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Dos misioneros detenidos por el espionaje a jueces de la Corte Suprema

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas acusadas de haber participado en el espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encuentran dos misioneros.

De los dos restantes, uno ya fue apresado, mientras que se espera que se entregue en las próximas horas Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven oriundo de Eldorado que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios.

En la causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, se investiga si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave y para usurpar su identidad con el fin de cometer delitos.

El misionero Nuñes Pinheiro está imputado por el hackeo a cuatro jueces federales, pero también reconoció, en otra causa, haber participado del pinchazo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.

Pero en la megacausa de espionaje hay más involucrados, ya que, entre los detenidos ayer, se encuentra Ariel Zanchetta, un ex policía cuyo domicilio en la ciudad de Junín fue allanado.

Según pudo reconstruir la investigación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el ex miembro de la fuerza pidió información de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la base de datos la empresa Sudamericana un día antes de que se concretaran los hackeos a sus celulares.

Se comprobó que Zanchetta hizo 2.157 pedidos de informes personales de magistrados, dirigentes políticos de distintos partidos, así como ministros y jueces de la Corte Suprema, detalló Infobae.

Misiones hacker

Los misioneros que fueron detenidos por orden del juez Martínez de Giorgi están involucrados con el espionaje del que fueron víctimas los jueces de la Corte Suprema de la Nación, entre ellos, Horacio Rosatti.

Los sospechosos se tratan de Nelly Soledad Valdes y Santiago Machado, ambos domiciliados en Posadas.

Desde el mismo IMEI que se activó una de las líneas inventadas a Rosatti, aparece la activación de otras tres a nombre de Valdes, mientras que Machado también aparece ligado a una de las líneas del presidente de la Corte.

Según se pudo saber, los dos misioneros y el ex policía serán indagados en el curso de las próximas horas, mientras se espera la presentación de Nuñes Piñeiro.

A raíz de una serie de pruebas que habían aparecido en el marco de la pesquisa, el joven eldoradense tenía previsto ampliar hoy su declaración indagatoria ante la fiscal porteña Daniela Dupuy.

Lago hackeado

Si bien la justicia porteña envió el caso a Comodoro Py, al juez Sebastián Ramos, que investiga la causa conocida como Lago Escondido, el juez federal rechazó ser competente y el expediente volvió a su tribunal de origen.

Mientras se espera que la Corte medie en ese conflicto entre ambos fueros, el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Pollicita quieren escuchar a los detenidos en indagatoria tras exhibirles todas las pruebas que los vinculan a esta causa.

Las actuaciones se enmarcan en el expediente que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte Suprema.

En la primera de las causas, se considera probado que Nuñes Pinheiro buscó -por encargo y previo pago- datos sobre la identidad de jueces y funcionarios.

Luego, realizó maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. De esa forma, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos electrónicos y aplicaciones.

Al hacker de Eldorado también le achacan el ingreso al celular del diputado del PRO y ahora precandidato a gobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, y de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

De la intrusión al celular de D’Alessandro surgieron una serie de chats que sirvieron para denunciar a jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Estas dos investigaciones no forman parte de la megacausa.

La segunda parte de esa investigación comenzó en marzo, luego de que el cortesano Horacio Rosatti denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente.

Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) pidió los primeros informes, se encontró con que eran cinco abonados adjudicados a Rosatti, que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas.

Entre ellas, estaban la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz, de la Corte.

El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

De acuerdo al fiscal Pollicita, está acreditado que Nuñes Pinheiro “fue quien creó los usuarios de Nosis y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del Renaper, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos”, dice el letrado en su pedido de llamado a indagatoria.

Para el fiscal, las maniobras se iniciaron en febrero de 2022, por parte de “un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos”.

El accionar tuvo que ver con “el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.

Con ello, los hackers accedieron “ilegítimamente a aplicaciones de comunicación”, lo cual “les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.

En ese momento, la indagatoria no se concretó debido a que el juez esperó una serie de informes y un análisis más exhaustivo de la causa. Ahora, ordenó la detención de Nuñes Pinheiro, junto a los otros dos misioneros y el ex policía.

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Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte

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El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.

El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.

El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.

“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.

Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.

Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.

Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.

El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.

Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido

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El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.

En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.

El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.

Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo

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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001

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El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.

La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.

En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.

Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.

Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.

El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.

Crimen y derrotero judicial

El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.

Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.

La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.

Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.

Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.

La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.

Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.

De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.

Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.

En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.

Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.

Ex gendarme irá a juicio por el crimen de su esposa 24 años después

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