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Develan plan del múltiple asesino Negro Rojas para matar al juez Verón

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La investigación luego de la detención de cuatro miembros de una banda con armas ilegales y ropa de la policía hace un mes derivó en el descubrimiento de un entramado para asesinar al magistrado.

 

POSADAS. Néstor Fabián “el Negro” Rojas (54), detenido en la cárcel de Ezeiza por tres homicidios cometidos en la provincia, fue involucrado en las últimas horas en un plan para asesinar al titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, Fernando Verón.

Los investigadores arribaron a esta conclusión a partir del análisis de los teléfonos de cuatro hombres que fueron detenidos el pasado 28 de mayo con ropas de la Policía Federal y armas.

Los pesquisas de la Gendarmería Nacional determinaron que el grupo estaba en constantes comunicaciones con Rojas y reconstruyeron con detalles el plan criminal, el cual especificaba que el magistrado sería interceptado en la vía pública. 

Se recordará que el Negro Rojas se encuentra detenido por el doble crimen de El Acuerdo, ocurrido en diciembre del 2015 en Posadas, en el cual fallecieron Sebastián Vega y Rodrigo Ibarra. 

Justamente Verón es quien lleva adelante esa investigación que señala como autor material a Rojas, también acusado de matar a tiros en agosto de 2018 a un mecánico de Gobernador Roca, Aldo Andrés Cantero.

Los cuatro detenidos fueron atrapados el 26 de mayo y son el posadeño Luis Miguel B., un joven oriundo de Paraguay, un soldado del Ejército Argentino y un cuarto que aún no fue identificado. Todos están a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

Ahora se estableció que los cuatro detenidos el mes pasado mantenían contacto con El Negro Rojas continuamente para armar al detalles el asesinato del magistrado. Así, se supo en las comunicaciones se refieren inclusive al tipo de motocicletas con las que llevarían adelante el crimen.

Detenciones “fortuitas”

Todo comenzó el pasado 26 de mayo, cuando efectivos de la Gendarmería realizaban un control sobre la ruta 12 a la altura de Garupá.

Allí fue detenido Luis Miguel B., cuando se movilizaba con un Nissan que resultó tener pedido de secuestro por hurto en Chubut. Este se movilizaba junto a un ciudadano paraguayo, quien cargaba entre sus pertenencias un pistola Glock valuada en unos 100.000 pesos.

El paraguayo no tenía ninguna documentación, ni suya ni del arma y en aquel momento la hipótesis que tomó fuerza es que ambos esperaban recibir o custodiar un cargamento de marihuana.

Esta fue una captura fortuita, según dijeron desde la fuerza, pero al detectarse la presencia de Luis Miguel B., quien ya había sido ligado a cuatro brasileños detenidos en San José en septiembre de 2019. 

Ya en aquel momento se pudo establecer que el paraguayo trabajaba con Néstor Fabián “el Negro” Rojas, narco y sicario detenido por tres homicidios cometidos en Misiones, todos con trasfondo narco.

De forma inmediata, se informó al juez Marcelo Cardozo, que presidió el allanamiento en su casa, ubicada calle Salvador Miqueri, a dos cuadras de la ex ruta 213, en el barrio posadeño de Los Lapachos.

En aquel allanamiento se incautó un fusil M4, adaptado para disparar calibre 36, cartuchos de pistolas 9 milímetros, elementos con las inscripciones de la Policía Federal como cascos, guantes tácticos y pasamontañas. Se detuvo también a otras dos personas. 

MENSAJES. Una parte de la pesquisa realizada a uno de los 11 celulares secuestrados.

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La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia

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Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.

Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.

Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.

A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”

Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.

Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.

La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.

El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.

Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.

Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.

En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.

“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.

A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.

Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.

Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.

En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.

La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.

La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.

Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.

Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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