Policiales
Joven condenada por venta de drogas volvió a ser detenida en Apóstoles
Una mujer de 30 años, con antecedentes condenatorios por venta de drogas, volvió a ser detenida esta madrugada transportando estupefacientes en una camioneta en la localidad de Apóstoles.
De acuerdo a lo que pudo establecer La Voz de Misiones, la implicada se trata de Ayelén G. (30), quien registra una condena de cuatro de años de prisión por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” dictada en 2019 por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.
La nueva detención de la mujer se concretó hoy, cerca de la 1, en cercanías a una zona conocida como Espacio Joven, ubicado sobre la calle Sarmiento, casi Teniente Espinoza.
Según fuentes policiales, el procedimiento fue el corolario de una investigación de varios meses tendiente a contrarrestar maniobras de narcotráfico y narcomenudeo en la localidad.
De esa manera, los efectivos de la División Investigaciones y Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV recolectaron información mediante seguimientos y labores encubiertas y el dato sobresaliente fue que esta madrugada se iba a concretar una transacción de drogas.
Fue así que se dirigieron hasta el lugar relevado y allí observaron una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue rodeado y detenido.
En esa instancia, los uniformados constataron que la persona al mando de la camioneta era una mujer y, al revisar el rodado, confirmaron que en el asiento trasero se transportaban un bolso con más de 20 kilogramos de marihuana y 9 envoltorios de cocaína, además de 155.000 pesos en efectivo y una balanza de precisión.
Según información difundida por la Policía de Misiones, la droga incautada fue valuada en 16 millones de pesos, al tiempo que también consignaron que actualmente la mujer gozaba del beneficio de prisión domiciliaria en el marco de otra causa similar.
Droga cerca de colegios
No es la primera vez que Ayelén aparece involucrada en una maniobra de venta de estupefacientes. Es más, registra una condena de cuatro años de prisión dictada en 2019 por el TOF de Posadas.
La causa que derivó en dicha sentencia se inició el 18 mayo de 2018, tras una investigación realizada por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quienes obtuvieron el dato de que en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear de Apóstoles, frente al colegio San Josafat y a una cuadra del Cristo Rey, se comercializaba estupefacientes.
Con ese dato, los uniformados federales comenzaron a realizar labores investigativas, que incluyeron seguimientos y tareas de vigilancia, hasta que confirmaron la situación y decidieron que era el momento de actuar.
Así fue como a comienzos de junio se activó un allanamiento del lugar y se confirmaron todas las sospechas. En el lugar se incautó tanto marihuana como cocaína y se detuvo a Ayelén y a su pareja, Leandro “Polaco” P., que además portaba un arma de fuego.
Ambos quedaron involucrados en una causa por infracción a la Ley 27.737 de Estupefacientes y en 2019 arribaron a un acuerdo de juicio abreviado que luego se transformó en sentencia.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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