Policiales
El peón y mató al patrón: “A mí no me grita nadie”, dijo y le dió un escopetazo
La víctima, Marcos Pizarro Costa Paz, integraba una tradicional familia dueña de más de 1.000 hectáreas de campo.“El único que me ha gritado ha sido mi padre y se murió hace 50 años. Yo soy una persona mayor y a mí no me grita nadie”, aseguró.
BUENOS AIRES. “Le voy a pegar un tiro”. La amenaza del puestero Alberto Bonifacio Martínez, de 72 años, la escuchó sólo uno de los cinco transportistas que habían ido al campo a buscar la hacienda. Enseguida, el peón caminó 50 metros hasta su casa: tomó una escopeta doble caño –calibre 28– y volvió a la manga, donde estaban cargando el ganado de la firma de Marcos Jorge Pizarro Costa Paz (38), su patrón.
“Martínez, ¡vamos!”, intentó apaciguar la víctima, integrante de una tradicional familia de Buenos Aires que posee más de mil hectáreas de campo en Ayacucho y ni bien lanzó esas palabras recibió un disparo de perdigones en el cuello.
El asesinato ocurrió el miercoles pasado a las cuatro de la tarde en el establecimiento rural “El Micheo”, ubicado en el partido de Gonzales Chaves (sudeste bonaerense), cerca de Tres Arroyos. Al momento del hecho había siete testigos, que ya declararon ante el fiscal Gabriel Lopazzo.
Aquella tarde, Pizarro Costa Paz –quien vivía en Capital Federal– había ido a buscar la hacienda con cinco camiones, porque el contrato de arrendamiento del campo se vencía al día siguiente. Había trabajado tres años en el lugar.
Pero las cosas no fueron simples. El peón Martínez, que vivía solo en el mismo puesto desde hacía 30 años –su esposa tiene una casa en la vecina localidad de San Cayetano– discutió fuerte con Pizarro Costa Paz. Los camioneros escucharon la pelea a los gritos y también vieron los ademanes de ambos, pero no supieron precisar con exactitud lo que se dijeron ni cómo empezó la discusión.
El puestero sólo alcanzó a comentarle a uno de ellos que estaba “cansado” de que la víctima lo tratara de manera “despectiva”. Martínez, después de disparar, no dijo ni una palabra. Se dio vuelta y caminó hasta su casa. Allí dejó la escopeta arriba de una mesa y esperó a que llegara la Policía, ante la que se entregó sin resistirse.
El detenido fue trasladado a la comisaría primera de Tres Arroyos y el jueves fue llevado a la UFI N° 6, en Hipólito Yrigoyen 175. Sin embargo, allí se negó a declarar, aunque quedó acusado formalmente de “homicidio ”, un delito que se castiga con una pena de 8 a 25 años de prisión.
Fuentes de la investigación dijeron a Clarín que se trata de un hombre “primitivo, que no sabe leer ni escribir”. El asesinato causó una gran conmoción en la zona, porque lo consideraban “un tipo tranquilo” y porque nunca había tenido antecedentes violentos.
Pizarro Costa Paz murió cuando lo trasladaba una ambulancia a un centro de salud de Juan E. Barra, un pueblo de apenas 250 habitantes. Ya había perdido mucha sangre. Su mujer, Josefina, está embarazada de casi nueve meses y a fin de enero está previsto que nazca su cuarto varón.
El hombre tenía un negocio familiar vinculado a la actividad agrícola–ganadera. Hace unos años con su familia habían vendido un campo en Azul y comprado otro en Ayacucho, aunque trabajaban también en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes del caso, el consignatario de hacienda estaba en una sólida posición económica producto de esta actividad.
Sus restos fueron sepultados ayer en el Cementerio de la Recoleta, después de una misa realizada pasado el mediodía en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Su familia y allegados seguían sin comprender el inesperado desenlace.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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