Policiales
El 29 de marzo comenzará el juicio por el femicidio de Estela Arapayú
La causa por el femicidio de Estela Fidencia Arapayú, cometido en mayo de 2019, tiene fecha de debate fijada en el Tribunal Penal Dos de Posadas y por el hecho deberá responder como único imputado su ex pareja, Pablo Lotario Puzin, quien puede ser condenado a prisión perpetua.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el juicio fue programado para el 29 de marzo de 2022 y se extenderá durante dos jornadas más, instancia en la cual deberán declarar varios testigos entre familiares de la pareja, policías y peritos.
El debate será llevado adelante por el tribunal conformado por los magistrados César Yaya, Carlos Giménez y Gregorio Busse, en tanto en la fiscalía estará representada por el flamante fiscal Antonio Vladimir Glinka, que asumió en el cargo a fines de noviembre.
Puzin llega a debate imputado por homicidio triplemente calificado por alevosía, vínculo y femicidio, figura que contempla una pena de prisión perpetua, según el Código Penal de la Nación. Contará con defensor oficial.
A pesar de tener fecha fijada para debate, no se descarta que antes de llegar a esa instancia el imputado opte por resolver su situación mediante la firma de un juicio abreviado en el que debería admitir su responsabilidad, tal como lo hizo durante la instrucción al momento de prestar declaración indagatoria.
Con ello evitaría la exposición pública que representa la realización de un juicio oral, pero no obtendrá ningún otro beneficio, dado que la pena a imponer sería la misma: perpetua.
La causa contra Puzin fue elevada a juicio por el Juzgado de Instrucción Uno de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena. Además de la confesión del imputado, en el expediente también constan otras testimoniales y pruebas científicas que avalan la hipótesis del femicidio.
La investigación
El femicidio de Arapayú, de 49 años, comenzó a investigarse el 7 de mayo de 2019, cuando una de sus hijas denunció su desaparición.
A partir de ahí, efectivos de la Unidad Regional IX comenzaron a realizar averiguaciones y rastrillajes, pero nada daba resultado.
La primera versión, aportada por el mismo Puzin, señalaba que ese día la mujer salió de su casa en Colonia Oasis rumbo hacia Jardín América para asistir a un turno médico.
“Estoy muy preocupado y quiero encontrarla lo antes posible. Quiero que regrese porque estamos todos preocupados por ella y su salud”, expresó Puzin a El Territorio durante la búsqueda.
Sin embargo, ese supuesto viaje nunca pudo ser comprobado, ni tampoco su llegada a algún centro de salud de Jardín América, por lo que la versión dada por el hombre comenzó a resquebrajarse.
Finalmente, todo cambió entre el 13 y el 14 de mayo, cuando los familiares de Arapayú hallaron su teléfono celular y lo entregaron a la Policía, instancia en la que especialistas técnicos detectaron manchas de sangre sobre el aparato.
Ese elemento fue la punta del ovillo para esclarecer el caso. Después del hallazgo del celular, la Justicia ordenó un nuevo allanamiento en la casa de la mujer y allí encontraron más pruebas como, por ejemplo, una cartera con idénticas manchas de sangre.
Pero eso no fue todo. Los exámenes con reactivos de luminol marcaron que en la cama matrimonial también había vestigios de fluido hemático.
Todos estos indicios comenzaron a hacer suponer lo peor y la verdad no tardó en descubrirse. La Policía profundizó los rastrillajes en los alrededores, incluso con excavaciones y de esa forma dieron con el cuerpo de la mujer oculto dentro de un desagüe de agua tapado con ramas, bolsas de basura, cubiertas viejas y una tapa de cemento.
En paralelo al hallazgo del cadáver, Puzin fue detenido y además los investigadores incautaron un martillo, un palo y una pala, elementos que fueron utilizados para el crimen, de acuerdo a los informes periciales.
Al ser trasladado ante la Justicia, el detenido confesó el hecho. Detalló que asesinó a su mujer con un martillo y argumentó que el motivo del femicidio fue “por celos”.
Tras esa declaración, Puzin fue imputado por homicidio triplemente calificado, fue alojado en una unidad penal y allí permanece a la espera de la realización del debate oral en su contra.
El hecho ocurrió a mediados de mayo de 2019, en la casa de la pareja en Colonia Oasis.
La Jefatura de Policía separó del cargo al subjefe de la Unidad Regional IV de Puerto Rico, el comisario inspector Walter Daniel Olivera, denunciado por robo de mercadería secuestrada de contrabando, entre otras irregularidades que se investigan desde su llegada a la dependencia, en diciembre del año pasado.
La medida dispuesta por la cúpula de la fuerza provincial se concretó ayer y ahora Olivera pasará a cumplir funciones como supervisor vial, mientras avanza la investigación que está en manos del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.
La denuncia que disparó la pesquisa señala a Olivera como responsable de la desaparición de mercadería secuestrada de contrabando, principalmente cubiertas, cigarrillos y celulares.
“A medida que pasen las horas vamos a ir avanzando y esto va a tomar un poco más de claridad para proporcionar, no solamente al juzgado sino al señor jefe de policía, mayor información de manera que se puedan tomar decisiones con respecto a esta persona o sus posibles cómplices en el caso de que lo hubiera”, precisó el director General de Seguridad de la fuerza provincial, comisario general Raúl David Maslowski, en diálogo con Radio Up esta mañana.
La Justicia dispuso que tanto la hermana como la última pareja del penitenciario asesinado Julio César Argüello (45) continúen detenidas al rechazar el pedido de excarcelación presentado por ambas mujeres.
La decisión fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dependencia judicial que se aboca a la investigación del hecho originado el 6 de febrero.
De esta manera, ambas mujeres continuarán privadas de su libertad como únicas sospechosas del crimen. Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, está imputada como autora del homicidio, mientras que Paola Z. (35), enfrenta una acusación por encubrimiento.
En el avance de la pesquisa, el juzgado continuará con la toma de testimoniales y aguarda pericias clave, una de ellas sobre el revólver calibre 32 incautado en la casa de la hermana de Argüello, elemento que podría tratarse del arma homicida.
El caso
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y espera ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
La Policía de Misiones recapturó a Lucas Juan Aguirre (30), un interno de la Unidad Penal III de Eldorado que el último domingo no regresó de una salida transitoria de 12 horas otorgada por la Justicia.
El operativo de recaptura se activó cuando el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) informó que el interno incumplió con lo establecido por la Justicia misionera y no se presentó a las 19 del domingo en el complejo penal, horario en el que culminaba su salida transitoria.
Entre las tareas de investigación, la Policía entrevistó al referente del interno en Puerto Iguazú, quien manifestó a los uniformados que el condenado no se había presentado en el domicilio consignado y, debido a ello, la Unidad Regional V inició un operativo de búsqueda en esa ciudad.
A casi dos días prófugo, Aguirre fue recapturado en horas de esta tarde por uniformados de la dependencia local. El interno se ocultaba entre las malezas del Parque Municipal El Eucaliptal de la ciudad turística.
Según fuentes policiales, el hombre cumple condena de 5 años y 4 meses de prisión por “homicidio en tentativa en concurso real con coacción, ambos calificados por el uso de arma de fuego”, dictada por el Tribunal Penal Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones.
Luego de su detención, el implicado quedó nuevamente a disposición de la Justicia y será trasladado bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial.
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