Policiales
Apóstoles: un joven lucha por su vida tras ser atacado por una patota
Tiene 17 años y cuando salió de un boliche para acompañar a su amiga fue atacado a patadas, golpes y cascotazos que lo dejaron inconsciente. Hay seis detenidos.
APÓSTOLES. Como mínimo, habrían sido seis los que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y tirado en la vereda. La víctima fue un adolescente de 17 años al que sus agresores no le tuvieron piedad.
Lo golpearon hasta romperle los huesos. Alguien los conocía y eso permitió que cuatro de ellos fueran los primeros detenidos, mientras que dos restantes fueron buscados intensamente por la Policía hasta que fueron aprehendidos.
El joven se encuentra en estado crítico internado en terapia intensiva del Hospital Madariaga. En consulta con familiares y fuentes del caso, Valentín Maximiliano Monzón, se encontraba en un local bailable del centro en compañía de su hermana y algunas amigas.
Cuando llegó la hora de cierre se dispusieron a dejar el lugar. Salieron a pie y específicamente el joven acompañaba a una de las chicas hasta su casa. De repente vieron que se había desatado una corrida y ellos también corrieron.
Apenas habían llegado a la intersección de las calles Alvear fueron alcanzados por una patota que arremetió a golpes contra el joven.
Primero lo golpearon con un cascote en la cabeza, hecho que prácticamente lo puso knock out, y luego lo patearon por todo el cuerpo.
Monzón no fue el único que fue agredido, dado que según se pudo saber, la gresca habría sido generalizada y hubo varios contusos a causa de los cascotes que fueron arrojados por quienes “salieron a buscar pleito”, según indicaron testigos del hecho.
El joven fue auxiliado por sus amigos y mientras uno daba aviso al padre de lo que había ocurrido una ambulancia se puso en camino. Lo cargaron y lo llevaron al hospital local.
Tras ser revisado por el médico fue derivado a Posadas para que le realizaran estudios de mayor complejidad, para establecer de forma fehaciente la gravedad de las lesiones que había sufrido.
Llegó al nosocomio de esta capital a las 7 y lo llevaron directo a terapia. El médico ordenó que se le practicara una tomografía computada.
Este estudio dio cuenta que presentaba “traumatismo de cráneo, rotura de maxilar inferior, rotura de tabique nasal, rotura de piezas dentales, contusiones en las costillas provocadas presumiblemente por puntapiés, brazo y antebrazo quebrado en tres partes.
El médico que lo revisó nos explicó que temía que se le formara un coágulo en la cabeza e intentaban que no se duerma para que no se agrave su situación”, explicó la madre.
Por otra parte remarcó que en un principio ella se alarmó porque le salía sangre por la nariz y el oído, “pero el doctor explicó que dentro de todo eso era bueno para que no se formaran coágulos, porque de lo contrario debería entrar a cirugía. Más allá de ello, estas primeras 24 horas serán críticas”, señaló la progenitora.
Dijo también que le preguntó a su hijo qué fue lo que había sucedido “pero no se acordaba de nada”, a causa de los golpes.
El padre del joven radicó la denuncia y en base a averiguaciones y datos de testigos, efectivos del Comando Radioeléctrico de Apóstoles salieron en búsqueda de los sospechosos. Tres jóvenes de 19 años, dos de 18 y uno de 17 fueron arrestados en diferentes operativos.
Tomó intervención el Juzgado de Instrucción 4, desde donde se ordenó que cinco quedaran detenidos en sede policial. En tanto, el menor de 17 años, fue trasladado a la Unidad Penal IV de Posadas, donde permanecerá a disposición del Juzgado Correccional y de Menores N°2.
Primera Edición
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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