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Elevan a juicio la causa contra pareja que armó falsa campaña para el cáncer

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El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio de la causa que investiga a María Leticia Zapata (31) y a su novio Matías Leonel Poberezny (30), detenidos desde el año pasado, tras recaudar más de 350.000 pesos al montar una falsa campaña solidaria para un tratamiento de cáncer.

Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en los últimos días y el expediente ahora será remitido al Juzgado Correccional y de Menores Dos, cuyas autoridades deberán programar una fecha para la realización del debate oral.

El requerimiento de elevación a juicio de la causa fue formulado por la fiscal Patricia Clérici, quien consideró que tanto Zapata como Poberezny deben rendir cuentas ante la Justicia por los delitos de “falsificación y uso de documento público privado falso y estafa en concurso real”, imputación bajo la cual pueden ser condenados a penas de hasta seis años de prisión.

Campaña, estafa y fuga

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el 30 de junio de 2021, cuando los imputados iniciaron una campaña solidaria en Facebook, solicitando ayuda económica para solventar los gastos de un supuesto tratamiento contra el cáncer de útero que Zapata debía afrontar en un hospital de Buenos Aires.

Para ello, sostuvieron que necesitaban recaudar 350.000 pesos y en el aviso indicaron dos cuentas para recibir las donaciones, una en Mercedo Pago y otra en el Banco Galicia. También acompañaron la publicación con una fotografía de Zapata, acostada, desmejorada y con el cabello rapado.

Pero no eso fue todo, ya que como prueba del tratamiento además adjuntaron un certificado médico firmado por una doctora posadeña.

Las imágenes que la pareja adjuntaba a su campaña solidaria.

La campaña solidaria fue un éxito total en las redes y en menos dos semanas la pareja alcanzó a reunir un total de 364.432 pesos, enviados por personas conmovidas por la historia.

Para ese entonces, la pareja brindó entrevistas graficas, radiales y televisivas. “Ya no tengo más alternativas acá, ya hice todos los tratamientos que me ofrecían, pero no sirvieron conmigo. Es por eso que empecé a buscar a través de interconsulta y fue así cuando hablaron del tratamiento experimental de inmunoterapia”, contó Zapata en una de esas charlas con los medios.

Sin embargo, poco después la historia comenzó desmoronarse y la verdad quedaría al descubierto.

En primera instancia, se develó que el supuesto tratamiento que Zapata debía afrontar en Buenos Aires era gratuito y luego también se supo que el certificado médico que la pareja publicó como prueba de la enfermedad diagnosticada era apócrifo.

Para los investigadores está claro que los imputados adulteraron una constancia de turno de una doctora posadeña y luego sobreescribieron los datos referidos a Zapata como paciente suya.

La pareja brindó su última entrevista el 12 de julio de 2021 y esa misma tarde desaparecieron. Cuando los investigadores acudieron al lugar que habían fijado como domicilio constataron que lo habían alquilado recientemente y que nunca residieron allí.

Clandestinidad y captura en Bolivia

Desde ese momento pasaron a la clandestinidad, ya que el juez Mattos libró un pedido de detención sobre ambos.

La pesquisa posterior estableció que ese mismo 12 de julio la pareja tomó un colectivo hacia Concordia (Entre Ríos) y a mediados de agosto lograron escapar del país cruzando la frontera ilegalmente hacia Bolivia.

Allí permanecieron hasta fines de septiembre, cuando pretendieron seguir estafando, pero sus nuevas víctimas googlearon sus nombres y las notas periodísticas en Misiones fueron los primeros resultados de la búsqueda.

A partir de allí, el caso fue alertado a la Policía local y las fuerzas bolivianos extendieron el aviso hacia las autoridades de la Policía de Misiones, que arbitró los mecanismos para la inmediata detención de los sospechosos.

La pareja fue localizada a fines de septiembre de 2021, en Cochabamba, Bolivia.

La pareja finalmente fue detenida en un vecindario de la ciudad de Cochabamba conocido como La Chimba, a unos 800 kilómetros de la frontera con Argentina, donde los prófugos hacían labores de limpiavidrios en los semáforos de la zona.

Según contaron damnificados en Bolivia, la pareja contó que habían llegado hasta allí en busca de oportunidades laborales y pretendían juntar entre 200 y 400 dólares para unos trámites de ciudadanía. También dijeron que estaban “con lo puesto”, porque en el límite internacional les habrían robado todas sus pertenencias.

Ahora, exactamente un año después, la Justicia misionera cerró la investigación y ambos imputados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un debate oral.


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Dictaron prisión preventiva para gitano acusado de homicidio en Posadas

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homicidio gitano

El Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, resolvió en las últimas horas el dictado de la prisión preventiva contra del gitano Sebastián Jonás Jesús Marcos (19), imputado por el homicidio de Daniel Jesús Traico (24), integrante de su misma comunidad.

El crimen que aún se encuentra en etapa investigativa se registró el 29 de enero, sobre la colectora de la avenida Quaranta, en inmediaciones a la terminal de transferencias. En ese lugar Marcos atropelló a su víctima, que horas después falleció en el hospital Madariaga.

La muerte de Traico dio inicio a una jornada repleta de violencia. Mientras el acusado del crimen se encontraba prófugo, los familiares del fallecido iniciaron un raid de venganza en el cual prendieron fuego varias viviendas vinculadas a la familia Marcos e incluso prometieron hacer “justicia por mano propia” en caso de que la Policía no encontrara al implicado.

El acusado se mantuvo en la clandestinidad hasta el 5 de febrero cuando, acorralado por los investigadores policiales que seguían sus pasos, se entregó ante la comisaría Primera de Posadas.

Horas después fue trasladado a declarar ante el juez Monte, donde decidió guardar silencio y para preservar su seguridad fue alojado en un recinto del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

Ahora, más de un mes después del hecho, Marcos fue procesado con prisión preventiva como imputado por el delito de homicidio, que prevé penas de entre 8 y 25 años de cárcel.

Homicidio entre gitanos y casas incendiadas por venganza en Posadas


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Se jubiló María Gisela Casafus, fiscal de instrucción de Alem

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casafus

La titular de la Fiscalía de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, María Gisela Casafus, presentó su renuncia sujeta a jubilación y el gobernador Hugo Passalacqua aceptó el pedido.

Después de varios años desempeñándose en ese cargo, la fiscal Casafus se acogió a los términos de la Ley Provincial XIX – N.º 56 y en los últimos presentó su renuncia “condicionada al otorgamiento del beneficio de la jubilación ordinaria por parte del Instituto de Previsión Social”.

La presentación fue aceptada por el Ejecutivo provincial mediante el decreto 179 firmado por el gobernador Passalacqua y publicado hoy en el Boletín Oficial.

De esta manera, ahora se deberán activar los mecanismos e instrumentos previstos en el Poder Judicial de Misiones para llamar a concurso y cubrir esa vacante que quedará en el fiscalía de Alem.


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Condenan a ex policía por maniobra de contrabando que terminó a los tiros

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ex policía contrabando

Un ex policía admitió su participación en una maniobra de contrabando que terminó a los tiros con la Prefectura en Garupá en 2021, fue condenado a 4 años de prisión tras un acuerdo de juicio abreviado que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas transformó en sentencia.

Mauricio Alejandro González (35), que fue policía hasta 2020, fue condenado a 4 años de prisión como autor del delito de tentativa de contrabando de importación en concurso real con el delito de resistencia a la autoridad, aunque como ya registra una sentencia en su contra por narcotráfico en Entre Ríos, deberá cumplir un total de 5 años y 6 meses de cárcel como pena unificada.

Junto al ex cabo de la Policía de Misiones fueron condenados otros dos cómplices identificados como Matías Alejandro Rivas (30) y Alcibiades Bernardo García Montiel (27), quienes recibieron una pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional al ser considerados partícipes secundarios del mismo delito atribuido a González.

Cigarrillos y tiros

El hecho imputado a los tres implicados ocurrió el 4 de marzo de 2021. Eran aproximadamente las 8.30 cuando una patrulla de la Prefectura Naval Argentina (PNA) identificó con cámaras térmicas el arriba de una embarcación paraguaya a una zona costera del barrio Santa Clara de Garupá, donde lo esperaba un Volkswagen Voyage con tres personas.

Esas tres personas era González, Matute Rivas y el paraguayo García Montiel, quienes cargaron el auto con 250 cartones de cigarrillos Eight y que cuando advirtieron la llegada de la PNA escaparon a toda velocidad.

Allí se inició una persecución que se extendió durante varios minutos y terminó en el barrio Ñu Porá. En el medio, hubo disparos, de ambas partes. El Voyage, por ejemplo, terminó con impactos de bala en la luneta, en la tapa del baúl, en el paragolpe y en los neumáticos.

Los balazos también alcanzaron a Rivas, que iba en el asiento de atrás al conductor y resultó herido en el brazo izquierdo y debió ser hospitalizado.

Los tres implicados quedaron detenidos, aunque con el correr del tiempo y el avance del expediente fueron siendo excarcelados uno a uno.

El procedimiento de la Policía entrerriana en agosto de 2021.

Puntero

El ex policía González, por ejemplo, recuperó la libertad el 8 de junio de ese mismo año, pero volvería a caer poco después, esta vez en Entre Ríos, mientras viajaba como “puntero” de un auto con marihuana.

Ese hecho ocurrió el 26 de agosto de 2021. Todo comenzó cuando los policías entrerrianos apostados en el puesto Paso Telégrafo descubrieron 18 kilogramos de marihuana dentro de un Honda City.

Ese auto era conducido por Crisanto Baudilio Galarza, pero por la maniobra también fue arrestado González, que viajaba delante suyo en Susuki y fue imputado como partícipe secundario de “transporte de estupefacientes”.

En esa causa el ex uniformado también admitió su responsabilidad en un juicio abreviado y recibió 3 años de prisión de ejecución condicional, por lo que pudo continuar en libertad, aunque cumpliendo determinadas restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal de Paraná.


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