Policiales
Asesinaron a puñaladas a un contratista de Esperanza y hay dos detenidos
Un contratista de Puerto Esperanza, que estaba desaparecido desde el martes a la noche, fue encontrado asesinado de múltiples puñaladas dentro de su vehículo y por el hecho la Policía detuvo a dos sospechosos de entre 19 y 16, quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
La víctima fue identificada como Aldo Roque Silvero (43), quien el martes a las 19 salió de su casa en el barrio Helvecia para dirigirse a bordo de su camioneta Chevrolet S-10 hacia la casa de su madre en el barrio Obrero, pero nunca llegó y eso motivó una denuncia por desaparición radicada por su pareja.
En su exposición, la mujer expuso que su concubino se comunicó con ella por última vez ese mismo martes a las 20.21, pero después de ello no volvió a tener contactos con él.
El miércoles a la mañana, en tanto, en medio de la incertidumbre y la desesperación, un empleado de Silvero se comunicó con la mujer para avisarle que había observado la camioneta de su jefe abandonada en un baldío del barrio Helvecia, próximo al arroyo San Martín.
Con esa información, los efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y dieron con el cuerpo sin vida del contratista tendido en las butacas traseras.
Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el cadáver a simple viste presentaba múltiples heridas cortantes localizadas en diferentes partes, en tanto que también detectaron manchas de sangre en diversos sectores del vehículo, lo cual dirigió la investigación hacia un caso de homicidio.
Manchas de sangre, huellas dactilares y otras pistas recogidas en la S-10 podrían complicar a los detenidos.
Pistas y detenidos
A partir de ahí, investigadores locales comenzaron a reconstruir lo sucedido y en esa labor establecieron que ese martes a la noche Silvero tenía previsto encontrarse con una joven de 19 años con quien aparentemente mantenía una relación extramatrimonial y que esa muchacha resultó ser la última persona que vio con vida a la víctima.
Tras quedar en la mira, la Policía profundizó la pesquisa en su contra y a las pocas horas quedó detenida en calidad de sospechosa, al igual que su pareja, un adolescente de 16 años.
Las fuentes de LVM detallaron que en la vivienda de la joven incautaron un short con manchas compatibles con sangre y una zapatilla cuya suela coincide con una impronta o huella recogida dentro del vehículo. Esta última prueba, detectada sobre el frente desmontable del equipo de música de la camioneta, en principio, ubica a la sospechosa dentro del rodado de la víctima.
Respecto a las circunstancias del crimen y en base a las huellas de sangre relevadas en la escena, entienden que Silvero comenzó a ser atacado desde afuera, mientras se encontraba sentado en la butaca del conductor.
Argumenta esta tesis el hecho de que el hombre presentaba heridas cortantes en las zonas del antebrazo y codo izquierdo, que habitualmente se apoyan sobre la ventanilla del conductor. Además, las manchas de sangre en ese sector solamente quedaron impregnadas en el lado interno de la puerta.
Las primeras pericias realizadas permiten reconstruir que, después de ese primer ataque, Silvero salió del rodado y continuó recibiendo puñaladas en la parte exterior, para luego acabar muerto dentro del vehículo. Falta establecer si él mismo volvió al habitáculo para resguardarse o si él o los asesinos lo ubicaron allí una vez concretado el crimen.
Si bien resta conocerse el resultado de la autopsia prevista para hoy en la Morgue Judicial de Posadas, las fuentes de este medio indicaron que Silvero presentaba al menos una decena de heridas cortantes en diversas partes del cuerpo.
Silvero, que era contratista y ofrecía servicios forestales en la zona, aparentemente llevaba consigo un dinero en efectivo que no fue hallado en la escena, como así tampoco su teléfono celular, pistas que abonarían la hipótesis de un robo como posible móvil del crimen, aunque aún no se descarta ninguna otra línea investigativa.
Los dos sospechosos quedaron detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites. Se prevé que entre mañana y el lunes sean trasladados a prestar declaración indagatoria, dependiendo de cómo avancen las medidas de prueba más inmediatas.
Por el caso hubo un tercer joven demorado. Se trata de un muchacho de 23 años, que es primo de la joven detenida, aunque voceros del caso indicaron hasta el momento no habría mayores elementos como para suponer una posible participación suya en el asesinato.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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