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Clan Mareco, a juicio el 28 de marzo: asociación ilícita, lavado y contrabando

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fijó para el 28 de marzo el inicio de las audiencias en el que tres integrantes del denominado Clan Mareco de Jardín América serán juzgados por lavado de activos de origen delictivo -entre otros delitos- y será la primera vez que un expediente bajo esta calificación se ventile en debate oral y público en la historia de la provincia de Misiones.

De acuerdo a la información recaba por La Voz de Misiones, los imputados en esta extensa y compleja causa son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

Además, hay un cuarto involucrado, Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional en su contra.

Los implicados enfrentan acusaciones por asociación ilícita, encubrimiento de contrabando y lavado de activos, dado que -de acuerdo a la investigación de la Justicia Federal- de manera organizada se encargaron de ingresar mercadería extranjera de contrabando, sacar rédito económico de ello a través de su venta en territorio argentino y luego reintroducir ese dinero de origen delictivo en el circuito financiero legal a partir de la compra de vehículos, propiedades o emprendimientos a través de distintas maniobras de lavado.

A esas acusaciones deberán responder desde el banquillo del TOF de Posadas, ubicado sobre la calle Félix de Azara, a partir del próximo 28 de marzo. En el debate participará la fiscal Vivian Barbosa como representante del Ministerio Público Fiscal.

Los imputados tienen la posibilidad de evitar la exposición pública que representa enfrentar el proceso oral, aunque para ello deberán llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y la condición para ello es admitir sus responsabilidades en los delitos atribuidos.

La investigación

El accionar del Clan Mareco era prácticamente un secreto a voces en Jardín América y localidades aledañas, pero un tiroteo con la Policía los terminó de dejar al descubierto.

Ese hecho ocurrió el 13 de enero de 2016. El involucrado fue Joaquín Mareco -hermano de Jorge y Ramona-, que esa tarde circulaba en una camioneta Ford Eco Sport repleta de cigarrillos de contrabando en cercanías de Colonia Oasis y al cruzarse con un móvil de la Unidad Regional IX abrió fuego para evadir el procedimiento.

Después de esa balacera, el menor de los Mareco permaneció prófugo varios meses hasta que finalmente se entregó y posteriormente fue condenado a 4 años y 1 mes de prisión tras la firma un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el TOF de Posadas en 2019.

Sin embargo, la investigación no se detuvo en él, ni en ese hecho puntual registrado en Oasis, sino que avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

Ejemplo de ello puede ser la desgravación de una intercepción telefónica con fecha del 10 de noviembre de 2016, donde la mujer se comunica con Marcelo Villalba y el diálogo es el siguiente:

Ramona: “Vos no leíste los mensajes de Jorge”

Villalba: “No”

Ramona: “Urgente mandaron a avisar que tres de las casas se van a allanar. Yo necesito que Darío venga para sacar las gomas”.

Villalba: “Ahí ya vamos”

Ramona: “Dale yo voy hasta el local, allá voy a guardar mi plata y mi cuaderno y eso”.

Ese día Ramona acabó detenida. Y, según confío una alta fuente consultada por LVM, esa escucha puede ser una de las pruebas más importantes de todas, ya que la totalidad de los imputados aparecen mencionados.

Lavado

En medio de todo el seguimiento, los investigadores también constataron que ninguno de los implicados registraba una actividad lucrativa lícita pero, en contrapartida, tenían un nivel de vida ostentoso.

Fue así que avanzaron hacia la posible existencia del delito de lavado activos y en ese camino continuaron encontrando pruebas.

Según se pudo establecer, con el dinero proveniente del contrabando, el grupo adquiría vehículos, propiedades o emprendimientos, en muchas ocasiones utilizando el nombre de terceros que luego tramitaban autorizaciones de manejo -en el caso de los rodados- para los involucrados.

En esa línea, se determinó, por ejemplo, que para el lavado de activos Ramona Mareco presuntamente utilizaba una tienda de ropa con el nombre de fantasía “Bendita”, en tanto que Villalba hacía lo propio en una gomería llamada “Neumáticos La Ruta”, donde incluso comercializaban cubiertas traídas de contrabando. Bajo la lupa también aparecieron un autoservicio y un salón de eventos.

Los procedimientos contra la banda -relacionados a este expediente que se desprendió de la causa inicial contra Joaquín Mareco- comenzaron el 10 de noviembre de 2016. La primera en ser detenida fue Ramona Mareco; luego cayó Marcelo Villalba, el 7 de mayo de 2017; y, por último, fue capturado Podeley el 4 de septiembre de 2019.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, está todo listo y el 28 de marzo es el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.

Judiciales

El caso Peyer avanza con toma de testimoniales: Gularte citada como testigo

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El caso Mario Peyer avanza, tanto administrativamente como judicialmente. En Caraguatay esta mañana se concretó la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que ungió a la edil Norma Gularte como intendenta interina, mientras que la Justicia continúa recabando material probatorio y en ese marco ya citó a cuatro personas a declarar en carácter de testigos, entre ellos a la flamante jefa comunal.

Las audiencias se realizarán en el trascurso de esta semana y la siguiente, instancia en la cual las personas citadas podrán contar todo lo que saben, vieron o escucharon sobre los hechos denunciados.

Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, entre los citados aparecen trabajadores administrativos y también concejales de Caraguatay, y, a pesar de haberlo negado públicamente, entre esos nombres figura Norma Gularte, quien fue señalada por la denunciante como una de las personas que estuvo presente en el recinto parlamentario durante uno de los episodios que la víctima narró como de acoso de parte de Peyer.

Las audiencias tendrán lugar en el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, quien ya ordenó una batería de medidas probatorias para engrosar el expediente por “abuso sexual con acceso carnal” que se tramita en contra de Peyer, ahora de licencia en su cargo como intendente.

Entre las medidas dictadas se destaca una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante. El magistrado además ordenó una serie de procedimientos que ya se concretaron como, por ejemplo, allanamientos tanto en su oficina, como en su casa, además del secuestro de sus aparatos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras que fueron remitidos para pericias al personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

También hubo una inspección ocular en las oficinas del HCD donde presuntamente ocurrieron los hechos y en los últimos días además se dispuso la elaboración de informes socioambientales y una entrevista psicológica a la denunciante.

Las mismas fuentes señalaron que se aguarda que la Policía eleve al juzgado el sumario policial con la denuncia por amenazas que la misma joven radicó el fin de semana pasado y se analiza unir ambos expedientes para que, una vez citado a prestar declaración indagatoria, Peyer responda por ambas acusaciones.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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Policiales

Policía se atrincheró armado en Jefatura en reclamo por un traslado

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Minutos de máxima tensión y dramatismo se vivieron esta mañana en el interior de la Jefatura de Policía en Posadas, donde un suboficial con antecedentes de episodios similares, se atrincheró armado en reclamo por una medida de traslado.

Según se pudo saber, el implicado se trata de un suboficial con prestación de servicios en la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, quien hace diez años había protagonizado un hecho similar, cuando tomó de rehén a un superior y lo hirió en el pie por el rebote de un disparo que efectuó al aire.

En esta ocasión, la situación no pasó a mayores, pero el mismo uniformado se encerró en una oficina y extrajo su arma reglamentaria en todo amenazante para con sus pares.

El drama se desactivó después de varios minutos de conversación y negociaciones mantenidas por camaradas preparados para situación de alta tensión.

Al hombre se le quitó el arma y se dispuso que sea atendido por un gabinete psicológico para evaluar si encuentran apto para seguir en funciones.

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Policiales

Suspenden la balsa de Panambí a Brasil por la bajante del río Uruguay

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La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.

La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.

Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.

Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.

La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.

Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.

 

Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año

 

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