Judiciales
Dos misioneros detenidos por el espionaje a jueces de la Corte Suprema
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro personas acusadas de haber participado en el espionaje a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encuentran dos misioneros.
De los dos restantes, uno ya fue apresado, mientras que se espera que se entregue en las próximas horas Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven oriundo de Eldorado que ya estaba siendo investigado por el hackeo a celulares de jueces y funcionarios.
En la causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, se investiga si existió una asociación ilícita para hackear celulares a jueces de causas clave y para usurpar su identidad con el fin de cometer delitos.
El misionero Nuñes Pinheiro está imputado por el hackeo a cuatro jueces federales, pero también reconoció, en otra causa, haber participado del pinchazo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al teléfono del precandidato a gobernador del PRO Diego Santilli.
Pero en la megacausa de espionaje hay más involucrados, ya que, entre los detenidos ayer, se encuentra Ariel Zanchetta, un ex policía cuyo domicilio en la ciudad de Junín fue allanado.
Según pudo reconstruir la investigación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el ex miembro de la fuerza pidió información de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a la base de datos la empresa Sudamericana un día antes de que se concretaran los hackeos a sus celulares.
Se comprobó que Zanchetta hizo 2.157 pedidos de informes personales de magistrados, dirigentes políticos de distintos partidos, así como ministros y jueces de la Corte Suprema, detalló Infobae.
Misiones hacker
Los misioneros que fueron detenidos por orden del juez Martínez de Giorgi están involucrados con el espionaje del que fueron víctimas los jueces de la Corte Suprema de la Nación, entre ellos, Horacio Rosatti.
Los sospechosos se tratan de Nelly Soledad Valdes y Santiago Machado, ambos domiciliados en Posadas.
Desde el mismo IMEI que se activó una de las líneas inventadas a Rosatti, aparece la activación de otras tres a nombre de Valdes, mientras que Machado también aparece ligado a una de las líneas del presidente de la Corte.
Según se pudo saber, los dos misioneros y el ex policía serán indagados en el curso de las próximas horas, mientras se espera la presentación de Nuñes Piñeiro.
A raíz de una serie de pruebas que habían aparecido en el marco de la pesquisa, el joven eldoradense tenía previsto ampliar hoy su declaración indagatoria ante la fiscal porteña Daniela Dupuy.
Lago hackeado
Si bien la justicia porteña envió el caso a Comodoro Py, al juez Sebastián Ramos, que investiga la causa conocida como Lago Escondido, el juez federal rechazó ser competente y el expediente volvió a su tribunal de origen.
Mientras se espera que la Corte medie en ese conflicto entre ambos fueros, el juez Martínez De Giorgi y el fiscal Pollicita quieren escuchar a los detenidos en indagatoria tras exhibirles todas las pruebas que los vinculan a esta causa.
Las actuaciones se enmarcan en el expediente que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas “truchas” de ministros de la Corte Suprema.
En la primera de las causas, se considera probado que Nuñes Pinheiro buscó -por encargo y previo pago- datos sobre la identidad de jueces y funcionarios.
Luego, realizó maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. De esa forma, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos electrónicos y aplicaciones.
Al hacker de Eldorado también le achacan el ingreso al celular del diputado del PRO y ahora precandidato a gobernador de Buenos Aires, Diego Santilli, y de Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de Seguridad del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
De la intrusión al celular de D’Alessandro surgieron una serie de chats que sirvieron para denunciar a jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Estas dos investigaciones no forman parte de la megacausa.
La segunda parte de esa investigación comenzó en marzo, luego de que el cortesano Horacio Rosatti denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente.
Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) pidió los primeros informes, se encontró con que eran cinco abonados adjudicados a Rosatti, que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas.
Entre ellas, estaban la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz, de la Corte.
El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
De acuerdo al fiscal Pollicita, está acreditado que Nuñes Pinheiro “fue quien creó los usuarios de Nosis y obtuvo los informes comerciales, utilizó los datos obtenidos ilegítimamente del Renaper, ingresó las tarjetas SIM en los equipos telefónicos, obtuvo el control de las líneas mediante el sistema de autogestión de Movistar y consiguió los códigos de activación de las aplicaciones de comunicaciones de los señores magistrados del Poder Judicial de la Nación, doctores Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Gustavo Hornos”, dice el letrado en su pedido de llamado a indagatoria.
Para el fiscal, las maniobras se iniciaron en febrero de 2022, por parte de “un grupo de personas que, actuando de manera coordinada, realizaron un conjunto de actos”.
El accionar tuvo que ver con “el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, tendientes a tomar el control de las líneas telefónicas de magistrados del Poder Judicial de la Nación”.
Con ello, los hackers accedieron “ilegítimamente a aplicaciones de comunicación”, lo cual “les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, vídeos, opiniones), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.
En ese momento, la indagatoria no se concretó debido a que el juez esperó una serie de informes y un análisis más exhaustivo de la causa. Ahora, ordenó la detención de Nuñes Pinheiro, junto a los otros dos misioneros y el ex policía.
Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.
En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.
Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.
Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.
“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.
Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.
En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.
“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.
Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.
El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra.
Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.
Fuga, choque y muerte
El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.
Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes
Exactamente dos años después del hecho, el joven contrabandista que en pleno intento de fuga chocó y mató a un gendarme en Santa Ana irá a juicio oral y enfrentará una acusación que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
El debate se realizará en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas y comenzará el lunes 14 de septiembre, exactamente dos años después del hecho que acabó con la vida del cabo Robert David “Chato” Barreto (31), un centinela con más de doce años en la institución y padre de dos hijos.
El imputado, por su parte, es Rodrigo Dias Da Silva (27), quien se encuentra imputado y procesado con prisión preventiva por los delitos de “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”, figura que prevé prisión perpetua.
El juicio oral será presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Fabián Gustavo Cardozo y Enrique Jorge Bosch (subrogante). En representación de la fiscalía, en tanto, actuará Pablo Ricardo Di Loreto, mientras que como defensor de Da Silva estará el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Para la primera audiencia está pautada la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la indagatoria al acusado, que tendrá la posibilidad de declarar o abstenerse, para luego avanzar en la producción de prueba. Se prevén varias jornadas más para la declaración de los testigos citados.
Chato Barreto llevaba doce años en la GNA y era padre de dos hijos.
Crimen en la ruta
El hecho que se encuentra en investigación se registró el 14 de septiembre del 2024, cuando una Volkswagen Amarok cargada con 20 millones de cigarrillo de contrabando evadió un control sobre la ruta provincial 103, a la altura de Santa Ana, pero en plena maniobra su conductor embistió a uno de los gendarmes apostados sobre la arteria.
El uniformado atropellado fue Chato Barreto y tras el impacto la camioneta Amarok continuó su marcha sin control hasta volcar en una banquina de la ruta y en esas circunstancias fue detenido Da Silva.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
Tras la muerte de Barreto, la fuerza federal rindió diversos homenajes y en su honor bautizó con su nombre la Plaza de Armas del Escuadrón 11 de GNA en San Ignacio.
El homenaje a Barreto se realizó en marzo del año pasado.
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