Policiales
Dos detenidos por el asesinato a martillazos de un anciano en San Pedro
Dos jóvenes fueron detenidos anoche por el crimen de Ramón Sosa, el anciano de 86 años asesinado a golpes dentro de su casa en el barrio Cristo Resucitado de la localidad de San Pedro el último viernes. Se estima que el asesinato fue cometido para sustraer una garrafa de 10 kilogramos.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los procedimientos culminaron anoche, cerca de las 21, y consistieron en la detención de dos jóvenes identificados como Fernando “Nando” B. (25) y Gastón “Neno” M. (24), además del allanamiento de varias viviendas en las cuales se secuestraron elementos de interés para la causa.
Las fuentes señalaron que ambos jóvenes quedaron bajo la lupa de los investigadores a partir de varios testimonios que apuntaron haberlos visto ingresar a la casa de Sosa durante la madrugada del viernes.
Incluso, uno de los testigos señaló que esa madrugada se cruzó con ambos implicados en un playón cercano a una escuela de la zona y los dos jóvenes le propusieron ir a realizar “una movida” para robar una garrafa.
Justamente, lo único que faltaba de la casa de Sosa era una garrafa de 10 kilogramos, que se presume -y las pistas coinciden a la hora de reconstruir el caso- fue sustraída.
Otro elemento que faltaba en la vivienda de la anciano era un martillo, elemento que se estima se trata del arma homicida y el cual fue encontrado ayer durante una serie de rastrillajes realizados en un baldío cercano a la escena del hecho. La herramienta fue incautada, preservada y será enviada a pericias.
Tras los recoger los testimonios que apuntaron al dúo Nando y Neno, los efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional XIV, junto a los especialistas de la Dirección Homicidios, avanzaron hasta sus viviendas con una orden de allanamiento firmada por el magistrado Ariel Belda Palomar, titular del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro.
En ambos inmuebles los investigadores secuestraron prendas de vestir que ahora serán peritas. Además, se analizará si la vestimenta incautada coincide con las descripciones aportadas por los testigos de la causa.
Los dos jóvenes sospechosos quedaron alojados en sede policial y en las próximas horas serían citados a prestar declaración indagatoria. Por el momento, el caso se instruye como “homicidio en ocasión de robo”.
El crimen de Ramón Sosa se descubrió el viernes a la mediodía. El anciano, de 86 años, fue hallado sin vida dentro de su casa en el barrio Cristo Resucitado y el cuerpo, a simple vista, presentaba un hundimiento de cráneo.
El hijo de la víctima narró a la Policía que al momento del hecho él no estaba en el inmueble porque estaba trabajando y aportó que al recorrer el lugar constató que faltaban una garrafa de 10 kilogramos y un martillo.
El martillo presuntamente utilizado como arma homicida fue hallado ayer en un baldío frente a la casa de la víctima.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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