Policiales
En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram
“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.
En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.
Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.
Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.
En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.
El Territorio
Minutos antes de las 20 de hoy, encontraron un cuerpo en inmediaciones al by pass de Posadas y agentes de la Policía de Misiones rastrillan la zona.
De momento, no hay información sobre la identidad del cadáver hallado, ni si se trata del chofer de Uber, Jorge Daniel Acuña (48) desaparecido desde el lunes.
Están presentes en el lugar, el Juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, acompañado del subjefe de la Policía, Marcos López Ascencio, para presenciar el operativo de rastrillaje en la zona, entre la rotonda de la ex 213 y Cocomarola.
Durante la jornada de hoy, los investigadores ejecutaron dos allanamientos en el marco de la investigación por la desaparición de Jorge Acuña. Como resultado, detuvieron a un personal activo de la Policía e incautaron un Renault Kwind.
Caso Acuña: un policía detenido, un auto incautado y dos casas allanadas
La investigación por la desaparición del chofer de Uber, Jorge Daniel Acuña (48), cuyo paradero es una incógnita desde el lunes a la tarde, tuvo uno de sus puntos de mayor inflexión esta tarde, con dos allanamientos, un policía detenido y un automóvil secuestrado.
El primer procedimiento se concretó en la vivienda del mecánico hacia donde Acuña se dirigió ese lunes antes de desaparecer. Ese inmueble está ubicado sobre avenida Lavalle, casi Carlos Pellegrini, una cuadra antes de la avenida Tambor de Tacuarí, donde agentes de la Policía Científica y personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) efectuaron pericias de luminol, tanto dentro del hogar como en la zona del garaje.
Casi en paralelo, otra comisión de investigadores se dirigió hacia una casa ubicada sobre Tomás Guido, casi Blas Parera, donde detuvieron a un personal activo de la Policía de Misiones y además incautaron un Renault Kwind que habría sido captado por cámaras de seguridad en el marco de la revisión de las imágenes de dispositivos de vigilancia instaladas en cercanías al lugar donde el miércoles a la tarde apareció abandonado el automóvil Fiat Siena que Acuña utilizaba para trabajar como chofer de aplicación.
Ese vehículo estaba estacionado sobre la rampa de la vivienda y de inmediato fue cubierto por un gazebo de la Policía Científica y preparado para ser sometido a pericias de luminol.
Pericias de luminol en la primera vivienda allanada.
Los procedimientos de este viernes estuvieron dirigidos por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, actualmente en turno y a cargo de la pesquisa.
En los allanamientos también estuvieron presentes altos mandos de la fuerza provincial, entre ellos el comisario general Sandro Martínez, jefe de la Policía.
Cabe recordar que otro día clave en la pesquisa del hecho fue el miércoles a la tarde, cuando se encontró el Siena abandonado y en una primera revisión constataron en su interior vestigios de al menos dos disparos y manchas de sangre en la parte delantera.
Esos indicios, lamentablemente, hacen suponer el peor final, aunque hasta el momento no hay mayores datos sobre el paradero de Acuña, quien reside en el barrio Santa Helena de Garupá, de donde el lunes a la tarde salió para encontrarse con el mecánico de la avenida Lavalle pero nunca más se supo de él.
Si bien la ubicación del rodado se concretó el miércoles, se cree que el vehículo ya había sido abandonado en ese lugar el mismo lunes en que el chofer Uber dejó de dar señales.
Fuentes consultadas adelantaron que en el correr de las horas se podrían efectuar más procedimientos en otros puntos de la ciudad.
La segunda vivienda allanada está ubicada sobre avenida Tomás Guido, donde fue detenido un policía.
El tercer día de búsqueda de Acuña cerró con pericias de luminol en su auto
Un vecino de Gobernador Roca denunció haber vendido a través de Marketplace un motor de lancha y concretó el envío del producto a su comprador, aunque luego advirtió que el comprobante de transferencia era apócrifo y, en consecuencia, no recibió ningún pago.
La estafa virtual fue denunciada esta mañana, por parte de un hombre de 33 años, quien se presentó en la comisaría del pueblo para denunciar lo que padecido luego de caer en una trampa.
En su denuncia, la víctima narró que a comienzos de mes publicó en Marketplace –la plataforma de ventas de Facebook– un motor fuera de borda a la venta por 1,5 millones de pesos, tras lo cual fue contactado a través de Whatsapp por un interesado que dijo residir en la localidad entrerriana de Concordia.
Tras avanzar en diálogos, el vecino acordó la venta del producto y realizó el envío del motor una vez que recibió un comprobante de transferencia, aunque luego advirtió que el dinero nunca ingresó a su cuenta bancaria, ante lo cual constató que el certificado recibido era apócrifo.
El caso fue remitido al personal de División Cibercrimen de la Unidad Regional IX, cuyos especialistas realizarán los trámites de rigor para tratar de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables, además de recuperar lo perdido.
Encontraron un cuerpo en la zona del by-pass de Posadas
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