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Dos detenidos por el asesinato a martillazos de un anciano en San Pedro

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Dos jóvenes fueron detenidos anoche por el crimen de Ramón Sosa, el anciano de 86 años asesinado a golpes dentro de su casa en el barrio Cristo Resucitado de la localidad de San Pedro el último viernes. Se estima que el asesinato fue cometido para sustraer una garrafa de 10 kilogramos.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los procedimientos culminaron anoche, cerca de las 21, y consistieron en la detención de dos jóvenes identificados como Fernando “Nando” B. (25) y Gastón “Neno” M. (24), además del allanamiento de varias viviendas en las cuales se secuestraron elementos de interés para la causa.

Las fuentes señalaron que ambos jóvenes quedaron bajo la lupa de los investigadores a partir de varios testimonios que apuntaron haberlos visto ingresar a la casa de Sosa durante la madrugada del viernes.

Incluso, uno de los testigos señaló que  esa madrugada se cruzó con ambos implicados en un playón cercano a una escuela de la zona y los dos jóvenes le propusieron ir a realizar “una movida” para robar una garrafa.

Justamente, lo único que faltaba de la casa de Sosa era una garrafa de 10 kilogramos, que se presume -y las pistas coinciden a la hora de reconstruir el caso- fue sustraída.

Otro elemento que faltaba en la vivienda de la anciano era un martillo, elemento que se estima se trata del arma homicida y el cual fue encontrado ayer durante una serie de rastrillajes realizados en un baldío cercano a la escena del hecho. La herramienta fue incautada, preservada y será enviada a pericias.

Tras los recoger los testimonios que apuntaron al dúo Nando y Neno, los efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional XIV, junto a los especialistas de la Dirección Homicidios, avanzaron hasta sus viviendas con una orden de allanamiento firmada por el magistrado Ariel Belda Palomar, titular del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro.

En ambos inmuebles los investigadores secuestraron prendas de vestir que ahora serán peritas. Además, se analizará si la vestimenta incautada coincide con las descripciones aportadas por los testigos de la causa.

Los dos jóvenes sospechosos quedaron alojados en sede policial y en las próximas horas serían citados a prestar declaración indagatoria. Por el momento, el caso se instruye como “homicidio en ocasión de robo”.

El crimen de Ramón Sosa se descubrió el viernes a la mediodía. El anciano, de 86 años, fue hallado sin vida dentro de su casa en el barrio Cristo Resucitado y el cuerpo, a simple vista, presentaba un hundimiento de cráneo.

El hijo de la víctima narró a la Policía que al momento del hecho él no estaba en el inmueble porque estaba trabajando y aportó que al recorrer el lugar constató que faltaban una garrafa de 10 kilogramos y un martillo.

El martillo presuntamente utilizado como arma homicida fue hallado ayer en un baldío frente a la casa de la víctima.

 

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Tras horas de internación, falleció el motociclista que chocó en Puerto Rico

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Pedro Leguizamón (24) falleció en el hospital Samic de Eldorado luego de permanecer internado durante menos de 24 horas como resultado de un accidente que protagonizó en la tarde de este miércoles.

El siniestro se produjo alrededor de las 16 en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Florencio Varela de la localidad de Puerto Rico.

El joven circulaba a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc, cuando por causas que se intentan esclarecer, colisionó contra un automóvil Ford Focus al mando de un hombre de 32 años.

A raíz del impacto, Leguizamón fue trasladado al hospital local y luego derivado al centro de mayor complejidad en Eldorado, donde permanecía internado con lesiones graves.

Finalmente, en horas de la mañana de hoy se confirmó su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio, producto de un politraumatismo grave con traumatismo de cráneo.

En el lugar del siniestro trabajó personal policial, realizando las pericias correspondientes. Ambos vehículos fueron secuestrados y el test de alcoholemia al conductor del automóvil arrojó resultado negativo.

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Investigan si un felino mató 12 ovejas de un productor en Fachinal

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Por estas horas, los uniformados de la comisaría de Fachinal investigan un presunto ataque de felino a un rebaño de ovejas de un productor local, quien denunció la muerte de doce animales ovinos en su chacra ubicada sobre la ruta provincial 204.

Aproximadamente a las 16.50 de este miércoles, los policías se presentaron en el establecimiento y se entrevistaron con el denunciante, Damian O. El productor manifestó a los efectivos que entre la jornada de ayer y hoy detectó la muerte de 12 ovejas de su ganado.

En esa línea, el denunciante explicó que los animales presentaban marcas de mordidas compatibles con la de un felino de gran porte.

A raíz de la denuncia, los uniformados recorrieron y rastrillaron la zona donde se produjo el deceso de las ovejas, como así también en los alrededores del predio rural, con el objetivo de detectar huellas o indicios que permitan confirmar la presencia del animal.

Hasta el momento, los uniformados no pudieron hallar rastros del presunto depredador en la zona. En tanto, se dio intervención al personal del Ministerio de Ecología de Misiones.

En la chacra donde se produjo el ataque a las ovejas estuvo presente el guardaparque Aníbal Silva, encargado del Parque Provincial Fachinal, quien tomó conocimiento de lo ocurrido para continuar con las actuaciones y el monitoreo en la zona.

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Amenazas en escuelas: 12 menores identificados y 100 operativos policiales

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Amenazas en escuelas: 12 menores identificados y 100 operativos policiales

Con 100 operativos de la Policía de Misiones en diferentes escuelas de la provincia, un total de 12 estudiantes fueron identificados como presuntos autores de las amenazas de tiroteos en los establecimientos. Además, en las intervenciones, la fuerza provincial secuestró armas de fuego, proyectiles y cuchillos, entre otros objetos punzantes.

Las situaciones comenzaron la semana pasada, principalmente en escuelas de Posadas, y estarían relacionadas con un desafío viral difundido en redes sociales. A partir de ello, se llevaron adelante tareas de monitoreo digital y acciones preventivas en instituciones educativas de toda la provincia.

Entre los casos relevados, se identificó a un estudiante de 15 años como autor de un audio con amenazas dirigido al director de una escuela en Guaraní. La localización de la línea telefónica permitió establecer su vinculación con el hecho. Por disposición judicial, el adolescente fue notificado en presencia de su padre, quien entregó voluntariamente el celular para su análisis.

En San Vicente, una docente encontró un grafiti en el baño de una escuela con un mensaje intimidatorio. La investigación policial permitió identificar a un alumno de 13 años, quien fue notificado a través de su madre, con intervención de las áreas correspondientes del sistema de protección.

Otro hecho ocurrió en Dos de Mayo, donde un estudiante de 14 años llevó un arma de fuego al establecimiento y la mostró a sus compañeros. Tras la denuncia de las autoridades escolares, el arma, un revólver calibre 22, fue entregada por el padre del menor. El adolescente fue notificado por orden del Juzgado Correccional y de Menores.

Según se informó, los 12 estudiantes identificados fueron notificados en todos los casos en presencia de sus tutores y quedaron a disposición de la Justicia y de los organismos de protección de niños, niñas y adolescentes.

Estos episodios se suman a situaciones similares registradas en otras partes del país y estarían vinculados a la circulación de amenazas en redes sociales, audios y mensajes dentro del ámbito escolar.

En total, se realizaron 100 intervenciones en la provincia, con mayor presencia en Posadas, y se retiraron distintos elementos considerados potencialmente peligrosos.

Respecto del encuadre legal, desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia se recordó que “las amenazas pueden ser reprimidas con penas de hasta 3 años de prisión, mientras que la intimidación pública cuando se busca infundir temor generalizado puede alcanzar penas de hasta 6 años, e incluso superiores en casos agravados”.

En esa línea, se destacó que, “tratándose de menores de edad, además de la eventual responsabilidad penal, los padres o tutores podrían enfrentar acciones civiles por los daños ocasionados y los costos derivados de los operativos de seguridad”.

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