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Denuncia que Iglesia Adventista se quiere quedar con su casa en el Tajamar

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Esta mañana, en el barrio Tajamar de la ciudad de Posadas, una mujer iba a ser desalojada por la policía de Misiones, pero un problema de salud obligó a la oficial de justicia y al juez a tomar la decisión de suspenderlo.

Zulema Alves de Oliveira tiene 60 años y hace más de 30 años que vive en una casa ubicada a metros del centro de Posadas. Según la sexagenaria, en el año 91 tomó poseción de la propiedad y en el 96 la compró a través de un boleto de compra venta.

En un video en vivo de La Voz de Misiones la mujer explicó que: “Pude comprar esta vivienda en el año 1996, era sola una pieza y con mi trabajo en casas de familias, el hotel Continental, en Emsa, hotel Misiones, siempre en el rubro limpieza, pude ir construyendo”.

“Con mucho esfuerzo hice tres departamentitos, dos atrás y uno adelante y de eso vivo, de los alquileres, yo tuve múltiples operaciones en la columna y ya no puedo trabajar, así que si me sacan esto me quedo en la calle”, señaló Alves de Oliveira.

Con respecto a la gente que la quiere sacar de su propiedad del barrio Tajamar, Zulema detalló que: “Los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día me iniciaron un juicio y me quieren desalojar, esta es la segunda vez que lo quieren hacer, ocurrió lo mismo en el 2019, pero todos los papeles que ellos tienen son posteriores a los míos”.

Prohibición de desalojos

En diálogo con Maximiliano Florindo, quien junto a la doctora Gómez, representan a la mujer, reveló los pormenores jurídicos que tiene el litigio: “El expediente de la causa es el 2195/2013 y la parte actora es la Asociación Argentina de la Misión de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma”.

El letrado señaló que “aquí hay un dato que no es menor y la Justicia está obviando y desoyendo, lo que dice la lay y que está vigente, es la prohibición de desalojos hasta diciembre del 2022, también hay un decreto del ejecutivo nacional por la emergencia económica, hay una ley de emergencia social y no estamos en contra del derecho a la propiedad privada, justamente el mal funcionamiento de la administración de la cosa pública de nuestros gobernantes hace que se tengan que sancionar leyes para tratar de paliar situaciones de vulnerabilidad, por ende esto atenta contra la codificación y consagración de la propiedad privada, pero también es cierto que estamos antes una grave crisis económica y social”.

Boleto de compra-venta vs donación

Con respecto a la documentación por la cual se disputa la propiedad del barrio Tajamar, el abogado aclaró que: “Nuestra representada tiene un boleto de compra venta suscripto en el año 96, con el gran valor agregado que hay una pericia por un perito, que está disponible, y que acredita que la que redactó la misma dueña”

“Ella tiene el animus dominis, tiene la ocupación efectiva del inmueble, tiene pagados los servicios, tiene pagados los impuestos, además se inicó la prescripción, no hay hay duda que es la única y legítima dueña”, recalcó Florindo.

“Ellos plantean una donación realizada por escritura pública con fecha posterior al boleto de compra venta”, subrayó. Lo que significa que primero le vendió a Alves de Oliveira y después lo entregó en donación a la iglesia.

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Adolfo Guirula, cuarto policía acusado de sedición que recupera la libertad

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Adolfo Guirula, uno de los ocho policías imputados en la causa que investiga presuntos delitos de “intento de sedición” y “conspiración”, se transformó esta mañana en el cuarto implicado en recuperar su libertad tras permanecer más de nueve meses detenido.

La excarcelación de Guirala se produjo esta mañana desde la Unidad Penal VII de Cerro Azul, donde pasó las últimas semanas alojado en compañía de Ramón Amarilla, el primero de los ex uniformados implicados en la misma causa que recuperó su libertad tras ser electo diputado provincial.

De esta manera, ya son cuatro los agentes liberados, ya que también hay que sumar a Joaquín Orrego y Horacio Elías Coutto, quienes a uno a uno fueron recibiendo las respectivas notificaciones de cese de prisión preventiva por parte del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón.

Quienes continúan detenidos son los hermanos Iván Ezequiel y Alejandro Ramón Arrieta, Lisandro Ramón Canteros y Diego Hernán Correa.

“Solo Cola”

Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre del año pasado, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un presunto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta salarial que derivó en un acampe de doce días frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo de 2024.

En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.

“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los detenidos.

Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.

Durante todos estos meses, los agentes reclamaron su inocencia y sus familiares encabezaron diversas medidas de protesta requiriendo la excarcelación de cada uno de ellos.

Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición

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Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición

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Liberaron a tercer ex policía detenido por la causa de intento de sedición

El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, dispuso el cese de la prisión preventiva para el ex policía Horacio Elías Coutto, quien en horas del mediodía recuperó la libertad, aunque sigue supeditado al expediente judicial que lo investiga junto a otros siete ex uniformados por “intento de sedición” y “conspiración”.

Minutos antes de las 13 de este martes, Coutto cruzó las barreras de la Unidad Penal VII de Puerto Rico para fundirse en un abrazo con sus familiares y amigos, que lo esperaban a las afueras del predio para regresar a su hogar luego de los diez meses que permaneció detenido.

“Estoy muy contento, muy feliz de poder recuperar mi libertad. Quiero dar gracias, primeramente, a Dios que me acompañó en este momento difícil, nunca me soltó la mano; a mi familia que siempre estuvieron; a mis amigos que se tomaron el tiempo de venir a visitarme; a todos los amigos que me hice; y a la gente que colaboró con nuestra familia en esta situación que estábamos pasando”, fueron las primeras palabras de Coutto tras recuperar su libertad frente a la unidad penitenciaria.

El ex policía también agradeció a los agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) “que me atendieron muy bien, excelentes personas, la verdad que no tengo ninguna queja, nos cuidaron perfectamente”.

En esa línea, Coutto le dedicó unas palabras de agradecimiento al ex vocero policial y diputado provincial electo, Ramón Amarilla, el primero de los ocho ex uniformados detenidos por esta causa en recuperar su libertad el pasado 13 de junio.

“Quiero agradecer a Ramón Amarilla, quien desde el momento en que recuperó la libertad se puso en compromiso con nosotros, con nuestras familias, nos dio tranquilidad y esperanza”, manifestó el ex uniformado.

Por último, dejó un mensaje a las autoridades provinciales: “A los poderosos les digo que escuchen a la gente, que escuchen a los misioneros, que no crean ingenuamente, que unos simples barrotes o unos muros pueden callar la voluntad de un pueblo que lucha por la justicia, por la verdad y la dignidad”.

Con Ramón Amarilla, Horacio Elías Coutto y Joaquín Orrego, son tres los ex policías que recuperaron su libertad, pero siguen siendo investigados en la causa que inició la Justicia de Misiones tras descubrirse el grupo de WhatsApp “Solo Cola”, en el que los uniformados destituidos de la fuerza provincial habrían planificado un supuesto plan con diferentes acciones para desestabilizar a la cúpula de la institución.

Por lo tanto, mientras dure la instrucción de la causa, los ex efectivos policiales tienen prohibido salir del país y deberán presentarse una vez al mes en la comisaría con jurisdicción sobre su domicilio, a fin de acreditar su permanencia en la provincia.

Quienes quedan detenidos por la misma causa son los hermanos Iván Ezequiel y Alejandro Ramón Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Diego Hernán Correa y Adolfo Guirula.

Dispusieron la liberación de otro ex policía acusado por intento de sedición

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Condena de 23 años para acusado de asesinar a un colono en San Javier

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El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este viernes a 23 años de prisión a Jonatan Ezequiel “Porteño” Sosa por el homicidio del colono Lisardo Escarvadofski (76) y las lesiones efectuadas a su esposa Orestini Cerri, que sobrevivió a pesar de las graves heridas sufridas, en un hecho ocurrido en abril de 2017 en el paraje Santa Irene de San Javier.

El caso se ventiló en debate oral durante tres jornadas y Sosa fue declarado coautor de los delitos de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real”.

El fallo coincidió en parte con lo solicitado por el fiscal David Milicich, quien en sus alegatos dio por probada la participación del imputado en el crimen de Escarvadofski y solicitó que se lo condene a 35 años de cárcel.

La defensa de Sosa, por su parte, había pedido su absolución al considerar que no había suficientes pruebas en su contra. El propio acusado además declaró en la segunda jornada del debate y se declaró inocente.

Yo no soy un asesino, no soy un delincuente. Tienen a la persona equivocada. Lamento lo que le pasó al hombre y a su señora, pero mientras yo estoy detenido, los verdaderos asesinos están de joda”, fueron las palabras de Sosa, quien además denunció haber recibido apremios y aprietes tras ser detenido un año después del hecho en Buenos Aires.

El asesinato de Escarvadofski ocurrió cerca de las 18 del 4 de abril del 2017 en el paraje Santa Irene, donde tenía su chacra.

Ese día, el tiempo estuvo muy feo, debido a la gran cantidad de lluvia que había caído en el Alto Uruguay. Escarvadofski y Cerri estacionaron su Chevrolet Corsa en el garaje y, en esa instancia, notaron que habían dos personas fuera del terreno, en la esquina.

El hombre fue a ver qué querían y a poner el candado al cerco de la casa, que nunca traspuso. Su mujer, en tanto, se fue para adentro de la vivienda.

Allí recibió varios disparos que lo dejaron malherido y terminó muriendo en los brazos de su mujer, que salió a ver qué pasaba al escuchar las detonaciones.

Según dijo, los hombres le pidieron que abra la casa, ella se negó y terminó recibiendo dos impactos de bala. Allí se trenzó en una pelea y tras golpear en la entrepierna a uno de los agresores, salió a la calle a pedir ayuda. Los sujetos aprovecharon para escapar en el vehículo de la pareja, que fue hallado al día siguiente.

Para el fiscal Milicich, Sosa fue uno de los atacantes que participaron aquel día, aunque también consideró que el blanco en realidad era uno de los hijos de la pareja.

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