Policiales
El ex policía misionero “Bin Laden” volvió a caer por asaltos en Corrientes
Bin Laden volvió a ser noticia. Pero no. No, el terrorista jefe de Al-Qaeda y cerebro de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, sino Sergio “Bin Laden” Ortiz, el ex policía misionero involucrado y condenado por asaltos perpetrados en Posadas en la década del 2000.
El hombre, de 49 años, fue detenido la semana pasada en Corrientes capital, acusado de liderar una gavilla dedicada a asaltar supermercados y otros comercios de esa ciudad.
Según consignaron medios correntinos, el misionero fue detenido junto a Carlos Daniel “Papu” L., oriundo de Chaco y con amplio prontuario, y Sergio Raúl B. Los tres están sospechados de integrar una banda que perpetró al menos cuatro asaltos registrados entre el 20 de agosto y el 6 de septiembre.
Los comercios asaltos fueron una farmacia, un lubricentro, un kiosco y un supermercado. En todos los casos, los asaltantes ingresaron al lugar portando armas de fuego.
En la casa de Ortiz, en el barrio Popular de Corrientes, la Policía incautó armas, un rodado utilizado como apoyo logístico para los asaltos y prendas de vestir de similares características a la vestimenta que llevaban los delincuentes captados por cámaras de seguridad en los comercios damnificados.

Prendas incautadas en los allanamientos a la banda. FOTO: Diario Época
Las detenciones fueron concretadas luego de una pesquisa llevada adelante por el personal de la División Investigaciones Metropolitana de la Policía de Corrientes, cuyos uniformados al cotejar los antecedentes de cada uno de los implicados dieron cuenta del pasado del misionero apodado Bin Laden.
Fue en esa instancia que constataron que el hombre se trata de un ex policía misionero que en 2004 fue exonerado de la fuerza por sus vínculos con hechos de delictivos.
Antecedentes en Posadas
En los archivos consta que en 2003, cuando todavía era uniformado, fue detenido por asaltar a un empresario español radicado en Posadas, mientras que en 2009 volvió a caer preso por un intento de atraco perpetrado contra un empresario de la noche.
En ese último hecho, la víctima fue interceptada mientras llegaba a su casa junto a su novia y logró escapar de los asaltantes, quienes alcanzaron a efectuar dos disparos que afortunadamente no lesionaron a nadie.
Tanto Ortíz como su cómplice en ese caso acabaron detenidos a las pocas semanas y tiempo después, en 2011, firmaron un acuerdo de juicio abreviado por seis años de prisión.
Por aquél entonces, Bin Laden también fue mencionado como posible integrante de la banda que en 2003 concretó un golpe comando al Círculo de Oficiales del Ejército de Mendoza, sustrayendo un botín de 420.000 pesos.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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