Policiales
El 29 de marzo comenzará el juicio por el femicidio de Estela Arapayú
La causa por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú, cometido en mayo de 2019, tiene fecha de debate fijada en el Tribunal Penal Dos de Posadas y por el hecho deberá responder como único imputado su ex pareja, Pablo Lotario Puzin, quien puede ser condenado a prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el juicio fue programado para el 29 de marzo de 2022 y se extenderá durante dos jornadas más, instancia en la cual deberán declarar varios testigos entre familiares de la pareja, policías y peritos.
El debate será llevado adelante por el tribunal conformado por los magistrados César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, en tanto en la fiscalía estará representada por el flamante fiscal Antonio Vladimir Glinka, que asumió en el cargo a fines de noviembre.
Puzin llega a debate imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, vínculo y femicidio, figura que contempla una pena de prisión perpetua, según el Código Penal de la Nación. Contará con defensor oficial.
A pesar de tener fecha fijada para debate, no se descarta que antes de llegar a esa instancia el imputado opte por resolver su situación mediante la firma de un juicio abreviado en el que debería admitir su responsabilidad, tal como lo hizo durante la instrucción al momento de prestar declaración indagatoria.
Con ello evitaría la exposición pública que representa la realización de un juicio oral, pero no obtendrá ningún otro beneficio, dado que la pena a imponer sería la misma: perpetua.
La causa contra Puzin fue elevada a juicio por el Juzgado de Instrucción Uno de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena. Además de la confesión del imputado, en el expediente también constan otras testimoniales y pruebas científicas que avalan la hipótesis del femicidio.
La investigación
El femicidio de Arapayú, de 49 años, comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019, cuando una de sus hijas denunció su desaparición.
A partir de ahí, efectivos de la Unidad Regional IX comenzaron a realizar averiguaciones y rastrillajes, pero nada daba resultado.
La primera versión, aportada por el mismo Puzin, señalaba que ese día la mujer salió de su casa en Colonia Oasis rumbo hacia Jardín América para asistir a un turno médico.
“Estoy muy preocupado y quiero encontrarla lo antes posible. Quiero que regrese porque estamos todos preocupados por ella y su salud”, expresó Puzin a El Territorio durante la búsqueda.
Sin embargo, ese supuesto viaje nunca pudo ser comprobado, ni tampoco su llegada a algún centro de salud de Jardín América, por lo que la versión dada por el hombre comenzó a resquebrajarse.
Finalmente, todo cambió entre el 13 y el 14 de mayo, cuando los familiares de Arapayú hallaron su teléfono celular y lo entregaron a la Policía, instancia en la que especialistas técnicos detectaron manchas de sangre sobre el aparato.
Ese elemento fue la punta del ovillo para esclarecer el caso. Después del hallazgo del celular, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en la casa de la mujer y allí encontraron más pruebas como, por ejemplo, una cartera con idénticas manchas de sangre.
Pero eso no fue todo. Los exámenes con reactivos de luminol marcaron que en la cama matrimonial también había vestigios de fluido hemático.
Todos estos indicios comenzaron a hacer suponer lo peor y la verdad no tardó en descubrirse. La Policía profundizó los rastrillajes en los alrededores, incluso con excavaciones y de esa forma dieron con el cuerpo de la mujer oculto dentro de un desagüe de agua tapado con ramas, bolsas de basura, cubiertas viejas y una tapa de cemento.
En paralelo al hallazgo del cadáver, Puzin fue detenido y además los investigadores incautaron un martillo, un palo y una pala, elementos que fueron utilizados para el crimen, de acuerdo a los informes periciales.
Al ser trasladado ante la Justicia, el detenido confesó el hecho. Detalló que asesinó a su mujer con un martillo y argumentó que el motivo del femicidio fue “por celos”.
Tras esa declaración, Puzin fue imputado por homicidio triplemente calificado, fue alojado en una unidad penal y allí permanece a la espera de la realización del debate oral en su contra.
El hecho ocurrió a mediados de mayo de 2019, en la casa de la pareja en Colonia Oasis.
Un jubilado de 81 años fue sorprendido en su casa de Eldorado por al menos tres delincuentes encapuchados que lo redujeron a golpes para sustraerle 3 millones de pesos, joyas y un teléfono celular.
El violento episodio de inseguridad se registró el lunes a la noche, cerca de las 21, cuando un grupo de asaltantes irrumpió en la vivienda de Juan Pedro Johansen (81), ubicada sobre la avenida Fundador, a la altura del kilómetro 6.
Según relató la víctima a los efectivos policiales, los delincuentes eran entre tres y cuatro, quienes actuaron con el rostro cubierto con capuchas y al menos uno de ellos portaba un arma de fuego.
Durante el asalto, el dueño de casa fue amenazado, reducido y golpeado en reiteradas oportunidades, quedando con severas lesiones en el rostro. Debió ser hospitalizado para tratar las heridas.
Del lugar los asaltantes se llevaron aproximadamente 3 millones de pesos, algunas joyas y un teléfono celular.
La Policía informó que tras lo ocurrido se inició un operativo de búsqueda que incluye recorridas por la ciudad y el barrido de cámaras de videovigilancia, aunque hasta el momento no hay mayores novedades sobre los delincuentes.
Daniel Marco (50), el gitano apuñalado el viernes pasado durante una discusión mantenida con el médico Ernesto Omar Ramp (55), falleció en las últimas horas y de esta manera se agravó la situación judicial del acusado, quien hasta este hecho se desempeñaba como director del hospital de Aristóbulo del Valle.
El deceso de Marco se conoció esta mañana y ocurrió en el hospital Madariaga de Posadas, donde se encontraba internado con bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado como consecuencia de la estocada que recibió a la altura del pecho.
Con este desenlace, la causa fue recaratulada como “homicidio” y la situación procesal del médico implicado se agravó considerablemente ya que este tipo de delitos prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Ramp continúa detenido en una celda de la comisaría Segunda de Oberá y la causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de esa misma ciudad, cuyo magistrado ahora ordenó un examen de autopsia al fallecido.
El hecho se registró el pasado 26 de diciembre, sobre calle Apóstoles Norte al 158, en Oberá, donde Ramp llegó para reclamar una deuda y mantuvo una discusión con Marco y sus dos hijos, conflicto que acabó con la víctima trasladado de urgencia al hospital Samic, desde donde fue derivado a Posadas debido a su complejo cuadro de salud.
En redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.
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Un joven fue detenido esta mañana en el marco de un allanamiento realizado en su casa del barrio A3-2 de Posadas a raíz de una investigación iniciada por reportes emitidos desde Estado Unidos por posibles maniobras tráfico de archivos Masi (material de abuso sexual infantil).
El aprehendido fue identificado como Matías Nahuel E., quien ahora se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, encargado de llevar adelante la pesquisa del caso en conjunto con la Fiscalía de Ciberdelitos, presidida por Juan Pablo Espeche.
Según detallaron, la pesquisa inició hace varios meses, cuando la Justicia misionera recibió un reporte emitido por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, información que fue articulada por la Fiscalía de Ciberdelitos, cuyas autoridades ordenaron nuevas medidas de cotejo y con datos técnicos solicitados a la plataforma Telegram obtuvieron resultados determinantes para el avance del proceso judicial.
Mediante esas labores pudieron establecer una relación concreta entre las maniobras de tráfico de Masi y actividades digitales que quedaron registradas en direcciones de IP vinculadas al domicilio del sospechoso.
En el lugar allanado los agentes policiales de Cibercrimen y el personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) incautaron numerosos aparatos electrónicos, celulares y dispositivos de almacenamiento, como así también ladrillos de marihuana, dosis de cocaína y un arma de fuego.
Todo los elementos serán enviados ahora al laboratorio de la Saic para ser sometidos a los correspondientes exámenes periciales para seguir recolectando pruebas para esclarecer el ardid efectuado.
El allanamiento fue realizado con personal de la Policía y de la Saic.
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