Policiales
El 29 de marzo comenzará el juicio por el femicidio de Estela Arapayú
La causa por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú, cometido en mayo de 2019, tiene fecha de debate fijada en el Tribunal Penal Dos de Posadas y por el hecho deberá responder como único imputado su ex pareja, Pablo Lotario Puzin, quien puede ser condenado a prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el juicio fue programado para el 29 de marzo de 2022 y se extenderá durante dos jornadas más, instancia en la cual deberán declarar varios testigos entre familiares de la pareja, policías y peritos.
El debate será llevado adelante por el tribunal conformado por los magistrados César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, en tanto en la fiscalía estará representada por el flamante fiscal Antonio Vladimir Glinka, que asumió en el cargo a fines de noviembre.
Puzin llega a debate imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, vínculo y femicidio, figura que contempla una pena de prisión perpetua, según el Código Penal de la Nación. Contará con defensor oficial.
A pesar de tener fecha fijada para debate, no se descarta que antes de llegar a esa instancia el imputado opte por resolver su situación mediante la firma de un juicio abreviado en el que debería admitir su responsabilidad, tal como lo hizo durante la instrucción al momento de prestar declaración indagatoria.
Con ello evitaría la exposición pública que representa la realización de un juicio oral, pero no obtendrá ningún otro beneficio, dado que la pena a imponer sería la misma: perpetua.
La causa contra Puzin fue elevada a juicio por el Juzgado de Instrucción Uno de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena. Además de la confesión del imputado, en el expediente también constan otras testimoniales y pruebas científicas que avalan la hipótesis del femicidio.
La investigación
El femicidio de Arapayú, de 49 años, comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019, cuando una de sus hijas denunció su desaparición.
A partir de ahí, efectivos de la Unidad Regional IX comenzaron a realizar averiguaciones y rastrillajes, pero nada daba resultado.
La primera versión, aportada por el mismo Puzin, señalaba que ese día la mujer salió de su casa en Colonia Oasis rumbo hacia Jardín América para asistir a un turno médico.
“Estoy muy preocupado y quiero encontrarla lo antes posible. Quiero que regrese porque estamos todos preocupados por ella y su salud”, expresó Puzin a El Territorio durante la búsqueda.
Sin embargo, ese supuesto viaje nunca pudo ser comprobado, ni tampoco su llegada a algún centro de salud de Jardín América, por lo que la versión dada por el hombre comenzó a resquebrajarse.
Finalmente, todo cambió entre el 13 y el 14 de mayo, cuando los familiares de Arapayú hallaron su teléfono celular y lo entregaron a la Policía, instancia en la que especialistas técnicos detectaron manchas de sangre sobre el aparato.
Ese elemento fue la punta del ovillo para esclarecer el caso. Después del hallazgo del celular, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en la casa de la mujer y allí encontraron más pruebas como, por ejemplo, una cartera con idénticas manchas de sangre.
Pero eso no fue todo. Los exámenes con reactivos de luminol marcaron que en la cama matrimonial también había vestigios de fluido hemático.
Todos estos indicios comenzaron a hacer suponer lo peor y la verdad no tardó en descubrirse. La Policía profundizó los rastrillajes en los alrededores, incluso con excavaciones y de esa forma dieron con el cuerpo de la mujer oculto dentro de un desagüe de agua tapado con ramas, bolsas de basura, cubiertas viejas y una tapa de cemento.
En paralelo al hallazgo del cadáver, Puzin fue detenido y además los investigadores incautaron un martillo, un palo y una pala, elementos que fueron utilizados para el crimen, de acuerdo a los informes periciales.
Al ser trasladado ante la Justicia, el detenido confesó el hecho. Detalló que asesinó a su mujer con un martillo y argumentó que el motivo del femicidio fue “por celos”.
Tras esa declaración, Puzin fue imputado por homicidio triplemente calificado, fue alojado en una unidad penal y allí permanece a la espera de la realización del debate oral en su contra.
El hecho ocurrió a mediados de mayo de 2019, en la casa de la pareja en Colonia Oasis.
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
La Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestró más de 99 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la localidad de San Javier, en un procedimiento que incluyó una persecución y un rastrillaje en zona de monte.
El operativo se desarrolló durante la tarde del jueves en una zona rural, donde efectivos de la fuerza detectaron un vehículo que se dirigía hacia la costa del río Uruguay y, ante esa situación, iniciaron un seguimiento controlado.
Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia policial, los ocupantes del rodado embistieron el portón de ingreso de una propiedad privada, abandonaron el vehículo y escaparon hacia una zona de monte cercana.
Tras la fuga, se desplegó un operativo de refuerzo con personal de apoyo, testigos y un can detector, realizándose un rastrillaje intensivo en el área, aunque sin resultados positivos en cuanto a la localización de los sospechosos.
Durante la requisa del vehículo abandonado, los uniformados encontraron ocho bultos que contenían 132 panes de sustancia ilícita, con un peso total superior a los 99 kilos.
Además de la droga, se secuestró el vehículo utilizado, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la investigación.
De acuerdo a la valuación oficial, el cargamento incautado tiene un valor estimado superior a los 356 millones de pesos.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, que interviene en la investigación para identificar a los involucrados.
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