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Estancias usadas por avionetas narco en Santo Tomé serán entregadas al Inta

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Las más de 8.000 hectáreas de tierras correspondientes a dos estancias que eran utilizadas por una banda transnacional dedicada al tráfico de cocaína en avionetas en la localidad de correntina de Santo Tomé serán entregadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), tras un fallo de la Justicia Federal.

Los inmuebles rurales que ahora pasarán a manos del Inta son las fincas Santa María del Aguapey y Santa Úrsula, de 7.000 y 1.889 hectáreas respectivamente, las cuales fueron decomisadas en el marco de la mega causa conocida como “narcoavionetas”, donde se juzgó a una decena de involucrados en operaciones de ingreso al país de aeronaves de pequeño porte repletas de cocaína.

La resolución fue firmada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, conformado por los magistrados Víctor Alonso González, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (subrogante), quienes de esta forma hicieron lugar a un pedido presentado por el director del Inta-Estación Experimental Agropecuaria de Mercedes, el ingeniero agrónomo Jacques Kraemer y por el director del Centro Regional Corrientes del Inta, el médico veterinario José Rafart Anton.

Según informaron desde el portal web del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la presentación realizada los representantes del organismo agropecuario habían solicitado “gestionar ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) la transferencia definitiva de los inmuebles debido a que el INTA logró ‘poner en orden’ estos establecimientos y expresaron que los destinarán a la explotación y utilización con fines de educación, investigación, producción y ambientales”.

En el expediente también intervinieron el titular de la Fiscalía General de esa provincia, Carlos Schaefer; el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias; el fiscal auxiliar de la procuraduría, Martin Uriona y la responsable de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación (DGRDBA), María del Carmen Chena.

En la resolución dictada, los magistrados intervinientes destacaron que los inmuebles fueron administrados desde su entrega en depósito judicial por el Inta y valoraron la recuperación y puesta en valor de los predios que los encargados del organismo llevaron adelante.

En esa línea, el fallo también dispone que en el lugar se acondicione un sector de al menos 10 hectáreas para que quede a disposición del Estado provincial o nacional para la puesta en marcha de una institución dedicada a la rehabilitación de afectados por el consumo de estupefacientes.

La investigación contra la banda internacional comenzó en noviembre de 2013, cuando la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) informó a la Justicia que en una estancia de Santo Tomé, localidad ubicada a unos 90 kilómetros del límite con Misiones, aterrizaban avionetas y que el predio era custodiado por hombres fuertemente armados.

De esa manera, a mediados de mes se ejecutaron allanamientos que derivaron en el desbaratamiento de la banda. En total hubo diez detenidos, además de que se secuestraron avionetas y cerca de 330 kilogramos de cocaína.

Entre los detenidos había un misionero, cuatro correntinos, un entrerriano, un paraguayo, un boliviano, un peruano y un brasileño.

Los diez implicados fueron juzgados en 2017 y recibieron penas de entre 8 y 20 años de prisión.

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La Justicia misionera ordenó restituir cuatro pensiones por discapacidad

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La Justicia misionera dictó una resolución que ordena tanto al gobierno nacional como a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la restitución de cuatro pensiones no contributivas al considerar que los beneficios habían sido dados de baja de manera “arbitraria”.

El fallo corresponde a la magistrada Carmen Helena Carbone, titular del Juzgado Civil y Comercial Seis de Posadas, aunque el anuncio de la novedad judicial correspondió al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien esta mañana realizó una conferencia de prensa para brindar detalles de la medida.

Según publicó luego en X, el dictamen fue firmado el 5 de septiembre, pero ayer se procedió a la notificación formal de la medida, la cual debe ser cumplida en un plazo de 48 horas.

“La decisión de la Justicia deja muy en claro que ningún gobierno puede suspender derechos adquiridos sin debido proceso. No se trata de un tecnicismo judicial: estamos hablando de alimentos, de medicamentos, de techo y de vida digna”, resaltó Romero Spinelli en sus redes.

En esa línea, precisó que “la jueza fundamentó su intervención señalando que, aun tratándose de una cuestión federal, la ley 26.854 habilita medidas cautelares cuando están en riesgo la salud y la vida digna de grupos vulnerables. Por ello, consideró legítimo dictar una resolución urgente para proteger a los beneficiarios”.

“La sentencia no solo devuelve tranquilidad a cuatro familias de Apóstoles, Candelaria, Garupá y San José. También establece un precedente que protege a cientos de beneficiarios en situación similar y refuerza el principio de que los derechos sociales no pueden retroceder”, agregó.

Y cerró: “En Misiones no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad y de los más necesitados. Porque las Pensiones No Contributivas no son un privilegio: son un derecho humano esencial. Y la Justicia nos dio la razón”.

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Intendente de Colonia Polana citado a declarar por usurpación y amenazas

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El actual intendente de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, fue citado por la Justicia para declarar en la causa que lo investiga por “usurpación de tierras y amenazas” contra los hermanos Julio y Germán Llanos.

La primera citación a declaración indagatoria fue en diciembre pasado, cuando Núñez decidió abstenerse. En tanto, la próxima audiencia está prevista para el viernes 19 de septiembre a las 10 en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.

Consultado por La Voz de Misiones, el abogado de los denunciantes, Maximiliano Medina, aclaró que aún queda pendiente la citación por otro caso en el que se lo acusa por “falsificación de instrumentos públicos”, en referencia a un boleto de compraventa, fechado en 2013 y presentado por Núñez en la Municipalidad de Colonia Polana.

Según los hermanos Llanos, ese fue el documento con el que Núñez había iniciado la toma de las 107 hectáreas que se encontraban a nombre de Julio César Llanos (padre) y cuya firma fue sometida a pericias caligráficas por parte de los denunciantes, que determinaron que era falsa.

Al respecto, Medina aclaró que: “Es una causa distinta. Tiene un número de expediente distinto, pero es conexo a la usurpación y la exhibición del instrumento que da lugar a la pericia que demuestra que el instrumento es apócrifo y eso da lugar a la nueva denuncia por falsificación de instrumento público y privado”.

Raúl Núñez, fue concejal y presidente del Concejo Deliberante de Colonia Polana, hasta que pasó a desempeñarse en el cargo de intendente tras el fallecimiento de su madre Antonia Medina, el pasado 23 de agosto, quien ejerció como jefa comunal desde el 10 de diciembre del año 2015.

Respecto a su continuidad como intendente del municipio en el marco de las causas penales y civiles por las que se lo investiga, la fuente consultada considera que, aunque lo procesen, “la única forma de destituirlo sería a través de una sesión del Concejo Deliberante cuya mayoría la tiene el mismo oficialismo”.

 

Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial

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Prisión preventiva para joven mbya acusado por el femicidio de su ex en Iguazú

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El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.

La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra. 

Femicidio en Yryapú

El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.

El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.

El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.

Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.

De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.

De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.

Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex

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