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Condenan a misioneros que montaron banda narco en Ituzaingó

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banda narco

Nacieron en diferentes puntos de Misiones pero se unieron para “trabajar” juntos en una empresa criminal que intentó mover once toneladas de marihuana desde un campo de Ituzaingó, pero los planes fallaron. Cayeron detenidos en 2021 y ahora fueron condenados a penas de entre seis y cuatro años de prisión.

La banda original estaba conformada por al menos nueve personas. La pesquisa contra ellos comenzó a fines de enero de 2021, cuando investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PNA) supieron que en Corrientes, más precisamente en Ituzaingó, operaba una organización dedicada a recibir cargamentos de marihuana desde Paraguay para luego enviarlas a otros puntos del país.

Los datos apuntaban a un supuesto líder identificado como Juan Ramón Toledo, quien actuaba en complicidad de familiares y amigos oriundos de Misiones. La información recolectaba también estableció que el grupo poseía lotes ubicados en Santa Tecla y Nemesio Parma, terrenos que eran utilizados para la descarga de los estupefacientes provenientes de Paraguay.

Los investigadores estiraron del hilo y cuando consideraron que las pistas recolectadas eran suficientes decidieron actuar. Eso ocurrió el 27 de mayo de 2021, cuando supieron que la banda estaba a punto de recibir una nueva carga de droga.

Así fue que montaron labores de vigilancia hasta que advirtieron la llegada de botes en medio de la madrugada y cuando avanzaron por el terreno ubicado en cercanías al lago Yacyretá encontraron un camión Volvo con seis toneladas de marihuana camufladas bajo una carga de pinos.

En ese operativo cayó el camionero, identificado como Denis Joaquín Galván (35), oriundo de Córdoba, aunque la PNA ya tenía a todos los miembros de la banda bajo la lupa.

Solo era cuestión de tiempo para dar con los demás involucrados, quienes aparentemente nunca sospecharon que estaban siendo investigados porque volvieron a programar no una, sino dos operaciones más, las cuales fueron interrumpidas por los mismos agentes de PNA.

El segundo procedimiento se dio el 30 de junio de 2021. Allí se incautó una Toyota Hilux con 700 kilogramos de marihuana y apenas cuatro días después se secuestró un camión Ford con 5.330 kilogramos de la misma sustancia.

El Ford 4.000 con cinco toneladas de marihuana fue interceptado el 4 de julio de 2021.

Las detenciones, en tanto, se concretaron el 10 de septiembre, mediante múltiples allanamientos efectuados. Los capturados fueron Juan Ramón Toledo; Leonardo Toledo (de Posadas, 25 años); Alfredo Fortes (de Candelaria, 64 años); Jorge Ariel Roznizci (de Alem, 37 años); Francisco Javier Vera (de Cerro Azul, 38 años); Héctor Apolonio Toledo (de Posadas, 38 años); Darío Antonio Villalba (de Posadas, 40 años); y Flamino Rubén Bareyro (de Jardín América, 47 años).

Todos enfrentaron una causa que se instruyó el Juzgado Federal Dos de Corrientes y este año la mayoría de ellos involucrados firmaron respectivos acuerdos de juicio abreviado.

Los primeros en ser condenados fueron Galván, Bareyro y Villalba, quienes el 22 de abril recibieron penas de 6, 4 y 2 años de prisión, respectivamente.

Ahora, la novedad es que un segundo grupo de implicados en el mismo expediente tomó el mismo camino. Es decir, reconocieron su culpabilidad en el hecho investigado y alcanzaron un acuerdo con la fiscalía interviniente.

De esta manera, este lunes fueron condenados Leonardo Toledo, Vera y Fortes, quienes recibieron seis años de prisión como coautores del delito de “transporte y comercio de estupefacientes agravado por el número de personas”.

Apolonio Toledo y Roznizci, en tanto, fueron declarados partícipes secundarios del mismo delito y fueron condenados a 4 años de prisión.

Las sentencias fueron impartidas por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes y recientemente publicadas en el Centro de Información Judicial (CIJ).

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Ex penitenciario irá a juicio por el crimen a martillazos de una jubilada

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ex penitenciario femicidio

El magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, decretó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa por el femicidio de la jubilada Amanda Müller (70), perpetrado un año atrás en Santa Ana, y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de la capital provincial.

De acuerdo a fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en el requerimiento de elevación a juicio se dispuso que el único acusado del hecho, el ex agente penitenciario Sebastián Isaías Keller (31), responda bajo la imputación de homicidio agravado por violencia de género (femicidio), figura contemplada por el artículo 80, inciso 11, del Código Penal de la Nación, y que prevé una pena de prisión perpetua.

Las mismas fuentes indicaron que el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán fijar fecha en su agenda para realización del debate oral y público.

El auto de la víctima fue encontrado días después en Posadas.

El caso

El femicidio de Müller fue descubierto el 18 de enero de 2025, en horas de la tarde, cuando vecinos del barrio Parque Industrial de Santa Ana alertaron sobre la presencia de un cadáver dentro de un inmueble de la zona.

Al llegar, los efectivos locales se toparon con el cuerpo de la dueña de casa masacrada a golpes. La autopsia luego estableció que la víctima recibió al menos diez martillazos que le fracturaron el cráneo y otras tantas heridas cortantes en la espalda que le perforaron un pulmón.

Tras las primeras averiguaciones, quien quedó bajo la lupa fue Keller, un ex penitenciario dado de baja en diciembre de 2024 por “conductas incompatibles” y que en el último tiempo se había convertido en un hombre de extrema confianza para Müller.

La relación entre ambos era tal que la mujer le encomendaba trabajos domésticos y mandados a Keller, además de que planeaba alquilarle su casa y que ese 16 de enero almorzaron juntos, según los últimos movimientos que pudieron reconstruir en ese momento los investigadores que intervinieron el caso bajo la supervisión del juez Monte.

Incluso, los pesquisas determinaron que ese mismo día el sospechoso llegó a la casa de su novia en Posadas totalmente ensangrentado y alegó haberse peleado con el presunto comprador de un auto que tenía en venta.

Tras quedar bajo la lupa, la Policía desplegó operativos en toda la provincia y el domingo 19 de enero, a la madrugada, detuvieron al sospechoso en Colonia Aurora, donde tenía previsto viajar para pasar el fin de semana junto a familiares.

Al momento de su detención, Keller iba al mando de un automóvil Volkswagen y en compañía de su novia. La joven, de 28 años, fue demorada inicialmente pero ya recuperó la libertad tras la constatación de antecedentes y fue desvinculada de la causa.

Dentro de ese auto incautaron una mochila que contenía 1,8 millones de pesos, dinero que se supone fue robado a Müller, además del Peugeot 208 negro, dominio AG-914-NL, que recién fue encontrado el 23 de enero en una vivienda de la comunidad gitana en Posadas.

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Juzgan a Polaquito Ferreyra, acusado de matar a un amigo y violar a la novia

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Polaquito Ferreyra

Tras la suspensión de la semana pasada, el Tribunal Penal Uno de Eldorado fijó para este martes a las 8.30 la nueva fecha de inicio del juicio oral contra Nazareno “Polaquito” Ferreyra (38), acusado de asesinar a su amigo Bruno Mendez (21) y violar a la novia de éste dentro de una casa del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú, en uno de los crímenes más resonantes de los últimos años en la provincia.

El implicado, de 38 años, está imputado por “homicidio doblemente calificado por ensañamiento y criminis causa” en perjuicio de Mendez y por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y privación ilegítima de la libertad agravada” en perjuicio de la muchacha.

Bajo esos cargos, que pueden significarle una pena de prisión perpetua al final del proceso, Polaquito enfrentará el debate oral que prevé una extensión de al menos tres jornadas y la participación de una quincena de testigos que fueron citados para prestar declaración.

El hecho que se ventilará en debate oral se registró el 4 de abril de 2022, en una vivienda del barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se descubrió a partir de que la joven abusada pudo escapar de su captor para pedir ayuda a los vecinos de la zona.

La reconstrucción del caso indica que esa madrugada Ferreyra estuvo compartiendo una ronda de tragos en su casa con Mendez y la novia de éste, de 18 años.

En determinado momento de la noche, se estima que Mendez le pidió al dueño de casa una habitación para tener intimidad con su novia y el acusado accedió, aunque luego intentó participar del encuentro sexual.

En esa instancia, se desató una pelea entre Mendez y Ferreyra, que alcanzó a tomar un cuchillo e hirió de al menos cuatro estocadas a su contrincante.

Bruno Mendez recibió al menos cuatro estocadas durante el ataque de su amigo.

Después de ello, el hombre abusó sexualmente de la joven y a la mañana siguiente se dispuso a esconder el cadáver de su amigo, pero la muchacha logró aprovechar un descuido suyo para escapar junto su bebé de un año.

Allí el acusado intentó darse a la fuga, pero fue detenido a los pocos minutos por una comisión policial.

Al momento de prestar declaración indagatoria, el acusado dio vuelta la versión de los hechos, afirmando que la relación sexual con la joven fue consentida y que a Mendez lo mató en defensa propia ya que él fue agredido en primera instancia. “Me defendí y me fui de mambo, me pasé”, declaró.

La joven sobreviviente luego dialogó con el canal CVI Noticias 5 de Iguazú y dio un testimonio que contrasta severamente con la versión del acusado: “Toda la noche abusó de mí. Mi hijo estaba cerca de nosotros y en un momento le pasó el cuchillo por el cuerpo de mi bebé para que yo le tratara con cariño. Me dijo que si no le hacía sentir placer, lo iba a matar”.

Ferreyra fue procesado con prisión preventiva en mayo 2022 y desde ese momento está preso en la Unidad Penal VII de Cerro Azul.

Además del testimonio de la sobreviviente, en la causa también obran informes periciales que confirman la presencia del perfil genético de Ferreyra tanto en el cuchillo utilizado para matar a Mendez, como en el cuerpo de la joven abusada sexualmente.

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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