Judiciales
Dos misioneros detenidos por el espionaje a jueces de la Corte Suprema
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas acusadas de haber participado en el espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encuentran dos misioneros.
De los dos restantes, uno ya fue apresado, mientras que se espera que se entregue en las próximas horas Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven oriundo de Eldorado que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios.
En la causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, se investiga si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave y para usurpar su identidad con el fin de cometer delitos.
El misionero Nuñes Pinheiro está imputado por el hackeo a cuatro jueces federales, pero también reconoció, en otra causa, haber participado del pinchazo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.
Pero en la megacausa de espionaje hay más involucrados, ya que, entre los detenidos ayer, se encuentra Ariel Zanchetta, un ex policía cuyo domicilio en la ciudad de Junín fue allanado.
Según pudo reconstruir la investigación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el ex miembro de la fuerza pidió información de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la base de datos la empresa Sudamericana un día antes de que se concretaran los hackeos a sus celulares.
Se comprobó que Zanchetta hizo 2.157 pedidos de informes personales de magistrados, dirigentes políticos de distintos partidos, así como ministros y jueces de la Corte Suprema, detalló Infobae.
Misiones hacker
Los misioneros que fueron detenidos por orden del juez Martínez de Giorgi están involucrados con el espionaje del que fueron víctimas los jueces de la Corte Suprema de la Nación, entre ellos, Horacio Rosatti.
Los sospechosos se tratan de Nelly Soledad Valdes y Santiago Machado, ambos domiciliados en Posadas.
Desde el mismo IMEI que se activó una de las líneas inventadas a Rosatti, aparece la activación de otras tres a nombre de Valdes, mientras que Machado también aparece ligado a una de las líneas del presidente de la Corte.
Según se pudo saber, los dos misioneros y el ex policía serán indagados en el curso de las próximas horas, mientras se espera la presentación de Nuñes Piñeiro.
A raíz de una serie de pruebas que habían aparecido en el marco de la pesquisa, el joven eldoradense tenía previsto ampliar hoy su declaración indagatoria ante la fiscal porteña Daniela Dupuy.
Lago hackeado
Si bien la justicia porteña envió el caso a Comodoro Py, al juez Sebastián Ramos, que investiga la causa conocida como Lago Escondido, el juez federal rechazó ser competente y el expediente volvió a su tribunal de origen.
Mientras se espera que la Corte medie en ese conflicto entre ambos fueros, el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Pollicita quieren escuchar a los detenidos en indagatoria tras exhibirles todas las pruebas que los vinculan a esta causa.
Las actuaciones se enmarcan en el expediente que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte Suprema.
En la primera de las causas, se considera probado que Nuñes Pinheiro buscó -por encargo y previo pago- datos sobre la identidad de jueces y funcionarios.
Luego, realizó maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. De esa forma, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos electrónicos y aplicaciones.
Al hacker de Eldorado también le achacan el ingreso al celular del diputado del PRO y ahora precandidato a gobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, y de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
De la intrusión al celular de D’Alessandro surgieron una serie de chats que sirvieron para denunciar a jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Estas dos investigaciones no forman parte de la megacausa.
La segunda parte de esa investigación comenzó en marzo, luego de que el cortesano Horacio Rosatti denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente.
Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) pidió los primeros informes, se encontró con que eran cinco abonados adjudicados a Rosatti, que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas.
Entre ellas, estaban la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz, de la Corte.
El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
De acuerdo al fiscal Pollicita, está acreditado que Nuñes Pinheiro “fue quien creó los usuarios de Nosis y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del Renaper, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos”, dice el letrado en su pedido de llamado a indagatoria.
Para el fiscal, las maniobras se iniciaron en febrero de 2022, por parte de “un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos”.
El accionar tuvo que ver con “el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.
Con ello, los hackers accedieron “ilegítimamente a aplicaciones de comunicación”, lo cual “les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.
En ese momento, la indagatoria no se concretó debido a que el juez esperó una serie de informes y un análisis más exhaustivo de la causa. Ahora, ordenó la detención de Nuñes Pinheiro, junto a los otros dos misioneros y el ex policía.
Judiciales
Imputaron al ex convicto detenido por el crimen del productor Von Steiger
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
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Fopea “deplora” el intento de censura del ex juez Reyes contra LVM
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
Judiciales
La Corte Suprema ratificó en 2021 la destitución de José Reyes como juez
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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