Agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) incautaron 139 kilogramos de marihuana en un procedimiento realizado anoche en la zona costera de Garupá.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, todo comenzó mientras una patrulla terrestre de dicha fuerza federal realizaba recorridas preventivas al margen del río Paraná y mediante el uso de cámaras de visión nocturna divisaron una embarcación a motor que provenía desde Paraguay.

El bote venía con dos ocupantes y alcanzaron la costa durante unos pocos minutos hasta emprender el regreso al país vecino.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron 7 bultos con 155 panes de marihuana dispuestos entre las rocas de la zona ribereña. En total la carga ascendió a los 139 kilogramos de cannavis sativa, con aforo que roza los 500 millones de pesos. En el caso interviene la Fiscalía y el Juzgado Federal de Posadas.

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Un joven de 27 años involucrado en un hecho estafa con el cuento del tío por 350.000 dólares cometido en Paraná, Entre Ríos, fue detenido esta mañana mientras caminaba por el barrio Los Lapachitos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el implicado se trata de Carlos Alejandro B. (27), quien registraba un pedido de captura emitido por la Unidad Fiscal Especializada de Paraná, a cargo de Sofía Patat.

La detención se concretó esta mañana, cerca de las 11.30, cuando el hombre fue interceptado en la esquina de la avenida Juan José Paso y calle Laprida. Según detallaron, al advertir la presencia policial el implicado comenzó a correr y por el camino rompió su teléfono celular, aunque a las pocas cuadras fue alcanzado y quedó detenido.

El procedimiento fue realizado por el personal de la Dirección Investigaciones Complejas y el detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, que ahora deberá decidir los próximos pasos a seguir.

El sospechoso rompió su celular al ver a la Policía.

La estafa y la pesquisa

Sobre el posadeño recaía un pedido de detención emitido en mayo del año pasado, cuando fue identificado como uno de los presuntos autores de un golpe millonario a través de un cuento del tío perpetrado en la capital de Entre Ríos.

Según pudo reconstruir LVM en base a diversas fuentes consultadas en aquel momento, el damnificado fue un anciano de 80 años a quien los malvivientes engañaron con el relato de una posible devaluación y tras ganar su confianza lo convencieron de dirigirse al banco para extraer el dinero.

Sin embargo, no fue única la víctima, ya que en la caja de seguridad asociada al hombre había ahorros pertenecientes a todo su grupo familiar. La denuncia refirió una pérdida de 350.000 dólares, aunque el total podía superar o hasta duplicar ese monto.

Realizada la denuncia, en el caso comenzó a trabajar el personal la División Delitos Económicos de Entre Ríos, quienes mediante cámaras de vigilancia pudieron identificar el rodado utilizado por los estafadores y de allí avanzaron en sistemas de reconocimiento de fisonomías y entrecruzamiento de datos entre direcciones de IP e impactos de antenas a partir de las pistas obtenidas de las líneas telefónicas usadas por los delincuentes.

Los investigadores reconstruyeron entonces que el hecho fue perpetrado por dos sujetos, aunque en primera instancia solo pudieron identificar a uno de ellos, de quien más tarde se supo que era oriundo de Posadas.

Al ahondar en esa pista, descubrieron que el sospechoso ostentaba un crecimiento económico exponencial en redes sociales, mostrando la adquisición de vehículos y otros elementos de gran valor.

De allí se solicitó colaboración a Misiones, donde se activó un trabajo conjunto con los agentes de Dirección Investigaciones Complejas y la Dirección de Cibercrimen, labor que no solo permitió ubicar el domicilio de los implicados, sino también identificar al segundo sospechoso, más específicamente al conductor del vehículo con el cual trasladaron a la víctima hacia el banco en Paraná.

Fue así que en mayo del año pasado se ejecutaron varios allanamientos en Posadas y en uno de los inmuebles los investigadores de la Policía de Misiones incautaron dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, como así también una Toyota Hilux 0km, un Volkswagen Vento modelo 2024 y un Toyota Corolla modelo 2024, todos adquiridos posteriormente al hecho y valuados en más de 100 millones de pesos.

Sin embargo, ninguno de los sospechosos fue hallado en los operativos ejecutados, ante lo cual se mantuvieron en condición de prófugos y uno de ellos fue detenido hoy.

Dos misioneros se alzaron con USD 350.000 con el cuento del tío en Entre Ríos

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El empresario arenero Jorge Muniagurria inició una demanda contencioso administrativa en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) contra la Municipalidad de Candelaria por la resolución que le clausuró la planta de acopio que tiene en un predio costero cedido en comodato por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

En la presentación judicial, a la que tuvo acceso La Voz de Misiones, el empresario solicitó al STJ la nulidad de la Resolución 02/25, del ingeniero Eduardo M. Quiroga, que firmó como secretario de Planificación, Catastro y Medio Ambiente de la Municipalidad, ratificada por el intendente Carlos Flores; y pidió la suspensión de la medida administrativa de clausura del predio de la empresa.

El escrito, patrocinado por los abogados Fernando Marcelo Canteli y Graciela Beatriz Canteli, señala que la Resolución de Quiroga, refrendada por Flores, “no reviste siquiera la adecuada formalidad” y tampoco “los actos administrativos que las precedieron, por afectar gravemente los derechos e intereses legítimos” del empresario afectado.

Los letrados se refieren a la Comunicación de clausura que hace Flores a Muniagurria el 15 de diciembre de 2025, y sostienen que la “ratificación” por parte del intendente, de la Resolución 02/25 de Quiroga, es elemento suficiente para la admisión de la demanda por parte del STJ, según lo establecido en el artículo 8 de la ley I Nº 95.

“Con dicha ‘ratificación’ se cierra la instancia administrativa municipal, ya que emana de la más alta autoridad competente y al rechazar el Recurso Jerárquico agota los remedios recursivos”, reza el escrito judicial.

Inspección

La presentación judicial relata que el 15 de octubre de 2025, se labró el Acta de Inspección R-01-00000134 suscripta por quien se identificó como secretario de la comuna de Candelaria, ingeniero Eduardo M. Quiroga, en el inmueble de la arenera JM, cuya actividad principal es la extracción y venta de arena, y que en dicha Acta se requirió a la empresa la presentación de un estudio de impacto ambiental, en el marco de la Ordenanza 03/12, y la Declaración Jurada de las ventas de arena realizadas.

“En tiempo oportuno, se realizó el descargo sobre ambos puntos, indicando sobre el primero que era imposible presentar un informe ambiental, ya que la Ordenanza 03/12 se remitía a una reglamentación que era desconocida, puesto que se había requerido la misma en varias oportunidades y siempre se habían obtenidos evasivas”, reza el escrito y agrega que “sin perjuicio de ello, se adjuntó documentación que acreditaba el cumplimiento de todos los presupuestos ambientales, expedida por las autoridades provinciales con competencia sobre la materia”.

“En cuanto al segundo punto se acompañó toda la documentación contable de la empresa, que reflejaba el estricto cumplimiento de las normas tributarias”, señala la presentación y añade que “dicho descargo fue ignorado por completo, dictándose la Resolución Nº 02/25, que fue suscripta por el mismo funcionario que intervino en el labrado del Acta de Inspección Nº R-01-00000134”.

Nulidad

En la presentación judicial, el empresario arenero arremete contra la Resolución 02/25, del ingeniero Quiroga, y la define como “ilegítima y nula, de nulidad absoluta”.

Argumenta que “ha sido dictada por quien no tiene competencia para ello y sin causa ni motivación expresa ni implícitamente considerada”, y “en violación de la ley aplicable y los procedimientos previos a la emisión del acto”.

En tal sentido, el escrito invalida la “competencia” de Quiroga como secretario, ya que la Municipalidad de Candelaria no cuenta con Carta Orgánica propia y se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades de Misiones, y “no existe norma alguna que lo instituya como tal”.

“No existe ordenanza alguna que reglamente las atribuciones, derechos, funciones y deberes del secretario de Planificación, Catastro y Medio Ambiente”, sostiene y desconoce, también, el papel del intendente Flores en el procedimiento que derivó en la clausura de la empresa.

“Por último, también traigamos a colación que no existe intervención alguna del Sr. Intendente requiriendo la inspección ni la posterior sanción que por este acto se recurre”, afirma y concluye que, “tanto la inspección como la posterior sanción han sido resueltas por un funcionario que no tiene atribuciones para ello”.

“Tal circunstancia, vicia irremediablemente el acto administrativo registrado bajo la forma de Resolución 02/2025 tornando inevitable la declaración de nulidad a su respecto”, afirma.

La presentación judicial advierte, también, sobre “vicios en la motivación” por parte del municipio, en lo referente al rechazo de la Declaración Jurada de ventas, de enero a septiembre de 2025, presentada por la empresa; y el desconocimiento de los estudios de impacto ambiental aprobados por instancias provinciales.

En el último tramo de la presentación, el demandante advierte la existencia de “peligro en la demora y verosimilitud en el derecho”, ya que “no estamos frente a una eventualidad, sino que hay una realidad concreta: hace seis meses que el emprendimiento productivo no funciona por una decisión absolutamente arbitraria”.

“Hay familias (de los trabajadores y accionistas ya que se trata de una Pyme) cuya subsistencia está dañada”, señala y destaca: “Y ni que hablar ante un mercado altamente competitivo por las bajas en las ventas y la competencia desleal) del perjuicio que significa volver a reinsertarse en el mercado”.

“En cuanto a la verosimilitud en el derecho, del relato que hemos volcado de los hechos surge claramente que dicho recaudo se cumple acabadamente, ya que están en juego el derecho de propiedad y el ejercicio de industria lícita, ambos tutelado constitucionalmente (art. 14 y 18 C.N.)”, advierte el escrito.

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