento de testimoniales y rastreo de cámaras de seguridad.

La pesquisa trazada permitió reconstruir que los brasileños habían ingresado a la Argentina el 3 de mayo a través del paso fronterizo Santo Tomé-Sao Borja y tenían pasajes de regreso para el 9 de mayo, poco más de 24 horas después de la ejecución de Díaz.

Justamente, ambos extranjeros fueron aprehendidos esa misma madrugada en la terminal de colectivos, mientras esperaban el micro de regreso y desde ese momento permanecen privados de la libertad.

La carga de droga incautada en 2021.

Se cree que los brasileños pernoctaron en Posadas desde el mismo día en que ingresaron al país y que lo hicieron en una vivienda prestada por el sospechoso que permanece prófugo, a quien además le sindican una carga de 155 kilogramos de marihuana incautada frente al mismo lugar por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en 2021 y el trasfondo del crimen podría estar vinculado a ese episodio, aunque no hay pruebas concretas de que ese sea el móvil del hecho. Tampoco se pudo identificar a un posible autor intelectual.

En contrapartida, indicaron las fuentes de LVM, de lo que sí hay pruebas consistentes, principalmente registros de cámaras de seguridad, es que los extranjeros llegaron y huyeron de la escena del crimen en un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras, características idénticas a las del rodado incautado en el inmueble donde se alojaron en el barrio Luis Piedrabuena.

En su momento el juez Mattos se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Federal de Posadas al entender que el crimen podría estar vinculado al narcotráfico, pero la medida no prosperó y el expediente volvió a su juzgado. Ahora la investigación culminó y todo el material probatorio deberá ser ventilado en instancia de juicio oral, donde finalmente se decidirá el futuro de los dos foráneos imputados.


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Piden controlar a represor misionero con domiciliaria que hizo mega fiesta

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A dos semanas de la ampulosa fiesta realizada por las bodas de oro del represor misionero con prisión domiciliaria Jorge Antonio Olivera (73), trascendieron más fotografías del evento y en una de ellas aparece como uno de los invitados Gustavo Ramón De Marchi, otro militar con causas por lesa humanidad, ante lo cual la fiscalía interviniente solicitó avanzar en la investigación de lo sucedido y amplió medidas de control en contra del ex militar oriundo de la tierra colorada.

El festejo se llevó adelante el 3 de febrero en la casa de Vicente López donde el misionero Olivera cumple prisión domiciliaria por las tres penas de prisión perpetua que registra en su contra, aunque nunca pidió permiso ni avisó de su realización, pero el jolgorio con más de 60 presentes y show de Palito Ortega tomó estado público a partir de fotografías y videos publicados en redes sociales por algunos de los invitados, entre ellos la negacionista Cecilia Pando.

Luego de ello, los fiscales generales de San Juan Francisco Maldonado y Dante Vega solicitaron que los pormenores del evento sean objeto de una investigación y también pidieron que a Olivera se le imponga “la obligación de abstenerse de realizar eventos sociales que supongan la concurrencia de un número considerable de personas ajenas al entorno familiar, la contratación de servicios de música, mobiliario, catering o cualquier otra actividad que, en definitiva, desnaturalice el alcance y sentido de la pena impuesta, y ponga en crisis la motivación estrictamente humanitaria que justifica dicho régimen de excepción, sin que ello deba interpretarse, claro está, como un impedimento para el desarrollo de su vida familiar y social”.

Ahora, al conocerse además la posible presencia en la fiesta de Gustavo De Marchi, también condenado a perpetua junto a Olivera en una de las causas en San Juan y además cómplice del misionero en la fuga de ambos registrada en 2013, los mismos funcionarios requirieron nuevos informes e incluso solicitaron la detención del represor.

De Marchi fue apartado del último juicio por motivos de salud psiquiátrica y estuvo en la fiesta de Olivera.

Apartado del juicio y luego de fiesta

Según consignaron desde el portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, De Marchi se encontraba en libertad al momento de la fiesta debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan había dictado la suspensión de la ejecución de sus dos condenas por razones de salud, aunque la orden fue anulada por la Sala III de la Cámara Federal de Casación el 6 de julio pasado.

“Se advierte que han transcurrido siete meses desde que la Sala III de la Cámara Federal de Casación (CFCP) anuló la resolución citada y ordenó el reenvío de las actuaciones. Por tal motivo, solicito al Tribunal que -imprimiendo la celeridad que amerita el caso- se dé cumplimiento a lo ordenado por la CFCP, ordenándose la inmediata detención del condenado Gustavo Ramón De Marchi”, indicó el fiscal Maldonado en su presentación efectuada el 7 de febrero, aunque el planteo no fue hecho público para reducir los riesgos procesales que ello podría conllevar.

En paralelo a ello, informaron que el TOF de San Juan hizo lugar hoy al pedido presentado por el fiscal Dante Vega respecto a la realización de un nuevo examen físico a De Marchi, ya que el imputado había sido apartado del juicio por la denominada Megacausa III “en razón de su condición psiquiátrica, neurológica y psicológica”.

“Resulta evidente que la presencia del nombrado en la celebración llevada a cabo en la casa de Jorge Antonio Olivera torna ineludible la necesidad de realizar un nuevo examen médico a los efectos de determinar si las condiciones médicas oportunamente constatadas se mantienen, particularmente teniendo en cuenta que en la imagen publicada por el diario Tiempo de San Juan se lo observa en condiciones que -prima facie- parecieran no condecirse con aquellas que mostraba al momento de realizarse la pericia que derivó en la suspensión de los procesos en su contra”, sostuvo Vega en su requerimiento.

Respecto al misionero Olivera, Vega sumó pedidos y planteó que al condenado se le imponga, además, la “prohibición de que ingrese a su domicilio cualquier persona imputada, procesada o condenada por crímenes contra la humanidad”, como así también “la realización de controles sorpresivos y periódicos semanales, en diferentes horarios, diurnos y nocturnos, debiendo informarse cualquier situación que suponga la violación de a las restricciones antes referidas” y, por último, “rondines policiales con la frecuencia que el Tribunal estimare pertinentes”.

El TOF corrió a la defensa de Olivera los requerimientos planteados por la Fiscalía y se aguarda resolución al respecto.

Olivera, junto a su esposa y Palito Ortega en pleno festejo el 3 de febrero.

Represor misionero

Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.

El año pasado recibió su tercera condena a prisión perpetua tras un extenso juicio realizado por la Megacausa III, donde se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.

Las otras condenas a perpetuas contra el misionero bautizado como “El Carnicero” fueron dictadas en julio de 2013 y octubre de 2018.

Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.

El misionero, además, estuvo prófugo en dos oportunidades. Primero a mediados de los 2000 y luego en 2013, cuando 22 días después de recibir su primera condena escapó del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires junto a su cómplice y hasta hoy compañero de andanzas Gustavo De Marchi.


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Dictan prisión preventiva para detenido por crimen de una niña en Aurora

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El magistrado Pedro Benítez Piriz, a cargo del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, dictó en las últimas horas el procesamiento con prisión preventiva para Daniel Alberto Nacimiento (62), el único acusado por el asesinato de la niña Milagros Ayelén Prestes en Colonia Aurora.

En su resolución, el juez a cargo de la pesquisa del hecho decidió procesar a Nacimiento como presunto autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido para ocultar otro delito” y mantenerlo tras las rejas mientras avance la causa en su contra.

Según lo que se pudo reconstruir, en la mañana del jueves 11 de enero la niña Milagros Ayelén Prestes salió de su casa en el Kilómetro 20 de Aurora para ir a hacer compras, pero nunca regresó.

Al día siguiente, su cuerpo sin vida fue hallado en un maizal cercano y la autopsia confirmó que fue violada y estrangulada con el cordón de una zapatilla.

Ese mismo viernes por la noche, investigadores policiales, entre ellos agentes de la Dirección Homicidios, concretaron la detención de Nacimiento (62) como único sospechoso del crimen de Milagros.

Sobre el hombre, se supo que purgó una condena por abuso sexual en perjuicio de una menor edad en la localidad bonaerense de San Isidro y tras recuperar la libertad recaló en Aurora, hace aproximadamente seis años.

La detención del sospechoso se dio a partir de varios testimonios que apuntaron haberlo visto en cercanías a la escena del hallazgo del cuerpo. Según la información del mismo matutino, los vecinos señalaron haberlo visto el jueves a primera con la ropa limpia y más tarde pasó embarrado y nervioso.

En su vivienda se secuestraron prendas de vestir, calzados y un teléfono celular. Todos estos elementos serán sometidos a pericias. Se espera, además, próximos cotejos genéticos para obtener más información.

FOTO: El Territorio.


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