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Denuncia que Iglesia Adventista se quiere quedar con su casa en el Tajamar

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Tajamar

Esta mañana, en el barrio Tajamar de la ciudad de Posadas, una mujer iba a ser desalojada por la policía de Misiones, pero un problema de salud obligó a la oficial de justicia y al juez a tomar la decisión de suspenderlo.

Zulema Alves de Oliveira tiene 60 años y hace más de 30 años que vive en una casa ubicada a metros del centro de Posadas. Según la sexagenaria, en el año 91 tomó poseción de la propiedad y en el 96 la compró a través de un boleto de compra venta.

En un video en vivo de La Voz de Misiones la mujer explicó que: “Pude comprar esta vivienda en el año 1996, era sola una pieza y con mi trabajo en casas de familias, el hotel Continental, en Emsa, hotel Misiones, siempre en el rubro limpieza, pude ir construyendo”.

“Con mucho esfuerzo hice tres departamentitos, dos atrás y uno adelante y de eso vivo, de los alquileres, yo tuve múltiples operaciones en la columna y ya no puedo trabajar, así que si me sacan esto me quedo en la calle”, señaló Alves de Oliveira.

Con respecto a la gente que la quiere sacar de su propiedad del barrio Tajamar, Zulema detalló que: “Los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día me iniciaron un juicio y me quieren desalojar, esta es la segunda vez que lo quieren hacer, ocurrió lo mismo en el 2019, pero todos los papeles que ellos tienen son posteriores a los míos”.

Prohibición de desalojos

En diálogo con Maximiliano Florindo, quien junto a la doctora Gómez, representan a la mujer, reveló los pormenores jurídicos que tiene el litigio: “El expediente de la causa es el 2195/2013 y la parte actora es la Asociación Argentina de la Misión de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma”.

El letrado señaló que “aquí hay un dato que no es menor y la Justicia está obviando y desoyendo, lo que dice la lay y que está vigente, es la prohibición de desalojos hasta diciembre del 2022, también hay un decreto del ejecutivo nacional por la emergencia económica, hay una ley de emergencia social y no estamos en contra del derecho a la propiedad privada, justamente el mal funcionamiento de la administración de la cosa pública de nuestros gobernantes hace que se tengan que sancionar leyes para tratar de paliar situaciones de vulnerabilidad, por ende esto atenta contra la codificación y consagración de la propiedad privada, pero también es cierto que estamos antes una grave crisis económica y social”.

Boleto de compra-venta vs donación

Con respecto a la documentación por la cual se disputa la propiedad del barrio Tajamar, el abogado aclaró que: “Nuestra representada tiene un boleto de compra venta suscripto en el año 96, con el gran valor agregado que hay una pericia por un perito, que está disponible, y que acredita que la que redactó la misma dueña”

“Ella tiene el animus dominis, tiene la ocupación efectiva del inmueble, tiene pagados los servicios, tiene pagados los impuestos, además se inicó la prescripción, no hay hay duda que es la única y legítima dueña”, recalcó Florindo.

“Ellos plantean una donación realizada por escritura pública con fecha posterior al boleto de compra venta”, subrayó. Lo que significa que primero le vendió a Alves de Oliveira y después lo entregó en donación a la iglesia.


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Ex piloto obereño se confesó narco: “Asumo la culpa y pido disculpas”

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“Asumo la culpa y la responsabilidad. Pido disculpas por los hechos cometidos”. La confesión del ex piloto obereño José Alberto Mrakava (52) hizo que la segunda audiencia del juicio oral en su contra por organizar y financiar maniobras de narcotráfico vuelva a durar tan solo unos minutos y se reduzca al cumplimiento de las formalidades previstas para el proceso, dado que las partes hasta decidieron desistir de los testigos.

El imputado pasó ante el estrado del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas esta mañana para la toma de sus datos filiatorios y al momento de declarar admitió su responsabilidad, un repentino cambio de estrategia defensiva teniendo en cuenta que llegó a esta instancia tras rechazar un acuerdo de juicio abreviado.

A partir de ahí, la audiencia solo se limitó a cumplir formalidades de procedimiento, por ejemplo, la exhibición de todos los elementos incautados en el expediente: celulares, notebook’s, máquina contadora de billetes, documentaciones, patentes, sellos, cuadernos de anotaciones y CD’s.

Culminado el acto, tanto la fiscal Vivian Barbosa como la defensa del imputado, encabezada por el abogado Juan Grimberg, desistieron de los testigos ofrecidos por ambas partes y, en consecuencia, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira dispuso el cierre de la etapa de incorporación de pruebas.

De esta manera, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, jornada prevista para la realización de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones.

Con la confesión de Mrakava, su condena es un hecho y la expectativa solo se centra en el monto de pena a cumplir en prisión que solicitará la fiscalía. Sus consortes de causa, José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, también se reconocieron culpables pero mediante la vía de un juicio abreviado, sin la exposición pública que significa un debate oral.

Mrakava frente a una máquina contadora de billetes incautada en su casa.

Los hechos admitidos

El obereño está imputado por los delitos de “organización y financiación para el tráfico de estupefacientes, agravado por el número de integrantes, en concurso real con el delito de falsificación de sellos”.

Al implicado se lo acusa -y ahora admitió su culpabilidad- de gestionar todos los medios necesarios para concretar operaciones de tráfico de estupefacientes, tareas que iban desde conseguir la marihuana proveniente de Paraguay hasta facilitar lugares de acopio, vehículos de transporte y choferes para los viajes.

La investigación en su contra comenzó en noviembre de 2018, tras el secuestro de un camión abandonado a la vera de la ruta nacional 12 con casi seis toneladas de marihuana en su interior, aunque a la banda completa se le atribuyen tres cargamentos que alcanzan las trece toneladas.

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron a estirar del hilo y establecieron que el rodado estaba a nombre de un santiagueño y que otro vehículo propiedad del mismo sujeto se encontraba en manos de Mrakava, aunque luego se comprobó que las documentaciones vehiculares eran apócrifas.

En la causa también se realizaron escuchas telefónicas al obereño hoy imputado, procedimiento mediante el cual los pesquisas detectaron conversaciones suyas con los otros dos acusados, como así también con choferes y con supuestos proveedores paraguayos identificados como “Morocho”, “Pome” y “Jorge”, a quienes incluso entregó vehículos como parte de pago para algunas transacciones.

Fue así que en mayo de 2019 los investigadores irrumpieron en su domicilio del barrio Villa Ruff de Oberá, donde detuvieron a Mrakava pero además secuestraron 330.000 dólares y siete armas fuego, lo cual derivó en la apertura de otras dos causas paralelas por delitos de lavado de activos y acopio de armas. La primera continúa en etapa de instrucción, mientras que la otra ya fue elevada a juicio.

Tras ese operativo, el ex piloto de competición y ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) permaneció dos meses detenido hasta que obtuvo la excarcelación, pero en junio de 2022 volvió a ser arrestado por la causa de narcotráfico que ahora es ventilado en debate oral.

El ex piloto obereño volvió a su celda en la Colonia Penal 17 del SPF en Candelaria.


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Comenzó el juicio contra José Mrakava, ex piloto acusado de narcotraficante

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Mrakava

Este jueves comenzó el debate oral contra José Alberto Mrakava (52), ex piloto y ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) acusado de organizar y financiar maniobras de narcotráfico, aunque la audiencia de hoy solo se limitó a la lectura del auto de elevación a juicio del expediente, en tanto que mañana está previsto el inicio de la etapa de incorporación de pruebas.

Mrakava está acusado de integrar una banda dedicada a orquestar maniobras de tráfico de marihuana desde Misiones a diversas partes del país, en complicidad con José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, aunque los otros dos imputados se acogieron a un juicio abreviado.

Es por ello que el obereño hoy es el único que ocupa un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, recinto al cual llegó minutos antes de las 8.30 bajo custodia de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que lo trasladaron desde la Colonia Penal Federal 17 de Candelaria, donde se encuentra detenido hace más de un año.

El imputado es defendido por un buffet de letrados encabezados por Juan Grimberg, quien también fue abogado de Julio Diego Torales, ex policía bonaerense condenado por torturas impartidas contra Luciano Arruga cuatro meses antes de su desaparición en 2009 en Buenos Aires.

En representación del Ministerio Público Fiscal, en tanto, interviene la fiscal Vivian Barbosa, mientras que el tribunal está integrado por los magistrados Manuel Alberto Jesús Moreira -presidente-, Fabián Cardozo y Enrique Bosch, este último en carácter de subrogante y presente de manera telemática desde su despacho en Resistencia, Chaco.

La jornada de hoy consistió en la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa formulado por la fiscal federal de Oberá Viviana Vallejos, documento en el cual se plasma la acusación formal.

Con el secuestro de este camión con seis toneladas de marihuana comenzó la investigación en 2018.

Organización y financiamiento

De allí se desprende que, de acuerdo a los elementos de prueba recolectados en el expediente, para la Justicia hay suficiente certeza como para establecer que Mrakava organizaba y además financiaba maniobras de narcotráfico, tareas que iban desde conseguir los estupefacientes provenientes de Paraguay hasta conseguir lugares de acopio, vehículos de transporte y choferes para los viajes. 

En el mismo documento reconstruyen que la investigación contra el obereño comenzó en noviembre de 2018, tras el secuestro de un camión abandonado a la vera de la ruta nacional 12 con casi seis toneladas de marihuana en su interior. A la banda se le atribuyen tres cargamentos que alcanzan las trece toneladas. 

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron a estirar del hilo y establecieron que el rodado estaba a nombre de un santiagueño y que otro vehículo propiedad del mismo sujeto se encontraba en manos de Mrakava, aunque luego se comprobó que las documentaciones vehiculares eran apócrifas.

En la causa también se realizaron escuchas telefónicas al obereño hoy imputado, procedimiento mediante el cual los pesquisas detectaron conversaciones suyas con los otros dos acusados, como así también con choferes y con supuestos proveedores paraguayos identificados como “Morocho”, “Pome” y “Jorge”, a quienes incluso entregó vehículos como parte de pago para algunas transacciones. 

En el allanamiento a la casa de Mrakava en 2019 la Policía halló más de 300.000 dólares y siete armas de fuego.

Fue así que en mayo de 2019 los investigadores irrumpieron en su domicilio del barrio Villa Ruff de Oberá, donde detuvieron a Mrakava pero además secuestraron 330.000 dólares y siete armas fuego, lo cual derivó en la apertura de otras dos causas paralelas por delitos de lavado de activos y acopio de armas. La primera continúa en etapa de instrucción, mientras que la otra ya fue elevada a juicio.

Tras ese operativo, el ex piloto de competición permaneció dos meses detenido hasta que obtuvo la excarcelación, pero en junio de 2022 volvió a ser arrestado por la causa de narcotráfico que ahora es ventilado en debate oral.

Por cuestiones de agenda, el tribunal decidió esta mañana disponer de un cuarto intermedio luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la audiencia continuará mañana, a partir de las 8.30.

Se prevé que en primera instancia se le otorgue al imputado la posibilidad de brindar declaración indagatoria y luego iniciaría el desfile de testigos convocados por las partes.


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Defensor de dirigente barrial detenido: “Fue muy fantástica esta denuncia”

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dirigente barrial

Lucas Ortega, abogado del dirigente barrial y militante libertario, Cristian Cabral, quien está detenido y hoy fue citado a indagatoria bajo sospecha de efectuar amenazas telefónicas contra el ministro de Educación Ramiro Aranda, consideró que “esto está armado por el rol activo que tiene Cristian en la sociedad” y al referirse a la acusación contra su cliente, sentenció: “El poder político, luego del levantamiento de los docentes y policías, está haciendo una persecución a todas las personas que piensan distinto. Esto es una cacería de brujas”. 

Cabral es dirigente de la comisión vecinal del barrio Sol de Misiones, militante del partido Libertad, voluntario de la pastoral de la iglesia católica y profesor de fútbol. Se encuentra privado de su libertad hace 15 días, luego de que el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) irrumpiera en su vivienda para realizar un allanamiento y proceder a su detención.

Actualmente se encuentra alojado en la Comisaría Vigésima del mismo barrio. “Es un lugar de 14 metros cuadrados con doce detenidos. No es un lugar de detención adecuado, están hacinados, sin comida y un régimen de visitas totalmente limitado”, reclamó Ortega. 

En cuanto a la causa, el abogado entrevistado por La Voz de Misiones, sostuvo: “Es lamentable que los jueces de instrucción sigan estando de rodillas frente al poder político y sean un instrumento de captura de aquel que piensa distinto, porque eso es lo que está pasando en esta causa en particular. Nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias, manifestando que no es necesario privarlo de su libertad porque es un exceso, la Constitución Nacional establece el principio de la libertad”.

Respecto a la denuncia realizada por el ministro Aranda, analizó: “Fue muy fantástica esta denuncia del ministro de Educación que recibió un sobre y un papel con los nombres de todas las personas que le querían hacer un mal. Y los nombres son todos de opositores políticos que participaron del grupo El Misionerazo, que es un grupo de WhatsApp”. 

Ortega, además se refirió al primer rechazo al pedido de excarcelación presentado. “Lo que me llama la atención fue el dictamen de la negación de la excarcelación de la fiscal, que fue muy objetivo, y que dijo ‘recomiendo la liberación de Cabral, pero con una medida de prohibición de acercamiento al denunciante’. Mientras el juez dice que no, que hay que denegar la excarcelación porque entienden que Cristian es altamente peligroso para el denunciante, siendo que no tiene antecedentes policiales”, sostuvo. 

“Él jamás tuvo ese número ni ese celular”

Las declaraciones fueron dadas por el defensor durante una entrevista con LVM frente al Juzgado de Instrucción Siete, situado sobre calle Pedro Méndez casi avenida Uruguay de Posadas, de la que también participó Claudia, la esposa de Cabral, con quien comparte dos hijos en común.

Al reconstruir los hechos, la mujer recordó que “el 27 de junio llegó a nuestra casa el GOE, a las 5.20 de la mañana, de una manera super violenta e innecesaria. En primer lugar no nos leyeron ni un acta ni nada sobre por qué estaban ahí”. 

Luego, profundizó: “Entraron, rompieron nuestra puerta, dañaron todo lo que había y después recién se nos leyó que supuestamente ellos estaban ahí por una investigación sobre amenazas y que lo iban a detener a mi marido por ese motivo, pero no nos dieron más detalles”.

Tres días más tarde, le notificaron que el allanamiento se produjo porque a él lo vincularon con un número de teléfono del cual “salió la amenaza” contra el ministro de Educación, Ramiro Aranda, cuyo chip estaba registrado a nombre de Cabral. “Él jamás tuvo ese número ni el celular, es más, no encontraron ese celular en nuestro domicilio”, afirmó Claudia.

Al respecto, el abogado agregó: “Cabral, como es técnico en comunicaciones e informática, explicó los detalles de cuáles son los pasos para la obtención de un chip. Voy a precisar que cualquier ciudadano puede sacar un chip a nombre de otro. No hace falta tener el DNI. Hace falta solamente saber el número de documento. Pero ¿qué pasa?, las empresas piden la convalidación que puede ser por llamada o mensaje. Nosotros pedimos ahora a la empresa de telefonía correspondiente que especifíque la llamada. Si fue por llamada que se haga el contraste de voz”.

En cuanto al expediente, el abogado aseguró que se encuentra solamente la línea de la cual salió la llamada, sobre la que consideró “esa línea fue habilitada por cualquier otra persona”.

Al finalizar, Claudia resaltó: “Él siempre fue muy activo en redes sociales como opositor al gobierno provincial y todo apunta a que esto es una persecución política, porque no hay una prueba contundente contra él”.

Por lo pronto, el defensor confirmó que volverán a pedir la excarcelación de Cabral. De no obtenerla, procederán a las “denuncias correspondientes por exceso en la implementación de prisión preventiva y los daños y perjuicios contra el detenido y su familia”.  

Organizan marcha para pedir la liberación de dirigente barrial detenido


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