Policiales
El 29 de marzo comenzará el juicio por el femicidio de Estela Arapayú
La causa por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú, cometido en mayo de 2019, tiene fecha de debate fijada en el Tribunal Penal Dos de Posadas y por el hecho deberá responder como único imputado su ex pareja, Pablo Lotario Puzin, quien puede ser condenado a prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el juicio fue programado para el 29 de marzo de 2022 y se extenderá durante dos jornadas más, instancia en la cual deberán declarar varios testigos entre familiares de la pareja, policías y peritos.
El debate será llevado adelante por el tribunal conformado por los magistrados César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, en tanto en la fiscalía estará representada por el flamante fiscal Antonio Vladimir Glinka, que asumió en el cargo a fines de noviembre.
Puzin llega a debate imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, vínculo y femicidio, figura que contempla una pena de prisión perpetua, según el Código Penal de la Nación. Contará con defensor oficial.
A pesar de tener fecha fijada para debate, no se descarta que antes de llegar a esa instancia el imputado opte por resolver su situación mediante la firma de un juicio abreviado en el que debería admitir su responsabilidad, tal como lo hizo durante la instrucción al momento de prestar declaración indagatoria.
Con ello evitaría la exposición pública que representa la realización de un juicio oral, pero no obtendrá ningún otro beneficio, dado que la pena a imponer sería la misma: perpetua.
La causa contra Puzin fue elevada a juicio por el Juzgado de Instrucción Uno de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena. Además de la confesión del imputado, en el expediente también constan otras testimoniales y pruebas científicas que avalan la hipótesis del femicidio.
La investigación
El femicidio de Arapayú, de 49 años, comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019, cuando una de sus hijas denunció su desaparición.
A partir de ahí, efectivos de la Unidad Regional IX comenzaron a realizar averiguaciones y rastrillajes, pero nada daba resultado.
La primera versión, aportada por el mismo Puzin, señalaba que ese día la mujer salió de su casa en Colonia Oasis rumbo hacia Jardín América para asistir a un turno médico.
“Estoy muy preocupado y quiero encontrarla lo antes posible. Quiero que regrese porque estamos todos preocupados por ella y su salud”, expresó Puzin a El Territorio durante la búsqueda.
Sin embargo, ese supuesto viaje nunca pudo ser comprobado, ni tampoco su llegada a algún centro de salud de Jardín América, por lo que la versión dada por el hombre comenzó a resquebrajarse.
Finalmente, todo cambió entre el 13 y el 14 de mayo, cuando los familiares de Arapayú hallaron su teléfono celular y lo entregaron a la Policía, instancia en la que especialistas técnicos detectaron manchas de sangre sobre el aparato.
Ese elemento fue la punta del ovillo para esclarecer el caso. Después del hallazgo del celular, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en la casa de la mujer y allí encontraron más pruebas como, por ejemplo, una cartera con idénticas manchas de sangre.
Pero eso no fue todo. Los exámenes con reactivos de luminol marcaron que en la cama matrimonial también había vestigios de fluido hemático.
Todos estos indicios comenzaron a hacer suponer lo peor y la verdad no tardó en descubrirse. La Policía profundizó los rastrillajes en los alrededores, incluso con excavaciones y de esa forma dieron con el cuerpo de la mujer oculto dentro de un desagüe de agua tapado con ramas, bolsas de basura, cubiertas viejas y una tapa de cemento.
En paralelo al hallazgo del cadáver, Puzin fue detenido y además los investigadores incautaron un martillo, un palo y una pala, elementos que fueron utilizados para el crimen, de acuerdo a los informes periciales.
Al ser trasladado ante la Justicia, el detenido confesó el hecho. Detalló que asesinó a su mujer con un martillo y argumentó que el motivo del femicidio fue “por celos”.
Tras esa declaración, Puzin fue imputado por homicidio triplemente calificado, fue alojado en una unidad penal y allí permanece a la espera de la realización del debate oral en su contra.
El hecho ocurrió a mediados de mayo de 2019, en la casa de la pareja en Colonia Oasis.
Marcos Antonio Acosta (19), el joven que el lunes escapó de la comisaría de Santo Pipó, fue recapturado esta madrugada en una zona de montes en la localidad de General Urquiza.
El implicado estaba detenido desde el 1 de julio por una causa de lesiones graves y el lunes en plena siesta logró escapar de la dependencia policial al violentar un candado.
A partir de ese momento se activó un operativo de búsqueda que finalmente dio resultados esta madrugada, cuando el joven fue localizado en General Urquiza y rodeado en una zona de montes.
Según detallaron, el prófugo fue individualizado a las 00.30, tras lo cual se montó un cerco policial alrededor del monte y minuto a minuto quedó más acorralado, hasta que exactamente a las 1.24 estaba reducido.
De esta manera, el joven quedó nuevamente a disposición de la Justicia, mientras que la Jefatura de Policía inició una investigación interna para determinar las responsabilidades del personal de guardia al momento de la evasión.
Por disposición judicial, varios adultos mayores fueron restituidos a sus familias y otros trasladados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, luego de que se detectaran graves irregularidades en las condiciones de funcionamiento de una residencia, que terminó clausurada en el barrio San Isidro de Posadas.
La intervención se originó a partir de una denuncia radicada el 19 de enero en la Comisaría 15ª, por una vecina del barrio, quien manifestó que mientras circulaba en su vehículo observó salir de una vivienda a una persona de avanzada edad que solicitaba ayuda y pedía que se diera aviso a la Policía, señalando que en el lugar se encontraban varios adultos mayores y que les sustraían dinero.
Tras la denuncia, personal policial realizó las diligencias correspondientes y dio intervención a las autoridades competentes, lo que derivó en un operativo concretado alrededor de las 10 en una vivienda ubicada en la manzana 12 del barrio San Isidro, con la participación de efectivos de la Unidad Regional X y distintas áreas de la Municipalidad de Posadas.
Durante el procedimiento intervinieron la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y la Dirección de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Humana, constatándose que en el inmueble funcionaba un geriátrico no habilitado, sin autorización municipal ni las condiciones mínimas exigidas para el cuidado de adultos mayores, careciendo además de salidas de emergencia y controles médicos adecuados.
Ante las irregularidades detectadas, y por disposición judicial, se ordenó la clausura inmediata del lugar y la reubicación de las cinco personas alojadas.
Algunos adultos mayores fueron restituidos a sus familiares, mientras que otros fueron trasladados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, quedando bajo resguardo y atención especializada.
Por estas horas continúan las actuaciones judiciales correspondientes en la causa que se encuentra en etapa investigativa.
La Policía investiga las circunstancias del fallecimiento de una mujer de 40 años, identificada como Carmen Franco, cuyo cuerpo fue hallado sin signos vitales este martes al mediodía en el interior de su habitación, en una vivienda ubicada en la chacra 132 del barrio Santa Rita de Posadas.
El hecho se descubrió alrededor de las 11.47 horas, cuando efectivos de la comisaría Decimotercera fueron convocados al domicilio situado entre las calles 92 y 133A a partir de un llamado efectuado por Ramona R. (75), quien relató que al ingresar a la habitación de su hija constató que no presentaba signos vitales.
Inmediatamente, el personal policial dio aviso a las autoridades judiciales y procedió a resguardar la escena del hecho. Efectivos de la Dirección General de Policía Científica realizaron las pericias de rigor en el inmueble, mientras que el médico policial examinó el cuerpo y solicitó la realización de una autopsia para determinar las causas exactas del deceso.
En el marco de las primeras actuaciones, personal de la Dirección de Cibercrimen secuestró un teléfono celular perteneciente a la víctima, con el objetivo de realizar las pericias técnicas correspondientes. Además, se recepcionaron declaraciones testimoniales de personas presentes en el lugar.
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