Culminada la primera jornada del juicio oral, tres de los seis ex policías imputados por “tortura agravada seguida de muerte” en perjuicio del albañil Carlos Raúl Guirula (34), acusación que prevé una pena de prisión perpetua, adelantaron que en la audiencia de este miércoles prestarán declaración ante los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas que lleva adelante el proceso.

Los acusados que a través de sus patrocinantes legales expresaron su intención de declarar fueron Ricardo Rafael Escobar (42), Carlos Alberto Da Silva (35) y Carlos Alberto Zidorak (35), mientras que quienes comunicaron que por el momento guardarán silencio fueron Lourdes Beatriz Tabarez (42), Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Claudio Marcelo Servián.

Todos ellos afrontan la misma acusación, aunque al momento del hecho pertenecían a diferentes dependencias policiales y esa madrugada del 19 de julio de 2014 confluyeron en el procedimiento terminó con la muerte a golpes y costillas fracturadas del albañil Guirula.

El inicio

De acuerdo a la reconstrucción del caso trazada en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, documento que se leyó íntegramente en la jornada de hoy, el hecho que se pretende esclarecer tuvo su origen a las 3.15 de aquella madrugada, cuando una mujer solicitó presencia policial en el motel Park, ubicado en Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas, debido a que un hombre estaba ocasionando disturbios.

Al lugar se dirigió un patrullero Toyota Hilux de la comisaría Decimotercera, con la oficial Tabarez como encargada, el cabo Servían como chofer y el agente Da Silva como acompañante.

Al llegar, el conserje afirmó que el conflicto comenzó cuando un cliente se negó a pagar dos botellas whisky, aunque añadió que las bebidas ya habían sido abonadas al momento de la llegada del móvil policial.

Ese cliente era Guirula, que para ese entonces se encontraba en el asiento trasero de un Renault 19. En ese contexto, la oficial Tabarez ordenó su detención, pero el albañil se resistió al procedimiento y en medio de forcejos efectuó un golpe contra la mujer policía.

Lourdes Tabarez -al fondo- era la encargada del primer patrullero que arribó al operativo.

Ante esas circunstancias, Tabarez pidió apoyo al Comando Radioeléctrico y al lugar acudieron otros dos patrulleros: un Corsa en el que iba Escobar y otro Corsa en el que iba Zidorak.

Finalmente, entre todos lograron que Guirula descienda del rodado y lo redujeron aprisionándolo contra el suelo, donde fue esposado y recibió una primera tunda de golpes antes de ser cargado en la caja trasera de la camioneta Hilux.

Instantes después, el albañil volvió a prestar resistencia y alcanzó a zafarse de los uniformados, cayéndose contra unas piedras ubicadas en las afueras al motel Park, donde volvió a ser reducido a golpes.

Para ese entonces, al lugar ya había arribado otro patrullero en el que se encontraba el último imputado, Saravia Allosa, quien a pedido de otro uniformado accionó un gas pimienta.

Traslado y muerte

Allí, Guirula volvió a ser colocado en la cajuela de la camioneta. Según la acusación planteada en etapa de instrucción, Tabarez ordenó que junto a él vayan Da Silva, Saravia Allosa y otro agente que no resultó imputado en la causa.

Durante el traslado desde el motel hasta la comisaría Decimotercera, la víctima habría continuado recibiendo golpes de todo tipo, incluso patadas y hasta se menciona que uno de los agentes iba saltando sobre su espalda.

La consecuencia fue el fallecimiento del detenido. Para cuando llegaron a la comisaría, distante a unas siete avenidas (3 kilómetros), Guirula ya no respondía y tampoco reaccionó ante un baldazo de agua, ni a las labores de reanimación practicadas.

La autopsia estableció que el hombre sufrió traumatismos graves en zonas de cabeza y tórax que a su vez provocaron fracturas costales múltiples y bilaterales. Todo ellos derivó en una contusión pulmonar bilateral grave, con insuficiencia aguda grave y edema cerebral difuso, que en su suma generó el paro cardiorespiratorio que lo llevó a la muerte.

El debate oral se extenderá hasta el 19 de noviembre en el TP-2 de Posadas.

Mediante las pericias los investigadores también establecieron que el móvil fue lavado y que a Guirula le quitaron el teléfono celular, entre otras cuestiones clave que derivaron en una orden de detención emitida para los sospechosos que ahora afrontan este debate oral donde se definirá el grado de participación de cada uno de ellos en el hecho.

Todos los acusados llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de los plazos de prisión preventiva, pero hoy el tribunal atendió a un planteo efectuado durante las cuestiones preliminares y dispuso que cada uno de ellos cuente con una consigna policial en sus respectivos domicilios como medida para garantizar de que nadie intente evadir el proceso.

La imputación contra los uniformados también incluye el delito de “ocultamiento de pruebas”, aunque la defensa de uno de ellos pidió la prescripción, cuestión que será atendida al momento del dictado de sentencia, según informó esta mañana el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos, ambos subrogantes.

En la fiscalía y encargado de la acusación interviene el fiscal Vladimir Antonio Glinka. 

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Transcurridos 4112 días desde el hecho, este lunes comenzó el juicio oral contra los seis ex policías acusados de la muerte del albañil Carlos Guirula (33), registrada el 19 de julio de 2014 durante un procedimiento en un motel de Posadas.

Tal como estaba previsto, el debate oral comenzó esta mañana, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por sus pares Fernando Verón y Miguel Mattos, ambos últimos en carácter de subrogante legal.

El debate oral se extenderá hasta el 19 de noviembre y a lo largo de las catorce jornadas fijadas se oirá el testimonio de casi 90 testigos, entre trabajadores del motel, agentes policiales, peritos, médicos forenses y más.

En representación de la fiscalía interviene Vladimir Antonio Glinka, mientras que los acusados cuentan con diferentes abogados defensores, tanto oficiales como particulares.

Los imputados son la oficial Lourdes Beatriz Tabarez y los suboficiales Ricardo Rafael Escobar, Carlos Alberto Zidorak, Carlos Alberto Da Silva, Lucas Nahuel Saravia Allosa y Claudio Marcelo Servián. Todos ellos están acusados por el delito de “tortura seguida de muerte” y llegan a esta instancia en libertad por el vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque culminado este juicio pueden ser condenados a prisión perpetua.

Una vez planteada las cuestiones preliminares, el tribunal dará inicio al proceso y el primer paso será la lectura del requerimiento y del auto de elevación a juicio del expediente.

Culminado ese trámite, se prevé que el tribunal consulte a los imputados si desean prestar declaración.

La audiencia se desarrolla ante una sala con aforo repleto y puede verse a través de Youtube: https://www.youtube.com/live/D69m61FqSDA?si=EOFCOVCf9bF1EPxr

El hecho

El hecho que se busca esclarecer ocurrió durante la madrugada del 19 de julio de 2014 en un motel ubicado en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas.

En ese lugar estaba Guirula junto a unos amigos hasta que se produjo una discusión que derivó en la intervención de la Policía. Los primeros en llegar fueron tres agentes de la comisaría Decimotercera y más tarde se sumaron uniformados del Comando Radioeléctrico Centro.

Según la reconstrucción del caso, el albañil se resistió al procedimiento y en un momento se atrincheró en su vehículo, pero después de ello logró ser reducido, instancia en la que sufrió lesiones de diversa índole.

Después de ello, Guirula fue cargado a la caja de una camioneta y trasladado a la Decimotercera, donde llegó sin vida. La autopsia marcó que la causa de muerte fue un estallido de pulmón y también detectó marcas de borceguíes en el cuerpo del albañil.

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El Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga a cuatro agentes policiales que en 2019 participaron de un procedimiento en el barrio La Cantera de Apóstoles que culminó un muerto y un herido. 

El uniformado más comprometido es Alan Daniel Chupiak, quien está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma y por el carácter de funcionario público”, en perjuicio de un joven identificado como Luciano Villalba (18). Esta acusación prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

Los demás involucrados son Milton Bernabé Escobar, Gerardo Germán Escobar y Daniel Elías Pereyra, quienes están acusados por “abuso de autoridad y lesiones agravadas” cometidas contra Ramón “Chueco” Piris, hermano del fallecido. 

Al momento del hecho, todos ellos cumplían funciones en diferentes seccionales dependientes de la Unidad Regional VII y hasta junio figuraban como agentes activos, según la planilla de uniformados que el Tribunal Electoral tachó del padrón para las elecciones provinciales, medida que después fue revertida.

Tras el dictamen emitido por la magistrada Zuetta, el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán programar una fecha acorde a su calendario para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados en los hechos investigados. 

El procedimiento que resultó con un muerto y un fallecido ocurrió el 5 de diciembre de 2019 en el barrio La Cantera de Apóstoles.

Operativo y muerte

El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 5 de diciembre de 2019, año que tuvo otros dos casos de violencia institucional: el asesinato de Víctor Márquez Dos Santos (17) en Santa Ana; y la persecución y muerte de Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio, causa que ya fue a juicio y culminó con un policía condenado a prisión perpetua.

Aquel 5 de diciembre a la madrugada una serie de patrulleros acudieron al barrio La Cantera de Apóstoles a raíz de un presunto hurto de motocicleta y el objetivo era detener a Chueco Piris, pero los familiares del implicado intentaron entorpecer el procedimiento.

En ese contexto, se produjeron corridas, forcejeos, pedradas y disparos. Uno de esos proyectiles calibre 9 milímetros alcanzó a Luciano Villalba, hermano de Piris. El balazo le perforó un pulmón y le desagarró el corazón, provocándole la muerte en el acto.

Después de ello, el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso la detención de los cuatro uniformados que participaron del operativo y el secuestro de las armas reglamentarias de cada uno de ellos para los correspondientes estudios balísticos. 

A la espera de esos resultados y en medio de movilizaciones a favor de los policías en Apóstoles, los cuatro involucrados recuperaron la libertad.

En el transcurso de la causa, finalmente el juez Faría se apartó del caso y el expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, donde se culminó la etapa investigativa.

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