Judiciales
Caso Antonella: fiscalía añadió el agravante de alevosía contra Vargas
El fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas, Martín Alejandro Rau, abrió esta mañana la cuarta audiencia del juicio oral por el femicidio de Antonella Bernhardt con una ampliación de imputación contra el único acusado del caso, Cristian Daniel Vargas (33), añadiendo el agravante de alevosía a la calificación legal del delito atribuido.
El anuncio fue realizado previo al inicio de la recepción de las testimoniales previstas para hoy y sostuvo que la medida se apoyó en los elementos incorporados ayer tras la declaración de la médica Carolina Lanzos, encargada de realizar la autopsia al cuerpo de la víctima.
En dicha declaración, la forense inicialmente explicó que Antonella presentaba dos traumatismos en la cabeza y que la causa de muerte obedeció a una puñalada en la garganta que atravesó la vía aérea y se detuvo en las vértebras, aunque lo que dio pie a la ampliación solicitada por el fiscal Rau fue que, en virtud de las características de las lesiones, Lanzos trazó como hipótesis que la víctima habría sido atacada estando “acostada sobre un plano duro” y en estado de indefensión (aturdida o incluso con pérdida de conocimiento) por los golpes previos en el cráneo.
“Por la profundidad de la herida creo que el cuerpo estuvo apoyado en algo y que ahí se ejerció presión. La persona estaba decúbito dorsal. La salpicadura es otro indicio de la posición. Si estoy parada la sangre va a caer, pero acá no había manchas de sangre ni en el abdomen, ni en la pelvis, ni en las piernas, solo había en el tórax y en los hombros”, lanzó ayer Lanzos.
La querella, representada por el letrado Mauricio Vergara, adhirió al pedido de la fiscalía, en tanto que la defensa se mostró en contra del planteo, aunque no solicitó postergar el avance del debate para preparar una nueva estrategia defensiva.
“El fiscal tomó parcialmente e interpretó como definitivo lo que fueron opiniones de la perito. No nos modifica la estrategia defensiva”, sostuvo el defensor oficial Mario Ramírez, al tiempo que adelantó que evalúa pedir una ampliación de indagatoria para el fotógrafo Vargas.
Planteada la ampliación solicitada por la fiscalía, el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por la magistrada Viviana Cukla, dio inicio a la ronda de testimoniales previstas para la jornada.
La ampliación de imputación con el agravante de alevosía en el caso Antonella fue solicitado por el fiscal Martín Rau.
Fachada de “moralista y benevolente”
En ese contexto, comparecieron ante las partes tres profesionales de diversas áreas, entre ellos la psicóloga Florencia Roldán Del Piano, quien se encargó de analizar al imputado y detalló las conclusiones alcanzadas en su informe respecto a la personalidad de Vargas.
En principio, Del Piano señaló que “no advertí dificultades cognitivas ni más que le impida comprender lo que hacía”, al tiempo que añadió que “de la entrevista surgieron cuestiones de su vida de pareja, donde hacía hincapié en posicionamientos morales y del rol que cumplía su pareja. Era una pareja con conductas de celos y control”.
Ante los requerimientos de Rau, la profesional ahondó en sus conclusiones y respecto a Vargas añadió que “el sujeto se presentó con una fachada de moralista, benevolente y con falta de perspicacia, pero esa imagen que pretendía mostrar no se condecía con los indicadores del expediente ni con lo obtenido durante el proceso de evaluación”.
En esa línea, agregó que de la evaluación realizada “surge un patrón vincular con la persona del sexo opuesto en la que se posiciona en una situación de poder y ubica a la otra persona en posición accesoria, con pautas no consensuadas, sino regulada de forma egocéntrica según sus propios intereses. Asume funciones que el otro debe cumplir dejando al otro sin posibilidades de elegir”.
A su turno, también declaró el perito en criminalística Fernando Fruet, quien elaboró el informe planimétrico de la escena del hecho.
Ante las partes, Fruet detalló la disposición del inmueble y de los objetos hallados en su interior. Contó que el cuerpo de Antonella se encontraba al costado de la cama, añadiendo que detectó manchas de sangre cerca de la cabeza, debajo del pie izquierdo y también en una pared de la habitación.
También señaló que en la pieza donde ocurrió el crimen había un velador roto, cuyos fragmentos de madera estaban cerca del cuerpo.
Por último, contó que el grifo del baño estaba abierto y que sobre el lavatorio encontraron “un cuchillo Tramontina de 20 centímetros de longitud, de hoja cerrada y mando de madera”.
El fotógrafo Cristian Daniel Vargas (33) está detenido desde el día del hecho, 4 de abril de 2019.
Alegatos, el lunes
El debate oral continuará mañana, aunque la ronda de alegatos fue postergada hasta el lunes.
La audiencia del viernes, entonces, será utilizada para las diligencias pendientes, entre ellas la incorporación por lectura de los testimonios desistidos durante el debate, como así también la posible ampliación de indagatoria del acusado y la exhibición de imágenes, videos y chats que fue solicitada por la defensa al comienzo del juicio.
También se aguardará avances por parte de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) respecto a la pericia solicitada por la defensa tendiente a encender el celular que era del imputado y recuperar un backup de fotos tomadas a Antonella.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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