Judiciales
Crimen del olero: testigos y versiones contrapuestas en el tercer día de juicio
Un hematoma en el pómulo derecho de Elisandro “Totito” Cruz (25), único acusado del hecho, fue uno de los tópicos de mayor discusión en la tercera jornada del juicio por el crimen del olero Ramón Fretes (63), instancia en la cual declararon cuatro testigos, dos de ellos testimonios marcadamente contrapuestos.
Dichos protagonistas fueron Carla Servin, vecina del barrio; Guadalupe Leal, una niña criada desde pequeña por la madre del imputado; y Fernando Flores, otro vecino que ofició como testigo de los procedimientos policiales realizados durante la noche del crimen registrado entre la noche del 20 de agosto 2020 y la madrugada siguiente en El Porvenir II de Posadas.
La primera en declarar fue Servin, quien contó que esa noche estaba acarreando leña por el barrio y desde la calle oyó una discusión en la olería de Fretes. Luego agregó el acusado se encontró con su marido minutos después del hecho y le contó lo que sucedió.
“Cruz sale, se encuentra con mi marido y le cuenta lo que pasó. Dijo que hubo una discusión y que el señor le pegó. La discusión fue porque él no le quiso pagar”, declaró.
Luego indicó que vio al ahora imputado “herido en la cien izquierda”, con “rastros de ladrillo en la cara”, aunque el hematoma que presentaba el detenido en ese momento estaba localizado en el pómulo derecho, según consta en la fotografía que las partes exponen en la sala.
“Me voy a ahorrar el pedido de falso testimonio”, esgrimió el el fiscal Vladimir Glinka al terminar la declaración.
El fiscal Glinka advirtió a los testigos en varias oportunidades por el delito de falso testimonio.
Golpeado o no golpeado
La testimonial de Leal, en tanto, arrancó trabada. Es que la joven se presentó como una simple vecina, pero ante las insistencias de Glinka reconoció que se considera una “media hermana” del imputado porque fue criada desde pequeña por la madre de Cruz.
“Es una situación anómala”, marcó Glinka y pidió la anulación de la testimonial brindada por la joven durante la etapa de instrucción y planteó que la declaración prevista para hoy sea postergada hasta confirmar el parentezco con el acusado.
El tribunal, presidido por el magistrado César Yaya e integrado por sus pares Gregorio Busse y Carlos Giménez, dio lugar al primer planteo y respecto al segundo decidió volver a notificarle a la testigo los alcances del artículo que no obliga a declarar a familiares directos de acusados.
La mujer aceptó declarar de igual manera. “Me estaba yendo a comprar al kiosco y escuché que Fretes insultaba a Cruz. También vi cuando Fretes agredió con un ladrillo a Cruz. Le dijo ‘negro de mierda’ y le pegó. Yo ahí me asusté y corrí para avisarle de eso a la mamá de Cruz. Ella se descompensó y cuando volvimos ya lo tenían detenido”, narró al comienzo.
Glinka esperó para volver a intervenir y la testigo continuó: “Estaba oscuro, solo había luz del horno (de ladrillos). Ahí le veo a Cruz en el móvil detenido y estaba todo ensangrentado”.
Glinka no esperó más. Allí pretendió ahondar en detalles de esa situación con la testigo y le advirtió sobre el delito de falso testimonio, ya que en la causa consta que el acusado fue detenido dentro de su casa y que su misma madre autorizó el ingreso de la fuerza para concretar la aprehensión.
“Yo solo vengo a declarar lo que vi. Nada más”, respondió Leal.
El testigo Flores, ante Miguel Ángel Varela -abogado defensor oficial del imputado- y una foto de Cruz detenido.
En ese contexto llegó el siguiente testimonio, el de Flores, que respecto a las condiciones en las que Cruz estaba al momento de su detención describió una escena totalmente contraria.
Flores contó que él estaba durmiendo pero luego la Policía lo buscó para ser testigo del procedimiento “del levantamiento del cuerpo” de la víctima. Fue allí que también vio a Cruz detenido dentro de un patrullero.
“Lo vi bien, golpeado en la cara no estaba. Él estaba atrás con media ventanilla abierta. No había sangre, ni nada”, señaló ante las partes e incluso se paró en medio de la sala para graficar a qué distancia del imputado se encontraba en ese momento ante la requisitoria del juez Busse.
Además, recordó que mientras todo ocurría no había ningún otro vecino observando el procedimiento, contrastando nuevamente con lo dicho por Leal, quien aseguró que haber estado allí junto a la madre de Cruz.
En otro tramo, Flores detalló además cuestiones vinculadas al perfil del acusado y las situaciones cotidianas que se registraban en su olería.
“Él tomaba mucho. Eran normal los gritos ahí. Se juntaban a tomar todos con él, después se armaban discusiones y los mismos chicos que estaban con él le tiraban piedras. Él también se enoja y les tiraba con honda”, recordó.
Elisandro Cruz está acusado de “homicidio simple”, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Tramo final
El juicio por el crimen del olero Fretes pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, donde se prevé la recepción de los testigos restantes, varios de los cuales hasta el momento no fueron localizados o no cumplieron con la citación.
En la misma jornada se desarrollará la exposición de los alegatos finales y posteriormente podría haber dictado de sentencia.
Cruz está imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión.
En su declaración vertida en etapa de instrucción señaló que esa noche le reclamó a Fretes por su paga y que éste reaccionó golpeándolo primero. Allí se inició una pelea que acabó con la víctima asesinada de un puntazo en el pecho.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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