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El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión

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Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.  

Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.

Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.

Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.

Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.

Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.

En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.

El Clan

El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.

Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.

De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.

Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.

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Muerte de Roni: adolescente prófugo se entregó y la causa cambió de juzgado

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Luego de que el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú emitiera una orden de detención para el motociclista prófugo por la muerte de Roni Gabriel Díaz da Mota (35), el adolescente implicado se entregó y ahora la causa será instruida por otra dependencia judicial.

El motociclista puesto bajo la lupa, identificado como Oscar “Ochi” P. (17), se presentó este lunes a la mañana, acompañado de su madre, en la sede del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Eldorado, dependencia judicial a la que fue remitida el expediente del hecho debido a que el principal involucrado se trata de un menor de edad.

Una vez que se hizo presente, el adolescente fue alojado en el Cemoas de esa misma localidad y allí continuará a la espera de disposiciones de parte del juzgado interviniente.

Choque, muerte y fuga

El hecho ocurrió el 15 de julio en horas de la siesta, cerca de las 15, sobre la avenida Papa Francisco, casi calle San Justo de Puerto Iguazú, donde Roni Gabriel Díaz da Mota (35), fue embestido y abandonado sin asistencia ya que la motocicleta Honda Tornado con dos ocupantes escapó de la escena.

Tras el impacto, el peatón que estaba yendo a trabajar alcanzó a ser trasladado al hospital Samic de Iguazú, donde permaneció internado en grave estado de salud por un severo traumatismo craneal hasta el domingo 19 a la madrugada, cuando se produjo su deceso.

Con el fallecimiento de la víctima, la causa fue recaratulada y luego de una serie de labores investigativas que permitieron identificar al sospechoso el magistrado que intervino inicialmente en la causa firmó el pedido de detención nacional e internacional para el motociclista prófugo.

Orden de captura para motociclista que chocó, mató y huyó en Puerto Iguazú

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Camionero misionero detenido por presunto rapto de una menor en Corrientes

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Es misionero el camionero detenido en Corrientes por la presunta privación ilegítima de la libertad de una adolescente de 17 años, cuya desaparición derivó en la activación del Alerta Sofía y motivó un amplio operativo de búsqueda que culminó con su hallazgo el domingo a la tarde en Paso de los Libres.

Inicialmente se informó que el implicado es oriundo de San Carlos, pero fuentes del Ministerio Público Fiscal correntino rectificaron a La Voz de Misiones que el detenido es de la localidad misionera de Montecarlo. El detenido tiene 32 años y fue identificado como Agustín Romero.

El camionero permanece detenido y hoy fue trasladado hacia Curuzú Cuatiá, donde quedó alojado en la comisaría Primera, a la espera de nuevas disposiciones por parte Oscar Cañete, fiscal de feria que instruye las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

El caso

La desaparición de la adolescente en cuestión fue advertida el viernes a la mañana y, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, ese día subió a un camión en las afueras de Curuzú Cuatiá y desde allí se dirigió hacia la zona del cruce conocido como Cuatro Bocas, ya en jurisdicción de Monte Caseros.

En ese punto, se estableció, la menor abordó un segundo camión conducido por el ahora sospechoso Agustín Romero, donde permaneció retenida durante más de 24 horas, según declaró la propia adolescente una vez rescatada.

En un momento, la investigación se centró en la localidad de Paso de los Libres debido al impacto de señales telefónicas de la menor en la zona y ante la posibilidad de un cruce ilegal a Brasil se activó de inmediato un Alerta Sofía.

Casi en paralelo, la joven logró escapar del camión sobre la ruta nacional 117 y le envió a su madre un mensaje con geolocalización que permitió su pronta ubicación.

La pesquisa se extendió unas horas más hasta dar con el camionero misionero, quien fue encontrado en una playa de estacionamiento en inmediaciones al puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas.

Dado que el predio ya había sido inspeccionado previamente por los uniformados, la fiscalía supone que el acusado intentó ocultarse en el sector tras liberar a la víctima.

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Juzgan a un albañil acusado de matar a un compañero por una deuda de $500

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El Tribunal Penal Uno de Posadas dio inicio este lunes al juicio oral contra Roberto “El Negro” Silvero (23), un albañil acusado de asesinar a puñaladas a un vecino de Candelaria por una deuda de $500.

El hecho que se ventila en debate ocurrió el 14 de noviembre de 2021, en horas del mediodía, en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde el paraguayo Luis Fernando Duarte Vázquez (23) murió como consecuencia de varias puñaladas que le perforaron tanto el pulmón como el corazón.

La instrucción de la causa, efectuada por el fiscal René Casals, sostiene que el autor del hecho fue el albañil Roberto Silvero, que ese mediodía fue al encuentro de Duarte Vázquez para reclamarle una deuda de $500 y al no obtener su dinero atacó a puñaladas a la víctima para luego escapar de la escena.

El sospechoso fue detenido horas después del hecho tras una serie de rastrillajes realizados por el personal de la Dirección Homicidios y desde ese momento se encuentra privado de su libertad.

A este juicio llega imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. El acusado es representado por el defensor oficial Miguel Ángel Varela.

En la audiencia de hoy Silvero se abstuvo de declarar, pero se leyó su versión dada en la instrucción.

En la audiencia de hoy se procedió a la lectura del auto de elevación a juicio del expediente y luego Silvero se abstuvo de declarar. Acto seguido, se leyó su versión dada en etapa de instrucción, donde alegó que la víctima lo atacó primero.

“Le veo a Luisito y le pregunto si tenía los 500 pesos para pagarme, ahí él saca un cuchillo y me ataca, no sé si estaba drogado o qué. Me corro para atrás y le corro a mi señora. Agarro una rama y le pegó. Se le cae el cuchillo, agarra una piedra como para reventarme y lo único que hago es estiro mi brazo donde tenía el cuchillo. Yo veo que él se cae, me asusto y salgo corriendo”, fueron las palabras dadas por el albañil paraguayo nacionalizado argentino. 

El debate continuará mañana con la declaración de cinco testigos, entre ellos la pareja de Silvero, quien estuvo presente al momento del hecho.

El tribunal encargado de llevar adelante el proceso es presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante). En la fiscalía interviene Vladimir Glinka.

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