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Clan Mareco, a juicio el 28 de marzo: asociación ilícita, lavado y contrabando

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fijó para el 28 de marzo el inicio de las audiencias en el que tres integrantes del denominado Clan Mareco de Jardín América serán juzgados por lavado de activos de origen delictivo -entre otros delitos- y será la primera vez que un expediente bajo esta calificación se ventile en debate oral y público en la historia de la provincia de Misiones.

De acuerdo a la información recaba por La Voz de Misiones, los imputados en esta extensa y compleja causa son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

Además, hay un cuarto involucrado, Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional en su contra.

Los implicados enfrentan acusaciones por asociación ilícita, encubrimiento de contrabando y lavado de activos, dado que -de acuerdo a la investigación de la Justicia Federal- de manera organizada se encargaron de ingresar mercadería extranjera de contrabando, sacar rédito económico de ello a través de su venta en territorio argentino y luego reintroducir ese dinero de origen delictivo en el circuito financiero legal a partir de la compra de vehículos, propiedades o emprendimientos a través de distintas maniobras de lavado.

A esas acusaciones deberán responder desde el banquillo del TOF de Posadas, ubicado sobre la calle Félix de Azara, a partir del próximo 28 de marzo. En el debate participará la fiscal Vivian Barbosa como representante del Ministerio Público Fiscal.

Los imputados tienen la posibilidad de evitar la exposición pública que representa enfrentar el proceso oral, aunque para ello deberán llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y la condición para ello es admitir sus responsabilidades en los delitos atribuidos.

La investigación

El accionar del Clan Mareco era prácticamente un secreto a voces en Jardín América y localidades aledañas, pero un tiroteo con la Policía los terminó de dejar al descubierto.

Ese hecho ocurrió el 13 de enero de 2016. El involucrado fue Joaquín Mareco -hermano de Jorge y Ramona-, que esa tarde circulaba en una camioneta Ford Eco Sport repleta de cigarrillos de contrabando en cercanías de Colonia Oasis y al cruzarse con un móvil de la Unidad Regional IX abrió fuego para evadir el procedimiento.

Después de esa balacera, el menor de los Mareco permaneció prófugo varios meses hasta que finalmente se entregó y posteriormente fue condenado a 4 años y 1 mes de prisión tras la firma un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el TOF de Posadas en 2019.

Sin embargo, la investigación no se detuvo en él, ni en ese hecho puntual registrado en Oasis, sino que avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

Ejemplo de ello puede ser la desgravación de una intercepción telefónica con fecha del 10 de noviembre de 2016, donde la mujer se comunica con Marcelo Villalba y el diálogo es el siguiente:

Ramona: “Vos no leíste los mensajes de Jorge”

Villalba: “No”

Ramona: “Urgente mandaron a avisar que tres de las casas se van a allanar. Yo necesito que Darío venga para sacar las gomas”.

Villalba: “Ahí ya vamos”

Ramona: “Dale yo voy hasta el local, allá voy a guardar mi plata y mi cuaderno y eso”.

Ese día Ramona acabó detenida. Y, según confío una alta fuente consultada por LVM, esa escucha puede ser una de las pruebas más importantes de todas, ya que la totalidad de los imputados aparecen mencionados.

Lavado

En medio de todo el seguimiento, los investigadores también constataron que ninguno de los implicados registraba una actividad lucrativa lícita pero, en contrapartida, tenían un nivel de vida ostentoso.

Fue así que avanzaron hacia la posible existencia del delito de lavado activos y en ese camino continuaron encontrando pruebas.

Según se pudo establecer, con el dinero proveniente del contrabando, el grupo adquiría vehículos, propiedades o emprendimientos, en muchas ocasiones utilizando el nombre de terceros que luego tramitaban autorizaciones de manejo -en el caso de los rodados- para los involucrados.

En esa línea, se determinó, por ejemplo, que para el lavado de activos Ramona Mareco presuntamente utilizaba una tienda de ropa con el nombre de fantasía “Bendita”, en tanto que Villalba hacía lo propio en una gomería llamada “Neumáticos La Ruta”, donde incluso comercializaban cubiertas traídas de contrabando. Bajo la lupa también aparecieron un autoservicio y un salón de eventos.

Los procedimientos contra la banda -relacionados a este expediente que se desprendió de la causa inicial contra Joaquín Mareco- comenzaron el 10 de noviembre de 2016. La primera en ser detenida fue Ramona Mareco; luego cayó Marcelo Villalba, el 7 de mayo de 2017; y, por último, fue capturado Podeley el 4 de septiembre de 2019.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, está todo listo y el 28 de marzo es el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.

Policiales

Misionera secuestrada por su ex fue rescatada en un campo de Córdoba

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Una joven de misionera de 21 años, que estaba desaparecida hace un mes, fue rescatada esta madrugada en un campo de Córdoba, donde estaba cautiva por su ex pareja, de la misma edad y también oriundo de la tierra colorada, quien ahora es investigado por hechos de trata de personas.

El operativo que culminó con el rescate de la víctima y la captura de su presunto captor se concretó en un galpón ubicado en la zona rural de Saturnino María Laspiur, localidad ubicada a unos 200 kilómetros de Córdoba capital.

Según consignaron portales locales, al momento del hallazgo, la joven identificada como M. B. (21) presentaba un cuadro de deshidratación, golpes y signos de daño psicológico, por lo que fue trasladada a un hospital de San Francisco.

La investigación se inició a partir de una denuncia por trata de personas radicada por los familiares de la joven, quienes días atrás recibieron un desesperado pedido de auxilio de M., quien narró haber sido secuestrada por su ex novio, trasladada a Córdoba y sometida a condiciones en encierro y aislamiento.

Si bien en ese audio la muchacha no pudo precisar en qué lugar se encontraba, sus familiares alcanzaron a oír la palabra “Villa María” y eso orientó el comienzo de la pesquisa. Los allanamientos comenzaron el lunes a la noche. En un primer lugar encontraron ropa de los involucrados y en el segundo dieron con ellos.

El detenido, también misionero e identificado como Román R. (21), fue imputado por trata de personas y fue alojado en la Unidad Penitenciaria V de Villa María. En la causa interviene la Fiscalía Federal de dicha localidad, a cargo de Guadalupe Riera.

En los operativos participaron la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, la DUOF de Villa María, de la Policía Federal Argentina y la Superintendencia de Investigaciones Federales. El despliegue también involucró a personal de la Departamental San Justo, el DUAR de Córdoba y la Patrulla Rural.

“Reanudamos esta mañana la búsqueda a las 6.30, porque se nos hacía imposible trabajar en la oscuridad, y pudimos dar con el hallazgo de M. y detener a su presunto captor. Se encontraban ocultos detrás de una máquina agrícola, a unos 300 metros de la casa que habitaban, comentó el director de la Departamental San Justo, comisario mayor Pablo Nieto.

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Judiciales

Figura como deudor alimentario y se defiende: “Siempre cumplí con todo”

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Marcelo Fabián Dudych (52) es una de las más de 800 personas que figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos de la provincia, aunque alega ser víctima de una “injusticia” y afirma que la “complejidad” de su caso sirve para exponer una problemática que alcanza a muchos hombres en su misma situación.

El abogado, procurador, asesor jurídico en dos municipalidades y pequeño productor rural visitó la redacción de La Voz de Misiones para contar su caso y dio un extenso relato de la historia familiar y de la contienda judicial que lo mantiene en la lista de deudores alimentarios por disposición de la magistrada Graciela Mana, titular del Juzgado de Familia Uno de Posadas.

Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Siempre cumplí con mis obligaciones, pero me cortaron las piernas y me obligaron a correr. Ahora estoy tratando de defenderme de esta injusticia y de toda esta barbarie satánica que me hicieron”, afirmó apenas inició la entrevista.

Dudych relató que toda esta situación tuvo su inicio en 2014, cuando su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez lo denunció por violencia familiar, aunque el conflicto se resolvió en menos de dos meses.

“Jamás ejercí violencia”

“Fue una falsa denuncia la que me hicieron, jamás ejercí violencia alguna. Yo estaba sometido a una constante manipulación por parte de mi ex esposa y mis suegros. Me pusieron de patas en la calle, pero en ese momento pedí apoyo a la iglesia católica, pude arrodillarme ante las circunstancias y en 40 días yo estaba viviendo de nuevo en mi casa, pude reconciliarme y todas las medidas procesales quedaron virtualmente difumadas”, se explayó.

El hombre contó que después de ello convivió once años junto a su pareja y sus dos hijos en una vivienda de Posadas, pero en 2025 el drama se repitió.

“Yo ahí ya tenía a mi primer hijo y volví a convivir once años más. Ahí nace mi otra hija, de actualmente seis años. Yo siempre fui el sostén de esa casa y ruego a Dios que así siga siendo. Así fue como en 2025, estando yo en Concepción de la Sierra, fui notificado de otra exclusión del hogar, ni siquiera estaba en mi casa en Posadas. Sabía que era falsa, porque jamás ejercí acto de violencia”, detalló.

La sorpresa para Dudych llegó después, cuando se enteró que la denuncia había sido radicada por el padre de su pareja, César Antonio Báez, quien lo acusó de “violencia económica” en perjuicio de la mujer, lo que el denunciado niega rotundamente y contraataca.

Marcelo Dudych afirma que la causa inició por una falsa denuncia orquestada por su ex pareja y su ex suegro.

César tiene una voracidad feroz por el dinero. Él fue el que me denunció, con connivencia de mi ex, pero yo me pregunto cómo es que me denuncia él si no conoce, ni podía conocer la economía de mi hogar. Él estuvo más de diez años sin pisar mi casa”, exclamó Dudych entre lágrimas.

Y alegó: “Mis cuentas estaban todas al día cuando me echaron de mi casa. Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Compraba comida para repartir comida a los pobres que tocaban mi casa. La casa la construí yo y el auto estaba a mi nombre. Siempre me hice cargo de todo, siempre cumplí con todo. Es impresionante lo que me están haciendo”.

En ese punto también intervino Lucas Ortega, abogado defensor de Dudych, quien sostuvo que “la vivienda, el mobiliario del hogar y el vehículo son conceptos que cuentan como cuota alimentaria. Esto fue una estrategia montada a partir de la denuncia del abuelo de los chicos con el objetivo de poner a Marcelo en una situación de indefensión porque su estudio jurídico está integrado a su domicilio y hoy no puede ni acercarse a ese lugar, es decir, lo dejaron sin trabajo”.

Ortega entiende que “acá hay que alcanzar un equilibrio en el uso de las medidas cautelares, porque estas clases de medidas no resuelven la cuestión de fondo y los chicos pasan a ser un instrumento de presión”.

“Quiere que pague dos veces”

Respecto a la cuestión puntual del reclamo alimentario, Dudych aseguró que “mi ex hoy me pide 24 meses de alimentos atrasados, pero hasta el 19 de febrero de 2025, que fue cuando me notificaron la exclusión de hogar, yo había pagado en especias. Yo tenía las cuentas al día, en mi casa no faltaba nada si en la convivencia yo pagaba todo. Lo que pasa es que ahora ella pretende que yo vuelva a pagar todo en eso en dinero en efectivo, o sea, que pague dos veces lo mismo. Entonces estoy siendo sometido a una situación de fraude y por eso hice una contra denuncia por defraudación en grado de tentativa”.

El hombre, además, puso en números el reclamo y argumentó que la suma requerida es “exorbitante” para su capacidad económica. “Yo le venía girando dinero conforme a mis capacidades, pero ella pretende que yo le pase dos salarios mínimo, vital y móvil por cada hijo, es decir, aproximadamente 1,4 millones de pesos, suma que yo no alcanzo en bruto durante el mes, mucho menos excluido de mi trabajo”, explicó mientras mostraba su recibo de sueldo como asesor jurídico de Tres Capones, cuyos haberes ascienden a 250.000 pesos, que encima se encuentran embargados por este litigio.

“Ella especuló que yo cobraría 2,5 millones, cuando yo cobro 250 mil. Es extraordinaria la suma que ella pretende que yo le pase, excede mi capacidad económica. Ella dice que tengo campos y haciendas. Tengo una chacra de 12 hectáreas en el registro de agricultora familiar y por tener dos novillos y cuatro vacas tampoco soy un hacendado. Soy productor agropecuario primario”, añadió.

El abogado Lucas Ortega acciona como defensor de Dudych en la causa.

“Soy un muerto civil”

La causa hoy tiene al abogado Ortega como defensor de Dudych, articulando presentaciones y solicitudes a fin de revertir esta situación. Para el letrado, el solo hecho de que su defendido tenga el sueldo embargado ya es suficiente argumento para justificar el pago de la cuota alimentaria y, en consecuencia, la acción inmediata será solicitar su exclusión del registro.

Pero el trabajo no termina ahí. Ortega también busca que Dudych pueda reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve hace seis meses, a pesar de un acuerdo de contacto y comunicación homologado por la misma jueza Mana, medida que la ex pareja del hombre incumple.

Yo hoy soy un muerto civil. Ella me pidió la prohibición de salida del país y lo obtuvo. Pidió que no me renueven el carnet y lo tuvo. Me inscribió en el registro y me escrachó en todas las redes sociales. Yo no puedo ni trabajar porque los expedientes de mis clientes están en mi casa. Eso significa una catástrofe profesional para mí y un daño en lo justiciable para mis clientes”, graficó el denunciado.

Dudych tampoco se ahorró en críticas hacia el sistema y cuestionó el rol de magistrados que dictan medidas sin oír todas las partes.

“Acá hay jueces que sin conocer y sin indagar, reciben la denuncia y sentencian para resguardarse de alguna eventualidad periodística. Yo cuando todo este infierno termine sé que voy a trabajar para que estas situaciones no vuelven a repetirse con nadie. Yo acá solo quiero que se me escuche, que me dejen ser papá y que me dejen pagar a mí mis obligaciones”, cerró.

Apoderado legal de dos municipios en lista de deudores alimentarios

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Árbitro denunció el robo de celulares y 1.500 dólares del vestuario de Guaraní

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El árbitro principal del último partido que disputó Guaraní Antonio Franco como local, denunció ante la Policía que desconocidos le robaron tres celulares y 1.500 dólares que tenía en el vestuario asignado en el club.

La denuncia fue radicada ante la comisaría Primera del barrio Villa Sarita y el damnificado se trata de Fernando Rekers, quien llegó a Posadas para ser el árbitro principal del partido que acabó en derrota de Guaraní 0-1 frente al conjunto chaqueño Defensores de Vilelas, correspondiente a la final ida la región Litoral Norte del Torneo Federal Amateur.

Según la exposición efectuada por el colegiado cordobés, una vez culminado el encuentro se dirigió junto a sus compañeros de terna al vestuario asignado para ellos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira y al revisar sus pertenencias constató que faltaban tres celulares y 1.500 dólares que estaban en una billetera.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que los aparatos telefónicos más tarde fueron hallados en un sector de sanitarios de cancha, en tanto que el dinero aún no fue recuperado.

De inmediato, por el hecho quedaron en la mira dos colaboradores del club que tenían copias de las llaves de acceso al vestuario, pero hasta el momento no hay mayores novedades.

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