Judiciales
Acusado de matar a sus padres en Andresito se declaró inocente en el juicio
En el juicio que comenzó hoy en su contra, Alejandro Daniel Kirschner (26), el joven acusado de asesinar a balazos a sus padres en la chacra donde residían en Comandante Andresito en 2019, se declaró inocente.
Tal como estaba previsto, el debate oral comenzó hoy a la mañana, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Eldorado, bajo la presidencia del magistrado Atilio León.
En primera instancia, se leyó el auto de elevación a juicio de la causa y posteriormente se le brindó al imputado la posibilidad de declarar, quien tomó la palabra y ante las partes se declaró inocente.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la declaración del imputado se extendió durante casi tres horas, lapso en el cual Kirschner dio su versión de los hechos y respondió preguntas, tanto de la Fiscalía como de su abogado defensor.
En líneas generales, el imputado aseguró que el 21 de septiembre de 2019 él llegó a la casa de sus padres y nos los encontró fácilmente, por lo cual recorrió el inmueble y al llegar a la habitación los encontró sin vida, con lesiones de arma de fuego.
El joven negó las acusaciones en su contra, aunque sí admitió que padecía adicción a las drogas y aseguró que aproximadamente tres meses antes del hecho comenzó con ataques de epilepsia.
La jornada continuó con la declaración del primer testigo. Se trata de Alejandro, el marido de una prima del imputado.
Antes las partes, el testigo recordó que ese 21 de septiembre el imputado lo llamó por teléfono para contarle que había encontrado a sus padres asesinados en la chacra y luego acudió a la Policía para ir hasta el lugar, aunque no ingresó a la escena del hecho.
Alejandro también recordó que el acusado mantenía una relación conflictiva con su padre, aunque aseguró que los inconvenientes nunca pasaron a mayores. Según afirmó, las discusiones eran porque las víctimas no querían prestarle la camioneta al acusado ante el temor de que ocurra una tragedia por conducir bajo efecto de las drogas.
Para mañana, la continuidad del juicio prevé la declaración de al menos seis testigos más, entre ellos el de Héctor Kirschner, hermano del imputado e hijo de Hilario Kirschner (61) y Mirta Sachser (54), las víctimas del caso.
El imputado llegó a debate oral acusado por el delito de “doble homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable del hecho al culminar el proceso oral.
El matrimonio fue asesinado a tiros el 21 de septiembre de 2019.
La causa
Según la reconstrucción del caso, que ahora se ventila en juicio oral, el hecho se registró el 21 de septiembre de 2019, en la chacra donde las víctimas residían junto al único acusado del doble crimen.
Ambas víctimas fueron ejecutadas a tiros con un rifle calibre 22 milímetros.
En un principio se especuló con la hipótesis de un asalto, pero luego la pesquisa se focalizó en el hijo de ambos, quien aparentemente en el último tiempo mantenía una relación conflictiva con sus padres a raíz de los problemas de adicción que el muchacho padecía.
Incongruencias en su declaración, testimonios que lo ubicaron en la escena al momento en que se presume se cometió el crimen y otros indicios dejaron al implicado severamente comprometido en la causa.
El expediente fue llevado adelante por el magistrado Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, y Horacio Paniagua, ex titular de la Fiscalía de la misma circunscripción judicial y actual integrante del Tribunal Penal Uno de Oberá.
Alejandro Kirschner permanece detenido en la Unidad Penal III de Eldorado. En caso de ser condenado a prisión perpetua, deberá purgar 35 años de efectiva, como mínimo.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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