Policiales
El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión
Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.
Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.
El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.
Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.
Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.
Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.
En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.
El Clan
El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.
Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.
De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.
La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.
Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.
En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.
En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.
La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.
Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.
Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.
Judiciales
Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.
El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.
“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).
“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.
Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.
Dealer del barrio
Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
FOTO: EL TERRITORIO
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
Policiales
Empleado de cooperativa montó una estafa de $30 millones a productores
Un empleado de la Cooperativa Actim (Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones) fue detenido este jueves en el marco de una investigación por presuntas maniobras de estafa contra unos 30 productores de la zona, ardid que habría generado un perjuicio cercado a los 30 millones de pesos.
El procedimiento fue ordenado por el magistrado Ariel Belda Palomar, titular del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, en relación a una investigación impulsada por la Fiscalía de Ciberdelitos a través de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
De acuerdo a la información difundida desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, el operativo incluyó la realización dos de allanamientos, uno en la sede de Actim y otra en un domicilio particular de San Pedro, donde el sospechoso finalmente fue detenido.
Las mismas fuentes añadieron que el implicado fue identificado como N. B. (23) y la pesquisa sostiene que la maniobra consistía en confeccionar Volantes Electrónicos de Pago (VEP) apócrifos para simular el cumplimiento de obligaciones tributarias ante Arca (ex Afip).
A partir de ese ardid, el implicado cobraba importantes sumas de dinero de parte de los productores, quienes a su vez creían estar cumpliendo sus obligaciones tributarias.
Según las primeras estimaciones, los damnificados serían alrededor de 30 productores de la zona, en tanto que el perjuicio económico rondaría los 30 millones de pesos.
“Durante los procedimientos se realizaron operaciones técnicas forenses de constatación sobre equipos informáticos y se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento de datos vinculados con la investigación, con el objeto de preservar y asegurar evidencia digital de interés para la causa”, especificaron desde el Ministerio Público.
Policiales
Un detenido por grooming en Irigoyen: la víctima es una niña de 10 años
Un hombre de 29 años fue detenido este viernes durante un allanamiento realizado en el barrio Vista Alegre de Bernardo de Irigoyen, en el marco de una investigación por el presunto delito de grooming, cuya víctima es una niña de 10 años.
El procedimiento fue coordinado por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), a pedido de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y por orden del juez de Instrucción de San Pedro, Ariel Belda Palomar.
Del operativo también participaron efectivos de la comisaría local, Infantería y la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones.
Como resultado de la medida judicial, los investigadores detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular que será sometido a una extracción forense y un análisis integral de datos por parte de personal especializado de la Saic.
Durante el allanamiento, además, los peritos realizaron la constatación de distintos elementos considerados de interés para la causa y verificaron información que, de acuerdo al Ministerio Público, coincidiría con los datos aportados por la madre de la niña al momento de radicar la denuncia.
La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche, que busca determinar el alcance de las comunicaciones atribuidas al detenido y reunir nuevas pruebas a partir del análisis del dispositivo secuestrado.
El delito de grooming consiste en el contacto de una persona adulta con un niño, niña o adolescente a través de medios digitales con fines de abuso o explotación sexual y está previsto en el artículo 131 del Código Penal argentino.
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