Policiales
Iguazú: dijo que mató a su madrastra por accidente, pero se habla de dinero
El acusado Da Silva declaró y fue imputado por “homicidio agravado por uso de arma de fuego”. Una hermana de la víctima dijo que no quería que su padre compartiera una indemnización de 1 millón de pesos.
El joven que mató de un disparo en la cabeza a su madrastra admitió el hecho, pero dijo que fue un accidente al declarar en la Justicia. Familiares de la víctima revelaron que existía un conflicto por 1 millón de pesos de una indemnización.
Las revelaciones se conocieron este lunes cuando el acusado, Johnatan Da Silva (28), declaró en el Juzgado de Instrucción de Puerto Iguazú, adonde también concurrieron los familiares de la víctima Patricia Mereles (31).
El caso se registró el jueves pasado cuando da Silva fue a la casa que su padre comparte con Mereles en el barrio las Leñas, ocasión en que tras un breve intercambio le descerrajó un disparo en la cabeza y huyó en su auto con rumbo desconocido.
El sospechoso fue detenido por la Gendarmería en inmediaciones de la represa Urugua-í, cuando transitaba al mando de un Chevrolet Onix en sentido hacia Eldorado, tras haber recorrido unos 40 kilómetros desde el lugar del hecho (foto).
Da Silva prestó declaración ante el juez Martín Brítes y admitió su responsabilidad en el crimen, pero la atribuyó a un hecho accidental ya que habría intentado asustar a la mujer cuando accionó el gatillo con resultado fatal.
Al intentar justificar su presencia en el lugar y la actitud amenazante, el acusado señaló que se debió a “una discusión que ella (por la víctima) había generado con mi mujer”, según se supo de fuentes judiciales.
Una vez cumplida la indagatoria, el magistrado imputó a Da Silva por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, aunque todavía restan las pericias de balísticas y otras pruebas para armar la acusación definitiva.
Se supo que en los próximos días también declarará la hija de 13 años de la víctima, quien lo hará en Cámara Gesell , ya que fue la única persona que estuvo en la escena al momento de registrase el crimen de su madre.
¿Dinero?
Mientras Da Silva declaraba ante el juez Brítes, fuera de la sede judicial se concentraron familiares y amigos de la mujer asesinada para reclamar el pronto esclarecimiento del hecho y la condena del autor.
En esa circunstancia Ángela Mereles, hermana de Patricia, reveló que el acusado la mató “”por plata, porque mi hermana me comentó hace tiempo que el señor Mario Da Silva (padre de Jonathan) tiene para cobrar 1 millón de pesos, por un juicio laboral, y los hijos no querían que él compartiera el dinero con mi hermana”.
Remarcó que el padre de Johnatan y pareja de la víctima, tenía previsto “cobrar la plata y comprar una chacra en Alem y les iba a dejar el auto y la casa de Iguazú a los hijos. Ellos no aceptaron eso y por eso terminó así”.
En la conflictiva relación que describió, la mujer también mencionó que el detenido acosaba a su hermana con el fin de demostrar “a su padre que mi hermana le era infiel. Por eso la acosaba”, dijo.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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