Policiales
Banda misionera de narcogendarmes: viajes con cocaína y tutoriales por Whatsapp
Una organización misionera integrada por agentes activos y ex miembros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y descubierta a mediados de 2024 tras un procedimiento madre en Salta, fue desbaratada por completo la semana pasada, con la detención de dos de sus últimos miembros, dos sindicados “comerciantes” que en realidad eran socios directos de la banda criminal.
Los últimos aprehendidos son Jonathan Leonel Ostapowicz y Richar Ariel Delgado. Uno fue atrapado en Posadas y el otro en Bernardo de Irigoyen. Los dos, además, registran otras causas abiertas en las que son investigados por lavado de activos tanto en Misiones como en Entre Ríos y Buenos Aires.
Richar, oriundo de Azara, era gendarme. Llegó a ser suboficial e incluso fue parte de un área de investigaciones dentro de esa fuerza federal, pero hace ya un buen tiempo que pidió la baja. Richar, además, es hermano mayor de Diego Hernán Delgado, que también fue un centinela de la patria, aunque en su caso no dejó la institución por voluntad propia, sino que fue expulsado, ni más ni menos que por narcotraficante.
Diego prestaba servicios como cabo en el Destacamento Móvil Uno de Campo de Mayo, pero la “buena vida” se le terminó el 19 de mayo de 2024, cuando sus propios camaradas lo atraparon con más de 300 kilos de cocaína en una Volkswagen Amarok. Ese día, además, marcó el fin del resto de la organización, ya que de su celular de obtuvieron las pistas necesarias para identificar y capturar los restantes seis involucrados en la empresa narco.
Ese procedimiento madre fue realizado en Salta, sobre la ruta provincial 5, en la pequeña localidad de General Pizarro, en el departamento de Anta, a 130 kilómetros de Orán, ciudad próxima a la frontera internacional con Bolivia.
Diego Delgado en la audiencia de imputación ante la Justicia Federal salteña en 2024.
Viajes narcos y tutoriales
El hasta ese entonces gendarme misionero viajaba en dirección al sur y su destino final era Buenos Aires, pero por el camino fue detenido en un control efectuado por sus colegas del Escuadrón 45, quienes sin hacer mucho ya sospecharon, dado que en la caja misma de la camioneta encontraron cajas de cartón con panes o ladrillos de droga.
A Diego Delgado le encontraron un total de 303 kilogramos de cocaína, una carga valuada en 4 mil millones de pesos en aquel entonces, pero más allá de quitar de circulación esa droga, lo más importante fue el secuestro de su celular.
“A partir de este procedimiento, y el secuestro del teléfono del gendarme, se inició una investigación que dejó al descubierto un complejo entramado de maniobras ilícitas”, explicó el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, quien encabezó el expediente y quien el viernes pasado solicitó la imputación formal de los últimos dos detenidos, pedido que fue aceptado por el juez federal de Garantías Uno, Julio Bavio.
Gracias a las pericias efectuadas sobre ese aparato, los investigadores lograron identificar a otro gendarme involucrado: Federico Rubén Batista, que también trabajaba en Campo de Mayo.
La pesquisa determinó que Batista viajó en avión desde Buenos Aires hasta Posadas para tomar la Amarok de manos de Ostapowicz y luego entregarla a Delgado, para que este vaya hasta Orán en busca de la droga que finalmente fue incautada en territorio salteño.
Pero no fue lo único importante de las pericias. Las conversaciones recuperadas también permitieron conocer sobre otra maniobra y adelantarse en el campo. Así fue como el 26 de octubre pasado, esta vez sobre la ruta nacional 34, en Rosario de la Frontera (también Salta), dieron el segundo golpe contra la banda.
Ese día los gendarmes que investigaban interceptaron dos vehículos. Uno iba con 31 kilos de cocaína ocultos en una rueda y el otro viajaba como puntero.
La cocaína secuestrada dentro de una rueda de la Amarok que conducía Escarlata en octubre de 2024.
El primer vehículo era otra Volkswagen Amarok y en ella viajaban el ex gendarme Adrián Emilio Escarlata y su esposa Marlene Leonor Hañek, ambos domiciliados en Apóstoles. El otro rodado era una Toyota Hilux ocupada por Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza y Francisco Agustín Flores (en carrera por ingresar a la GNA).
En sus resoluciones, el fiscal Toranzos precisó, además, que el teléfono de Escarlata fue otro elemento clave para la recolección de pruebas en contra de la organización y, principalmente, en su contra.
Gracias a ese teléfono se descubrió que los involucrados compartían un grupo de Whatsapp llamado “Los Peluches”, donde interactuaban sobre las maniobras ilícitas y también se recuperaron audios donde Escarlata enseñaba mecanismos para camuflar estupefacientes en los vehículos y de qué manera actuar ante eventuales controles, una especie de “tutorial narco”.
Los últimos detenidos
Con seis de los implicados detenidos, la investigación no se detuvo y en el proceso el fiscal Toranzos recibió colaboración de sus pares Pedro Rebollo, de Gualeguaychú, y Santiago Marquevich, de Hurlingham, quienes aportaron más elementos que permitieron conectar a todos ellos con los últimos sospechosos, Richar Delgado y Ostapowicz.
Todo ello permitió que se libraran las respectivas órdenes de detención, lo cual derivó en una serie de allanamientos y operativos que se ejecutaron el 25 de febrero pasado, tanto en Posadas como en Bernardo de Irigoyen.
Allí, finalmente fueron detenidos Ostapowicz y Richar Delgado, quienes ya fueron trasladados a Salta, donde el viernes afrontaron una audiencia judicial ante el magistrado Bavio.
Una Ford Raptor y una Jeep, las camionetas incautadas en los operativos contra Ostapowicz y Delgado.
En dichos allanamientos se secuestraron, además, máquinas de contar billetes, una pistola, una escopeta, 16 millones de pesos, 1.709 reales, 6.000 dólares y tres autos de lujo: un auto Mercedes Benz, una camioneta Jeep y otra Ford Raptor.
También se incautaron varios dispositivos electrónicos, más precisamente 20 celulares y 9 computadoras, elementos que, a sabiendas de cómo se gestó gran parte de la pesquisa, puede seguir arrojando información determinante.
Por lo pronto, los últimos dos detenidos ya fueron imputados formalmente como coautores del delito de transporte de estupefacientes, agravado por el número de intervinientes. El juez Bavio también dio lugar al pedido de prisión preventiva contra ambos y a la prórroga en la investigación contra los restantes seis aprehendidos.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
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