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El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión

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Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.  

Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.

Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.

Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.

Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.

Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.

En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.

El Clan

El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.

Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.

De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.

Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.

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Policías vendían armas por Whatsapp y cayeron junto a un cómplice en Alem

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Una investigación interna dispuesta por la Jefatura de Policía de Misiones terminó con la detención y el pase a disponibilidad de dos cabos de la fuerza, acusados de vender armas con la participación de un adolescente de 17 años que actuaba como intermediario para la comercialización ilegal en grupos de compra y venta de WhatsApp.

La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional VI de Alem llevó adelante la pesquisa y, en los últimos días, reunió indicios sobre la actividad ilegal que habrían ejercido los policías. Con esos elementos, la jueza Selva Raquel Zuetta, a cargo del Juzgado de Instrucción Cinco, ordenó el operativo de captura de los dos sospechosos, que se concretó anoche.

Para las 21, los investigadores interceptaron a Manuel Sebastián D. (31) y Elías R. (24), ambos con el grado de cabo, en inmediaciones del cementerio de Dos Arroyo. Los sospechosos se desplazaban en un Toyota Corolla y, al notar la presencia policial, intentaron huir, pero fueron rápidamente alcanzados y reducidos.

También fue demorado un adolescente de 17 años que los acompañaba, quien actuaba como intermediario en la venta ilegal de armas, gestionando contactos mediante un grupo WhatsApp dedicado a la compra y venta.

Durante el procedimiento se secuestró una escopeta Itaca calibre 12/70, otra escopeta calibre 16, una pistola 22, un revolver calibre 38 y otra arma calibre 22, y cartuchos de distintos calibres. Además, se incautó las armas reglamentarias de ambos policías y cuatro celulares, que serán sometidos a análisis pericial.

Mientras la investigación y causa penal avanza en el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, la Jefatura de Policía ordenó el inicio inmediato de las actuaciones administrativas para establecer el origen del armamento, determinar responsabilidades y formalizar el pase a disponibilidad de los efectivos implicados.

Según fuentes de la investigación, no se descarta que surjan nuevas medidas a partir de las pericias en los teléfonos secuestrados.

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Investigan si un joven mató a su suegra y arrojó el cadáver a una letrina

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El cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición fue encontrado esta tarde en el fondo de la letrina de una casa en la chacra 101 de Posadas y en averiguación de un posible femicidio la Policía detuvo a un yerno de la fallecida.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hallazgo del cuerpo ocurrió esta tarde, cerca de las 16, en una vivienda ubicada sobre la calle Semilla y calle 82, a pocas cuadras de la avenida Chacabuco.

En una letrina ubicada en la parte posterior de esa vivienda el personal de la comisaría Decimoséptima dio con el cuerpo de una mujer identificada como Liliana Beatriz Cabrera (50).

Según describieron, el cadáver ya se encontraba en avanzado estado de descomposición y apenas fue extraído fue trasladado a la morgue judicial, donde será sometido a un examen de autopsia para determinar la causa de muerte y otras precisiones clave para esclarecer lo sucedido.

En paralelo, el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, presente en la escena del hallazgo, ordenó la detención preventiva de un yerno de la víctima como posible sospechoso de femicidio.

El joven puesto bajo la lupa fue identificado como Alexander Dionel A. (22), quien ahora permanece a disposición de la Justicia y su futuro depende del avance de la investigación.

El lugar fue absolutamente preservado para que el personal de la Dirección Criminalística se encarga de las correspondientes pericias de rigor.

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Grooming en Garupá: excarcelaron a un policía y quedan cuatro detenidos

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El sargento Mario Enrique M. (43), uno de los dos policías detenidos en el marco de la causa por grooming que se inició a mediados de octubre con el rescate de una niña de 12 años que estaba cautiva en una fábrica abandonada de Garupá, fue excarcelado este mediodía y continuará el avance de la investigación en libertad, mientras su defensa trabaja en busca de la falta de mérito y sobreseimiento definitivo.

Mario M. es el segundo implicado en recuperar la libertad, ya que a fines de noviembre había sucedido lo mismo con el gomero Matías C. (19), ante lo cual son cuatro los sospechosos que continúan detenidos y comprometidos con las pruebas recabadas hasta el momento.

El sargento fue excarcelado bajo caución juratoria y mientras siga supeditado a la causa deberá cumplir determinadas reglas conductas entre las que sobresale una restricción de acercamiento al hogar Papa Francisco, lugar del cual escaparon las dos niñas que dispararon la investigación. Tampoco podrá salir del país, salvo autorización judicial.

La medida fue firmada por el magistrado Fernando Verón, que intervino en el expediente en su carácter de titular subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

“Sabíamos de su inocencia”

Consultado sobre la medida a favor de su cliente, el letrado Nicolás Emanuel Zayas expresó que “desde la defensa estamos contentos por la alegría de Mario y de su familia, que estuvieron estoicos desde el día uno”.

“Nosotros desde el comienzo ofrecimos pruebas y líneas de investigación. También vimos las medidas que pedía el juez, las analizamos y al detectar que no habían indicios de delito que vinculara a nuestro cliente sabíamos de entrada la inocencia del sargento. Era cuestión de tiempos que la Justicia avanzara y ratificara nuestros planteos que hoy resultan en su puesta en libertad”, desarrolló en diálogo con La Voz de Misiones. 

En esa línea, Zayas precisó que continuarán a “disposición del juzgado para colaborar y cumplir con las medidas dispuestas”, al tiempo que “trabajaremos en la falta de mérito y sobreseimiento”.

El abogado defensor consideró que “al no existir prueba no amerita siquiera una elevación a juicio. Confiamos en el accionar del fiscal Juan Pablo Espeche (de Ciberdelitos) y Amalia Spinatto (de Instrucción Uno)”.

El sargento Mario M. había sido uno de los primeros detenidos en la causa que se inició el 14 de octubre pasado, cuando la Policía, junto a la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), logró rescatar a una niña de 12 que había escapado del hogar Papa Francisco de Garupá y fue tomada cautiva en una fábrica abandonada del barrio Ñu Porá.

Sin embargo, el agente policial que fue arrestado en su propio lugar de trabajo insistió en su inocencia desde el comienzo y ya en el primer llamado a declarar se desligó de los hechos.

La causa

Diferente es la situación de Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y Cristian Rolando M. (38), este último también agente policial, dado que ellos continúan detenidos a disposición de la Justicia.

La hipótesis del caso es que una de las niñas del hogar Papa Francisco fue contactada por Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.

La invitación se extendió hacia otra menor, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en ese predio abandonado y sórdido descubierto ese 14 de octubre pasado.

Las pistas condujeron la pesquisa hacia el predio de la ex firma Envasadora Misionera en Ñu Porá, arrestaron a tres de los sospechosos y también encontraron a la niña que estaba desaparecida.

La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados, describieron las fuentes consultadas en su momento.

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