Judiciales
Elevaron a juicio la causa de prestamista colombiano asesinado de 15 puñaladas
En un año y medio, el expediente que investiga el crimen del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32), asesinado de 15 puñaladas durante un robo en su casa del barrio Yacyretá de Posadas, fue clausurado y elevado a juicio oral con dos jóvenes acusados de un delito cuya calificación prevé una pena de prisión perpetua.
De acuerdo a la información relevada por La Voz de Misiones, el requerimiento de elevación a juicio de la causa fue presentado el 20 de mayo por la fiscal Patricia Clérici y la resolución final para que el expediente sea enviado a una instancia superior fue firmado el último miércoles por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
En dicho documento se determinó que tanto Brayan Damián Casso Acosta (26) -también colombiano- como Juan Ramón Ramírez (27) deben ser juzgados como coautores de los delitos de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura ante la cual ambos son pasibles de recibir el máxima pena prevista en el Código Penal de la Nación: la prisión perpetua.
Dicha calificación fue determinada a partir de la hipótesis del caso trazada mediante los diversos elementos de prueba recolectados a lo largo de la pesquisa. Según pudo saber LVM, la teoría del hecho plasmada en la elevación a juicio indica que ambos acusados asesinaron a Gallego Rojas para robarle 70.000 pesos y una motocicleta, y que para cumplir con dicho ardid vinieron exclusivamente desde Corrientes.
El crimen se registró en la chacra 103 del barrio Yacyretá. Foto: El Territorio.
El crimen
El crimen del extranjero, de 32 años, fue reportado el 28 de febrero de 2021, poco después de la medianoche, cuando sus vecinos del barrio Yacryterá (chacra 103) llamaron a la Policía para alertar que oyeron pedidos sus gritos de auxilio.
Cuando los efectivos acudieron a la vivienda, se toparon con el colombiano sin vida en la zona del lavadero de su departamento. Su cuerpo presentaba 15 heridas cortantes en distintas partes, aunque la lesión mortal estaba localizada en el tórax, según confirmó luego el examen de autopsia.
En el caso trabajó el personal de la Dirección Homicidios, que al recabar información supo que minutos antes del hecho dos hombres fueron vistos salir de la casa de Gallego Rojas a bordo de la moto de la víctima y llevándose consigo una caja fuerte portátil con 70.000 metros dentro.
Los sospechosos y las pruebas
Familiares de la víctima apuntaron sus sospechas hacia un sujeto con el cual aparentemente Gallego Rojas había tenido un conflicto laboral relacionado a la venta de inmuebles que derivó en una enemistad.
Así apareció sobre la mesa el primer nombre, el de Brayan Damián Casso Acosta -compatriota de la víctima-, y el devenir de la investigación lo terminó acorralando.
Es que más testimoniales lo ubicaron morando una vivienda a 200 metros de la casa de Gallego Rojas apenas unos días antes del hecho y otros testigos mencionaron haberlo visto llegar a ese mismo lugar con la Honda Titán de la víctima en un horario posterior al crimen.
Con todos los datos recolectados, la Policía lo ubicó y detuvo el 1° de marzo de ese mismo año. El joven sindicado como su acompañante, en tanto, fue capturado tres días más tarde en Corrientes y en un principio su grado de participación parecía menor, pero en la elevación a juicio se determinó que ambos deben responder como coautores del crimen.
De igual manera, al margen de las testimoniales, en el expediente obran otras pruebas que complican a los detenidos, principalmente a Casso Acosta.
Se tratan de pericias de ADN que ubican al sospechoso en la escena del crimen y cotejos científicos que determinaron que la sangre hallada en prendas de vestir incautadas en su poder correspondía a la víctima.
Ambos implicados están procesados con prisión preventiva y permanecen alojados en distintas unidades penales de la provincia.
Ahora, el expediente será remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades deberán programar una fecha para la concreción del debate oral en el cual se determinará la responsabilidad y la pena para ambos imputados.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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