Policiales
Acusado de homicidio operaba junto a viudas negras: roban camioneta y $60.000
Ramón Alberto “Beto” M., uno de los cuatro imputados que aguarda en libertad el inicio del juicio por el homicidio del arenero Juan Carlos Scholz (53), cometido el 20 de marzo de 2016 en San Ignacio, fue detenido hoy junto a una joven de 21 años en el marco de la investigación por el robo de un automóvil perpetrado bajo la modalidad de viudas negras en Posadas.
La historia, según reconstruyó La Voz de Misiones, comenzó la semana pasada, cuando un hombre de 65 años conoció a dos muchachas en el casino de Garupá y volvió con ellas hasta su casa en el barrio A4 de Posadas, donde amaneció solo y sin nada.
Las fuentes consultadas señalaron que las implicadas, con presunto apoyo de al menos un cómplice, le sustrajeron a la víctima su automóvil Peugeot Partner, 60.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.
El hecho fue denunciado ante la Comisaría Decimoprimera y en el caso intervinieron los especialistas de la División Sustracción de Automotores, dependiente de la Dirección Investigaciones Complejas, quienes comenzaron a indagar en el asunto y en las últimas horas atraparon a dos sospechosos, entre ellos a Beto.
La primera detención del día se concretó cerca de las 15, cuando los pesquisas involucrados obtuvieron el dato de que Daniela “Yiyi” R. (21), una de las supuestas viudas negras implicadas, se encontraba en la terminal de Transferencias Unam, en Miguel Lanús.

La Peugeot Partner robada fue recuperada esta noche en el barrio San Isidro.
De inmediato, el personal acudió al lugar y detuvo a la muchacha, mientras que Beto, sospechado de intentar comercializar el vehículo robado, fue localizado cerca de las 18 en inmediaciones a las avenidas Lavalle y Santa Cruz.
Las fuentes de LVM indicaron los operativos luego se extendieron a otros puntos de la ciudad y los uniformados lograron también recuperar la Peugeot Partner en el barrio San Isidro.
La sospecha es que ambas mujeres y Beto actúan en complicidad, formando una banda dedicada a perpetrar esta clase de delitos en la ciudad.
Beto y el crimen del arenero
Beto Martínez es uno de los cuatro imputados por el crimen del arenero Juan Carlos Scholz, perpetrado entre la noche del 20 de marzo de 2016 y la madrugada siguiente en la propiedad de la víctima en la localidad de San Ignacio.
Ese domingo, Scholz regresó a su casa y apenas descendió de su camioneta Ford-F 150 fue abordado por cuatro asaltantes armados. El hombre se resistió, pero fue superado en número. Recibió golpes, heridas cortantes y finalmente dos balazos, uno en la cabeza y otro en el abdomen.
Tras los disparos, los delincuentes huyeron de la escena sin robar nada, mientras que Scholz gravemente herido abordó su camioneta y salió en busca de ayuda, pero falleció por el camino.

El crimen del arenero Scholz fue captado por las 20 cámaras de seguridad instaladas en su casa.
Toda la secuencia del crimen fue captada por las casi 20 cámaras de seguridad que el arenero instaló en su casa apenas un mes antes y ese material fue clave para que dos días después los sospechosos sean detenidos durante una redada realizada entre la Policía y el personal de la actualmente diezmada Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
En esos operativos fueron detenidos Beto, como así también Roberto “Quimbi” C. y Orlando “Murdock” G. Un cuarto acusado, Juan D. L., cayó meses después.
Los cuatro fueron imputados y procesados por el delito de “homicidio en ocasión de robo”, pero en febrero de 2021 la Cámara de Apelaciones de la provincia consideró que los plazos de la prisión preventiva estaban agotados y dispuso la excarcelación de todos.
Actualmente, la causa aguarda que se fije fecha para la realización del debate oral y público donde se ventilará el crimen de Scholz y se determinará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el caso.
Judiciales
Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para integrar el STJ
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Judiciales
Un misionero prófugo y dos detenidos en causa federal por tráfico de éxtasis
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.

El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
Policiales
Prefectura incautó 99 kilos de marihuana tras una persecución en San Javier
La Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestró más de 99 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la localidad de San Javier, en un procedimiento que incluyó una persecución y un rastrillaje en zona de monte.
El operativo se desarrolló durante la tarde del jueves en una zona rural, donde efectivos de la fuerza detectaron un vehículo que se dirigía hacia la costa del río Uruguay y, ante esa situación, iniciaron un seguimiento controlado.
Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia policial, los ocupantes del rodado embistieron el portón de ingreso de una propiedad privada, abandonaron el vehículo y escaparon hacia una zona de monte cercana.
Tras la fuga, se desplegó un operativo de refuerzo con personal de apoyo, testigos y un can detector, realizándose un rastrillaje intensivo en el área, aunque sin resultados positivos en cuanto a la localización de los sospechosos.
Durante la requisa del vehículo abandonado, los uniformados encontraron ocho bultos que contenían 132 panes de sustancia ilícita, con un peso total superior a los 99 kilos.
Además de la droga, se secuestró el vehículo utilizado, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la investigación.
De acuerdo a la valuación oficial, el cargamento incautado tiene un valor estimado superior a los 356 millones de pesos.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, que interviene en la investigación para identificar a los involucrados.
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