Policiales
Fue acusado de tres homicidios y el 8 de marzo irá a juicio por otro crimen
El 8 de marzo, Raúl Néstor “Dibu” Rodríguez, de 48 años, deberá sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal de Dos Posadas para ser juzgado por un hecho de homicidio, el cuarto que tiene anotado en su extenso prontuario abierto en la década de los 90.
En esta oportunidad, Rodríguez debe responder por el asesinato de Ismael Domínguez, registrado en enero de 2020 en la localidad de El Alcázar y que ahora puede valerle hasta 25 años de prisión.
Estar en la cárcel no es nada desconocido para Rodríguez, ya que entre las décadas de los 90 y los 2000 purgó 15 años tras las rejas por un doble crimen cometido en 9 de Julio y una vez liberado se cree que también asesinó a su cuñado en Santiago de Liniers.
Por eso, este 8 marzo será la cuarta vez que el hombre enfrente a la Justicia por un caso de homicidio.
El debate se desarrollará en el Tribunal Penal Dos, ubicado sobre calle San Martín de Posadas, y continuará los días 9 y 10 del mismo mes. En el proceso participarán el fiscal Antonio Vladimir Glinka, mientras que los jueces serán César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse.
Dibu Rodríguez está detenido con prisión preventiva desde abril del 2020 y será juzgado por el delito de homicidio simple, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El imputado tiene la posibilidad de resolver su situación mediante la firma de un juicio abreviado en el que debe admitir su responsabilidad en el hecho, pero fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que hasta el momento el debate oral no está en dudas.
Crimen en El Alcázar
Rodríguez está acusado por el asesinato de Ismael Domínguez, un jubilado de 64 años que permaneció varios días desaparecido en El Alcázar, hasta que su cuerpo fue hallado dentro de un pozo de agua el 21 de enero de 2020 y los exámenes forenses marcaron que su muerte no fue un accidente, ni mucho menos, sino que fue ultimado a machetazos.
Tras el hallazgo del cadáver, los investigadores profundizaron la pesquisa y constataron que el pozo estaba ubicado dentro de una propiedad en la que trabajaba un “cuidador” que repentinamente desapareció.
Ese “cuidador” resultó ser el famoso Dibu Rodríguez, con antecedentes por homicidios y otros delitos en la zona Norte de la provincia, que una semana antes se había instalado en la colonia.
El hombre fue detenido dos días después en Eldorado, mientras juntaba sus pertenencias con aparentes intenciones de continuar escapando. Desde ese día no volvió a pisar la calle.
Se cree que Rodríguez y la víctima entablaron una especie de amistad y solían pasar momentos juntos en la chacra donde el ex convicto trabajaba, pero una presunta pelea habría derivado en el homicidio del jubilado.
Los estudios forenses concluyeron que la víctima presentaba tres machetazos en la cabeza y que la muerte se debió a un traumatismo craneoenfálico grave.
La investigación del caso fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, que el año pasado dispuso la elevación a juicio del expediente.
Los antecedentes de Dibu
El nombre Dibu Rodríguez no es nada nuevo en la historia policial misionera.
A principios de los 90 fue condenado a 20 años de prisión por el doble homicidio de una pareja de ancianos en la localidad de 9 de Julio.
Su pena la cumplió en la Unidad Penal III de Eldorado, de donde egresó cerca del 2006 tras cumplir 15 años tras las rejas y acceder al beneficio de la libertad condicional.
Tras su liberación, se mudó a la casa de una hermana en Santiago de Liniers, pero apenas unos meses después volvió a quedar involucrado en un caso de homicidio, esta vez, en el de su propio cuñado, José Pinkala, de 46 años.
El hombre fue hallado muerto el 25 de octubre de 2006 en el fondo de una letrina. Tenía golpes y lesiones cortantes y la información recolectada indicó ese día Pinkala había recibido la visita de su cuñado, que posteriormente desapareció y fue detenido en noviembre en Bernardo de Irigoyen.
Ismael Domínguez fue asesinado y arrojado a un pozo de 12 metros de profundidad en enero de 2020.
Domínguez tenía 64 años, era jubilado y vivía en El Alcázar.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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