Policiales
Denuncian a docente del B.O.P Nº 61 por acosar a una alumna por WhatsApp
Una alumna, de 17 años le confesó a su mamá que su profesor César Fabián Espinoza, docente de la Escuela Bachillerato Polivalente (BOP) 61, ubicada en el barrio Itaembé Guazú de Posadas, la acosó por mensajes de WhatsApp.
“Le decía que le muestre más sus partes íntimas, que ese short no le dejaba ver bien”, le dijo a La Voz de Misiones Alicia Duarte, de 41 años, mamá de la adolescente. La mujer realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Villa Cabello el pasado 1 de junio.
A raíz de su denuncia, otras jóvenes comenzaron a contactarse con la mujer para comentarle que Espinoza “también las acosaba a ellas, pero ninguna se animaba a decir nada por miedo. Encima ellos tienen muchas horas con este profesor”, contó Duarte a LVM y adelantó que mañana otros padres van a realizar la denuncia.
“Mi hija llegó de la escuela y después de un rato salió de su habitación llorando y me dijo: ‘Te tengo que contar algo’, ahí me asusté y traté de calmarla, y le digo que me cuente qué estaba pasando y ella me dice: ‘Mamá, mi profesor abusó de mi’”.
Los hechos habrían comenzado el 31 de mayo, cuando el docente le escribió por privado a la joven. Al día siguiente, la alumna decidió contarle lo que había sucedido a sus compañeros y, todos juntos, solicitaron al preceptor hablar con el director del establecimiento, Luis Carlo Benítez, para contarle el comportamiento de Espíndola.
“Le llamaron al preceptor, le comentaron lo que pasó y el preceptor le dijo que se callen, que nadie debía enterarse de lo que había pasado. Mi hija estaba re asustada, todavía no me había contado nada“, relató la mujer.
Ante la inacción del preceptor, los compañeros le animaron a la adolescente que le cuente a su mamá lo que había sucedido.
Acosador en el aula
Luego de enterarse de lo que ocurrió, Alicia decidió radicar la exposición policial correspondiente: “Ese día que mi hija me contó hice la denuncia, pero él acosaba a todas las chicas del aula; los chicos sabían que el profesor era así y le tenían miedo porque es un depravado. Ninguna chica se quería quedar sola en el aula con él“, enfatizó la denunciante.
Y agregó: “A mi hija le miraba directamente las piernas, porque ellas llevan pollera. Después a otra chica le mandaba a borrar el pizarrón y le miraba la cola. Otra chica un día se fue de jeans y le dijo: ‘Qué lindo que te queda’; las chicas se sentían muy incómodas, es re depravado“, sostuvo.
La madre de la joven remarcó que, en ningún momento, los responsables del establecimiento se comunicaron para avisarle lo que estaba sucediendo: “En la escuela quisieron tapar todo, la policía se acercó al establecimiento y no le quisieron dar la dirección del profesor para notificarle que no se podía acercar”.
Por ello, Alicia se acercó hasta la BOP 61 y pidió hablar con el director Luis Carlo Benítez, pero éste no se encontraba en el establecimiento.
“Cuando me voy a la escuela para hablar con el director, a la 1, porque a las 3 de la tarde ella tenía devuelta con ese profesor, no estaba. Vino otra mamá, otros papás enojadísimos con lo que había pasado y el director no estaba”, dijo la mujer.
Por la ausencia de Benítez, los tutores comenzaron a tratar de contactarse con él: “Le empezamos a llamar, que se acerque a la escuela, que queríamos que nos dé explicaciones de lo que había pasado, y por qué no nos avisaron nada. Entonces se acercó el hombre e hicimos un descargo en la escuela con la mamá de la otra chica que también le sucedió lo mismo”.
Alicia pudo saber, a través de efectivos de la comisaría, que el profesor César Fabián Espinoza fue notificado con una prohibición de acercamiento a su hija y, mientras se defina qué hacer con el docente, la joven no asistirá a la escuela.
En la causa interviene el magistrado Ricardo Balor, a cargo del Juzgado de Instrucción Seis.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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