Judiciales
Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana
Culminada la primera jornada del juicio oral, tres de los seis ex policías imputados por “tortura agravada seguida de muerte” en perjuicio del albañil Carlos Raúl Guirula (34), acusación que prevé una pena de prisión perpetua, adelantaron que en la audiencia de este miércoles prestarán declaración ante los magistrados del Tribunal Penal Dos de Posadas que lleva adelante el proceso.
Los acusados que a través de sus patrocinantes legales expresaron su intención de declarar fueron Ricardo Rafael Escobar (42), Carlos Alberto Da Silva (35) y Carlos Alberto Zidorak (35), mientras que quienes comunicaron que por el momento guardarán silencio fueron Lourdes Beatriz Tabarez (42), Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Claudio Marcelo Servián.
Todos ellos afrontan la misma acusación, aunque al momento del hecho pertenecían a diferentes dependencias policiales y esa madrugada del 19 de julio de 2014 confluyeron en el procedimiento terminó con la muerte a golpes y costillas fracturadas del albañil Guirula.
El inicio
De acuerdo a la reconstrucción del caso trazada en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, documento que se leyó íntegramente en la jornada de hoy, el hecho que se pretende esclarecer tuvo su origen a las 3.15 de aquella madrugada, cuando una mujer solicitó presencia policial en el motel Park, ubicado en Santa Catalina y Comandante Andresito de Posadas, debido a que un hombre estaba ocasionando disturbios.
Al lugar se dirigió un patrullero Toyota Hilux de la comisaría Decimotercera, con la oficial Tabarez como encargada, el cabo Servían como chofer y el agente Da Silva como acompañante.
Al llegar, el conserje afirmó que el conflicto comenzó cuando un cliente se negó a pagar dos botellas whisky, aunque añadió que las bebidas ya habían sido abonadas al momento de la llegada del móvil policial.
Ese cliente era Guirula, que para ese entonces se encontraba en el asiento trasero de un Renault 19. En ese contexto, la oficial Tabarez ordenó su detención, pero el albañil se resistió al procedimiento y en medio de forcejos efectuó un golpe contra la mujer policía.
Lourdes Tabarez -al fondo- era la encargada del primer patrullero que arribó al operativo.
Ante esas circunstancias, Tabarez pidió apoyo al Comando Radioeléctrico y al lugar acudieron otros dos patrulleros: un Corsa en el que iba Escobar y otro Corsa en el que iba Zidorak.
Finalmente, entre todos lograron que Guirula descienda del rodado y lo redujeron aprisionándolo contra el suelo, donde fue esposado y recibió una primera tunda de golpes antes de ser cargado en la caja trasera de la camioneta Hilux.
Instantes después, el albañil volvió a prestar resistencia y alcanzó a zafarse de los uniformados, cayéndose contra unas piedras ubicadas en las afueras al motel Park, donde volvió a ser reducido a golpes.
Para ese entonces, al lugar ya había arribado otro patrullero en el que se encontraba el último imputado, Saravia Allosa, quien a pedido de otro uniformado accionó un gas pimienta.
Traslado y muerte
Allí, Guirula volvió a ser colocado en la cajuela de la camioneta. Según la acusación planteada en etapa de instrucción, Tabarez ordenó que junto a él vayan Da Silva, Saravia Allosa y otro agente que no resultó imputado en la causa.
Durante el traslado desde el motel hasta la comisaría Decimotercera, la víctima habría continuado recibiendo golpes de todo tipo, incluso patadas y hasta se menciona que uno de los agentes iba saltando sobre su espalda.
La consecuencia fue el fallecimiento del detenido. Para cuando llegaron a la comisaría, distante a unas siete avenidas (3 kilómetros), Guirula ya no respondía y tampoco reaccionó ante un baldazo de agua, ni a las labores de reanimación practicadas.
La autopsia estableció que el hombre sufrió traumatismos graves en zonas de cabeza y tórax que a su vez provocaron fracturas costales múltiples y bilaterales. Todo ellos derivó en una contusión pulmonar bilateral grave, con insuficiencia aguda grave y edema cerebral difuso, que en su suma generó el paro cardiorespiratorio que lo llevó a la muerte.
El debate oral se extenderá hasta el 19 de noviembre en el TP-2 de Posadas.
Mediante las pericias los investigadores también establecieron que el móvil fue lavado y que a Guirula le quitaron el teléfono celular, entre otras cuestiones clave que derivaron en una orden de detención emitida para los sospechosos que ahora afrontan este debate oral donde se definirá el grado de participación de cada uno de ellos en el hecho.
Todos los acusados llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de los plazos de prisión preventiva, pero hoy el tribunal atendió a un planteo efectuado durante las cuestiones preliminares y dispuso que cada uno de ellos cuente con una consigna policial en sus respectivos domicilios como medida para garantizar de que nadie intente evadir el proceso.
La imputación contra los uniformados también incluye el delito de “ocultamiento de pruebas”, aunque la defensa de uno de ellos pidió la prescripción, cuestión que será atendida al momento del dictado de sentencia, según informó esta mañana el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
En la fiscalía y encargado de la acusación interviene el fiscal Vladimir Antonio Glinka.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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