Policiales
Banda misionera de narcogendarmes: viajes con cocaína y tutoriales por Whatsapp
Una organización misionera integrada por agentes activos y ex miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y descubierta a mediados de 2024 tras un procedimiento madre en Salta, fue desbaratada por completo la semana pasada, con la detención de dos de sus últimos miembros, dos sindicados “comerciantes” que en realidad eran socios directos de la banda criminal.
Los últimos aprehendidos son Jonathan Leonel Ostapowicz y Richar Ariel Delgado. Uno fue atrapado en Posadas y el otro en Bernardo de Irigoyen. Los dos, además, registran otras causas abiertas en las que son investigados por lavado de activos tanto en Misiones como en Entre Ríos y Buenos Aires.
Richar, oriundo de Azara, era gendarme. Llegó a ser suboficial e incluso fue parte de un área de investigaciones dentro de esa fuerza federal, pero hace ya un buen tiempo que pidió la baja. Richar, además, es hermano mayor de Diego Hernán Delgado, que también fue un centinela de la patria, aunque en su caso no dejó la institución por voluntad propia, sino que fue expulsado, ni más ni menos que por narcotraficante.
Diego prestaba servicios como cabo en el Destacamento Móvil Uno de Campo de Mayo, pero la “buena vida” se le terminó el 19 de mayo de 2024, cuando sus propios camaradas lo atraparon con más de 300 kilos de cocaína en una Volkswagen Amarok. Ese día, además, marcó el fin del resto de la organización, ya que de su celular de obtuvieron las pistas necesarias para identificar y capturar los restantes seis involucrados en la empresa narco.
Ese procedimiento madre fue realizado en Salta, sobre la ruta provincial 5, en la pequeña localidad de General Pizarro, en el departamento de Anta, a 130 kilómetros de Orán, ciudad próxima a la frontera internacional con Bolivia.
Diego Delgado en la audiencia de imputación ante la Justicia Federal salteña en 2024.
Viajes narcos y tutoriales
El hasta ese entonces gendarme misionero viajaba en dirección al sur y su destino final era Buenos Aires, pero por el camino fue detenido en un control efectuado por sus colegas del Escuadrón 45, quienes sin hacer mucho ya sospecharon, dado que en la caja misma de la camioneta encontraron cajas de cartón con panes o ladrillos de droga.
A Diego Delgado le encontraron un total de 303 kilogramos de cocaína, una carga valuada en 4 mil millones de pesos en aquel entonces, pero más allá de quitar de circulación esa droga, lo más importante fue el secuestro de su celular.
“A partir de este procedimiento, y el secuestro del teléfono del gendarme, se inició una investigación que dejó al descubierto un complejo entramado de maniobras ilícitas”, explicó el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, quien encabezó el expediente y quien el viernes pasado solicitó la imputación formal de los últimos dos detenidos, pedido que fue aceptado por el juez federal de Garantías Uno, Julio Bavio.
Gracias a las pericias efectuadas sobre ese aparato, los investigadores lograron identificar a otro gendarme involucrado: Federico Rubén Batista, que también trabajaba en Campo de Mayo.
La pesquisa determinó que Batista viajó en avión desde Buenos Aires hasta Posadas para tomar la Amarok de manos de Ostapowicz y luego entregarla a Delgado, para que este vaya hasta Orán en busca de la droga que finalmente fue incautada en territorio salteño.
Pero no fue lo único importante de las pericias. Las conversaciones recuperadas también permitieron conocer sobre otra maniobra y adelantarse en el campo. Así fue como el 26 de octubre pasado, esta vez sobre la ruta nacional 34, en Rosario de la Frontera (también Salta), dieron el segundo golpe contra la banda.
Ese día los gendarmes que investigaban interceptaron dos vehículos. Uno iba con 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda y el otro viajaba como puntero.
La cocaína secuestrada dentro de una rueda de la Amarok que conducía Escarlata en octubre de 2024.
El primer vehículo era otra Volkswagen Amarok y en ella viajaban el ex gendarme Adrián Emilio Escarlata y su esposa Marlene Leonor Hañek, ambos domiciliados en Apóstoles. El otro rodado era una Toyota Hilux ocupada por Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza y Francisco Agustín Flores (en carrera por ingresar a la GNA).
En sus resoluciones, el fiscal Toranzos precisó, además, que el teléfono de Escarlata fue otro elemento clave para la recolección de pruebas en contra de la organización y, principalmente, en su contra.
Gracias a ese teléfono se descubrió que los involucrados compartían un grupo de Whatsapp llamado “Los Peluches”, donde interactuaban sobre las maniobras ilícitas y también se recuperaron audios donde Escarlata enseñaba mecanismos para camuflar estupefacientes en los vehículos y de qué manera actuar ante eventuales controles, una especie de “tutorial narco”.
Los últimos detenidos
Con seis de los implicados detenidos, la investigación no se detuvo y en el proceso el fiscal Toranzos recibió colaboración de sus pares Pedro Rebollo, de Gualeguaychú, y Santiago Marquevich, de Hurlingham, quienes aportaron más elementos que permitieron conectar a todos ellos con los últimos sospechosos, Richar Delgado y Ostapowicz.
Todo ello permitió que se libraran las respectivas órdenes de detención, lo cual derivó en una serie de allanamientos y operativos que se ejecutaron el 25 de febrero pasado, tanto en Posadas como en Bernardo de Irigoyen.
Allí, finalmente fueron detenidos Ostapowicz y Richar Delgado, quienes ya fueron trasladados a Salta, donde el viernes afrontaron una audiencia judicial ante el magistrado Bavio.
Una Ford Raptor y una Jeep, las camionetas incautadas en los operativos contra Ostapowicz y Delgado.
En dichos allanamientos se secuestraron, además, máquinas de contar billetes, una pistola, una escopeta, 16 millones de pesos, 1.709 reales, 6.000 dólares y tres autos de lujo: un auto Mercedes Benz, una camioneta Jeep y otra Ford Raptor.
También se incautaron varios dispositivos electrónicos, más precisamente 20 celulares y 9 computadoras, elementos que, a sabiendas de cómo se gestó gran parte de la pesquisa, puede seguir arrojando información determinante.
Por lo pronto, los últimos dos detenidos ya fueron imputados formalmente como coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes. El juez Bavio también dio lugar al pedido de prisión preventiva contra ambos y a la prórroga en la investigación contra los restantes seis aprehendidos.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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