Policiales
El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión
Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.
Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.
El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.
Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.
Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.
Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.
En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.
El Clan
El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.
Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.
De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.
La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.
Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.
En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.
En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.
La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.
Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.
Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.
Policiales
Madre del soldado Mauro Ramírez: “La Justicia no me va a torcer el brazo”
“La Justicia no me va a torcer el brazo”, con esa convicción como ímpetu y fuente de energía, Susana Pintos volvió a Posadas en el marco de un nuevo aniversario de la muerte de su hijo, el soldado Mauro Ramírez (22), registrada hace 23 años en el Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, y reclamó que el juez encargado de impulsar la causa tras su reapertura convoque a indagatoria a dos militares bajo sospecha.
“Acá estamos, resistiendo. Cada vez se hace más difícil porque es incomprensible el retardo de justicia que tiene la causa de mi hijo, pero seguiré luchando y golpeando puertas hasta que se haga justicia”, expresó Pintos desde la plazoleta de la avenida Mitre, frente a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
Como prácticamente todos los años, esta madre chaqueña llegó hasta ese punto para colocar una ofrenda floral y una bandera argentina sobre la placa que recuerda a su hijo, cuya muerte en un principio fue concluida como suicidio por la justicia provincial pero su incesante lucha logró revertir cada uno de los intentos de dar por cerrada la causa y avanzar 20 años después en un posible caso de violencia institucional.
El expediente fue reabierto en 2016 a partir de un dictamen emitido por la Procuraduría General de la Nación y quedó en manos del magistrado Miguel Ángel Guerrero, titular del Juzgado Federal de Eldorado, quien tiempo después rechazó el llamado a indagatoria de dos militares que impulsa la querella que representa a Pintos y encabeza el letrado Gabriel Jarque.
A ese rechazo, la querella apeló y consiguió, mediante una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que el juez cumpla con el llamado a indagatoria, aunque esa medida se dilata.

Pintos viene todos los años desde Chaco para recordar a su hijo y mantener vigente el pedido de justicia.
Dilaciones
“Él -por Guerrero- no está atendiendo al pedido hace seis meses. En diciembre de 2025 la Cámara le ordenó al juez Guerrero que investigue como corresponde y no lo hace. Está dilatando más de lo que corresponde. Hemos presentado un montón de escritos tanto al juez como a la Cámara federal y la Cámara nos dio lugar, pero el que no da respuestas es Guerrero. Está entorpeciendo la causa y no sé porque se está encaprichando en no querer resolver la causa de mi hijo“, apuntó Pintos, que vino acompañada por una comitiva integrada por legisladores y militantes chaqueños.
Y añadió: “Esto es irracional. Es una injusticia. Hacer penar a una familiar por los pasillos judiciales es lo más triste que hay. Yo encima tengo que venir de otra provincia y es muy difícil porque los años pasan y la salud tampoco es buena, pero voy a seguir resistiendo. Es mi hijo”.
Sospechas
La muerte de Ramírez fue reportada el 26 de junio de 2003, a las 10 de la mañana. Su cuerpo sin vida, con un disparo en el pecho, fue hallado frente a una garita del destacamento del Ejército Argentino en Apóstoles.
Susana nunca creyó en la teoría de un suicidio y más bien cree que fue fusilado o al menos inducido a esa drástica decisión. La querella centra sus sospechas Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida, quienes compartieron el cambio de guardia con Ramírez aquel 26 de junio.
“Tenemos un cuadro de situación que muestra que Ramírez no se suicidó y que estas dos personas estuvieron con él en el cambio de guardia, que inmediatamente después se produjo el disparo y ese disparo fue el que acabó con la vida del soldado. Entonces ellos tienen que dar explicaciones de lo que pasó en ese momento y, eventualmente, cómo pasó”, explicó en su momento Jarque, abogado querellante.
Pintos, por su parte, hizo un pedido aún mayor: “Yo pido a los testigos y a la gente que estuvo ese momento que hablen para que no sigan manchados todos aquellos que no tuvieron nada que ver, porque hoy en día están todos manchados, por ocultamiento, por omisión”.
Insisten en indagatorias para dos militares por la muerte de Mauro Ramírez
Policiales
Se descompensó en la vía pública y falleció tras ingresar al hospital Madariaga
Un hombre fue asistido por una ambulancia tras desvanecerse en la intersección de las calles Colón y Sarmiento, desde donde fue trasladado hasta el hospital Ramón Madariaga y falleció pese a los esfuerzos médicos.
El hecho se registró alrededor de las 19, de este jueves, cuando un llamado de emergencia al 911 alertó sobre la presencia de un hombre identificado como José González, de 46 años de edad, tendido sobre la vía pública.
Inmediatamente fue llevado al centro de salud, donde ingresó al sector de emergencias con signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación, falleció en las últimas horas por causas que aún se investigan.
Ante la intervención judicial, efectivos de la Comisaría Primera, el médico policial y la Dirección General de Policía Científica realizaron las actuaciones de rigor tanto en el hospital como en el marco de la investigación.
Por disposición del magistrado interviniente fue ordenada la autopsia para establecer con precisión las causas del deceso.
Hombre hallado sin vida en el polideportivo de la 32-33 murió por hipotermia
Policiales
Niño de 1 año se ahogó en un tambor en su casa de Puerto Iguazú
La Policía investiga la muerte de un niño de 1 año que esta tarde se ahogó en un tambor de agua en su casa de Puerto Iguazú mientras se encontraba al cuidado de su madre y de una amiga de ella.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el trágico episodio ocurrió en un inmueble ubicado en el barrio 1° de Mayo de Puerto Iguazú, donde una joven alertó sobre el fallecimiento de su bebé Erik Kels, de un 1 año.
Ante las primeras averiguaciones practicadas por la Policía, la muchacha afirmó que ella se encontraba cocinando junto a una amiga y durante al menos unos diez minutos perdieron de vista al niño hasta que lo encontraron semi sumergido en un tambor cortado a la mitad que era utilizado para almacenar agua en el patio trasero.
El niño alcanzó a ser trasladado hacia el hospital local aunque desafortunadamente nada se pudo hacer para revertir su estado. El médico policial diagnosticó una muerte por ahogamiento.
En la escena del hecho trabajó el personal de la División Científica, quienes realizaron peritajes en el lugar, labores que permitirán esclarecer las circunstancias del suceso.
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