Policiales
El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión
Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.
Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.
El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.
Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.
Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.
Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.
En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.
El Clan
El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.
Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.
De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.
La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.
Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.
En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.
En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.
La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.
Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.
Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.
A una semana del crimen, la madre del Afredo Wiebel (48), el empresario y piloto de automovilismo asesinado a balazos en Puerto Iguazú, emitió un comunicado en redes sociales para responder a la despedida de su hijo que realizó la compañía vinculada al presunto homicida y para solicitar que no se “desdibuje la verdad”.
“Como madre de Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, me veo en la dolorosa obligación de salir públicamente a desmentir el comunicado difundido por Echeverría y Asociados S.R.L.., en el que se afirma que mi hijo falleció “de manera repentina”, introduce el extenso comunicado que fue difundido en las últimas horas.
En ese marco, la madre del piloto responde de manera contundente: “Alfredo no tuvo una “muerte repentina”. Alfredo fue asesinado”.
A continuación, el comunicado hace referencia al examen de autopsia, pericia que confirmó que Wiebel no solo sufrió un disparo, sino que recibió un total de cinco, de los cuales cuatro fueron “mortales”, y también apunta a Ángel Ramón Zalazar (82), padre de la ex pareja del piloto y único sospechoso del crimen.
“La investigación judicial cuenta además con importantes elementos de prueba”, advierte el texto y desarrolla que “existen testigos que se encontraban en el lugar donde ocurrió el hecho, se han incorporado registros y otras evidencias a la investigación, una pistola calibre 9 milímetros, además de prendas de vestir, elementos actualmente sometidos a las pericias correspondientes”.
La madre de la víctima admite que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades del caso, pero considera necesario responder al comunicado de Echeverría y Asociados S.R.L. y con ese objetivo insiste: “Mi hijo no murió inesperadamente por una enfermedad, un accidente o una causa natural. A ALFREDO Lo mataron de cinco disparos”.
“Como madre, me resulta profundamente doloroso que una empresa vinculada a personas directamente relacionadas con los hechos investigados hayan elegido comunicar públicamente que Alfredo simplemente falleció “de manera repentina”, omitiendo por completo que fue víctima de un homicidio y que existe una investigación penal en curso con una persona detenida e imputada”, agrega.
Y cierra: “Tampoco voy a permitir que, mediante palabras cuidadosamente escogidas, se desdibuje la verdad sobre la forma en que murió mi hijo. Alfredo merece respeto. Sus hijos y su familia merecen respeto. Y su memoria merece que se diga la verdad”.
El crimen
El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.
En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.
Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.
El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad. El hombre continúa internado con custodia policial y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si puede comparecer en indagatoria.
La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se suma al hecho de que la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida.
Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.
Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.
Un hombre de 40 años que volaba con un ala delta sobre Posadas falleció al impactar con cables del tendido eléctrico y precipitarse al vacío en una zona rural conocida como paraje Ojo de Agua.
El trágico episodio ocurrió este jueves a la tarde y el fallecido fue identificado como Alexander Koch (40), cuyo cuerpo fue hallado carbonizado junto a los restos de la aeronave motorizada y fue trasladado a la morgue para ser sometido a un examen de autopsia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la madre de la víctima, una mujer de 70 años, relató que su hijo utilizaba por primera vez el equipo y que, tras recorrer unos 250 metros de vuelo, impactó contra unos cables de tendido eléctrico y luego se precipitó contra el suelo en un sector de pastizales.
En la escena del hecho trabajó el personal de la División Científica, bomberos, operarios de Energía de Misiones y el médico policial de la comisaría Decimoquinta, dependencia con jurisdicción en el lugar.
El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.
Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.
En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.
El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.
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