Policiales
Ex futbolista de Guaraní y Crucero, a juicio el 17 de mayo por homicidio
Corrían los primeros años del nuevo siglo y Ángel Clemente Rojas sabía lo que era ser tapa de diario por los goles que convertía jugando para los dos clubes más importantes de la provincia. Pero los años pasaron, su carrera futbolística decayó, las adicciones torcieron el rumbo de su vida y en 2019, ese mismo hombre que dos décadas atrás era encandilado por los flashes de las cámaras de los reporteros gráficos, ahora era noticia por un grave hecho cometido fuera de las canchas: un homicidio.
Rojas, ex futbolista de Guaraní Antonio Franco y Crucero del Norte entre los años 2000 y 2006 -aproximadamente-, está detenido desde el 21 de octubre de 2019, acusado por el crimen de Daniel Alejandro Sosa (26) y en las próximas semanas enfrenará juicio oral y público por ese hecho.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el debate comenzará el 17 de mayo y se extenderá hasta el 20 del mismo mes, instancia en la cual declararán varios testigos, entre policías, peritos, vecinos y conocidos, tanto de la víctima como del acusado.
El proceso oral se desarrollará en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas y Rojas enfrenta una acusación por el delito de “homicidio simple”, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Junto al ex futbolista se sentará un segundo implicado en la causa, Inocencio Alvarenga Cabral, aunque situación es menos grave ya que la acusación en su contra apunta al delito de “encubrimiento”.
El debate será dirigido por los magistrados César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, mientras que Vladimir Antonio Glinka participará en representación del Ministerio Público Fiscal.
El crimen
El hecho por el cual Rojas enfrentará juicio se registró el 21 de octubre de 2019, sobre la avenida Bustamante, entre Lavalle y la calle Gómez Portiño, frente a uno de los pasillos de ingreso a la chacra 32-33 de Posadas.
En ese lugar, Rojas y Sosa, que se conocían por vivir en situación de calle, mantuvieron una pelea que culminó en el momento en que el ex futbolista le asestó varias puñaladas a su contrincante.
“Eso te pasa por ser boca grande o abrir la boca”, le decía el ahora imputado a su víctima durante la pelea, según recordó una testigo que habló con el diario El Territorio en aquél entonces.
Tras la estocada final, Rojas escapó de la escena junto a su pareja a bordo de un auto Nissan Wingroad que era conducido por Inocencio Alvarenga Cabral, un remisero paraguayo que el ex goleador misionero conoció durante los días en que hacía de trapito en cercanías a La Placita del Puente.
Los tres fueron detenidos pocos después por una comisión de la Dirección Homicidios y en el rodado los efectivos incautaron un destornillador y un cuchillo, armas que habrían sido utilizadas para concretar el asesinato.
Después de ello, Rojas fue procesado por el delito de homicidio, Alvarenga Cabral por encubrimiento y la pareja del ex futbolista fue sobreseída.
El expediente fue llevado adelante por el Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, que a mediados de 2020 decretó la elevación a juicio del caso.
Tras ese paso judicial, el expediente fue remitido al Tribunal Penal Dos, cuyas autoridades fijaron para el 17 de mayo el comienzo de las audiencias para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades de los imputados.
FOTO: EL TERRITORIO
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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