Policiales
El peón y mató al patrón: “A mí no me grita nadie”, dijo y le dió un escopetazo
La víctima, Marcos Pizarro Costa Paz, integraba una tradicional familia dueña de más de 1.000 hectáreas de campo.“El único que me ha gritado ha sido mi padre y se murió hace 50 años. Yo soy una persona mayor y a mí no me grita nadie”, aseguró.
BUENOS AIRES. “Le voy a pegar un tiro”. La amenaza del puestero Alberto Bonifacio Martínez, de 72 años, la escuchó sólo uno de los cinco transportistas que habían ido al campo a buscar la hacienda. Enseguida, el peón caminó 50 metros hasta su casa: tomó una escopeta doble caño –calibre 28– y volvió a la manga, donde estaban cargando el ganado de la firma de Marcos Jorge Pizarro Costa Paz (38), su patrón.
“Martínez, ¡vamos!”, intentó apaciguar la víctima, integrante de una tradicional familia de Buenos Aires que posee más de mil hectáreas de campo en Ayacucho y ni bien lanzó esas palabras recibió un disparo de perdigones en el cuello.
El asesinato ocurrió el miercoles pasado a las cuatro de la tarde en el establecimiento rural “El Micheo”, ubicado en el partido de Gonzales Chaves (sudeste bonaerense), cerca de Tres Arroyos. Al momento del hecho había siete testigos, que ya declararon ante el fiscal Gabriel Lopazzo.
Aquella tarde, Pizarro Costa Paz –quien vivía en Capital Federal– había ido a buscar la hacienda con cinco camiones, porque el contrato de arrendamiento del campo se vencía al día siguiente. Había trabajado tres años en el lugar.
Pero las cosas no fueron simples. El peón Martínez, que vivía solo en el mismo puesto desde hacía 30 años –su esposa tiene una casa en la vecina localidad de San Cayetano– discutió fuerte con Pizarro Costa Paz. Los camioneros escucharon la pelea a los gritos y también vieron los ademanes de ambos, pero no supieron precisar con exactitud lo que se dijeron ni cómo empezó la discusión.
El puestero sólo alcanzó a comentarle a uno de ellos que estaba “cansado” de que la víctima lo tratara de manera “despectiva”. Martínez, después de disparar, no dijo ni una palabra. Se dio vuelta y caminó hasta su casa. Allí dejó la escopeta arriba de una mesa y esperó a que llegara la Policía, ante la que se entregó sin resistirse.
El detenido fue trasladado a la comisaría primera de Tres Arroyos y el jueves fue llevado a la UFI N° 6, en Hipólito Yrigoyen 175. Sin embargo, allí se negó a declarar, aunque quedó acusado formalmente de “homicidio ”, un delito que se castiga con una pena de 8 a 25 años de prisión.
Fuentes de la investigación dijeron a Clarín que se trata de un hombre “primitivo, que no sabe leer ni escribir”. El asesinato causó una gran conmoción en la zona, porque lo consideraban “un tipo tranquilo” y porque nunca había tenido antecedentes violentos.
Pizarro Costa Paz murió cuando lo trasladaba una ambulancia a un centro de salud de Juan E. Barra, un pueblo de apenas 250 habitantes. Ya había perdido mucha sangre. Su mujer, Josefina, está embarazada de casi nueve meses y a fin de enero está previsto que nazca su cuarto varón.
El hombre tenía un negocio familiar vinculado a la actividad agrícola–ganadera. Hace unos años con su familia habían vendido un campo en Azul y comprado otro en Ayacucho, aunque trabajaban también en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes del caso, el consignatario de hacienda estaba en una sólida posición económica producto de esta actividad.
Sus restos fueron sepultados ayer en el Cementerio de la Recoleta, después de una misa realizada pasado el mediodía en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Su familia y allegados seguían sin comprender el inesperado desenlace.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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