Policiales
Denunció que intentó drogarla para abusar de su hija: “Lo liberaron al otro día”
El último viernes 27 de agosto, luego de que intentara drogarla y abusar de su hija de 14 años, Andrea Rodríguez, de 41, denunció a su esposo Víctor Hugo Rojas, con quien vivía hace una década.
Sobre el día de los hechos, la denunciante relató que “por la noche tuve un ataque de asma, mi esposo y mi hija subieron hasta mi pieza con el nebulizador. Él a toda costa me quería dar una pastilla para dormir, así seguro podía aprovechar”, dijo en entrevista con La Voz de Misiones.
En esa línea, la mujer explicó que, ante la insistencia de Rojas para que tomara el comprimido, “le hice creer que tomé, y mientras estuve acostada, él entró dos veces a mi pieza para ver si realmente estaba durmiendo, lo que me hizo sospechar”, enfatizó.
Al notar una actitud extraña en su pareja, Rodríguez salió de su habitación y bajó a la planta baja de su vivienda, indicó.
“Él me escucha y en eso mi hija logra liberarse y sale corriendo, y ahí me cuenta que intentó desnudarla, le dio un beso en el cuello y en la boca. Entonces le agarro a golpes y llamo a la Policía, a él lo llevan preso y yo voy con mi hija a realizar la denuncia”, recordó la madre desde su domicilio de la avenida Uruguay de Posadas.
La acusación formal fue radicada en la Comisaría de la Mujer del Centro de Posadas, dependiente de la Unidad Regional (UR) I.
En la causa, interviene el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo.
Antecedentes y amenazas
Andrea, que es empleada estatal, se acercó el domingo a la dependencia policial a buscar una copia de la denuncia que había realizado el día anterior, que terminó con la detención de su pareja.
“Al otro día los agentes me dijeron que lo habían liberado porque no tenía antecedentes”, sentenció la posadeña y subrayó “que es totalmente falso, porque él tiene una denuncia por violar a una chica con discapacidad, en el 2017”.
En tanto, indicó que esa causa “se tramita en el mismo juzgado, y nunca pasó nada porque él es amigo del secretario del juez Cardozo”, denunció Andrea en diálogo con La Voz de Misiones.
Esa primera denuncia la hizo la mamá de Andrea, ya que su yerno habría abusado de una joven con retraso madurativo -a quien habría dejado embarazada- que ella tiene a su guarda, a través del programa Pequeño Hogar.
En aquel entonces, Andrea vivía junto a su familia en casa de su madre y, tras la denuncia, abandonaron el lugar, ya que la mujer recordó que “no llegué a creer, hasta que pasó esto con mi hija”, sostuvo.
Por otro lado, manifestó que tiene mucho miedo de que su esposo esté en libertad: “Está cerca, conoce los movimientos de nosotros, los horarios de clase de los chicos, mis horarios de trabajo, la casa de mi mamá, obviamente me preocupa”.
Además, la madre comentó que la familia del acusado la amenazó, por lo que pide que la Justicia actúe, ya que hoy solicitó hacer la ampliación de la denuncia por los hostigamientos en el Juzgado de Instrucción Uno y “no me quisieron tomar, la fiscal me atendió desde un teléfono y me dijo que no lo podía hacer, que me habían asesorado mal”, sentenció.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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