El Tribunal Penal Uno de Oberá fijó para los días 18 y 19 de junio las audiencias de juicio oral contra el cacique acusado de matar e incinerar los restos de su pareja en la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty de San Vicente en plena pandemia, contexto que utilizó como coartada, aunque las pruebas lo llevaron a ser imputado por femicidio, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua.

El crimen de María Solange Diniz Rabela (22) se cometió el 12 de abril de 2020, aunque recién fue descubierto por las autoridades entre la tarde del 16 y la madrugada del día siguiente, y el único acusado del hecho es el cacique Claudio, formalmente identificado como Marcelo Núñez, quien enfrenta cargos por “homicidio agravado por femicidio”.

El debate oral para esclarecer el caso ya había sido programado para agosto de 2024, pero la declaración de una nulidad en el requerimiento de elevación a juicio obligó a retrasar el proceso.

Subsanada esa cuestión, el expediente volvió a ser remitido al TP Uno de Oberá, cuyos autoridades ahora volvieron fijar a fecha para el inicio de las audiencias y los días elegidos para sentar a Nuñez en el banquillo de los acusados son el 18 y 19 de junio próximo.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, son catorce los testigos citados a comparecer ante el tribunal que estará conformado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo, este último como subrogante legal.

En representación de la fiscalía estará David Ezequiel Augusto Milicich, mientras que el acusado contará con la defensa del abogado particular Jorge Horacio Zabulanez y también se convocó a un intérprete del idioma guaraní para favorecer la comunicación y garantizar el entendimiento de las partes con el imputado.

Teoría del Covid

Diniz Rabela, que no era originaria y era madre de dos niños producto de una relación anterior, estaba en pareja con el cacique Claudio y hace unos siete meses había decidido mudarse a Tarumá Poty, comunidad ubicada a unos 30 kilómetros del casco urbano de San Vicente y donde residían otros 20 miembros en ese momento.

Hasta allí llegó la Policía el 16 de abril luego de varios pedidos de ayuda por parte de los familiares de la víctima, quienes sabían que la muchacha se encontraba sin vida desde el domingo de Pascuas (12 de abril), pero desconocían en qué circunstancias se produjo el deceso, al tiempo que desconfiaban del cacique por recientes antecedentes de maltrato hacia Diniz Rabela.

A partir de ese momento se inició una investigación que terminó develando una sombría trama detrás de la muerte de la joven.

El crimen ocurrió dentro de la comunidad Tarumá Poty, a unos 30 kilómetros del casco urbano de San Vicente.

El cacique Claudio quedó inmediatamente bajo la lupa y ante las preguntas de los investigadores trazó una curiosa coartada utilizando la pandemia como pretexto. Es que el aseguró que la muchacha falleció por Covid y que por recomendación de los médicos que visitaban la comunidad decidió cremar y sepultar el cuerpo.

“Ella tuvo fiebre y tos, como se escucha en la radio. Hicieron una acusación sobre mí, pero yo jamás le haría mal a la gente de mi aldea. Murió de enfermedad”, se oyó decir al cacique en un audio enviado durante esos días de incertidumbre a un funcionario municipal dedicado a atender cuestiones mbya en la zona, al tiempo que sobre la incineración del cuerpo agregó: “Eso yo hice por orden del médico, él me dijo que habló con el jefe de la Policía y no se podía trasladar el cuerpo a ningún lado”.

Esa misma teoría el cacique Claudio la expandió dentro de la comunidad, aunque varios habitantes del lugar luego declararon y pusieron en jaque la versión del acusado al desmentir que la cremación de los cuerpos sea un procedimiento habitual en sus creencias.

Los médicos y visitantes habituales de la aldea también declararon posteriormente en la causa judicial y negaron haberle dado esas instrucciones al cacique involucrado.

Femicidio

La pesquisa reconstruyó, en tanto, que el femicidio fue cometido ese domingo 12 de abril. Ese día el cacique incineró a su pareja y sepultó sus restos a unos 200 metros de la zona de viviendas.

Con esa información, los pesquisas recorrieron la comunidad, encontraron rastros de tierra removida y dieron con los restos óseos correspondientes a Diniz Rabela.

Los restos óseos carbonizados de la joven fueron hallados a unos 200 metros de su casa.

Según describieron las fuentes en ese momento, el cuerpo estaba totalmente carbonizado, a excepción de una mano que aún presentaba vestigios de piel y otras extremidades superiores que al no ser consumidas por el fuego fueron sepultadas por el cacique.

Debido a la acción del fuego sobre el cadáver, la autopsia no pudo establecer la causal de muerte de la víctima, aunque todos los elementos recogidos hacen presumir que la joven padeció una muerte violenta previo a la incineración de sus restos.

Además, en la vivienda del cacique involucrado los pesquisas encontraron un serrucho y dos mantas con manchas de sangre.

Ante este panorama, Núñez quedó detenido, tiempo después fue procesado con la prisión preventiva y más de cinco años después deberá sentarse en el banquillo de los acusados. En caso de ser hallado culpable, en su contra recaería una pena de prisión perpetua, que prevé 35 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

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Un hombre de 34 años fue detenido ayer a la tarde en Montecarlo, luego de rociar con combustible y prender fuego a su ex pareja, quien logró apagar las llamas antes de sufrir lesiones de gravedad.

Según consignaron fuentes policiales, el hecho de violencia de género se registró ayer, minutos después de las 18, en una vivienda del barrio Belgrano de Montecarlo, donde un hombre discutió con su ex pareja y antes de retirarse la atacó con fuego.

Las fuentes precisaron que el implicado se subió a su motocicleta y a los pocos minutos arrojó combustible contra la mujer y luego inició el fuego, que se concentró en la región lumbar y en el muslo derecha.

Afortunadamente, la víctima lograr apagar las llamas y las quemaduras que sufrió fueron de primer grado, lo que afortunadamente no pone en riesgo su vida.

Tras el hecho, la Policía ejecutó un operativo que al poco tiempo logró dar con el sospechoso, quien fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. También se le secuestró el teléfono celular para pericias.

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Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), que prestaba servicio en la localidad de Puerto Iguazú, falleció esta madrugada en un hecho que es investigado por la fuerza provincial como accidente doméstico con su arma reglamentaria.

El fallecimiento de Hugo Ezequiel Laudin (41) fue reportado por la jefa del Comando de Frontera de la PFA en la Comisaría Primera de Iguazú, quien manifestó que, al momento del hecho, el agente se encontraba en su franco de servicio en su vivienda, ubicada en la calle Guatambú al 91 de la ciudad.

Según pudo saber este medio, el hermano de la víctima expresó a los uniformados de la Policía de Misiones que ambos se encontraban en el domicilio cuando, al terminar de cenar, Hugo se dispuso a guardar su arma reglamentaria debajo de un escalón ubicado en una escalera de la casa.

Fue entonces, de acuerdo al testimonio del hermano, que el agente de la policía Federal tropezó con un escalón y se disparó accidentalmente con su pistola reglamentaria.

El impacto de bala le ocasionó una herida sangrante en el abdomen, por lo cual el policía fue trasladado de urgencia al hospital local. Allí se registró su deceso.

El cuerpo de Hugo Ezequiel Laudin fue examinado por el médico policial en turno, quien diagnosticó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio provocado por una herida de arma de fuego en el flanco izquierdo del abdomen, con orificio de entrada y salida.

Por su parte, la División Criminalística realizó las tareas periciales en el lugar, procediendo al secuestro de una pistola marca Bersa 9 mm, un cargador con cartuchos y una vaina servida en la habitación.

Finalmente, el juez de la causa ordenó la realización de la autopsia para avanzar en la investigación.

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