La Policía de Misiones confirmó hace instantes la detención de seis agentes, tanto en actividad como retirados, acusados de integrar una organización que inició una conspiración para destituir a la cúpula de la institución.

Según informaron en un comunicado oficial, las detenciones fueron ordenadas por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, en el marco de una nueva causa judicial que se tramita bajo los cargos de conspiración y sedición, figuras contempladas por los artículos 233 y 229 del Código Penal de la Nación argentina.

“No se descarta que en las próximas horas se puedan producir nuevas detenciones de otras personas con estado policial que también son investigadas en el marco de la misma causa”, añadieron.

Las detenciones habían sido adelantadas por el suboficial retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la mesa de diálogo policial y referente de la protesta realizada en mayo pasado, quien incluso hace pocos minutos publicó un estado de Whastapp informando que estaba a punto de ser aprehendido.

“Señores están todos enfrente de casa esperándome para detenerme”, avisó, acompañado de una foto.

La foto de la cámara de seguridad de su casa que publicó Ramón Amarilla hace instantes.

“El intento de desestabilización llegó a manos de la Justicia provincial días atrás, luego de la detención de un suboficial de la fuerza de seguridad, que además de tener varias causas judiciales en curso, mantendría una estrecha relación con esta organización, que según se desprende de la investigación, tendría firmes intenciones de generar confusión en la institución policial”, continua el comunicado difundido esta noche por la fuerza misionera.

En ese marco, detallaron que “según confirmaron desde el juzgado interviniente, el peritaje del teléfono celular del oficial fue clave para determinar las intenciones de la banda en cuestión, que ahora ya se encuentra a disposición de la Justicia”.

“La Justicia ordenó la detención tras conocerse el intercambio de mensajes entre miembros de la fuerza policial donde planeaban provocar incendios para forzar la salida de los cuarteles de bomberos de las autobombas y así, en el lugar de los hechos, robarlas para bloquear avenidas y calles”, cierra del parte de prensa.

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El suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros de la mesa de diálogo policial, denunció esta tarde en sus redes sociales que otros tres camaradas fueron detenidos al igual de lo que sucedió el lunes con el oficial Diego Correa, que permanece tras las rejas.

Según informó Amarilla a través de sus estados de Whastapp, vía que utiliza de manera recurrente para emitir comunicados a la familia policial, los nuevos arrestados son los policías Ramón Alejandro Arrieta, Elías Horacio Coutto y Lisandro Ramón Cantero, quienes además ya están imputados en el expediente iniciado por la protesta policial que se prolongó desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.

“Los colegas Arrieta, Coutto y Canteros están siendo detenidos. O sea que van por todos nosotros. Esperamos el acompañamiento de todos ustedes”, comunicó Amarilla.

Y escasos minutos después publicó otro estado: “Señores/as. Puede ser que yo amanezca en una celda, pero ustedes tienen que pedir respuesta al gobierno y a la Jefatura de Policía. Amanecemos ahí y que me busquen de ahí”.

El primer agente en ser detenido esta semana fue Diego Correa. Su aprehensión estuvo vinculada a una denuncia realizada por un camarada que lo acusó de incitar el inicio de una nueva manifestación y llamó a “tomar” el edificio de la Jefatura de Policía, ubicado sobre calle Félix de Azara de Posadas.

Las nuevas medidas fueron ordenadas por Fernando Verón, magistrado titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas y actualmente en turno.

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La Justicia bonaerense acaba de anular la identidad del misionero que se presentaba como Adrián Martínez Moreira, el supuesto hijo de desaparecidos acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

El misionero afirmaba ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional porteño, uno de los establecimientos educativos con un haber importante de docentes y estudiantes desaparecidos por el terrorismo de Estado.

Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. De hecho, Adrián Martínez Moreira tuvo otros dos nombres anteriores a éste que acaba de invalidar una resolución del Juzgado Civil 85, de la localidad bonaerense de Morón, donde el misionero había iniciado el trámite de la partida de nacimiento con la que coronó la fábula que se había inventado, de ser hijo de padres argentinos desaparecidos en el Paraguay de Stroessner.

El escrito del juez

La resolución del juez de Morón, Javier Alberto Occhiuzzi, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, reconstruye el itinerario del falso Martínez Moreira para conseguir que la Justicia legitime su historia y le expida el primer ejemplar de DNI, que él mismo retiró de la oficina del Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Posadas, el 5 de noviembre de 2014.

Asimismo, el escrito reconoce que ese mismo juzgado de Morón fue el que “resolvió ordenar la inscripción de nacimiento” del falso Martínez Moreira el 9 de junio de ese año, como nacido el 15 de diciembre de 1986, en la ciudad de Jardín América, hijo del matrimonio conformado por Adrián Martín Martínez Enriquez y María Santa Moreira Delard.

El juez Occhiuzzi destaca, asimismo, la existencia, por entonces, de un dictamen de la Fiscalía 3 que recomienda que la inscripción del falso hijo de desaparecidos se consigne como “sin filiación acreditada”, por la imposibilidad de certificar la existencia de quienes el misionero señalaba como sus padres, víctimas del general paraguayo que gobernó el vecino país con mano de hierro durante 35 años, cuyo régimen de terror lo entregó a la aceitada maquinaria de apropiación de niños que funcionó en todo el continente durante lo que se dio en llamar el “Operativo Cóndor”.

En el párrafo siguiente, el escrito revela la verdadera historia de Martínez Moreira, cuya trama empezó a derrumbarse casi a la par de haber conseguido el primer DNI, a partir de una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no era hijo de desaparecidos y que todo su relato era falso.

Ahora, el juez de Morón, valida en su resolución este dictamen y concluye que el misionero “tiene otra identidad distinta”: “Matías Ezequiel López, nacido el 30 de abril de 1993, en el Hospital de Jardín América, provincia de Misiones, hijo biológico de Santa Moreira y Emilio Martínez, y registrado como Ovidio Martínez”, precisa el juez.

“El menor en aquel entonces fue entregado a la Defensoría Oficial de la Ciudad de Puerto Rico con fines adoptivos, dejándose constancia de la renuncia de sus padres al ejercicio de la patria potestad”, reseña el escrito judicial.

Pronto, el niño rechazado por sus padres consiguió una nueva familia y un nuevo nombre: Matías Ezequiel López, quien, cuando todavía no terminaba la adolescencia y valiéndose de las redes sociales, se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo con el que está procesado por la justicia federal.

El abusador

Las primeras denuncias contra el misionero y su banda comenzaron en 2016, cuando el abogado porteño Javier Garín lo acusó judicialmente por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad, cuya existencia desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba, e identificó unas 50 causas iniciadas con su número de Cuit ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza María Eugenia Capuchetti para disponer el procesamiento del falso Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas del grupo contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos, que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

“Se trata de una gigantesca maniobra defraudatoria. Este sujeto, además, estaría prometiendo indemnizaciones y pidiendo dinero a damnificados, según me refirió una de las actoras en uno de esos juicios falsificados”, afirmó en la ocasión, Garín, a Infobae.

A la denuncia del abogado porteño, se sumó en marzo de 2021 la acción promovida por Laura Cravello, verdadera hija de desaparecidos y residente en Barcelona, que se había topado con el misionero y su banda en Facebook, en 2020, y se dispuso a aprovechar el confinamiento por el Covid investigándolos.

Cravello, hija de Ricardo Alfredo Cravello y María Cristina Lonardi, secuestrados el 8 de diciembre de 1975, vistos por última vez en el CCD “Puente 12” y desaparecidos desde entonces, contó hace un año a LVM algunos pormenores de la investigación previa a la formalización de la denuncia en la justicia federal porteña.

El 28 de junio de 2023, Capuchetti, procesó al falso Martínez Moreira y sus cómplices: el abogado porteño Omar Ramón Enrique García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

En julio de este año, la jueza federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero, luego de que el actual secretario de Derechos Humanos, el ex juez Alberto Baños, resolviera mantener la cartera como querellante en la causa, en línea con lo actuado por quien lo antecedió en el cargo, Horacio Pietragalla.

En agosto pasado, el falso Martínez Moreira, sumó otro delito a su historial: “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido con armas, lesiones leves, privación ilegal de la libertad calificada por amenazas, y amenazas coactivas”.

Fue detenido y desde entonces está preso.

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