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Policiales

Detienen por robo a testigo de caso Rosa que apuntó a policías de la Brigada

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Walter Rubén Velázquez (30), más conocido como “Chinito”, el testigo que declaró contra efectivos de la Brigada en el juicio por la muerte de Mirta Carmen Rosa (47), fue detenido esta mañana en el marco de la investigación por un hecho de robo registrado a mediados de agosto en Santa Inés.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la nueva detención de Chinito guarda relación con una denuncia de robo radicada el 15 de agosto por una periodista de 36 años domiciliada en Santa Inés, Garupá.

En su denuncia la mujer relató que ella salió de casa el 13 de agosto y al regresar, dos días después, constató que delincuentes cortaron un tejido perimetral, forzaron una reja y accedieron al lugar, robando elementos personales y herramientas de trabajo tales como una cámara de fotos, un grabador y una mochila.

De la investigación iniciada surgió entonces que el sospechoso estaba comercializando objetos robados por el barrio Los Potrillos y también a través de redes sociales, añadiendo que los interesados podían acercarse a ver los elementos puestos a la venta en su casa del barrio El Porvenir II.

Así fue como, al recolectar todos estos elementos, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con el personal de la Dirección Investigaciones Complejas y del Grupo de Intervención Rápida (GIR) irrumpieron esta mañana en lugar con autorización del Juzgado de Instrucción Siete y realizaron un allanamiento que derivó en la detención del implicado.

Las fuentes de La Voz de Misiones señalaron que en el inmueble los uniformados policiales dieron con un cuchillo y un par de zapatillas Nike que también habían sido denunciados como robados por la damnificada del hecho registrado el 13 de agosto.

El operativo además culminó la detención de la pareja de Chinito, quien se resistió al procedimiento e intentó impedir el accionar policial.

La detención de Chinito se concretó esta mañana, tras un allanamiento en el barrio El Porvenir II.

Chinito testigo

Velázquez tuvo marcado protagonismo hace unos días cuando le tocó declarar como testigo en el marco del juicio que se realizó en el Tribunal Penal Dos de Posadas para esclarecer la muerte de Mirta Rosa, una docente jubilada con esquizofrenia que fue hallada sin vida el 14 de febrero de 2013 en una antigua cancha del barrio Los Potrillos.

El juicio oral terminó el viernes pasado con sentencias condenatorias de 4 y 2 años de prisión, respectivamente, para los ex policías de la comisaría Quinta, Aldo Villalba (37) y Luis Rotela (43), quienes fueron declarados responsables de abandono de persona, entre otros delitos. 

El testimonio de Chinito era considerado de relevancia ya podía ayudar a reconstruir los últimos minutos de la víctima, como así también el accionar de los imputados y relevar más información respecto a las actividades que ese día estaba realizando el personal de la Brigada de Investigaciones, quienes también se encontraban de recorrida en cercanías al escenario donde finalmente fue hallado el cadáver de la docente jubilada.

En ese contexto, el joven declaró en la quinta jornada del juicio, celebrada el 17 de agosto, y antes las partes recordó que ese 14 de febrero de 2013 é l fue detenido por robo y quedó alojado en la comisaría Quinta, pero cerca del mediodía la Brigada lo retiró de allí para llevarlo a Los Potrillos, donde añadió que fue torturado con una picana y golpeado por los tres efectivos que estaban con él dentro del móvil. 

También sostuvo que mientras eso sucedía una señora pasó por el lugar y reclamó a los policías por su accionar, dos de los cuales bajaron del rodado y continuaron discutiendo con la mujer.

“Apareció una mujer que reclamó que me estaban pegando. Ahí discutieron y Broemser y Borda se bajaron del auto y siguieron discutiendo. Quince minutos después, volvieron al auto y no me golpearon más. Después me llevaron de nuevo a la comisaría”, fueron sus palabras.

Esos efectivos apuntados se tratan de Emilio Broemser, José María Bernal y Adrián Borda, quienes en ese momento cumplían laborales en la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X, para quienes luego el fiscal del juicio, Vladimir Glinka, solicitó que se inicie “cabeza de sumario” para investigarlos como posibles autores del homicidio de la señora Rosa.

La hipótesis que trazó el fiscal en su alegato consigna que Rosa, en medio de una crisis nerviosa por su cuadro de esquizofrenia, fue alzada en el patrullero en el que se movilizaban Villalba y Rotela, pero que ellos luego la dejaron abandonada en cercanías al barrio Los Potrillos, tras lo cual la mujer se cruzó con los efectivos de la Brigada y terminó siendo asesinada a golpes.

“Ella (por Rosa) era una persona que no iba a reaccionar bien ante cualquier tipo de agresión. Ella tenía esquizofrenia, entonces reaccionó mal y ellos (por los efectivos de la Brigada) reaccionaron aún peor, la golpearon y la dejaron prácticamente muerta en un lugar donde ellos creían que se le podía imputar a otra persona, que era los policías que pasaron por ahí”, profundizó Glinka en su alegato del último viernes.

En base a todo lo expuesto, Glinka pidió que se extraigan copias de todo lo recolectado en el debate y que la causa sea remitida al juzgado de origen para que se inicie una investigación contra los agentes de la Brigada como sospechosos del asesinato de Rosa.

El Tribunal Penal Dos dio lugar al pedido, aunque los considerandos para esta nueva etapa serán comunicadas junto a los fundamentos del fallo, cuya lectura fue programada para el próximo 6 de septiembre.

Judiciales

Crimen del penitenciario Argüello: preventiva para la hermana y la pareja

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El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.

Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.

El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.

El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.

Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad

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Policiales

Hurtó dos vinos por $6 millones en el microcentro posadeño y fue detenida

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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón

Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.

Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.

En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).

Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas. 

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.

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Policiales

Detienen a un policía por violencia sexual contra dos uniformadas en El Soberbio

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Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.

El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.

Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.

El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.

Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.

El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.

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