Policiales
El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión
Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.
Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.
El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.
Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.
Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.
Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.
Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.
En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.
El Clan
El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.
Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.
De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.
La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.
Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.
En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.
En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.
La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.
La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.
Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.
Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.
Un operativo policial realizado este miércoles en zonas rurales de Guaraní, en el marco de la investigación por la desaparición de una veintena de perros, concluyó sin resultados positivos. Los procedimientos incluyeron rastrillajes, uso de drones y excavaciones en dos chacras señaladas por denunciantes, pero no se encontraron indicios de maltrato animal ni enterramientos.
La intervención fue ordenada por la Justicia tras denuncias presentadas por asociaciones proteccionistas y estuvo a cargo de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones. Según el comunicado oficial, los allanamientos se realizaron con autorización de los propietarios de los predios inspeccionados.
Uno de los operativos se llevó adelante en el lote 116, a unos 3,5 kilómetros del casco urbano, mientras que el otro se concretó en el lote 184, a aproximadamente 6 kilómetros del pueblo. En ambos casos, se trata de zonas de chacras.
Del procedimiento participaron distintas dependencias policiales, entre ellas Bomberos, Criminalística, Investigaciones y Cibercrimen, además de un médico veterinario y representantes de organizaciones proteccionistas.
Los procedimientos se realizaron en dos chacras de Guaraní.
Las actuaciones se originaron a partir de presentaciones realizadas por integrantes de las asociaciones “Patitas Felices” y “Huellitas del Monte”, quienes aportaron posibles ubicaciones donde podrían encontrarse animales en condiciones irregulares.
Durante el despliegue, se realizó un relevamiento aéreo con drones para ampliar el campo de observación, mientras que en tierra se efectuaron recorridas y excavaciones en sectores específicos señalados previamente.
Tras varias horas de trabajo, las autoridades informaron que no se detectaron elementos compatibles con enterramientos ni situaciones que evidencien maltrato animal, por lo que el operativo finalizó sin novedades.
La investigación se enmarca en una causa que busca determinar el destino de más de unos 23 perros que fueron retirados semanas atrás de una vivienda en Guaraní, tras la muerte de su propietaria.
El caso derivó en denuncias por presunto maltrato y mantiene abierta una investigación judicial en curso que tiene en centro de la polémica al intendente Miguel Ángel Vargas por un audio viral en que hacía referencia de llevar a los perros “bien lejos”.
El jefe comunal incluso declaró como testigo sospechoso en la causa que se lleva adelante y afirmó que los canes fueron dados en adopción, versión que la Justicia intenta corroborar.
Un colectivo de la empresa Crucero del Norte se incendió esta mañana sobre la ruta provincial 103, a la altura del acceso a Mártires, y la Policía investiga las causales del siniestro que no dejó ningún pasajero herido.
Según se pudo saber, el micro circulaba en sentido Santa Ana-Oberá cuando, por causas que se intentan establecer, se inició un foco ígneo en el sector del motor, aparentemente ocasionado por un desperfecto eléctrico.
El vehículo era conducido por un chofer de 35 años quien, al igual que sus pasajeros, no sufrieron lesiones.
En el lugar trabajó el personal de la División Bomberos de la Unidad Regional II, junto a bomberos voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas que en poco tiempo avanzó sobre la total del rodado.
Un hombre oriundo de Concordia, Entre Ríos, denunció que no puede ver a su hijo de 8 años desde fines de enero, luego de que la madre del niño lo llevara a la ciudad misionera de Eldorado y no regresara en la fecha acordada.
Se trata de Guillermo Paulino, quien aseguró que el viaje fue planteado como unas vacaciones temporales con retorno previsto para fines de febrero, antes del inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, con el paso de las semanas, las respuestas sobre el regreso comenzaron a ser evasivas y el menor permaneció en la provincia.
Según relató, la situación tomó mayor dimensión cuando se dirigió al domicilio donde residía la madre en Concordia y constató que el lugar estaba desocupado. Luego confirmó que el inmueble había sido liberado, lo que reforzó su sospecha de que no volverían a la ciudad.
Frente a ese escenario, Paulino radicó una denuncia ante la Policía del Menor e inició, junto a sus abogadas, una medida cautelar para solicitar la restitución urgente del niño. En el marco del expediente, se libraron oficios a organismos como Migraciones, Gendarmería y Policía Federal para impedir una eventual salida del país.
El caso se encuentra actualmente en la Justicia de Concordia, donde se abrió un conflicto de competencia. Mientras la jueza de primera instancia se declaró competente para intervenir, la defensa de la madre apeló esa decisión al sostener que el “centro de vida” del menor se encuentra en Misiones, por lo cual ahora la definición quedó en manos de la Cámara.
De acuerdo al planteo del padre, el niño nació, creció y estaba escolarizado en Concordia, incluso con inscripción confirmada para continuar el ciclo lectivo en esa ciudad. En paralelo, se indicó que desde Misiones se habría gestionado el pase a otra institución educativa.
El hombre también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el menor sea trasladado fuera del país, teniendo en cuenta la cercanía de Eldorado con zonas fronterizas.
“Mi hijo me dice que la abuela lo quiere llevar a vivir a Brasil. Si fueron capaces de llevarlo sin avisar, son capaces de esconderlo para pasarlo por la frontera“, alertó el padre en diálogo con Diario Junio.
Mientras se aguarda la resolución judicial sobre la competencia, el expediente continúa en trámite y el padre aseguró que mantiene contacto limitado con su hijo a través de videollamadas.
“Saco fuerzas de donde no tengo para seguir. Estoy en terapia hace dos meses. Mi familia está muy mal. Lo único que quiero es que mi hijo vuelva“, concluyó Guillermo.
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