Una joven de 22 años y un niño de 3 años murieron y una adolescente de 15 resultó gravemente herida esta noche al ser embestidos por un colectivo mientras viajaban en una motocicleta Gilera 110 sobre la ruta nacional 12, a la altura del arroyo Apepú, en la localidad de Santo Pipó.

El siniestro se registró a las 20 de hoy y las víctimas fatales fueron identificadas como Priscila Venegas (22) y Gael Zárate (3), mientras que la sobreviviente se trata de Yamila V. (15), quien fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona y se aguarda parte médico sobre su estado de salud.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, las tres personas viajaban en una moto Gilera 110 en sentido Iguazú-Posadas hasta que, por causas que se intentan establecer, fueron embestidas por un colectivo larga distancia perteneciente a la empresa Singer que circulaba en la misma dirección.

En el lugar del hecho trabajó el personal de la comisaría de Santo Pipó, junto a los especialistas de la división Científica, ambas seccionales dependientes de la Unidad Regional IX de la Policía de Misiones.

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Con once allanamientos simultáneos y quince detenciones, la Policía de Misiones desmanteló este viernes una estructura delictiva que se dedicaba a cometer múltiples ilícitos en la capital provincial y que operaba desde un búnker protegido en el seno de la chacra 190, en el barrio Laurel.

Los procedimientos se extendieron a la chacra 189, donde también se concretaron detenciones y se recuperaron innumerables artículos obtenidos de manera ilícita mediante hurtos, robos y asaltos bajo diferentes modalidades.

Según consignó la fuerza provincial, la red criminal tenía su base en la chacra 190, en un búnker que contaba con vigilancia y desde donde no solo se planificaban los hechos, sino que también se depositaban las mercancías robadas para luego comercializarlas en el mercado negro.

El operativo fue diagramado por la Dirección General de Seguridad y ejecutado mediante labores conjuntas realizadas por agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, con apoyo del personal de la comisaría Decimosegunda, GOE, Infantería, Dirección Acción Motorizada y brigada de canes.

Los allanamientos culminaron con quince hombres detenidos, de entre 21 y 49 años, como así también el secuestro de una pistola, cinco motocicletas, 4,2 millones de pesos en efectivo y un largo listado de objetos robados, entre parlantes, televisores, bicicletas, lavarropas y hasta un lavamanos de baño con mueble incluido.

Tanto los detenidos como los elementos incautados fueron trasladados a la comisaría Decimosegunda, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

De acuerdo a lo comunicado por la Policía, las tareas investigativas continuarán a fin de esclarecer el origen de los objetos decomisados e identificar si existen más involucrados en la estructura delictiva.

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Tras más de cinco años detenido con prisión preventiva, el cacique Marcelo Núñez, acusado del femicidio de su pareja María Solange Diniz Rabela (22), fue absuelto esta mañana por el beneficio de la duda tras dos jornadas de juicio oral ante el Tribunal Penal Uno de Oberá.

La sentencia de los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo se emitió a las 11.40, tras casi una hora y media de deliberación en sala secreta del tribunal obereño.

En su veredicto, los jueces resolvieron declarar la absolución del imputado aplicando el beneficio de la duda y disponer de su inmediata libertad. Los fundamentos del fallo serán comunicados el 4 de julio.

Minutos antes, durante la ronda de alegatos, el fiscal David Milicich había solicitado la pena de prisión perpetua contra el acusado al dar por acreditado, aún sin comprobarse la mecánica de la muerte, el femicidio de Diniz Rabela, registrado entre la noche del 11 de abril y la madrugada del 12 de abril de 2020 en la comunidad guaraní Tarumá Poty de San Vicente.

La defensa, en tanto, encabezada por el letrado particular Jorge Zabulanez, solicitó la absolución del cacique Núñez al entender que no existen pruebas de un asesinato.

El fallo del tribunal se dictó a las 11.40, tras casi una hora y media de deliberación.

Alegatos previos

El alegato de Milicich se dio inmediatamente después de la declaración de Milton Acosta, el médico que realizó la autopsia a los restos de Diniz Rabela, quien no era originaria de la comunidad guaraní pero residía allí por su relación de pareja con el ahora imputado.

Acosta fue el último testigo citado a declarar y en su comparecencia describió que el cuerpo de la joven presentaba “una carbonización extrema, profunda y extensa en todo el cuerpo, lo que afectó zonas visibles como la cabeza, el tórax y el abdomen. La magnitud del daño es evidente y para que eso se produzca tuvo que estar sometido a temperaturas de entre 300 y 400 grados durante un tiempo bastante prolongado, de dos, tres o más horas”.

La acción del fuego prácticamente eliminó toda posibilidad de obtener certezas sobre la muerte de la joven. Para Acosta el deceso fue vinculante a causa violenta, aunque advirtió que no se pudo establecer la mecánica o el modo en que se produjo el deceso.

“En el caso Diniz Rabela se constató una carbonización extrema, con daños profundos en su estructura. Con borramiento cutáneo, esquelético y visceral es dificultoso entrar en detalles en el mecanismo o la acción que lo llevó al deceso. No se puede establecer la mecánica del óbito pero sigue siendo una muerte violenta, pero sí que la carbonización se hizo posterior a su deceso”, se explayó Acosta, quien por las mismas razones tampoco pudo estimar un contagio de coronavirus como posible causa de muerte.

Para el fiscal Milicich eso no impedía dar por acreditado el femicidio e incluso mencionó casos donde hubo condenas aún sin que haya cuerpo, como la perpetua dictada contra el abogado Rubén Ernesto Carrazona en La Plata, que fue responsabilizado del asesinato de su pareja Stella Maris Sequeira, quien se encuentra desaparecida desde el 29 de septiembre de 2016.

“El cuerpo de la víctima es un elemento del cuerpo del delito, pero no es el único. Nosotros tenemos que ver cómo fue la situación de la víctima y el contexto femicida”, postuló el fiscal.

Partiendo desde esa base, consideró probado que el cacique Marcelo Núñez infringía violencia de género en contra la víctima y para dar esa afirmación se apoyó en varios testimonios que dieron cuenta de episodios de ese tipo.

En ese repaso, mencionó una declaración en Cámara Gesell donde el hijo de la víctima sostuvo que el cacique “le pegaba” a su mamá y otro testimonio vertido por una sobrina del acusado, quien recordó una vez que Diniz Rabela escapó de su casa con un dedo cortado y Núñez la persiguió con un machete en mano.

Eso, sumado a lo narrado por el padrastro de la joven, quien contó que llevaban cinco meses sin saber de ella porque el cacique impedía la comunicación.

Milicich también hizo hincapié en contradicciones incurridas por el imputado. “En instrucción Núñez dijo que Diniz Rabela murió de dengue, acá dijo que fue por covid. En instrucción dijo que él quemó el cuerpo, acá dijo que lo hizo otra persona”.

También creyó en la palabra de los médicos Mariel Ferreyra Díaz y Ricardo Sabal, quienes declararon que en ningún momento recomendaron quemar el cuerpo de la joven fallecida, contrariamente a lo dicho por el acusado y por otro cacique de la zona, quienes responsabilizaron a la médica por la cremación del cadáver. 

“Es evidente que la quema no tenía fines religiosos, ni para evitar el covid, el único fin era borrar evidencias”, lanzó el fiscal.

Y concluyó: “Esa noche, el 11 de abril de 2020, el imputado consumió alcohol y mata en forma violenta a María Solange. Nunca vamos a saber cuál fue la mecánica, pero sabemos que después de ello, sin ningún tipo de miramientos, quemó el cuerpo porque sabía que la Policía iba a venir. Quema el cuerpo para borrar pruebas”.

Milicich consideró el caso como un “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y femicidio”, por lo cual solicitó que el imputado sea condenado a la pena de prisión perpetua, que equivale a 35 años de encierro de cumplimiento efectivo, aunque el pedido no prosperó.

En contrapartida, la sentencia se alineó con lo solicitado por el defensor Jorge Zabulanez, que al momento de alegar pidió la absolución del cacique al considerar que no existían pruebas de un asesinato.

“El monstruo que se pretende crear con la figura de Marcelo es un mito”, cuestionó.

Y apuntó: “Entiendo los pocos elementos que puede tener la fiscalía para sostener su denuncia, pero en el expediente no hay ninguna prueba de un acto que pueda haber ocasionado una muerte”.

Zabulanez también refirió que no hay pruebas para acreditar una historia de violencia de género previa y también puso en relieve el contexto de la pandemia: “No fueron épocas normales. A veces el estado de conmoción violenta lo da la ira, en este caso lo dio el miedo, el miedo a contagiar”.

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