Policiales
El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión
Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.
Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.
El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.
Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.
Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.
Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.
En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.
El Clan
El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.
Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.
De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.
La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.
Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.
En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.
En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.
La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.
Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.
Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.
Una mujer de 36 años fue detenida esta madrugada en Jardín América, acusada de apuñalar gravemente a su pareja, de 31, que permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y estado crítico.
De acuerdo al informe emitido por la Policía, el hecho de violencia se conoció esta madrugada, pasada la medianoche, cuando el herido llegó pidiendo ayuda a la casa de su madre en el barrio Lomas de Jardín.
El hombre, identificado como David Alejando A. (31), manifestó que minutos antes tuvo una discusión con su pareja, Otilia A. (36), hasta que la mujer lo atacó con un cuchillo, provocándole lesiones cortantes en varias partes del cuerpo.
El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local por bomberos voluntarios y más tarde fue derivado al hospital Madariaga de Posadas para recibir atención de mayor complejidad.
En el nosocomio se constató que el paciente presentaba heridas de arma blanca en regiones del tórax y abdomen. Debido a la gravedad de su cuadro, el hombre quedó internado en terapia intensiva, con respiración mecánica asistida y pronóstico reservado.
En paralelo, los efectivos de la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IX activaron un operativo de búsqueda y detuvieron a la sospechosa, quien ahora se encuentra a disposición de la Justicia y su situación penal dependerá de la evolución médica de su pareja.
Una mujer de 33 años fue detenida en Apóstoles, acusada de desviar unos 140 millones de pesos mediante maniobras fraudulentas contra inquilinos de un edificio céntrico. El procedimiento fue realizado este viernes por la Policía de Misiones, que además secuestró dispositivos electrónicos clave para la investigación.
La causa se inició a partir de la denuncia de la propietaria de un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y Colón. Según expuso, su secretaria habría estado cobrando a los inquilinos montos superiores a los establecidos en los contratos de alquiler, quedándose con la diferencia.
De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, la sospechosa implementó un mecanismo sostenido en el tiempo: exigía pagos inflados, retenía el excedente y luego lo transfería a cuentas propias y también a nombre de su pareja. A través de esta operatoria, habría acumulado una suma cercana a los 140 millones de pesos.
En ese marco, este viernes a la mañana, efectivos de la comisaría Primera de la Unidad Regional VII, con apoyo de la División Cibercrimen, allanaron una vivienda del barrio Cruz del Gallo. Allí fue detenida la acusada, identificada como Yésica Romina M. (33).
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a pericias con el objetivo de profundizar la investigación y determinar el circuito del dinero.
La detenida quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría, que ordenó las medidas y continúa con las actuaciones para establecer el alcance total de la maniobra y la posible participación de otras personas.
A 20 días de la desaparición de 23 perros en la localidad de Guaraní, organizaciones proteccionistas anunciaron una recompensa de $1.000.000 en efectivo para quien aporte información “precisa y comprobable” sobre el paradero de los animales.
El caso se originó tras la intervención en una vivienda donde se encontraban varios perros, luego del fallecimiento de su propietaria. En ese procedimiento, al menos 23 canes fueron retirados del lugar por la Municipalidad.
Desde entonces, no hubo información oficial sobre el destino de los animales, ni sobre las condiciones en las que fueron trasladados. La falta de precisiones derivó en denuncias por presunto maltrato animal y en una investigación judicial en curso, que tiene en el centro de la polémica al intendente Miguel Ángel Vargas.
En las últimas horas se realizaron allanamientos que no arrojaron resultados positivos, según indicaron las asociaciones denunciantes “Patitas Felices” y “Huellitas del Monte”. “Se cumplen 20 días desde la desaparición de los 23 perros de Guaraní. 20 días de silencio. 20 días sin respuestas”, señalaron a través de un comunicado.
Ante la situación, las proteccionistas decidieron elevar de $600.000 a $1.000.000 la recompensa y garantizaron “absoluta confidencialidad” para quienes brinden datos. “Alguien sabe. Alguien vio. Alguien estuvo”, afirmaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de esclarecer lo ocurrido.
“Si fueron trasladados, queremos saber dónde están. Si se tomó otra decisión, queremos la verdad”, expresaron, y remarcaron que continuarán con los reclamos hasta obtener respuestas.
En ese contexto, vecinos y referentes de protectoras de animales se manifestaron ayer frente al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, donde se tramita la causa por presunto maltrato animal.
La convocatoria se realizó para exigir el pronto esclarecimiento del caso, que tiene como principal señalado al intendente de Guaraní, a raíz de la viralización de un video en el que menciona que trasladaría a los animales “a la perrera… digamos nomás” y luego agrega que los llevaría “no sé adónde… pero lejos”, lo que generó dudas sobre el destino de los canes y derivó en cuestionamientos.
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