Judiciales
Condenaron a gendarme de Ituzaingó que colaboraba con banda narco misionera




Lucas Alejandro Llopiz, un gendarme que cumplía funciones en la sección Antidrogas Ituzaingó, fue condenado ayer a la pena de seis años de prisión por colaborar con una banda narco misionera que operó desde 2017 hasta 2021.
A diferencia de sus consortes de causa, el ex uniformado decidió enfrentar la acusación en su contra en instancia de juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes y tras tres jornadas de debate finalmente fue condenado a seis años de cárcel al ser declarado autor del delito de “confabulación”.
En el banquillo de los acusados también estuvo Aldo Neris, quien recibió cinco años de prisión por “tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización”.
De esta manera, la Justicia arribó a condenas para todos los integrantes de la sindicada banda misionera que, según las investigaciones, operó desde al menos marzo de 2017 hasta el mismo mes de 2021 traficando estupefacientes ingresados a la tierra colorada desde Paraguay para luego transportarlos hasta diferentes localidades de Santa Fe, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires.
Entre los demás implicados aparecen José Alberto “El Gordo Posadas” Laurencio, obereño pero radicado en Ituzaingó; Nicolás Riveros, de Posadas; Franco Androjowich y Mauricio Riveros. Todos ellos recibieron la misma pena que el gendarme Llopiz, con la diferencia de que se acogieron al mecanismo de juicio abreviado.
Según reconstruyeron las fuentes del caso, la investigación contra la banda comenzó en marzo de 2017, cuando un testigo de identidad reserva brindó información sensible y relacionada a la incautación de un camión Scania con casi cuatro toneladas de marihuana durante un control fijo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) sobre la ruta nacional 14 en Santa Tomé, Corrientes.
En la información brindada por ese testigo apareció en escena “Gordo Posadas”, que luego se determinó que se trataba del misionero Laurencio.
A partir de ahí, los investigadores de GNA, en conjunto con funcionarios judiciales federales, fueron atando cabos que permitieron establecer la existencia de una organización narco que operaba desde Misiones traficando estupefacientes a diversas localidades del país.
A la banda narco misionera luego le adjudicaron otras maniobras de narcotráfico, entre ellas el envío de unos 2,700 kilogramos cocaína ocultos dentro de la baliza de una ambulancia con patentes truchas que fueron retenida en Paso Cerrito, Entre Ríos.
La droga no fue detectada en primera instancia, por lo que el hecho se enmarcó en una irregularidad por la patente apócrifa y el conductor del móvil siguió el proceso en libertad.
Ese hombre se trató de Marcelo De Castro, oriundo de Quilmes, otro “peso pesado” de la banda, quien aprovechó el tiempo ventaja que obtuvo de manera fortuita para pasar a la clandestinidad y desde ese momento permanece prófugo, al igual que su hijo Fernando Eliel De Castro.
La pesquisa contra la organización estuvo a cargo del fiscal federal Aníbal Fabián Fernández, quien contó con la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dirigida por Diego Iglesias, mientras que en el debate oral intervinieron el fiscal general de Corrientes Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel.

La ambulancia con la cocaína fue retenida en octubre de 2020 en Entre Ríos.
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El Senado aprobó el pliego de Marcelo Cardozo como juez federal de Iguazú

El Senado de la Nación aprobó esta tarde más de 30 pliegos para la designación de diversos cargos para nuevos jueces, fiscales y defensores públicos a lo largo y ancho del país, entre los cuales se destaca el nombramiento del magistrado Marcelo Alejandro Cardozo como juez federal de Puerto Iguazú.
La aprobación de los pliegos se dio esta tarde, luego de tras horas de debate, en el que gran parte de la discusión estuvo centrada sobre la figura de Ana María Figueroa, la camarista de Casación cuyo retiro había sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia tras cumplir su edad jubilatoria de 75 años, pero ahora podrá continuar ejerciendo como jueza.
La votación en la Cámara Alta culminó de manera favorable gracias al último voto emitido por la oficialista Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien presidía la sesión al momento de la votación, y desequilibró el empate a 35.
En ese marco, entre los pliegos aprobados se destaca el de Marcelo Alejandro Cardozo, actual titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, que ahora podrá asumir al frente del Juzgado Federal de Puerto Iguazú.
Dicho juzgado fue creado en noviembre de 2011, aunque nunca pudo ser habilitado por no designarse el cargo principal, ni más ni menos que el de juez.
Finalmente, ese día llegó hoy y para la culminación del trámite constitucional ahora solo resta el decreto de designación por parte del Poder Ejecutivo, con la respectiva publicación en el Boletín Oficial.
De acuerdo a la disposición, el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, localidad ubicada en plena Triple Frontera, comprenderá dos secretarías, una con competencia criminal, y la otra con competencia civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, seguridad social, tributaria, ejecuciones fiscales, así como también toda otra cuestión federal, con excepción de la materia electoral.
Hasta el momento, la jurisdicción era atendido por el Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero.
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Juzgan en Posadas a acusado de violar a su hijastra en Jardín América

Este jueves, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Posadas, comenzará el juicio oral contra un hombre oriundo de Jardín América acusado de violar a su hijastra menor de edad.
El juicio, que se desarrollará a puertas cerradas por tratarse de un delito contra la integridad sexual, se extenderá a lo largo de cuatro jornadas, por lo cual su culminación está prevista para el próximo martes.
El hombre, identificado como A. V. -el resto de sus datos filiatorios se preservan para no revictimizar a la denunciante-, está imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal a una menor de 13 años, calificado por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente, dos hechos”.
Según señalaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los hechos que se ventilarán en debate se registraron en la localidad de Jardín América, aunque la investigación fue realizada por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
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Niegan domiciliaria a un preso por antecedentes de violencia de género

“Los hechos investigados en estas actuaciones se vinculan con una de las temáticas más preocupantes en el universo de los Derechos Humanos, cual es la violencia de género; que impone tomar las medidas judiciales adecuadas para prevenir, sancionar y evitar la repetición de esos delitos”, con esta fundamentación -entre otras de misma índole- el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas denegó la prisión domiciliaria a un hombre condenado por narcotráfico y con antecedentes de violencia de género contra su pareja.
El caso en cuestión está vinculado a J. R. (25), un changarín y tarefero oriundo de Montecarlo que en agosto de 2020 fue descubierto al despachar una encomienda con 10,450 kilogramos de flores de marihuana, lo cual más tarde le valió una condena de 4 años de prisión dictada por el TOF en febrero de este año.
Ahora, el implicado solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria argumentando la necesidad de regresar a su casa de Montecarlo para cuidar a su hija menor de edad y que de esa manera su pareja pudiera salir a trabajar sin contratiempos para conseguir mayor respaldo económico para la familia.
El planteo motivó un extenso debate entre las partes involucradas (fiscalía y defensa) para establecer si el otorgamiento de la morigeración de las condiciones de detención era viable o no, lo que incluyó pedidos de nulidad, de informes y de antecedentes.
Es que, en medio de los estudios socioambientales los niños que residen en la vivienda donde el implicado pretendía regresar recordaron haber observado situaciones de violencia entre el hombre y su pareja.
Ante esta cuestión, la Justicia solicitó que tanto la Policía como el Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar de Eldorado cotejen su base de datos a fin de confirmar la existencia de denuncias y lo confirmaron.
De acuerdo a los informes elevados, en contra de J. R. consta una denuncia por violencia de género radicada por su pareja, lo cual derivó en una exclusión de hogar y una restricción acercamiento.
Atento a esta información, en la resolución dictada ayer y publicada hoy en el Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado Fabián Cardozo, resolvió denegar el pedido de prisión domiciliaria.
Fundamentos
En el fallo, Cardozo argumentó que “es importante destacar que nos hallamos ante una situación de suma y extrema gravedad por el hecho denunciado, que tiene directa vinculación con la violencia de género, circunstancia exteriorizada mediante violencia física y psicológica hacia la señora (se preserva identidad) en el ámbito doméstico y familiar, la que debe ser tenida en cuenta a fin de evitar que se repita el conflicto, como así también, la vulneración de sus derechos y el de los menores involucrados”.
Además, en otro tramo del documento consigna que “la violencia doméstica y familiar, entre particulares, es el espacio donde más vulneraciones a los derechos de las mujeres se perpetran, porque es un lugar oculto, donde hay menos posibilidades de control, siendo de difícil prueba, donde se reproducen las escalas de dominación de los varones donde persisten los patrones machistas donde el hombre ejerce disponibilidad material sobre el cuerpo de la mujer”.
De esta manera, el juez Cardozo puso de relieve los antecedentes de violencia de familiar, pero también consideró que del informe socio ambiental surge que la “situación habitacional y económica de la familia es precaria”, aunque “se pudo determinar que los niños se encuentran escolarizados y al cuidado de su madre”, por lo cual no advierte “una situación de desamparo que amerite la aplicación” de la domiciliaria en favor del condenado.
Fue así que se resolvió denegar el pedido, aunque el TOF sí solicitó que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) arbitre los medios necesarios para que el implicado sea trasladado desde su celda en la Unidad Penal 10 de Formosa hacia un complejo carcelario más cercano a su domicilio, lo que le permite tener contacto con sus familiares más cercanos.
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