Policiales
El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión
Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.
Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.
El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.
Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.
Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.
Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.
En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.
El Clan
El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.
Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.
De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.
La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.
Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.
En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.
En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.
La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.
Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.
Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.
Policiales
Rescataron a una mujer que era asfixiada por su pareja en Oberá
Un hombre de 67 años fue detenido el miércoles por la noche en Oberá luego de que efectivos policiales ingresaran a una vivienda tras un pedido de auxilio y lo encontraran con un pie sobre el cuello de su pareja, una mujer de 33 años que además presentaba golpes en el rostro.
El episodio ocurrió cerca de las 21, en un domicilio ubicado sobre calle Río Bermejo. Según informó la Policía, una patrulla acudió al lugar luego de recibir un pedido de auxilio.
Al ingresar a la vivienda, los uniformados escucharon gritos y encontraron a Pablo B. (67) ejerciendo violencia sobre su pareja. Ante la situación, intervinieron de inmediato y detuvieron al hombre.
La víctima fue puesta bajo resguardo y trasladada hasta la Comisaría de la Mujer, donde recibió asistencia junto a profesionales de la Línea 137.
El procedimiento formó parte de una serie de intervenciones realizadas por la Policía durante las últimas 24 horas por distintos hechos de violencia registrados en la provincia, que derivaron en detenciones por agresiones, amenazas y resistencia a la autoridad.
Más violencia en Posadas
En Posadas, en tanto, una mujer solicitó ayuda policial luego de advertir que su madre, de 58 años, había sido agredida por su pareja, en un domicilio situado sobre avenida Chacabuco.
La víctima manifestó posteriormente que los episodios de violencia se repetían desde hacía años y que, por temor, nunca había realizado una denuncia.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, Gabriel S. intentó escapar por las inmediaciones de la vivienda. Tras ser alcanzado, reaccionó violentamente y arrojó palos y sillas contra los policías, además de lanzar golpes de puño, intentar morderlos y escupirlos mientras los amenazaba.
Finalmente, fue reducido mediante el uso de la fuerza mínima indispensable y quedó detenido a disposición de la Justicia.
Durante esa intervención, dos policías resultaron lesionados: uno sufrió una contusión en la cabeza y otro presentó traumatismos en el rostro y la zona periocular.
En ambos casos se activaron las medidas correspondientes para el resguardo y asistencia de las víctimas, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.
Judiciales
Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños
Cinco testigos declararon hoy en la tercera audiencia del juicio oral para esclarecer el crimen del kiosquero Cristian Díaz (34), hecho por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños sentados en el banquillo de los acusados, y la etapa de incorporación de pruebas culminará mañana, tras lo cual se dará inicio a la ronda de alegatos.
Entre los testigos del día estuvieron Celeste Soto, viuda de Díaz, como así también una vecina, un taxista y dos comisarios que intervinieron en la pesquisa que permitió dar con los ahora imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes enfrentan una acusación por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Soto fue la primera en pasar a la sala de debates del Tribunal Penal Dos de Posadas y ante los magistrados contó que en la madrugada del hecho ella estaba mirando tele mientras su marido atendía el kiosco que tenían en su casa ubicada en la chacra 94 del barrio Yacyretá.
La viuda señaló que, si bien no alcanzó a ver nadie, sí escuchó que poco antes del ataque oyó que su marido “estaba hablando como en broma en portugués”. Al mismo tiempo, negó que clientes brasileños hayan ido a su comercio días antes del crimen como afirmaron los sospechosos en sus declaraciones dada en instrucción.
En segundo turno declaró Patricia Galeano, una de las vecinas que llegó a aportar datos que fueron clave para la detención de los extranjeros. “Yo ya estaba en mi casa y escuché los tiros. Después vi que dos personas pasaron corriendo y se subieron a un auto blanco”, recordó.

El Duna blanco con luces rotas fue captado por cámaras del 911 y más tarde localizado en el barrio Luis Piedrabuena.
El Duna y el “búnker”
Ese auto se trataba de un Fiat Duna blanco, con luces rotas tanto adelante como atrás, detalles particulares que permitieron ubicarlo en cámaras de seguridad y llegar hasta una casa del barrio Luis Piedrabuena donde los presuntos sicarios se alojaron cinco días del ataque.
Sobre ese mismo punto fueron interrogados los comisarios Oscar Sánchez y Antonio Comes. El primero de ellos era jefe de la comisaría Sexta, dependencia donde Guimaraes Da Silva estuvo preso inicialmente y se hizo viral por un video filmado desde su celda, episodio que derivó en el desplazamiento de la cúpula.
Sánchez recordó como jefe de la seccional arribó a la escena del hecho y participó de la primera toma de testimoniales con vecinos del barrio, instancia en la que le comentaron que después de los tiros vieron a dos personas correr del lugar y describieron que “uno era más bajito y el otro más alto”, contexturas que coinciden con los imputados.
Comes, ex jefe de la Dirección Homicidios, por su parte, resaltó que el dato del Fiat Duna blanco fue trascendental. Gracias a la descripción del vehículo, agentes del 911 lograron ubicarlo cruzando la avenida Quaranta en dirección hacia el barrio Luis Piedrabuena, donde tras un seguimiento encubierto descubrieron el momento exacto en que los sospechosos tomaron un taxi en dirección a la terminal.
“Estaban en una casa que era conocida como un búnker por los vecinos. Era un inmueble de dos plantas, semiabandonado”, describió Comes en referencia a la propiedad que pertenecía a Héctor Rodríguez, alias Leche, sindicado como el hombre que hospedó y ejerció como chofer de los presuntos de sicarios con su Fiat Duna.
“Lo seguí en mi auto y en la terminal los identificamos. Ahí quedaron detenidos. El más alto de ellos estaba más nervioso”, recordó Comes sobre la detención de los sospechosos, quienes ya tenían un pasaje rumbo a Santo Tomé para desde ahí regresar a su país.

El debate se realiza en el Tribunal Penal Dos de Posadas.
Cierre y alegatos
Como ocurrió en la primera audiencia, el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de tres testigos que estaban citados, entre ellos uno de identidad reservada.
Para mañana, en tanto, queda pendiente la recepción de los dos últimos testimonios. Se trata de una pareja que residía en el barrio Yacyretá pero que hoy no comparecieron y a pedido del tribunal se profundizará en la localización de ambos para llevarlos a declarar. Después de ello se dará inicio a la ronda de alegatos.
El debate se realiza en el TP Dos de Posadas, bajo la presidencia del magistrado César Yaya y el acompañamiento de Martín Rau y Gregorio Busse como vocales.
Cristian Díaz fue acribillado en la madrugada del 8 de mayo de 2022. Sus asesinos se presentaron en su kiosco de bebidas y lo ejecutaron de seis balazos. Uno de los proyectiles quedó alojado en su cerebro.
Los imputados admiten su presencia en la escena del hecho, pero niegan el crimen. En una declaración dada en instrucción, Weslley De Olveira Silva sostuvo que ellos fueron a comprar bebidas y en el kiosco había otra persona que abrió fuego contra la víctima.
Si bien no llegó a acreditarse, una hipótesis del caso es que detrás del crimen hay trasfondo vinculado al narcotráfico y que los ciudadanos oriundos de Porto Alegre son asesinos a sueldo que pertenecen a la organización criminal brasileña Bala Na Cara.
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
Judiciales
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
Siete disparos en total. Seis en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza de la víctima. Ese fue el “escenario balístico” que esta mañana describieron los peritos de criminalística que intervinieron en la escena del crimen del comerciante Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas y por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños que desde hoy afrontan un debate oral.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes están acusados de llegar al kiosco de Díaz como clientes y al ser atendidos abrir fuego sin mediar palabras. Los dos enfrentan cargos por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El debate oral comenzó esta mañana en el Tribunal Penal Dos de Posadas, donde los imputados oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización Bala Na Cara, se abstuvieron de declarar y oyeron el avance del proceso conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real aportado por la Universidad Católica de las Misiones (Ucamis), en tanto que en una sola contigua también había una perito intérprete siguiendo cada minuto.
Para la fecha había siete testigos citados, aunque el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de cuatro de ellos para concentrarse únicamente en el “eje en contradicción”.
“Los imputados no niegan su presencia en la escena del hecho, niegan el crimen, entonces decimos avanzar con los testigos que interesan para tratar los puntos que están en discusión”, explicó Glinka ante los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse.
Bajo esa premisa, los testigos que sí pasaron a declarar fueron un médico y dos Licenciados en Criminalística de la Policía de Misiones, con quienes las partes ahondaron sobre el escenario del crimen, las primeras actuaciones y pericias.

Los brasileños siguen el debate conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real.
Acribillado
El testimonio más sustancioso fue dado por el perito Jeremías Serrizuela, quien brindó detalles sobre las evidencias encontradas en el kiosco que Díaz tenía en su casa ubicada en la esquina de las calles 74 y 95, en la chacra 94, en pleno barrio Yacyretá.
Serrizuela precisó que las evidencias recolectadas dieron cuenta de un total de siete disparos, uno de los cuales impactó en un estante del kiosco y los otros seis dieron en el cuerpo de la víctima.
El perito también hizo un análisis de distancias, trayectorias y ubicación de las vainas servidas a partir de lo cual reconstruyó: “El primer tiro fue desde afuera y pegó en un estante. Después, el tirador ingresó el arma por la venta y continuó disparando. La víctima estaba estaba acostada al momento de recibir los seis disparos. Posiblemente se cayó después del primer disparo porque estaba de ojotas y medias en un piso muy resbaladizo. Es decir, se cayó y fue rematado boca arriba”.
Previo a Serrizuela pasó su colega Andrea Strocen Schelske, quien desarrolló sobre las pericias tendientes a dar con residuos de disparos en las prendas incautadas y afirmó que en las dos camperas (una del club Gremio) secuestradas en poder de los detenidos hubo resultados positivos, como así también el automóvil utilizado para llegar y escapar de la escena del crimen.
El médico Nelson Orlando Fernández, por su parte, repasó cada una de las heridas de arma de fuego y precisó que la lesión mortal fue dada por “un proyectil que ingresó por el cuello y quedó alojado en el cerebro”.

Los extranjeros fueron atrapados menos de un día después, cuando estaban a punto de volver a Brasil en colectivo.
La versión de Weslley
Como los dos imputados optaron por no declarar en el inicio del debate, el tribunal solicitó que se de lectura a las declaraciones brindadas en la etapa de instrucción, instancia en la que ambos negaron ser los autores del crimen.
Weslley De Olveira Silva, sindicado como el tirador, contó que en Florianópolis había conocido a una joven argentina con quien luego mantuvo contactos por redes y decidió venir a “visitarla”, aunque decidió no dar el nombre de esa presunta chica para “resguardarla”.
En su relato, señaló que le pidió a su amigo Gabriel que lo acompañe y poco después de llegar a la terminal de Posadas se sentaron en un bar de la zona donde conocieron a una persona de nombre “Yona”, a quien le ayudaron a empujar un auto Fiat Duna con desperfectos.
“Lo ayudamos y le comentamos que buscábamos un lugar donde alojarnos. Ahí él nos invitó a quedarnos en su casa, que solo teníamos que pagarnos nuestra comida”, declaró en aquella oportunidad Weslley.
El brasileño contó que en la casa de ese sujeto se quedaron varios días y casi todas las noches iban al kiosco de Díaz a comprar bebidas. Lo mismo dijo que hicieron ese 8 de mayo de 2022, aunque todo salió mal: “A las 2 fuimos de nuevo porque queríamos seguir bebiendo y al llegar al kiosco había un hombre con capucha y barbijo. El dueño se apareció con un arma y esa otra persona sacó otro arma y empezó a disparar. Nosotros con mi amigo corrimos al auto de Yona y nos escapamos”.
Esa persona que los imputados identifican como Yona sería Héctor Rodríguez, más conocido como Leche, sindicado en la causa como la persona que brindó logística, recursos y hospedaje a los extranjeros, aunque nunca fue localizado.

El tribunal está integrado por los jueces Martín Rau, César Yaya -presidente- y Gregorio Busse.
La trama narco detrás
En el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Patricia Clérici se desliza como hipótesis que los implicados fueron contratados para concretar el crimen de Díaz en represalia a una carga de marihuana que le atribuyen a Leche y que fue incautada por Gendarmería.
Sin embargo, en el mismo documento se aclara que “no hubo elementos que acrediten que Leche era el dueño de la carga, ni que Díaz se dedicara a otra cosa que no sea su kiosco”. Asimismo, señala que tampoco se pudo identificar a un posible “autor intelectual” del crimen.
En contrapartida, lo que sí quedó claro para Clérici es que los imputados actuaron de manera coordinada y agredieron por sorpresa a la víctima, sin darle posibilidad de defensa. Por eso la imputación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”.
El debate continúa mañana con más testigos y podría prolongarse a lo largo de toda la semana.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
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