Judiciales
Condenaron a gendarme de Ituzaingó que colaboraba con banda narco misionera

Lucas Alejandro Llopiz, un gendarme que cumplía funciones en la sección Antidrogas Ituzaingó, fue condenado ayer a la pena de seis años de prisión por colaborar con una banda narco misionera que operó desde 2017 hasta 2021.
A diferencia de sus consortes de causa, el ex uniformado decidió enfrentar la acusación en su contra en instancia de juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes y tras tres jornadas de debate finalmente fue condenado a seis años de cárcel al ser declarado autor del delito de “confabulación”.
En el banquillo de los acusados también estuvo Aldo Neris, quien recibió cinco años de prisión por “tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización”.
De esta manera, la Justicia arribó a condenas para todos los integrantes de la sindicada banda misionera que, según las investigaciones, operó desde al menos marzo de 2017 hasta el mismo mes de 2021 traficando estupefacientes ingresados a la tierra colorada desde Paraguay para luego transportarlos hasta diferentes localidades de Santa Fe, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires.
Entre los demás implicados aparecen José Alberto “El Gordo Posadas” Laurencio, obereño pero radicado en Ituzaingó; Nicolás Riveros, de Posadas; Franco Androjowich y Mauricio Riveros. Todos ellos recibieron la misma pena que el gendarme Llopiz, con la diferencia de que se acogieron al mecanismo de juicio abreviado.
Según reconstruyeron las fuentes del caso, la investigación contra la banda comenzó en marzo de 2017, cuando un testigo de identidad reserva brindó información sensible y relacionada a la incautación de un camión Scania con casi cuatro toneladas de marihuana durante un control fijo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) sobre la ruta nacional 14 en Santa Tomé, Corrientes.
En la información brindada por ese testigo apareció en escena “Gordo Posadas”, que luego se determinó que se trataba del misionero Laurencio.
A partir de ahí, los investigadores de GNA, en conjunto con funcionarios judiciales federales, fueron atando cabos que permitieron establecer la existencia de una organización narco que operaba desde Misiones traficando estupefacientes a diversas localidades del país.
A la banda narco misionera luego le adjudicaron otras maniobras de narcotráfico, entre ellas el envío de unos 2,700 kilogramos cocaína ocultos dentro de la baliza de una ambulancia con patentes truchas que fueron retenida en Paso Cerrito, Entre Ríos.
La droga no fue detectada en primera instancia, por lo que el hecho se enmarcó en una irregularidad por la patente apócrifa y el conductor del móvil siguió el proceso en libertad.
Ese hombre se trató de Marcelo De Castro, oriundo de Quilmes, otro “peso pesado” de la banda, quien aprovechó el tiempo ventaja que obtuvo de manera fortuita para pasar a la clandestinidad y desde ese momento permanece prófugo, al igual que su hijo Fernando Eliel De Castro.
La pesquisa contra la organización estuvo a cargo del fiscal federal Aníbal Fabián Fernández, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dirigida por Diego Iglesias, mientras que en el debate oral intervinieron el fiscal general de Corrientes Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel.

La ambulancia con la cocaína fue retenida en octubre de 2020 en Entre Ríos.
Judiciales
El represor Carlos Carvallo accedió a dos salidas transitorias por mes

El represor devenido en locutor Carlos Carvallo (70), condenado a 12 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Entre Ríos, fue autorizado a tener salidas transitorias tras cumplir con los requisitos y plazos necesarios para acceder al beneficio.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución que incorpora al condenado al régimen de salidas transitorias fue firmada en los últimos días por el magistrado entrerriano Federico Martín.
En el dictamen se dispone que a partir de ahora y por el plazo de cuatro meses, con posibilidad de renovación, Carvallo podrá hacer uso de dos salidas mensuales por cuatro horas cada una.
Esos egresos deberán realizarse en compañía de un agente penitenciario sin uniforme y el interno deberá cumplir con el recorrido previsto desde la Unidad Penal 17 de Candelaria hasta el domicilio de su esposa en Posadas, respetando los horarios establecidos y manteniendo “un comportamiento decoroso”, entre condiciones, para no perder el beneficio.
El pedido efectuado por Carvallo contó la oposición de la fiscalía y no así con el de su víctima Manuel Ramat, que además fue querellante particular en la causa, quien como condición solicitó que el beneficio no se ejecute en Paraná. “Yo tengo la humanidad que él no tuvo conmigo”, fueron sus palabras sobre el asunto.
De esta manera, el represor que supo ocultar su pasado para mostrarse como locutor y periodista, volverá a las calles de Posadas tras permanecer 2517 días preso en forma ininterrumpida.
Carvallo está detenido desde el 23 de agosto de 2018, cuando agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo ubicaron en la casa de unos familiares en el barrio Santa Rita de Posadas, donde esquivaba el pedido de captura internacional que se había emitido en su contra cuatro años antes.
Desde ese momento estuvo privado de su libertad en Paraná, Entre Ríos, donde fue identificado como uno de los policías que integraba grupos de tareas dedicados a secuestrar y torturar presos políticos durante la última dictadura militar.
En esa misma ciudad fue juzgado en diciembre de 2020 y finalmente fue condenado como autor de los delitos de “privación ilegítima de la libertad perpetrada por un funcionario público con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, agravada por el empleo de violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, en concurso real con la imposición de torturas a personas privadas de su libertad agravada por ser la víctima un perseguido político”.
Todos estos hechos fueron cometidos en perjuicio de Ramat, que era dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que estuvo secuestrado en la comisaría paranaense de El Brete y que logró reconocer al imputado como uno de sus captores.
Como era época de pandemia, Carvallo oyó todo el proceso en su contra desde la Unidad Penal I de Paraná, donde continuó purgando la pena de 12 años de prisión impuesta en su contra por el juez Pablo Seró, hasta que a fines del año pasado fue trasladado a Candelaria como medida de acercamiento a un hijo que cursaba una enfermedad terminal.
Represor en Entre Ríos
El juicio contra Carvallo había comenzó en marzo de 2020, pero debió suspenderse a razón de la emergencia sanitaria decretada en todo el país por la pandemia de Covid-19.
Meses después, las audiencias se reanudaron en forma remota y, en esas circunstancias, en octubre se realizaron los alegatos, ocasión en la que la fiscalía había pedido 11 años de prisión y las partes querellantes 21.
El expediente que se ventiló en debate oral fue un desprendimiento de la causa Aérea Paraná I en 2014, en la que Ramat brindó declaración testimonial y allí volvió a identificar a Carvallo como uno de los integrantes del grupo de tareas que lo detuvo ilegalmente y lo torturó durante 45 días.
En su alegato, el fiscal García Escalada destacó “la cantidad de declaraciones sustancialmente coincidentes” de la víctima Ramat y detalló que “se cuenta en la causa con cinco actas de declaración testimonial de Ramat. En las cinco fue claro describiendo los hechos que padeció, identificando con nitidez a Carvallo como uno de sus autores principales, al menos en lo que refiere a la primera fase de su padecimiento, la va desde el 30 de septiembre de 1976 hasta 45 días más tarde, cuando es llevado del centro clandestino de detención de El Brete a la UP I de Paraná”.

Carvallo permaneció cuatro años prófugo con un pedido de captura internacional y fue hallado en casa de familiares en Posadas.
La investigación realizada reconstruyó que Ramat conoció a Carvallo cuando éste llegó a su casa y se presentó como oficial de la Policía para llevar adelante un allanamiento vinculado a un hermano del dirigente que ya había sido asesinado en Campana.
Después de ese episodio, el dirigente se presentó ante la Policía, donde volvió a encontrarse con Carvallo y allí comenzó su padecimiento.
“Ramat concurrió por consejo de su abogado a la Dirección de Investigaciones. Allí el jefe le dijo que debía esperar a Carvallo y cuando llegó Carvallo comenzó el periplo de padecimientos. Lo llevaron a Santa Fe, lo obligaron a bajarse del auto, a ingresar al baúl, lo reingresaron a Paraná y lo alojaron en El Brete. Allí permaneció en situación infrahumana, comiendo con la mano, sometido a interrogatorio con trompadas y submarino seco (…) Allí le dijeron ‘vos sos boleta, nadie sabe que estás acá, vos tenés tu DNI’. Con eso querían demostrar la plena disposición que Carvallo y los otros tenían sobre la vida y la integridad física de Ramat”, siguió García Escalada en su alegato.
En esa misma audiencia expuso Lucía Tejera, quien además de recordar todos los hechos sufridos por Ramat también repasó el legajo de Carvallo para dar cuenta de la historia del imputado dentro de las filas de la Policía.
“En octubre de 1975 participó del secuestro de material ideológico y de la detención de varias personas, resaltando una felicitación por su extraordinaria dedicación, energía, serenidad y espíritu puesto en ese procedimiento. Figura también en ese legajo la realización satisfactoria de un curso contra subversivos en agosto de 76. Meses después formó parte de patota que secuestró y torturó a Ramat”.
Tejera recordó que después de esos 45 días privado de su libertad en clandestino, Ramat fue declarado preso legal y “sometido a un consejo de guerra, parodia de juicio como dicen las víctimas, y condenado bajo jurisdicción militar”.
Allí la víctima inició un periplo de detención en el cual pasó por los penales de Sierra Chica, La Plata, Caseros y Paraná, donde fue liberado en 1984 y donde ahora, casi 40 años después, se encuentra encerrado su captor.

Carvallo fue ubicado en 2018 en la cada de unos familiares en el barrio Santa Rita.
De locutor a prófugo
La historia de Carvallo, en tanto, fue muy distinta. Después de la dictadura llegó a Misiones y ocultando su pasado se desempeñó como locutor en varias radios de Posadas, entre ellas en FM Show, siendo ladero al micrófono de Alfredo Abrazian y transformándose incluso en un personaje altamente conocido.
Su situación recién cambió en 2014, después del juicio por la causa Aérea Paraná I que derivó en el dictado de un pedido de detención internacional por parte de la Justicia de Entre Ríos.
Después de ello, el locutor se mantuvo prófugo durante un largo tiempo hasta que finalmente en 2018 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lograron ubicarlo en la casa de unos familiares en el barrio Santa Rita de Posadas.
Judiciales
El después al femicidio de Batista: “Queremos la tenencia de los chicos”

A casi una semana del femicidio de Claudia Soledad Batista (28), en su familia la tristeza y la desazón continúan a flor de piel, pero buscan reconvertir ese dolor en la fortaleza necesaria para encabezar la lucha por la tenencia definitiva de los niños que quedaron sin su madre.
Batista era mamá de cinco menores de edad, dos de los cuales también son hijos de Gabriel Cruz (25), su ex pareja y único imputado por el femicidio registrado el domingo pasado en San José.
Actualmente, todos los niños se encuentran junto a la familia materna gracias a una resolución que les otorgó una tenencia provisoria por seis meses, pero ya se preparan para albergar a los menores de manera definitiva.
“Sabemos que a nuestra hermana ya nadie nos va a devolver, pero queremos mantener unidos a los chiquitos. Ahora están con mis padres, que tienen todas las condiciones para criarlos y cuidarlos, pero en caso que eso no suceda todos los hermanos podemos hacernos cargo”, señaló a La Voz de Misiones una hermana Soledad Batista.
La preocupación nace en el hecho de enterarse que la familia paterna de dos de los niños también estaría interesada en la tenencia de los menores, pero los Batista se oponen a esa posibilidad.
“No queremos que se vayan con ellos, ni que tampoco se acerquen. Ellos no hicieron nada por mi hermana y eso que vivían en el mismo barrio. Nunca se interesaron y ese día tampoco ayudaron en nada. Además de que es una zona peligrosa, no queremos que los chicos estén ahí”, apuntaron.
La situación toma mayor gravedad al tener en cuenta que dos de los niños, de 4 y 8 años, presenciaron el ataque a machetazos que acabó con la vida de su madre.
“Nosotros estamos tratando de salir adelante. Con los chicos tratamos de no tocar el tema, pero el más chico se pone a jugar, piensa en su mamá y se acuerda como fue que pasó todo. Es tremendo todo lo que pasó”, describieron.
El femicidio de Batista ocurrió el domingo a la noche, en la casa donde la joven residía en el barrio La Tablada de San José, aunque ella era oriunda de Leandro N. Alem.
La joven fue ultimada de 23 machetazos, 19 de los cuales fueron dirigidos a las zonas del cráneo, hombros y miembros superiores.
Por el caso está detenido e imputado Gabriel Cruz (25), su ex pareja y padre de dos de los cinco hijos de la víctima.
Si bien no se registran denuncias formales, familiares de la joven señalaron que el sospechoso siempre ejerció violencia contra Batista e incluso consideran que en los últimos días estaba amenazada porque había publicado “mensajes de despedida” en sus estados de Whatsapp.
Familiares de joven asesinada en San José: “Él siempre fue violento con ella”
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Gabriel Cruz no declaró y fue imputado por el femicidio de Soledad Batista

Gabriel Cruz (25), el único acusado por el crimen de su ex pareja Claudia Soledad Batista (28), se abstuvo de declarar ante la Justicia esta mañana y fue imputado por el delito de femicidio, figura que prevé prisión perpetua.
Tal como estaba previsto, el sospechoso fue trasladado hacia el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, donde compareció ante el magistrado Juan Manuel Monte (subrogante), instancia en la que designó abogado defensor y decidió guardar silencio.
En la misma audiencia, el implicado fue notificado del hecho que se investiga, como así también de los elementos de probatorios que se registran en su contra hasta el momento y fue imputado por femicidio.
Tras culminar el trámite, Cruz fue nuevamente trasladado a una celda policial donde continuará privado de su libertad mientras avanza el expediente que lo investiga por el asesinato a machetazos de su ex pareja.
El crimen de Batista se registró el domingo a la noche, en la casa donde la mujer residía en el barrio La Tablada de San José.
Allí la joven madre de cinco pequeños, dos de ellos junto al detenido, fue ultimada con un total de 23 heridas de machete, 19 de las cuales se concentraron en la zona del cráneo, hombros y miembros superiores.
La víctima era oriunda de Alem pero hace un tiempo se instaló en San José junto a Cruz, de quien estaba separada hace unos meses.
Los familiares de Batista señalaron que el implicado siempre “fue violento” con ella, aunque no se registran denuncias formales por violencia de género en contra del sospechoso.
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