Policiales
Banda misionera de narcogendarmes: viajes con cocaína y tutoriales por Whatsapp
Una organización misionera integrada por agentes activos y ex miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y descubierta a mediados de 2024 tras un procedimiento madre en Salta, fue desbaratada por completo la semana pasada, con la detención de dos de sus últimos miembros, dos sindicados “comerciantes” que en realidad eran socios directos de la banda criminal.
Los últimos aprehendidos son Jonathan Leonel Ostapowicz y Richar Ariel Delgado. Uno fue atrapado en Posadas y el otro en Bernardo de Irigoyen. Los dos, además, registran otras causas abiertas en las que son investigados por lavado de activos tanto en Misiones como en Entre Ríos y Buenos Aires.
Richar, oriundo de Azara, era gendarme. Llegó a ser suboficial e incluso fue parte de un área de investigaciones dentro de esa fuerza federal, pero hace ya un buen tiempo que pidió la baja. Richar, además, es hermano mayor de Diego Hernán Delgado, que también fue un centinela de la patria, aunque en su caso no dejó la institución por voluntad propia, sino que fue expulsado, ni más ni menos que por narcotraficante.
Diego prestaba servicios como cabo en el Destacamento Móvil Uno de Campo de Mayo, pero la “buena vida” se le terminó el 19 de mayo de 2024, cuando sus propios camaradas lo atraparon con más de 300 kilos de cocaína en una Volkswagen Amarok. Ese día, además, marcó el fin del resto de la organización, ya que de su celular de obtuvieron las pistas necesarias para identificar y capturar los restantes seis involucrados en la empresa narco.
Ese procedimiento madre fue realizado en Salta, sobre la ruta provincial 5, en la pequeña localidad de General Pizarro, en el departamento de Anta, a 130 kilómetros de Orán, ciudad próxima a la frontera internacional con Bolivia.
Diego Delgado en la audiencia de imputación ante la Justicia Federal salteña en 2024.
Viajes narcos y tutoriales
El hasta ese entonces gendarme misionero viajaba en dirección al sur y su destino final era Buenos Aires, pero por el camino fue detenido en un control efectuado por sus colegas del Escuadrón 45, quienes sin hacer mucho ya sospecharon, dado que en la caja misma de la camioneta encontraron cajas de cartón con panes o ladrillos de droga.
A Diego Delgado le encontraron un total de 303 kilogramos de cocaína, una carga valuada en 4 mil millones de pesos en aquel entonces, pero más allá de quitar de circulación esa droga, lo más importante fue el secuestro de su celular.
“A partir de este procedimiento, y el secuestro del teléfono del gendarme, se inició una investigación que dejó al descubierto un complejo entramado de maniobras ilícitas”, explicó el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, quien encabezó el expediente y quien el viernes pasado solicitó la imputación formal de los últimos dos detenidos, pedido que fue aceptado por el juez federal de Garantías Uno, Julio Bavio.
Gracias a las pericias efectuadas sobre ese aparato, los investigadores lograron identificar a otro gendarme involucrado: Federico Rubén Batista, que también trabajaba en Campo de Mayo.
La pesquisa determinó que Batista viajó en avión desde Buenos Aires hasta Posadas para tomar la Amarok de manos de Ostapowicz y luego entregarla a Delgado, para que este vaya hasta Orán en busca de la droga que finalmente fue incautada en territorio salteño.
Pero no fue lo único importante de las pericias. Las conversaciones recuperadas también permitieron conocer sobre otra maniobra y adelantarse en el campo. Así fue como el 26 de octubre pasado, esta vez sobre la ruta nacional 34, en Rosario de la Frontera (también Salta), dieron el segundo golpe contra la banda.
Ese día los gendarmes que investigaban interceptaron dos vehículos. Uno iba con 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda y el otro viajaba como puntero.
La cocaína secuestrada dentro de una rueda de la Amarok que conducía Escarlata en octubre de 2024.
El primer vehículo era otra Volkswagen Amarok y en ella viajaban el ex gendarme Adrián Emilio Escarlata y su esposa Marlene Leonor Hañek, ambos domiciliados en Apóstoles. El otro rodado era una Toyota Hilux ocupada por Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza y Francisco Agustín Flores (en carrera por ingresar a la GNA).
En sus resoluciones, el fiscal Toranzos precisó, además, que el teléfono de Escarlata fue otro elemento clave para la recolección de pruebas en contra de la organización y, principalmente, en su contra.
Gracias a ese teléfono se descubrió que los involucrados compartían un grupo de Whatsapp llamado “Los Peluches”, donde interactuaban sobre las maniobras ilícitas y también se recuperaron audios donde Escarlata enseñaba mecanismos para camuflar estupefacientes en los vehículos y de qué manera actuar ante eventuales controles, una especie de “tutorial narco”.
Los últimos detenidos
Con seis de los implicados detenidos, la investigación no se detuvo y en el proceso el fiscal Toranzos recibió colaboración de sus pares Pedro Rebollo, de Gualeguaychú, y Santiago Marquevich, de Hurlingham, quienes aportaron más elementos que permitieron conectar a todos ellos con los últimos sospechosos, Richar Delgado y Ostapowicz.
Todo ello permitió que se libraran las respectivas órdenes de detención, lo cual derivó en una serie de allanamientos y operativos que se ejecutaron el 25 de febrero pasado, tanto en Posadas como en Bernardo de Irigoyen.
Allí, finalmente fueron detenidos Ostapowicz y Richar Delgado, quienes ya fueron trasladados a Salta, donde el viernes afrontaron una audiencia judicial ante el magistrado Bavio.
Una Ford Raptor y una Jeep, las camionetas incautadas en los operativos contra Ostapowicz y Delgado.
En dichos allanamientos se secuestraron, además, máquinas de contar billetes, una pistola, una escopeta, 16 millones de pesos, 1.709 reales, 6.000 dólares y tres autos de lujo: un auto Mercedes Benz, una camioneta Jeep y otra Ford Raptor.
También se incautaron varios dispositivos electrónicos, más precisamente 20 celulares y 9 computadoras, elementos que, a sabiendas de cómo se gestó gran parte de la pesquisa, puede seguir arrojando información determinante.
Por lo pronto, los últimos dos detenidos ya fueron imputados formalmente como coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes. El juez Bavio también dio lugar al pedido de prisión preventiva contra ambos y a la prórroga en la investigación contra los restantes seis aprehendidos.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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