Policiales
Detienen en Oberá a líder de red de trata integrada por ex Gran Hermano
Un hombre de 47 años fue detenido esta mañana en Oberá acusado de ser el líder de una red de trata que captaba víctimas en Misiones y las enviaba a Buenos Aires, donde eran sometidas sexualmente a cambio de dinero, y entre los involucrados también aparece Marcelo Corazza, el primer ganador del reality show Gran Hermano.
La pesquisa y el operativo general fueron encabezados por el personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), cuyos uniformados esta mañana realizaron seis allanamientos simultáneos, uno de ellos en Oberá, en un domicilio ubicado sobre la calle Ralph Haupt 1768.
Según pudo establecer La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, en ese lugar fue detenido Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo (47), un hombre que ya aparece vinculado a causas por delitos similares en la Justicia misionera.
Las mismas fuentes señalaron que el allanamiento de ese domicilio se llevó a cabo entre las 5.20 y las 10 de hoy, con la presencia de testigos, y en el lugar además se incautaron equipos informáticos que ahora serán sometidos a diversas pericias en búsqueda de más pistas que sean de interés para la causa.
En los archivos periodísticos, Angelotti Notarbartolo también aparece como propietario de Ohm Lounge Club, un local nocturno que funcionaba sin habilitación en la Capital del Monte y el cual fue clausurado en al menos dos oportunidades en 2009 por presencia de menores de edad.
La red opera desde 1999
Respecto a la causa que derivó en estos operativos, se pudo saber que la investigación inició el 24 de octubre del año pasado, cuando al menos dos testigos de identidad reservada, hoy mayores de edad, denunciaron que una persona, a quien sólo pudieron individualizar por su nombre de pila, los habría corrompido cuando eran menores de entre 11 y 14 años.
A partir de ahí, tomó intervención en el caso la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuya pesquisa se extendió durante seis meses, bajo órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48.
Los primeros datos revelaron que el primer apuntado en la investigación solamente operaba con menores de género masculino, a quienes luego prostituía obteniendo beneficios económicos de dicha actividad.
Poco a poco, los investigadores fueron reconstruyendo el ardid de la banda e identificando al resto de los involucrados.
Según se pudo saber, la organización desarrollaba esta actividad delictiva desde hace más de 20 años y se estima que era Angelotti Notarbartolo quien se dedicaba a captar a las víctimas, corromperlas y luego insertarlas en el ámbito de prostitución ofreciéndolos a diversos clientes.
El ardid, en gran parte, consistía en ofrecer un viaje familiar a Buenos Aires, donde las víctimas eran alojadas en la casa de la madre del líder de la banda, ubicada en la localidad de General Rodríguez, domicilio que esta mañana también fue allanado.
Se estima que desde ese lugar se coordinaban las entregas y los sometimientos de los menores.
La investigación supone que al menos 11 menores y adolescentes fueron víctimas de esta maniobra desde 1999 a hoy.
Cuando los pesquisas lograron establecer la identidad de este sujeto, avanzaron con más tareas investigativas, estableciendo además direcciones y números de teléfono, datos mediante los cuales también pudieron llegar a los clientes de la red.
Allí aparece el nombre de Marcelo Corazza, ganador del primer Gran Hermano y productor de la edición vigente, quien fue detenido en una casa ubicada sobre la calle Montes de Oca 381 de Tigre, provincia de Buenos Aires.
Los restantes dos detenidos son Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.
Los cuatro implicados quedaron detenidos y en las próximas horas deberán comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante la Justicia interviniente.
Preliminarmente, están imputados por el delito de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y a la explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.
La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.
El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.
La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.
Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.
Docentes llevados a juicio reclamarán su absolución en el Congreso
En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.
A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.
El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.
De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.
Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.
El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.
Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero
El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.
De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.
En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.
Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.
La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.
El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.
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