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Caso Antonella: fiscalía añadió el agravante de alevosía contra Vargas

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El fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas, Martín Alejandro Rau, abrió esta mañana la cuarta audiencia del juicio oral por el femicidio de Antonella Bernhardt con una ampliación de imputación contra el único acusado del caso, Cristian Daniel Vargas (33), añadiendo el agravante de alevosía a la calificación legal del delito atribuido.

El anuncio fue realizado previo al inicio de la recepción de las testimoniales previstas para hoy y sostuvo que la medida se apoyó en los elementos incorporados ayer tras la declaración de la médica Carolina Lanzos, encargada de realizar la autopsia al cuerpo de la víctima.

En dicha declaración, la forense inicialmente explicó que Antonella presentaba dos traumatismos en la cabeza y que la causa de muerte obedeció a una puñalada en la garganta que atravesó la vía aérea y se detuvo en las vértebras, aunque lo que dio pie a la ampliación solicitada por el fiscal Rau fue que, en virtud de las características de las lesiones, Lanzos trazó como hipótesis que la víctima habría sido atacada estando “acostada sobre un plano duro” y en estado de indefensión (aturdida o incluso con pérdida de conocimiento) por los golpes previos en el cráneo.

“Por la profundidad de la herida creo que el cuerpo estuvo apoyado en algo y que ahí se ejerció presión. La persona estaba decúbito dorsal. La salpicadura es otro indicio de la posición. Si estoy parada la sangre va a caer, pero acá no había manchas de sangre ni en el abdomen, ni en la pelvis, ni en las piernas, solo había en el tórax y en los hombros”, lanzó ayer Lanzos.

La querella, representada por el letrado Mauricio Vergara, adhirió al pedido de la fiscalía, en tanto que la defensa se mostró en contra del planteo, aunque no solicitó postergar el avance del debate para preparar una nueva estrategia defensiva.

“El fiscal tomó parcialmente e interpretó como definitivo lo que fueron opiniones de la perito. No nos modifica la estrategia defensiva”, sostuvo el defensor oficial Mario Ramírez, al tiempo que adelantó que evalúa pedir una ampliación de indagatoria para el fotógrafo Vargas.

Planteada la ampliación solicitada por la fiscalía, el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por la magistrada Viviana Cukla, dio inicio a la ronda de testimoniales previstas para la jornada.

La ampliación de imputación con el agravante de alevosía en el caso Antonella fue solicitado por el fiscal Martín Rau.

Fachada de “moralista y benevolente”

En ese contexto, comparecieron ante las partes tres profesionales de diversas áreas, entre ellos la psicóloga Florencia Roldán Del Piano, quien se encargó de analizar al imputado y detalló las conclusiones alcanzadas en su informe respecto a la personalidad de Vargas.

En principio, Del Piano señaló que “no advertí dificultades cognitivas ni más que le impida comprender lo que hacía”, al tiempo que añadió que “de la entrevista surgieron cuestiones de su vida de pareja, donde hacía hincapié en posicionamientos morales y del rol que cumplía su pareja. Era una pareja con conductas de celos y control”.

Ante los requerimientos de Rau, la profesional ahondó en sus conclusiones y respecto a Vargas añadió que “el sujeto se presentó con una fachada de moralista, benevolente y con falta de perspicacia, pero esa imagen que pretendía mostrar no se condecía con los indicadores del expediente ni con lo obtenido durante el proceso de evaluación”.

En esa línea, agregó que de la evaluación realizada “surge un patrón vincular con la persona del sexo opuesto en la que se posiciona en una situación de poder y ubica a la otra persona en posición accesoria, con pautas no consensuadas, sino regulada de forma egocéntrica según sus propios intereses. Asume funciones que el otro debe cumplir dejando al otro sin posibilidades de elegir”.

A su turno, también declaró el perito en criminalística Fernando Fruet, quien elaboró el informe planimétrico de la escena del hecho.

Ante las partes, Fruet detalló la disposición del inmueble y de los objetos hallados en su interior. Contó que el cuerpo de Antonella se encontraba al costado de la cama, añadiendo que detectó manchas de sangre cerca de la cabeza, debajo del pie izquierdo y también en una pared de la habitación.

También señaló que en la pieza donde ocurrió el crimen había un velador roto, cuyos fragmentos de madera estaban cerca del cuerpo.

Por último, contó que el grifo del baño estaba abierto y que sobre el lavatorio encontraron “un cuchillo Tramontina de 20 centímetros de longitud, de hoja cerrada y mando de madera”.

El fotógrafo Cristian Daniel Vargas (33) está detenido desde el día del hecho, 4 de abril de 2019.

Alegatos, el lunes

El debate oral continuará mañana, aunque la ronda de alegatos fue postergada hasta el lunes.

La audiencia del viernes, entonces, será utilizada para las diligencias pendientes, entre ellas la incorporación por lectura de los testimonios desistidos durante el debate, como así también la posible ampliación de indagatoria del acusado y la exhibición de imágenes, videos y chats que fue solicitada por la defensa al comienzo del juicio.

También se aguardará avances por parte de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) respecto a la pericia solicitada por la defensa tendiente a encender el celular que era del imputado y recuperar un backup de fotos tomadas a Antonella.

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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido

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El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.

En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.

El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.

Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo

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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001

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El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.

La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.

En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.

Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.

Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.

El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.

Crimen y derrotero judicial

El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.

Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.

La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.

Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.

Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.

La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.

Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.

De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.

Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.

En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.

Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.

Ex gendarme irá a juicio por el crimen de su esposa 24 años después

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Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria

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El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.

Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.

En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.

En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.

Crimen

El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.

En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.

Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.

El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.

La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.

Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.

Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.

La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales

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