Un joven de 26 años fue detenido esta tarde en Oberá, luego de ingresar a una casa del barrio San Miguel y atacar a tiros al dueño del lugar, quien sobrevivió al hecho y alcanzó a llamar a la Policía.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el damnificado se trata de un hombre de 29 años, quien relató que esta tarde fue sorprendido en su casa por otro sujeto que lo atacó a tiros, efectuando al menos dos disparos.

La víctima describió a su atacante como un referente barrial y de los tareferos de la zona, quien luego del hecho escapó a bordo de un automóvil Volkswagen Vento, dato que colaboró con la investigación policial.

Es que, minutos después, agentes de la División Comando Centro ubicado el rodado y detuvieron al sospechoso en una vivienda sobre la calle 4 del mismo barrio San Miguel.

Según ampliaron las fuentes, en ese lugar la Policía incautó un revólver calibre 22 largo con tres cartuchos intactos y tres vainas servidas.

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El próximo 12 de junio se realizará en Oberá el juicio oral contra Alan Calixto Closs (32), único acusado por el femicidio de Daniela Carmen Radke (23), la joven que en mayo de 2023 fue estrangulada y luego descartada en un descampado del barrio Unido de San Vicente.

Será una única audiencia y comparecerán como testigos un total de ocho personas. El debate será presidido por el magistrado Francisco Aguirre, acompañado por sus pares Horacio Paniagua y Erasmo Villalba (subrogante) como vocales.

En representación de la fiscalía estará David Ezequiel Augusto Milicich, mientras que el imputado será defendido por los letrados particulares Cristian Baran y Humberto Gales.

Calixto Closs está detenido en la Unidad Penal VII de Puerto Rico y llega a instancia de juicio bajo una imputación por femicidio, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua.

Daniela Carmen Radke tenía 23 años. Fue estrangulada y descartada en un descampado.

El caso

El hecho que se ventilará en debate oral se registró entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de mayo del 2023 en San Vicente.

La cronología del caso indica que ese jueves 4 de mayo, a las 17.30, Daniela Radke fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la casa de Alan Calixtro, a quien aparentemente conoció en clases de boxeo y a quien consideraba un “amigo”.

Ese mismo día, cerca de las 21, la joven le llamó a su madre para decirle que se encontraba bien y que cenaría con su amigo antes de volver a casa, lo cual finalmente nunca sucedió.

Es que, diez horas después, su cadáver apareció a un costado de la calle Miranda, en el barrio Unido, a unos 800 metros de la ruta provincial 13.

La autopsia posterior dictaminó que la joven había sido sufrido una muerte violenta, una asfixia por estrangulamiento. Es decir, un femicidio.

Con el correr de la pesquisa, llevada adelante por la Dirección Homicidios y efectivos de la Unidad Regional VIII, apareció un testigo reservado que apuntó al sospechoso y una serie de imágenes de cámaras de seguridad recolectadas hicieron el resto.

Según pudo averiguar LVM, las mismas cámaras de vigilancia que a las 17.30 del jueves captaron el ingreso de la víctima a la casa del sospechoso, también plasmaron el momento en el que mismo implicado salía del lugar con el cuerpo de Daniela cargado sobre el tanque de combustible de su motocicleta.

Eso ocurrió a las 2.30 del viernes 5 de mayo y el ahora detenido regresó a casa apenas 8 minutos después.

En la casa del implicado los investigadores secuestraron muestras de cabello, prendas de vestir, cables, teléfonos celulares, chips, tarjetas de memoria y una motocicleta. También se le extrajo al sospechoso material genético para futuros cotejos.

Otro testigo llamó a las autoridades luego para denunciar que ese mismo viernes el detenido llevó a su taller un bolso. Los investigadores establecieron que se trataba de la mochila de Daniela, dentro de la cual estaba su celular y otras pertenencias.

Días antes de la firma de la prisión preventiva en su contra, Closs compareció ante el juez Gerardo Casco para realizar una ampliación de declaración indagatoria, instancia en la que habló por primera vez y desarrolló su versión del hecho.

Sin entrar en detalles, el imputado afirmó que al encontrarse con Radke consumieron bebidas alcohólicas, mantuvieron relaciones sexuales “extremas” que derivaron en la muerte de la joven. Negó haber tenido intenciones de asesinar a la muchacha.

Harán una marcha por el femicidio de Radke: “Que el detenido no salga más”

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Previo a la exposición del fiscal Pablo Di Loreto, quien solicitó penas de 8 y 6 años de prisión para los dos gendarmes enjuiciados por integrar una asociación ilícita dedicada al contrabando de granos en Misiones, las abogadas querellantes en representación de Arca (ex Afip), Rossana Sienra y Yamila Amado, brindaron detalles del perjuicio económico sufrido por el Estado y estimaron que la organización alcanzó a exportar 9o.000 toneladas sin efectuar ningún tributo, lo que se traduce en una pérdida estimada de 36 millones de dólares para las arcas del país.

Las letradas se explayaron durante una hora ante el Tribunal Oral Federal  de Posadas (TOF) presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira, instancia en la hicieron un repaso global de la causa, desde la denuncia que dio inicio al expediente, hasta las medidas investigativas efectuadas y el rol atribuido a cada uno de los integrantes de la organización, entre los cuales ubicaron los gendarmes imputados Marco Antonio Duette (50) y Ricardo Fabián Gómez (53), pero también pusieron cifras al daño económico producido con las maniobras de evasión.

“Si algo le sobra a esta causa es carga probatoria. Tal es así que 9 de los 11 imputados aceptaron un juicio abreviado”, plantó bandera Sienra, dando cuenta que, a excepción de Duette y Gómez, la totalidad de la banda admitió su responsabilidad en el caso, entre ellos el empresario Santiago Marino, una de las figuras más importantes de la trama. 

Para Sienra y Amado, mediante lo recolectado durante el debate oral quedó completamente acreditado que ambos uniformados formaban parte activa de la organización, dedicándose a la liberación de las rutas 14 y 2 para asegurar el paso de los camiones que transportaban los granos hacia puertos clandestinos ubicados a la vera del río Uruguay, a la altura de localidades como Colonia Aurora, Colonia Alicia y El Soberbio, por donde eran cruzados hacia Brasil.

Las letradas explicaron que en base a los 193 CD de escuchas telefónicas efectuadas se desprende que la tonelada de soja en Brasil valía 400 dólares, lo que significaba una ganancia mucho de lo que se podría obtener en el mercado legal argentino producto de la política cambiaria y las retenciones que imperaban durante 2020 y 2021. El negocio era tal que en una de las escuchas uno de los imputados en la maniobra afirmó que “eso de la soja deja más plata que la falopa”.

Para graficar aún más la magnitud del esquema evasor orquestado por la banda y “el daño inmenso efectuado al Estado en general y al Arca”, las querellantes tradujeron todo en cifras.

Al igual que la Fiscalía, la querella solicitó 8 y 6 años de prisión para los imputados Duette y Gómez.

Dólares frescos

En primer lugar, describieron que al momento de los hechos Misiones tenía una producción anual de 10 toneladas de soja y requería otras 10 toneladas provenientes de otras provincias para cubrir lo requerido por las dos únicas industrias y los pequeños consumidores que hacían uso este cultivo.

Sin embargo, solo entre enero y octubre de 2021 a la tierra colorada ingresaron 100 toneladas de soja, de las cuales 90 fueron a parar a Brasil, sin tributar absolutamente nada. 

“Si cada tonelada de soja en Brasil se pagaba 400 dólares. Las 90 toneladas perdidas hablan de una operatoria de aproximadamente 36 millones de dólares”, calculó Sienra y acotó: “Acá todos se enriquecieron a partir del Estado nacional”.

Tal es así que la letrada describió que con las ganancias obtenidas ilegalmente Santiago Marino no solo construyó en San Javier el complejo turístico Palmar del Río, sino que también adquirió otras 103 hectáreas de tierra en la provincia.

Por todo lo expuesto, las letradas no solo efectuaron el mismo pedido de prisión planteado por el fiscal Di Loreto, sino que también solicitaron que a la hora de dictar sentencia el tribunal ordene el decomiso de todos los bienes que fueron fruto de estas maniobras: vehículos, propiedades, remanentes de soja, dinero en efectivo ya incautado y hasta el dinero puesto en plazos fijos.

“Necesitamos que todo esto sea reparado”, culminaron las abogadas de Arca.

El debate oral continuará el próximo 9 de junio, instancia a la que será el turno de alegar para los abogados defensores Carlos Larraburu y Augusto Leguiza.

El fiscal Pablo Di Loreto y la abogada Rossana Sienra, protagonistas del día en el juicio contra los gendarmes.

FOTO PRINCIPAL: gauchazh.clicrbs.com.br

Piden 8 y 6 años de cárcel para gendarmes por facilitar contrabando de soja

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