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El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión

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Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.  

Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.

Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.

Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.

Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.

Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.

En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.

El Clan

El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.

Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.

De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.

Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.

Judiciales

Justicia declaró crimen de lesa humanidad el homicidio de Carlos Tereszecuk

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Esta mañana el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, de Resistencia, Chaco, dio a conocer la sentencia por el derecho a la verdad considerando un crimen de lesa humanidad el secuestro y homicidio de Carlos Tereszecuk, graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, secuestrado y asesinado por la dictadura cívico militar en 1976.

La audiencia fue presidida por la jueza federal Zunilda Niremperger en modalidad virtual, donde también estuvieron presentes hermanos, sobrinos y representantes del equipo argentino de Antropología Forense, de la Fiscalía Federal, de la secretaría de Derechos Humanos del Chaco y abogados querellantes.

Al mismo tiempo, la instancia fue retransmitida desde el aula magna de la Facultad de Humanidades, ante la presencia de familiares, allegados, compañeros de militancia de la misma casa de estudios, ex presos políticos y militantes de la agrupación homónima.

El fallo analizó toda la prueba recolectada, reconstruyendo que Carlos Tereszecuk , fue secuestrado los primeros días del mes de noviembre de 1976, y llevado a la Jefatura de Policía de Resistencia, siendo alojado en un primer piso acondicionado como Centro Clandestino de Detención, que era dirigido por fuerzas conjuntas la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.

Asimismo, reseña que fue visto en pésimas condiciones de salud, por las diversas torturas que había recibido, siendo tal su deterioro físico, que no podía mantenerse en pie, ni caminar y otro detenido debió bañarlo ante la orden de sus guardiacárceles.

Además, estableció que fue asesinado y arrojado al río Paraná, de donde fue rescatado el 15 de noviembre de 1976, en la costa de Empedrado Corrientes -ubicada a 70 kilómetros río abajo de la ciudad de Resistencia, donde fue sepultado en una tumba NN e identificado en el año 2018 por el Equipo de Antropología Forense.

Finalmente, la Justicia enmarcó el secuestro, tortura y homicidio en el contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas, dirigida contra la población, y que tenía como objetivo la detención y exterminio de todo aquel que encuadrara en lo que se etiquetaba como opositores al régimen.

“Esa práctica sistemática del terrorismo de Estado se estableció que tuvo un patrón común como los cuerpos desnudos, atados con alambres en pies y manos, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran”, detalla el documento.

La sentencia se dictó a partir de la solicitud de los familiares en su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, por el derecho a la verdad que reconstruya cómo fueron realmente los hechos con un sentido de reparación y que contribuya a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Graciela Franzen junto a familiares y allegados a Tereszecuk en la Facultad de Humanidades

Militancia y memoria

Como muchos de los jóvenes de su tiempo, el misionero despuntó en la militancia estudiantil y en 1974 fue elegido vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social, de la Unam.

Al año siguiente, participó de la campaña electoral del Partido Autentico, y pasó a ser secretario de los diputados provinciales electos en 1975, el actual sociólogo y periodista Pablo Fernández Long y Juan El Negro Figueredo, maestro rural secuestrado por la dictadura y desaparecido desde entonces.

En 1975, Tereszecuk sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo de tareas que se infiltró en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar y se refugió en la provincia de Corrientes, donde, finalmente, fue captado en otro operativo.

La última vez que lo vieron con vida fue en la Jefatura de Policía de Resistencia y los testimonios hablan de que se encontraba muy deteriorado por las torturas y que ya no podía caminar.

Tras culminar la lectura de la sentencia, Sofía Tereszecuk sobrina de Carlos, dirigió unas palabras recordando a su tío, su militancia, compromiso social y a la importancia de conocer la verdad, a pesar de lo dolorosa que fue, para “cerrar un ciclo como familia y encontrar un poco de paz”.

Por su parte, Javier Gortari, ex decano de la Facultad de Humanidades, expresó: “Lo que hemos presenciado fue un acto de reparación y de justicia. Creo que nos da ánimos para seguir trabajando por la memoria, la verdad y la justicia en todo lo ocurrido durante la última dictadura y para continuar en democracia, tratando de insistir en lograr aquellos derechos por los cuales tanto lucharon aquellos compañeros y compañeras”.

Seguidamente, Graciela Franzen recordó: “Yo fui compañera de militancia de Carlos, mi hermano fue compañero en el seminario y con la familia Tereszecuk tenemos una gran amistad, lucha y compañerismo. Para mi recordar a Carlos y a los 30 mil es decir presente hoy, pero ¿cómo tenemos que estar presentes? ¿cómo tenemos que honrarlo hoy?; en las plazas, en las calles, en las manifestaciones, en los reclamos, cuando tenemos que votar porque no nos merecemos un gobierno traidor a la patria”.

La lectura de la sentencia por la verdad, sobre el homicidio de Carlos Tereszecuk como crimen de lesa humanidad, fue declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de Misiones.

 

Graciela Franzen y Jorge Trainer, ambos presos políticos durante la dictadura

 

Sentencia por la verdad del crimen de lesa humanidad de Carlos Tereszecuk

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Policiales

Fallecido en despiste de camioneta en Mártires es un empresario obereño

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En la mañana de hoy, el empresario Oscar Hugo Garay, de 80 años, conducía su camioneta Porsche Cayenne sobre la ruta 103 a la altura de la localidad de Mártires, cuando su vehículo despistó y se incendió por completo, provocando su muerte en el acto.

Se trata del impulsor de la reconocida empresa de transportes Garay, radicada en esa ciudad, quien al momento del siniestro transitaba en dirección Oberá – Santa Ana y, por causas que aún se investigan, perdió el control y volcó sobre la banquina derecha.

Luego de las pericias realizadas y las verificaciones del dominio del vehículo, familiares del conductor se hicieron presentes en el lugar y confirmaron que la víctima era Oscar Garay, el reconocido empresario obereño.

Por disposición del Juzgado de Instrucción de Oberá, se autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares para velatorio y posterior inhumación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Mártires dependiente de la Unidad Regional II, junto a personal de las Divisiones Bomberos de Oberá y Santa Ana, quienes extinguieron el fuego.

La Policía Científica realiza las pericias correspondientes y el Juzgado de Instrucción de Oberá dispuso las actuaciones de rigor para determinar las causas del hecho.

Camioneta despistó y se prendió fuego en Mártires: un fallecido

 

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Judiciales

Podría caerse el juicio a Pablo Schoenfisch por autoincriminación de su padre

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La autoincriminación de Arnoldo Schoenfisch (67) puso en un embrollo el juicio oral contra su hijo Pablo (23), acusado de asesinar a su madre Faustina Antúnez (54) y de herir a su padre en un presunto ataque parricida registrado en 2020 en Santiago de Liniers, y el tribunal decidió suspender la continuidad del proceso, aunque la decisión final se comunicará mañana cuando se resuelvan los planteos efectuados por la fiscalía y la defensa del joven imputado.

La segunda audiencia del debate oral comenzó esta mañana, minutos después de las 10, cuando los magistrados Adriana Andino, Atilio León y Eduardo Jourdan -subrogante- ingresaron a la sala del Tribunal Penal Uno de Eldorado con una resolución que disponía remitir las declaraciones de Arnoldo Schoenfisch a la fiscalía de instrucción de turno para que se investigue su autoincriminación y que, en consecuencia, el presente juicio se suspenda hasta que se dirima la situación procesal del hombre que pidió ser imputado en lugar de su hijo.

En el escrito, la jueza Andino argumentaba que la decisión obedecía a “resguardar las garantías del proceso”, mientras que León ahondó en que la incriminación merecía “una nueva mirada de parte del órgano encargado de la instrucción”. Jourdan, en tanto, adhirió a los votos precedentes y por unanimidad se resolvió la suspensión del debate, aunque las partes, además de oponerse efectuaron nuevos planteos que obligaron a diferir para mañana la decisión final.

Artilugio

El primero en oponerse a la medida fue el fiscal Federico Rodríguez, quien insistió en que la incriminación del padre del imputado carecía de fundamentos y correspondía a “un nuevo artilugio para dilatar el proceso” craneado por la defensa integrada por los abogados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga.

Rodríguez recordó que en la antesala del juicio el hombre presentó un escrito firmado por escribanía en el que declaraba la misma confesión, pero todo fue desestimado por las autoridades correspondientes y entonces consideró que el debate debe continuar con la exclusión como prueba de la declaración de Schoenfisch padre.

En respuesta al “esquema defensivo”, el fiscal pidió que efectivamente las actuaciones de ayer sean remitidas a la fiscalía de instrucción, pero, en este caso, no para investigar la veracidad de la versión autoincriminatoria, sino para avanzar sobre la posibilidad de que se hayan cometidos delitos de “calumnias, falsedad ideológica y falso testimonio”.

El tribunal y las partes, cara a cara, decidiendo el futuro del juicio para esclarecer el hecho registrado en Santiago de Liniers.

Pedido de excarcelación

El letrado De Sá, por su parte, también tomó la palabra y sostuvo que “la defensa recién conoció al testigo ayer”, mientras que Alvarenga pidió revocar la suspensión del debate al considerar que el juicio debe continuar y que la “hipótesis alternativa” debe ser analizada recién al culminar el proceso.

Subsidiariamente pidió que, en caso de que la suspensión se haga efectiva, el imputado Pablo Schoenfish sea excarcelado y aguarde en libertad hasta tanto se defina toda esta situación iniciada a partir de la autoincriminación de Arnoldo, ex intendente de Santiago de Liniers.

“Estábamos acostados con mi esposa y discutimos un poco. Estaba un poco desorientado. Agarré el arma, la asesiné y después me quise suicidar. Pasó lo que tenía que pasar. Pablo es inocente, yo hice todo y yo tengo que ser el imputado”, fue la declaración que hizo detonar el proceso y podría hacer caer el debate.

El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30 para analizar los planteos de las partes y comunicar la decisión final.

La causa

La nueva versión expuesta por Arnoldo Schoenfisch, que tras el hecho quedó con ceguera, es contraria a lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio formulada por el fiscal Edgar Francisco Doldán y firmada por el magistrado Roberto Saldaña, ex juez de Instrucción Uno de Eldorado.

La hipótesis acusatoria sostiene que en la madrugada del 14 de mayo de 2020, Pablo Schoenfisch atacó a sus padres mientras dormían, efectuándoles disparos a corta distancia. Como consecuencia del hecho, Antúnez perdió la vida y Arnoldo quedó con secuelas permanentes.

Según lo plasmado en ese documento, el acusado mantenía una relación conflictiva con sus padres, motivada por desavenencias y mal comportamiento del muchacho, cuestión que fue ratificada por varios familiares y amigos del imputado al momento de declarar como testigos en la etapa investigativa.

Arnoldo Schoenfisch quedó con ceguera tras el hecho que se investiga.

Incluso, hay testimonios que apuntan sobre una posible premeditación del muchacho, quien ante varios de sus amigos y parientes manifestó abiertamente las intenciones de matar a sus padres con dichos como “voy a matar a toda esta mierda” o “cualquier día de estos le voy a pegar un tiro al viejo de mierda”.

A pesar de ello, el expediente remarca que las sospechas se centraron en él desde el primer momento, cuando los investigadores supieron que la primera expresión de Arnoldo Schoenfisch tras sufrir el ataque y pedir ayuda fue: “Pablito se mandó una cagada”.

No es todo. Durante el transcurso de la causa apareció otro integrante de la familia que recordó que semanas antes del hecho, en el marco de un asado, Pablo Schoenfisch le consultó cómo se podía ocultar los rastros de pólvora que deja la acción de percutir un arma de fuego y la respuesta fue la utilización de un guante.

El testimonio cobra mayor relevancia al mencionar que un par de guantes negros de cuerina fueron encontrados ocultos en una cajonera ubicada en la habitación donde el sospechoso durmió durante la noche del crimen.

Además, sus propios amigos relataron que el joven solía mostrarse e incluso disparar con un revólver calibre 38, el mismo que fue utilizado para perpetrar el crimen que ahora busca ser esclarecido.

Giro en caso Schoenfisch: el acusado se defendió y su padre se autoincriminó

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