Policiales
Denuncian abuso, tortura, prostitución y muerte en hogar de niños de Virasoro
Gobernador Virasoro se ve conmocionado por los hechos que salieron a la luz en las últimas horas, ocurridos en el hogar de niños Rincón de luz. El año pasado fue denunciado por una orientadora que dijo presenciar actos de corrupción. Hace 10 días encontraron muerto a un chico de 14 años en una habitación.
Hoy, el abogado, Eduardo Raúl Etchegaray Centeno, pidió la inmediata detención de Sonia Andrea, directora del hogar en la provincia de Corrientes, por el delito de “Corrupción de Menores Agravado por su condición de encargada de Guarda y Educación en concurso real por el delito de Facilitación a la Prostitución”, como así también de un empresario de la zona, dueño del Local Osadía Calzados, quien fuera acusado de abusar sexualmente de menores alojadas en dicha institución.
Días atras hallaron colgando de una soga al cuello a un niño de 14 años en una habitación, dónde según el hermanito de la victima que lo encontró, estaba aislado a modo de penitencia. Cuando el cadáver del niño fue retirado, las autoridades obligaron al hermanito de la víctima a dormir en la misma habitación de la tragedia.
La acusación formal había sido realizada en 2021 por Leandra, una orientadora del hogar, quien en aquel momento manifestó haber presenciado actos de corrupción de menores, abuso y tortura a los niños y niñas alojados en dicha institución, informa el medio Corrientes Hoy.
La denuncia no avanzó en las vías judiciales, pero la reciente noticia del hallazgo sin vida de Claudio F. el menor de 14 años, dentro del hogar, reavivó las acusaciones de la dramática situación a la que son sometidos los niños y niñas del hogar.
La denuncia
Leandra Alves es una ex empleada del Hogar “Rincón de Luz” y fue quien realizó las denuncias por maltratos y abuso sexual contra menores en ese sitio.
Recordó que la directora acusada “siempre me maltrató”, aludiendo a que denunciaba que los chicos “dormían en el piso, no tenían ventiladores”. Ratificó la versión de que una joven internada habría sido abusada por el propietario de una tienda de Virasoro.
“Yo hice la denuncia mientras trabajaba, pero al otro día la directora me echó no sé cómo se enteró”, relató. “El motivo de mi denuncia fue por varios hechos como la falta de atención médica a los chicos, ellos lloraban porque les dolía la muela yo le avisaba a la directora y no me escucha”.
Asimismo agregó “también por la falta de ventiladores en el hogar, los chicos dormían tirados en el piso porque estaba más fresco, además de la invasión de mosquitos yo dejaba todo en el parte diario pero nadie me hacía caso”.
En cuanto a los abusos sexuales que involucraría a un empresario local y a una de las menores del hogar relató “todo nos enteramos en el hogar lo que pasó, una de las chicas trabajaba con el tío (empresario) y llevaba a otra chica y trabajaban juntas y luego nos enteramos que ese señor mantenía relaciones sexuales con una de ellas”.
“Después que nos enteramos la directora nos llamó a su oficina y nos dijo que si nos habíamos enterado lo que pasó con la chica, nos pidió que no nos preocuparnos que ella ya había hablado con Corrientes”, recordó la mujer.
También acotó “luego de un tiempo llegué a mi turno en el hogar y me encontré con un montón de calzados nuevos, ahí me dijeron “el señor de tal tienda los regaló” y eso denuncié”.
“Lo de la relaciones sexuales es lo que supe hasta que yo trabajé, pero aparentemente lo del abuso hubo reiteradas situaciones pero cuando yo ya no trabajaba”.
“Hice la denuncia en la fiscalía y me dijeron que iban a investigar, fue caratulada como incumpliendo a los deberes públicos, pero el abogado me dijo que nunca le dieron peso a la denuncia; cuando pedí una copia de la denuncia y me dijeron que no”, afirmó.
Por otro lado indicó que las chicas que iban a la casa del empresario local tenían 15 años “una estaba desde los 6 años en el hogar. Yo no puedo asegurar si había complicidad entre la directora y este señor”.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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