Policiales
El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión
Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.
Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.
El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.
Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.
Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.
Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.
En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.
El Clan
El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.
Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.
De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.
La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.
Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.
En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.
En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.
La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.
Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.
Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.
Dos jóvenes resultaron heridos hoy a la madrugada tras ser baleados por un motociclista frente a un kiosco 24 horas en Puerto Iguazú y uno de ellos continúa internado, en tanto que agentes policiales realizan averiguaciones para dar con el autor del hecho.
De acuerdo a lo consignado por la Policía de Misiones, todo ocurrió esta madrugada, minutos antes de las 3.30, cuando un desconocido a bordo de una motocicleta Honda Wave se acercó a un kiosco ubicado en la intersección de la avenida 9 de Julio y calle Caña Fístola, desde donde abrió fuego en al menos seis oportunidades.
Según las primeras averiguaciones, el blanco del ataque fue Javier A. (27), aunque los disparos también alcanzaron a Marcelo P. (21), y ambos resultaron heridos.
Los dos jóvenes fueron trasladados de urgencia al hospital Samic, donde se constató que el mayor de los pacientes presentaba dos balazos localizados en la zona abdominal y en la espalda, por lo que debió ser operado.
El menor de los heridos, por su parte, presentaba una herida de arma de fuego en el muslo derecho, lesión que no ponía en riesgo su vida.
Por estas horas, investigaciones de la Unidad Regional V continúan realizando averiguaciones y analizando cámaras de seguridad en busca de pistas que permitan identificar al autor del ataque, que después del hecho se dio a la fuga.
Un hombre de 35 años fue detenido anoche por efectivos de la Unidad Regional XIV, durante un operativo y una serie de tareas investigativas, tras la denuncia de un ataque con arma blanca que dejó a dos personas gravemente heridas.
La captura se concretó alrededor de las 22, en la intersección de las calles San Juan y 9 de Julio, en el barrio Hospital de San Pedro, cuando el agresor se presentó en el lugar donde se encontraba su ex pareja, una joven de 22 años, quien estaba acompañada por otro hombre de 43 años.
En circunstancias que son materia de investigación, el atacante los agredió con un arma blanca, provocándoles lesiones de gravedad a ambos.
Una vez detenido, fue trasladado para su examen médico de rigor y posteriormente alojado en una dependencia policial, donde permanece a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente.
Las víctimas fueron derivadas al hospital Samic de San Vicente, donde recibieron atención especializada debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.
De acuerdo con los informes médicos, la mujer presentó una perforación pulmonar que requirió una intervención quirúrgica, mientras que el hombre sufrió una herida punzocortante en la zona abdominal con compromiso interno. Ambos permanecen bajo observación médica.
La Policía también recepcionó las denuncias correspondientes y avanzó con las actuaciones de rigor. La investigación continúa bajo supervisión judicial para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.
Un hombre de 29 años fue detenido ayer en Eldorado en el marco de una investigación por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (Masi), causa que se inició a partir de reportes emitidos por un organismo internacional especializado en la detección de delitos contra niños y adolescentes en entornos digitales.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción Dos local y se concretó mediante un allanamiento realizado en la vivienda del sospechoso, identificado como Alexander D. Z., de profesión barbero.
La pesquisa se originó tras la recepción de doce reportes emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), entidad que colabora con autoridades de distintos países en la detección de casos vinculados a la explotación sexual infantil a través de internet.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares que serían utilizados por el acusado. De acuerdo a fuentes ligadas a la investigación, especialistas de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Ministerio Público, realizaron tareas de análisis forense digital y verificación de datos técnicos que permitieron vincular los dispositivos con la información contenida en los reportes internacionales incorporados al expediente.
Según la investigación, el detenido utilizaba distintas cuentas de correo electrónico y perfiles en redes sociales, algunas registradas con identidades de terceros, con el objetivo de dificultar su identificación. Además, se estableció que cambiaba frecuentemente de usuarios y cuentas en diversas plataformas digitales.
La actividad bajo investigación habría sido detectada en servicios como WhatsApp, Instagram, Facebook y Google, donde presuntamente se compartían archivos relacionados con material de abuso sexual infantil.
Del allanamiento también participaron efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía de Misiones y personal de la Unidad Regional III de Eldorado, que brindaron apoyo durante el procedimiento.
Los teléfonos secuestrados fueron enviados a la Saic para la realización de nuevas pericias informáticas, mientras que la causa continúa bajo secreto de sumario. Fuentes judiciales indicaron que no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.
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