Judiciales
Elevan a juicio la causa contra pareja que armó falsa campaña para el cáncer
El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio de la causa que investiga a María Leticia Zapata (31) y a su novio Matías Leonel Poberezny (30), detenidos desde el año pasado, tras recaudar más de 350.000 pesos al montar una falsa campaña solidaria para un tratamiento de cáncer.
Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en los últimos días y el expediente ahora será remitido al Juzgado Correccional y de Menores Dos, cuyas autoridades deberán programar una fecha para la realización del debate oral.
El requerimiento de elevación a juicio de la causa fue formulado por la fiscal Patricia Clérici, quien consideró que tanto Zapata como Poberezny deben rendir cuentas ante la Justicia por los delitos de “falsificación y uso de documento público privado falso y estafa en concurso real”, imputación bajo la cual pueden ser condenados a penas de hasta seis años de prisión.
Campaña, estafa y fuga
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el 30 de junio de 2021, cuando los imputados iniciaron una campaña solidaria en Facebook, solicitando ayuda económica para solventar los gastos de un supuesto tratamiento contra el cáncer de útero que Zapata debía afrontar en un hospital de Buenos Aires.
Para ello, sostuvieron que necesitaban recaudar 350.000 pesos y en el aviso indicaron dos cuentas para recibir las donaciones, una en Mercedo Pago y otra en el Banco Galicia. También acompañaron la publicación con una fotografía de Zapata, acostada, desmejorada y con el cabello rapado.
Pero no eso fue todo, ya que como prueba del tratamiento además adjuntaron un certificado médico firmado por una doctora posadeña.
Las imágenes que la pareja adjuntaba a su campaña solidaria.
La campaña solidaria fue un éxito total en las redes y en menos dos semanas la pareja alcanzó a reunir un total de 364.432 pesos, enviados por personas conmovidas por la historia.
Para ese entonces, la pareja brindó entrevistas graficas, radiales y televisivas. “Ya no tengo más alternativas acá, ya hice todos los tratamientos que me ofrecían, pero no sirvieron conmigo. Es por eso que empecé a buscar a través de interconsulta y fue así cuando hablaron del tratamiento experimental de inmunoterapia”, contó Zapata en una de esas charlas con los medios.
Sin embargo, poco después la historia comenzó desmoronarse y la verdad quedaría al descubierto.
En primera instancia, se develó que el supuesto tratamiento que Zapata debía afrontar en Buenos Aires era gratuito y luego también se supo que el certificado médico que la pareja publicó como prueba de la enfermedad diagnosticada era apócrifo.
Para los investigadores está claro que los imputados adulteraron una constancia de turno de una doctora posadeña y luego sobreescribieron los datos referidos a Zapata como paciente suya.
La pareja brindó su última entrevista el 12 de julio de 2021 y esa misma tarde desaparecieron. Cuando los investigadores acudieron al lugar que habían fijado como domicilio constataron que lo habían alquilado recientemente y que nunca residieron allí.
Clandestinidad y captura en Bolivia
Desde ese momento pasaron a la clandestinidad, ya que el juez Mattos libró un pedido de detención sobre ambos.
La pesquisa posterior estableció que ese mismo 12 de julio la pareja tomó un colectivo hacia Concordia (Entre Ríos) y a mediados de agosto lograron escapar del país cruzando la frontera ilegalmente hacia Bolivia.
Allí permanecieron hasta fines de septiembre, cuando pretendieron seguir estafando, pero sus nuevas víctimas googlearon sus nombres y las notas periodísticas en Misiones fueron los primeros resultados de la búsqueda.
A partir de allí, el caso fue alertado a la Policía local y las fuerzas bolivianos extendieron el aviso hacia las autoridades de la Policía de Misiones, que arbitró los mecanismos para la inmediata detención de los sospechosos.
La pareja fue localizada a fines de septiembre de 2021, en Cochabamba, Bolivia.
La pareja finalmente fue detenida en un vecindario de la ciudad de Cochabamba conocido como La Chimba, a unos 800 kilómetros de la frontera con Argentina, donde los prófugos hacían labores de limpiavidrios en los semáforos de la zona.
Según contaron damnificados en Bolivia, la pareja contó que habían llegado hasta allí en busca de oportunidades laborales y pretendían juntar entre 200 y 400 dólares para unos trámites de ciudadanía. También dijeron que estaban “con lo puesto”, porque en el límite internacional les habrían robado todas sus pertenencias.
Ahora, exactamente un año después, la Justicia misionera cerró la investigación y ambos imputados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un debate oral.
El ex diputado provincial, desaforado y detenido con prisión preventiva en el marco de una causa por distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), Germán Kiczka, fue trasladado esta mañana hacia la oficina de Saic en Posadas para ser objeto de una pericia psicológica.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el apostoleño llegó esta mañana en un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) e ingresó a la oficina de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), ubicada al lado del Juzgado de Instrucción Siete, sobre calle Pedro Méndez, casi avenida Uruguay.
Las fuentes indicaron que la audiencia corresponde a la realización de una pericia psicológica solicitada en el marco de la causa judicial que se tramita ante el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.
Hoy fue el turno de Germán, que mañana debe volver a ser trasladado a la misma oficina, mientras que el jueves hará lo propio su hermano Sebastián, también detenido y procesado en el mismo expediente.
Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra
Los ocho policías detenidos y destituidos por el gobierno tras el inicio de una causa que los investiga por presuntos delitos de “sedición” y “conspiración” trabaron este lunes una acción de amparo en el que le solicitan a la Justicia la nulidad del decreto 2084/24 que dispuso la cesantía de todos ellos en la fuerza provincial.
El recurso fue presentado ante el Juzgado Laboral Dos de Posadas y lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes actúan en representación de los ocho uniformados actualmente detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul: Ramón Oscar Amarilla, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto, Adolfo Guirula y Joaquín Orrego.
En el documento, los letrados acusan que la medida del Ejecutivo es inconstitucional y que viola tanto el debido proceso, como el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad de empleo público.
Además, hacen hincapié en las consecuencias que esta decisión gubernamental acarrea en las familias de los agentes involucrados, quienes ahora quedaron en contextos de vulnerabilidad e indigencia.
Ramón Amarilla fue detenido el 19 de septiembre y trasladado a la UP VIII de Cerro Azul.
“De delegados a sediciosos”
“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales, demandando condiciones salariales y de trabajo, actividad que se ejerce sin ninguna de las protecciones o tutelas que cualquier otro delegado y o representantes gremial o sindical cuentan actualmente”, se lee en el documento de 31 páginas al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.
Y añade: “Se nos ha reconocido en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los mas elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales. Hasta los genocidas han gozado plenamente de estas garantías tanto en las instancias administrativas como penales”.
Finalmente, los recurrentes solicitan que el juzgado ordene una medida cautelar innovativa y retrotraiga la situación de revista de los funcionarios policiales involucrados a la fecha previa del decreto firmado el 24 de septiembre pasado por el gobernador Hugo Passalacqua. También solicitan que, en consecuencia, se liquiden los haberes correspondientes a los meses transcurridos, como así también la reinstauración de las prestaciones personales y familiares que corresponden.
“Solo Cola”
Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.
En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.
En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.
Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.
El gobierno destituyó a los ocho policías detenidos por intento de sedición
El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, resolvió esta mañana el dictado de la prisión preventiva por delitos de “sedición” y “conspiración” contra los ocho policías detenidos a mediados de septiembre tras el descubrimiento del grupo de Whatsapp “Solo Cola”, donde presuntamente organizaban una nueva revuelta para desestabilizar a la cúpula de institución.
La medida fue dictaminada esta mañana y alcanza a los imputados Diego Hernán Correa, Horacio Ezequiel Coutto, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Joaquín Alejandro Orrego, Adolfo Basilio Guirula y Ramón Amarilla, este último referente de la mesa de diálogo y vocero del acampe policial realizado en mayo en el marco de una serie reclamos salariales multisectoriales que se llevaron adelante en la provincia.
Los agentes implicados fueron trasladados nuevamente hoy hacia el edificio de tribunales ubicado sobre calle Santa Fe, previo paso por una dependencia policial ubicada en el predio que ocupa la Jefatura de Policía sobre las calles Félix de Azara y Tucumán del centro posadeño.
Todos ellos fueron llevados en un nuevo camión acondicionado especialmente para el traslado de detenidos y tras cumplimentar los trámites judiciales serán alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, único presidio con un pabellón exclusivo para ex agentes de diversas fuerzas de seguridad.
“Solo Cola”
Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Verón tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”.
En esas conversaciones, los involucrados planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.
En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.
Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre entre la tarde y noche.
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