Policiales
El 29 de marzo comenzará el juicio por el femicidio de Estela Arapayú
La causa por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú, cometido en mayo de 2019, tiene fecha de debate fijada en el Tribunal Penal Dos de Posadas y por el hecho deberá responder como único imputado su ex pareja, Pablo Lotario Puzin, quien puede ser condenado a prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el juicio fue programado para el 29 de marzo de 2022 y se extenderá durante dos jornadas más, instancia en la cual deberán declarar varios testigos entre familiares de la pareja, policías y peritos.
El debate será llevado adelante por el tribunal conformado por los magistrados César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, en tanto en la fiscalía estará representada por el flamante fiscal Antonio Vladimir Glinka, que asumió en el cargo a fines de noviembre.
Puzin llega a debate imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, vínculo y femicidio, figura que contempla una pena de prisión perpetua, según el Código Penal de la Nación. Contará con defensor oficial.
A pesar de tener fecha fijada para debate, no se descarta que antes de llegar a esa instancia el imputado opte por resolver su situación mediante la firma de un juicio abreviado en el que debería admitir su responsabilidad, tal como lo hizo durante la instrucción al momento de prestar declaración indagatoria.
Con ello evitaría la exposición pública que representa la realización de un juicio oral, pero no obtendrá ningún otro beneficio, dado que la pena a imponer sería la misma: perpetua.
La causa contra Puzin fue elevada a juicio por el Juzgado de Instrucción Uno de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena. Además de la confesión del imputado, en el expediente también constan otras testimoniales y pruebas científicas que avalan la hipótesis del femicidio.
La investigación
El femicidio de Arapayú, de 49 años, comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019, cuando una de sus hijas denunció su desaparición.
A partir de ahí, efectivos de la Unidad Regional IX comenzaron a realizar averiguaciones y rastrillajes, pero nada daba resultado.
La primera versión, aportada por el mismo Puzin, señalaba que ese día la mujer salió de su casa en Colonia Oasis rumbo hacia Jardín América para asistir a un turno médico.
“Estoy muy preocupado y quiero encontrarla lo antes posible. Quiero que regrese porque estamos todos preocupados por ella y su salud”, expresó Puzin a El Territorio durante la búsqueda.
Sin embargo, ese supuesto viaje nunca pudo ser comprobado, ni tampoco su llegada a algún centro de salud de Jardín América, por lo que la versión dada por el hombre comenzó a resquebrajarse.
Finalmente, todo cambió entre el 13 y el 14 de mayo, cuando los familiares de Arapayú hallaron su teléfono celular y lo entregaron a la Policía, instancia en la que especialistas técnicos detectaron manchas de sangre sobre el aparato.
Ese elemento fue la punta del ovillo para esclarecer el caso. Después del hallazgo del celular, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en la casa de la mujer y allí encontraron más pruebas como, por ejemplo, una cartera con idénticas manchas de sangre.
Pero eso no fue todo. Los exámenes con reactivos de luminol marcaron que en la cama matrimonial también había vestigios de fluido hemático.
Todos estos indicios comenzaron a hacer suponer lo peor y la verdad no tardó en descubrirse. La Policía profundizó los rastrillajes en los alrededores, incluso con excavaciones y de esa forma dieron con el cuerpo de la mujer oculto dentro de un desagüe de agua tapado con ramas, bolsas de basura, cubiertas viejas y una tapa de cemento.
En paralelo al hallazgo del cadáver, Puzin fue detenido y además los investigadores incautaron un martillo, un palo y una pala, elementos que fueron utilizados para el crimen, de acuerdo a los informes periciales.
Al ser trasladado ante la Justicia, el detenido confesó el hecho. Detalló que asesinó a su mujer con un martillo y argumentó que el motivo del femicidio fue “por celos”.
Tras esa declaración, Puzin fue imputado por homicidio triplemente calificado, fue alojado en una unidad penal y allí permanece a la espera de la realización del debate oral en su contra.
El hecho ocurrió a mediados de mayo de 2019, en la casa de la pareja en Colonia Oasis.
La denuncia de un pasajero permitió la detención de un chofer de colectivos que conducía bajo los efectos del alcohol y efectuaba maniobras peligrosas durante el trayecto comprendido entre Puerto Iguazú y Montecarlo, donde finalmente fue interceptado por la Policía.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la intervención policial comenzó cuando el pasajero de un micro que había partido desde Puerto Iguazú con rumbo hacia Posadas alertó a las autoridades que el conductor de la unidad realizaba maniobras peligrosas sobre la ruta.
En ese marco, agentes de la División Comando Radioeléctrico de Montercarlo interceptaron el vehículo en la terminal local y abordaron al conductor, a quien le practicaron un test de alcoholemia que arrojó 1,65 como resultado.
El chofer, identificado como Ricardo Rodolfo B. (56), quedó detenido por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, en tanto que también se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención del colectivo.
Las fuentes agregaron que el micro llevaba trece pasajeros, a quienes se les reintegró el boleto y se los reubicó en otro servicio para que pudieran continuar con su viaje.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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