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El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión

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Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.  

Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.

Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.

Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.

Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.

Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.

En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.

El Clan

El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.

Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.

De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.

Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.

Policiales

Investigan el hallazgo de un cadáver envuelto en una manta en Irigoyen

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Un cadáver en avanzado de estado de descomposición fue encontrado este martes en una propiedad rural del paraje San Sebastián, en Bernardo de Irigoyen, y los investigadores intentan establecer si los restos se corresponden a un hombre reportado como desaparecido en la vecina ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira.

Según consignaron fuentes policiales, el hallazgo se registró a las 13.25 de hoy, cuando un vecino de la zona se presentó en la comisaría local para informar que un trabajador rural había observado un cuerpo envuelto en una manta en cercanías a un alambrado del predio rural.

De inmediato, una comisión policial se dirigió al lugar y poco después constataron que efectivamente el bulto se trataba de un cuerpo sin vida.

Los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición y mediante averiguaciones trazadas posteriormente surgió la sospecha de que el cadáver corresponda a un hombre de 71 años que se encuentra en condición de desaparecido desde el 16 de diciembre del año pasado en Dionisio Cerqueira.

Mediante una revisión practicada en el lugar, el médico policial determinó que el fallecido es un hombre de entre 65 y 75 años, con uso de prótesis dental. También detallaron que el cadáver vestía pantalón azul, remera clara y ojotas negras.

Por otra parte, estimaron que la data de muerte probable sería mayor a 25 días, lo cual derivó en una descomposición severa de los restos, lo que impidió establecer a simple vista una posible causa de muerte.

Por disposición del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, se ordenó la realización de la autopsia judicial, iniciándose el correspondiente sumario, mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho.

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Policiales

Hallaron al niño de 10 años que llevaba dos días desaparecido en Posadas

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Tras un amplio despliegue desarrollado este martes, efectivos policiales dieron con Luis Alberto Maidana Díaz, de 10 años de edad, quien estaba desaparecido desde hace al menos dos días tras ausentarse del Hogar de Niños Padre Sepp, ubicado por avenida Buchardo 1548 de Posadas.

La noticia del hallazgo del menor de edad fue confirmada esta noche por integrantes del Registro de Personas Extraviadas, dependiente de la municipalidad de Posadas. Ocurrió en Garupá.

La denuncia fue radicada el pasado domingo 11 de enero y al momento de ausentarse vestía una camiseta de Boca Juniors, short de jean y zapatillas marrones. Además, Luis tiene tez trigueña, cabello negro, ojos negros, contextura delgada y mide un metro de altura.

Al ser consultados por La Voz de Misiones, desde la Dirección de Búsqueda de Personas aseguraron que, tras la denuncia, “se realizaron varias recorridas por zonas aledañas donde podría estar”, como el Parque Adam, la terminal de Posadas y avenida Quaranta y Cocomarola”.

A su vez, agregaron que varias personas y transeúntes ocasionales “concordaban en que vieron un chico de similares características al desaparecido, pero nadie pudo afirmar que se trate de él”.

Para finalizar, remarcaron que el operativo de búsqueda para este caso era de máxima prioridad y solicitaban colaboración de la comunidad para aportar información valiosa.

Afortunadamente, todo el operativo se desactivó minutos antes de las 00, cuando se reportó el hallazgo del niño.

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Judiciales

La Corte Suprema ratificó en 2021 la destitución de José Reyes como juez

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José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.

En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.

La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos  por Reyes en su escrito.

La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.

De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.

El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.

Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.

Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.

Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón. 

Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción

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