Policiales
En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram
“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.
En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.
Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.
Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.
En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.
El Territorio
El tren internacional Posadas – Encarnación fue protagonista de un siniestro esta tarde al chocar y arrastrar varios metros a una camioneta sobre las vías ferroviarias en la cabecera del puente San Roque González de Santa Cruz, del lado paraguayo. Según los primeros datos que trascendieron, hay dos heridos producto del accidente.
Alrededor de las 17 de hoy, cuando el ferrocarril salía de la zona de acceso a la base del Área Naval de Itapúa impactó contra el rodado y lo arrastró unos 10 metros hacia delante.
Producto del impacto, según reportaron medios del vecino país, dos marinos resultaron heridos, uno de gravedad, y fueron trasladados al Hospital Regional de Encarnación para recibir atención médica.
Al momento del hecho, viajaban 90 pasajeros que no habrían sufrido lesiones y el operador de la empresa Casimiro, que resultó ileso.
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó ayer a la pena de 12 años de prisión a un hombre que llegó a juicio acusado de violar en dos oportunidades a su hija menor de edad, hechos que se registraron en la vivienda donde residían en la localidad de San Vicente.
La investigación del caso comenzó el 12 de abril de 2021, cuando la víctima, de 12 años, contó que su padre abusó de ella en dos ocasiones, tras lo cual el implicado fue detenido y ahora la causa llegó a juicio oral, proceso que se desarrolló ante el tribunal obereño, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Erasmo Villalba (subrogante).
Según indicaron fuentes del caso, al momento de declarar en Cámara Gesell la niña ratificó los hechos y contó que el primer abuso se concretó cuando ella tenía 10 años, mientras que el segundo ataque se produjo un año más tarde. Los dos sucesos se registraron en la vivienda donde residían en cercanías a la ruta nacional 14, en la localidad de San Vicente.
En esa misma instancia, la víctima también relató que después de cada hecho su padre la amenazaba con degollarla en caso que de cuente lo sucedido.
El expediente iniciado contra el acusado, identificado como T. T. B. -su nombre completo se preserva para no identificar a la víctima- fue ventilado en debate oral ayer y el tribunal lo condenó a 12 años de prisión como autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”.
Hoy miércoles, desde las 7, familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo de Hugo Samudio (55) marcharon frente a la Secretaría Escolar del Kilómetro 7 y se dirigieron hacia el Juzgado de Instrucción Dos de la Capital del Trabajo pidiendo la aparición del docente que continúa con paradero desconocido desde hace casi un mes.
Samudio fue visto por última vez el pasado martes 13 de agosto en horas de la tarde cuando se dirigía, a bordo de su automóvil Chevrolet Corsa, a una de las instituciones educativas donde se desempeñaba, pero no llegó a destino. Dos días más tarde el vehículo fue encontrado a la vera del Kilómetro 8 sin la presencia ni los rastros de Hugo en ese lugar.
Tras la denuncia por desaparición presentada, diferentes dependencias policiales iniciaron operativos de búsqueda con rastrillajes en rutas y montes, por agua -con buzos- y por aire a través de drones, sin obtener resultados positivos hasta el momento y la dificultad de no contar con el seguimiento de las cámaras de seguridad ubicadas en el casco céntrico, ya que se encontraban “sin funcionamiento por falta de mantenimiento”.
Por su parte, la familia ofreció una recompensa valuada en tres millones de pesos para quien pueda brindar información veraz sobre su paradero, dejando a disposición el número 3751-592284.
Desinformación en la búsqueda
Durante la marcha pacífica realizada hoy en horas de la mañana, los familiares lamentaron la circulación de noticias falsas sobre supuestas pistas que daban con la presunta presencia de Hugo Samudio en Posadas y supuestos movimientos en su cuenta bancaria.
En diálogo con La Voz de Misiones, el director General de Seguridad de la Policía, Raul Maslowski aseguró que la información que circuló el martes por la noche fue una “Fake News”, y profundizó: “No existen testigos que pudieron haberlo visto y no hay movimientos bancarios”, con lo que descartó la hipótesis sobre su presencia en la Capital provincial.
Otra de las versiones sostenía que habría sido visto en un cajero en Wanda, información plasmada por una usuaria de Facebook, que luego fue descartada por el personal encargado de la búsqueda.
En consonancia, el Comisario Mayor y jefe de la Unidad Regional III de Eldorado, Rubén Darío Duarte, ratificó a este medio: “Son noticias falsas porque nadie se hace cargo de esa información”. A lo que agregó: “No surgió ninguna otra pista firme en la investigación -que se continúa- como así los rastrillajes en la zona”.
Por su parte, Mariela Duarte, directora de Búsqueda de Personas de la Policía, confirmó que en estos momentos continúan con los rastrillajes y pericias en Eldorado a la espera de algún dato que pueda aportar a la investigación.
Desde la primera semana de intensa búsqueda a cargo de la Unidad Regional III de Eldorado, se solicitó, a través de los agentes de Inteligencia de Frontera, la colaboración de las fuerzas de seguridad de Brasil y Paraguay. Por su parte, la Jefatura aplicó el protocolo de colaboración interprovincial a nivel nacional, alertando y solicitando apoyo a las policías provinciales y fuerzas federales, sumada la activación de la alerta amarilla de Interpol.
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