Judiciales
Caso Antonella: fiscalía añadió el agravante de alevosía contra Vargas
El fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas, Martín Alejandro Rau, abrió esta mañana la cuarta audiencia del juicio oral por el femicidio de Antonella Bernhardt con una ampliación de imputación contra el único acusado del caso, Cristian Daniel Vargas (33), añadiendo el agravante de alevosía a la calificación legal del delito atribuido.
El anuncio fue realizado previo al inicio de la recepción de las testimoniales previstas para hoy y sostuvo que la medida se apoyó en los elementos incorporados ayer tras la declaración de la médica Carolina Lanzos, encargada de realizar la autopsia al cuerpo de la víctima.
En dicha declaración, la forense inicialmente explicó que Antonella presentaba dos traumatismos en la cabeza y que la causa de muerte obedeció a una puñalada en la garganta que atravesó la vía aérea y se detuvo en las vértebras, aunque lo que dio pie a la ampliación solicitada por el fiscal Rau fue que, en virtud de las características de las lesiones, Lanzos trazó como hipótesis que la víctima habría sido atacada estando “acostada sobre un plano duro” y en estado de indefensión (aturdida o incluso con pérdida de conocimiento) por los golpes previos en el cráneo.
“Por la profundidad de la herida creo que el cuerpo estuvo apoyado en algo y que ahí se ejerció presión. La persona estaba decúbito dorsal. La salpicadura es otro indicio de la posición. Si estoy parada la sangre va a caer, pero acá no había manchas de sangre ni en el abdomen, ni en la pelvis, ni en las piernas, solo había en el tórax y en los hombros”, lanzó ayer Lanzos.
La querella, representada por el letrado Mauricio Vergara, adhirió al pedido de la fiscalía, en tanto que la defensa se mostró en contra del planteo, aunque no solicitó postergar el avance del debate para preparar una nueva estrategia defensiva.
“El fiscal tomó parcialmente e interpretó como definitivo lo que fueron opiniones de la perito. No nos modifica la estrategia defensiva”, sostuvo el defensor oficial Mario Ramírez, al tiempo que adelantó que evalúa pedir una ampliación de indagatoria para el fotógrafo Vargas.
Planteada la ampliación solicitada por la fiscalía, el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por la magistrada Viviana Cukla, dio inicio a la ronda de testimoniales previstas para la jornada.
La ampliación de imputación con el agravante de alevosía en el caso Antonella fue solicitado por el fiscal Martín Rau.
Fachada de “moralista y benevolente”
En ese contexto, comparecieron ante las partes tres profesionales de diversas áreas, entre ellos la psicóloga Florencia Roldán Del Piano, quien se encargó de analizar al imputado y detalló las conclusiones alcanzadas en su informe respecto a la personalidad de Vargas.
En principio, Del Piano señaló que “no advertí dificultades cognitivas ni más que le impida comprender lo que hacía”, al tiempo que añadió que “de la entrevista surgieron cuestiones de su vida de pareja, donde hacía hincapié en posicionamientos morales y del rol que cumplía su pareja. Era una pareja con conductas de celos y control”.
Ante los requerimientos de Rau, la profesional ahondó en sus conclusiones y respecto a Vargas añadió que “el sujeto se presentó con una fachada de moralista, benevolente y con falta de perspicacia, pero esa imagen que pretendía mostrar no se condecía con los indicadores del expediente ni con lo obtenido durante el proceso de evaluación”.
En esa línea, agregó que de la evaluación realizada “surge un patrón vincular con la persona del sexo opuesto en la que se posiciona en una situación de poder y ubica a la otra persona en posición accesoria, con pautas no consensuadas, sino regulada de forma egocéntrica según sus propios intereses. Asume funciones que el otro debe cumplir dejando al otro sin posibilidades de elegir”.
A su turno, también declaró el perito en criminalística Fernando Fruet, quien elaboró el informe planimétrico de la escena del hecho.
Ante las partes, Fruet detalló la disposición del inmueble y de los objetos hallados en su interior. Contó que el cuerpo de Antonella se encontraba al costado de la cama, añadiendo que detectó manchas de sangre cerca de la cabeza, debajo del pie izquierdo y también en una pared de la habitación.
También señaló que en la pieza donde ocurrió el crimen había un velador roto, cuyos fragmentos de madera estaban cerca del cuerpo.
Por último, contó que el grifo del baño estaba abierto y que sobre el lavatorio encontraron “un cuchillo Tramontina de 20 centímetros de longitud, de hoja cerrada y mando de madera”.
El fotógrafo Cristian Daniel Vargas (33) está detenido desde el día del hecho, 4 de abril de 2019.
Alegatos, el lunes
El debate oral continuará mañana, aunque la ronda de alegatos fue postergada hasta el lunes.
La audiencia del viernes, entonces, será utilizada para las diligencias pendientes, entre ellas la incorporación por lectura de los testimonios desistidos durante el debate, como así también la posible ampliación de indagatoria del acusado y la exhibición de imágenes, videos y chats que fue solicitada por la defensa al comienzo del juicio.
También se aguardará avances por parte de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) respecto a la pericia solicitada por la defensa tendiente a encender el celular que era del imputado y recuperar un backup de fotos tomadas a Antonella.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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