Judiciales
Condenan a misioneros que montaron banda narco en Ituzaingó
Nacieron en diferentes puntos de Misiones pero se unieron para “trabajar” juntos en una empresa criminal que intentó mover once toneladas de marihuana desde un campo de Ituzaingó, pero los planes fallaron. Cayeron detenidos en 2021 y ahora fueron condenados a penas de entre seis y cuatro años de prisión.
La banda original estaba conformada por al menos nueve personas. La pesquisa contra ellos comenzó a fines de enero de 2021, cuando investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PNA) supieron que en Corrientes, más precisamente en Ituzaingó, operaba una organización dedicada a recibir cargamentos de marihuana desde Paraguay para luego enviarlas a otros puntos del país.
Los datos apuntaban a un supuesto líder identificado como Juan Ramón Toledo, quien actuaba en complicidad de familiares y amigos oriundos de Misiones. La información recolectaba también estableció que el grupo poseía lotes ubicados en Santa Tecla y Nemesio Parma, terrenos que eran utilizados para la descarga de los estupefacientes provenientes de Paraguay.
Los investigadores estiraron del hilo y cuando consideraron que las pistas recolectadas eran suficientes decidieron actuar. Eso ocurrió el 27 de mayo de 2021, cuando supieron que la banda estaba a punto de recibir una nueva carga de droga.
Así fue que montaron labores de vigilancia hasta que advirtieron la llegada de botes en medio de la madrugada y cuando avanzaron por el terreno ubicado en cercanías al lago Yacyretá encontraron un camión Volvo con seis toneladas de marihuana camufladas bajo una carga de pinos.
En ese operativo cayó el camionero, identificado como Denis Joaquín Galván (35), oriundo de Córdoba, aunque la PNA ya tenía a todos los miembros de la banda bajo la lupa.
Solo era cuestión de tiempo para dar con los demás involucrados, quienes aparentemente nunca sospecharon que estaban siendo investigados porque volvieron a programar no una, sino dos operaciones más, las cuales fueron interrumpidas por los mismos agentes de PNA.
El segundo procedimiento se dio el 30 de junio de 2021. Allí se incautó una Toyota Hilux con 700 kilogramos de marihuana y apenas cuatro días después se secuestró un camión Ford con 5.330 kilogramos de la misma sustancia.

El Ford 4.000 con cinco toneladas de marihuana fue interceptado el 4 de julio de 2021.
Las detenciones, en tanto, se concretaron el 10 de septiembre, mediante múltiples allanamientos efectuados. Los capturados fueron Juan Ramón Toledo; Leonardo Toledo (de Posadas, 25 años); Alfredo Fortes (de Candelaria, 64 años); Jorge Ariel Roznizci (de Alem, 37 años); Francisco Javier Vera (de Cerro Azul, 38 años); Héctor Apolonio Toledo (de Posadas, 38 años); Darío Antonio Villalba (de Posadas, 40 años); y Flamino Rubén Bareyro (de Jardín América, 47 años).
Todos enfrentaron una causa que se instruyó el Juzgado Federal Dos de Corrientes y este año la mayoría de ellos involucrados firmaron respectivos acuerdos de juicio abreviado.
Los primeros en ser condenados fueron Galván, Bareyro y Villalba, quienes el 22 de abril recibieron penas de 6, 4 y 2 años de prisión, respectivamente.
Ahora, la novedad es que un segundo grupo de implicados en el mismo expediente tomó el mismo camino. Es decir, reconocieron su culpabilidad en el hecho investigado y alcanzaron un acuerdo con la fiscalía interviniente.
De esta manera, este lunes fueron condenados Leonardo Toledo, Vera y Fortes, quienes recibieron seis años de prisión como coautores del delito de “transporte y comercio de estupefacientes agravado por el número de personas”.
Apolonio Toledo y Roznizci, en tanto, fueron declarados partícipes secundarios del mismo delito y fueron condenados a 4 años de prisión.
Las sentencias fueron impartidas por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes y recientemente publicadas en el Centro de Información Judicial (CIJ).
Judiciales
Oberá: 14 y 16 años de prisión para acusados de matar a golpes a un indigente
El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.
La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.
En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.
El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).
Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.
“Sometimiento sin defensa”
El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.
Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.
Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.
“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.
En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.
Filmaciones
El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.
Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.
“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.
En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.
Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
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Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.
En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.
Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.
Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.
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Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.
Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.
En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.
“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.
Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.
El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra.

Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.
Fuga, choque y muerte
El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.
Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes
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