Un hombre y una mujer fallecieron esta mañana al accidentarse con un tractor mientras trabajaban en una chacra de Cruce Caballero, en la localidad de San Pedro.

Fuentes policiales consignaron que el trágico suceso ocurrió en una propiedad ubicada a unos 200 metros de la ruta nacional 14 y las víctimas fueron identificadas como Elisandro Dos Santos y María Espíndola.

Ambos trabajaban y recorrían la chacra a bordo de un tractor Velmet hasta que, por causas que se intentan establecer, la máquina agrícola dio vuelta por completo y acabó volcado en posición invertida, provocando la muerte de sus dos ocupantes.

En el lugar intervino el personal de la comisaría de Tobuna, integrantes de la Unidad Regional XIV y de la División Científica, quienes realizaron las pericias de rigor correspondientes.

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El pasado viernes 9 de mayo, Adolfo Basilio Guirula, anunció el inicio de una huelga de hambre en la Unidad Penal de Cerro Azul VIII, donde se encuentra detenido luego de ser trasladado desde Loreto, hace dos semanas.

Es uno de los ocho ex policías privados de su libertad desde octubre, por una causa caratulada como “intento de sedición y conspiración”. A finales de marzo, sus pares Iván y Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula y Diego Correa fueron quienes efectuaron la misma medida por un lapso de dos semanas, hasta que dos de ellos debieron ser hospitalizados por descompensación.

Semanas atrás, Ramón Amarilla también realizó huelga y Guirula se convirtió en el sexto ex policía en adoptar la medida. A través de una carta emitida ese mismo día, el detenido manifestó: “A partir de la fecha 09/05/2025 realizaré huelga de hambre, ya que me encuentro detenido privado de mi libertad ilegalmente en una causa sin fundamento y sin respuesta del Juzgado de Instrucción Tres a cargo del juez Fernando Veron”.

“Hago responsable de lo que me pueda pasar al Servicio Penitenciario Provincial, al juez Fernando Veron, al gobierno renovador de la provincia de Misiones, al jefe de Policía, comisario general Sandro Martinez y a la directora del Servicio Penitenciario, alcaide general Merele Valería”, detalló en la misiva.

“Lo tratan como a un delincuente”

En diálogo con La Voz de Misiones, Lara González, esposa de Adolfo Guirula denunció “malos tratos” y descartó que haya participado del grupo de WhatsApp que desató el inicio de la causa judicial: “Ahora está con el señor Amarilla, están en el pabellón que es para los presos de ex fuerzas, pero el trato de ellos hacia él es como a todo el resto, como a un delincuente como si hubiera matado o robado”.

A lo que agregó: “Mi marido no es delegado, nunca fue de la Unidad Regional Siete de Apóstoles, no integraba el grupo famoso “Solo cola”. El estaba en otro grupo que se llamaba “Imputados por la protesta”, que era del Juzgado Tres, ahí se informaban los días que declaraban y nada más, nunca fue parte del otro grupo en el que tenían más integrantes que hoy están afuera y es más, siguen trabajando”.

En cuanto a los detalles de la detención en Cerro Azul, manifestó:“Hace dos semanas se encuentra ahí, antes estaba en Loreto. Nosotros siempre que podemos vamos a verle, le llevo a nuestros hijos. Tenemos tres, todos menores de edad, y ellos quieren ver a su papá”.

Tras la orden de detención en octubre pasado, los ocho policías fueron destituidos de la fuerza, por lo que dieron de baja la percepción de haberes y prestaciones. “Se han quedado sin sueldo desde el mes de septiembre, y sin obra social. ¿Dónde quedaron los derechos del niño?, ¿Quién avala por ellos?. En mi caso él era el único que trabajaba y nuestra situación es desesperante, cada día se nos está haciendo más difícil”, concluyó.

“Sin respuestas”

González recordó que Guirula había declarado en octubre del año pasado y desde entonces no hubo avances en la causa, por lo que evalúan realizar movilizaciones en reclamo de respuestas en Posadas.

A esto sumó el envío de ocho escritos al ministerio de Derechos Humanos, por medio del Servicio Penitenciario, solicitando una comitiva de visita, sin embargo: “Nunca fueron a verlo”, lamentó la entrevistada.

Familiares de ex policías detenidos reclaman que la causa “no tiene avances”

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“¿Puedo ir a jugar?”, “¿Hay partido?”, “¿Se juega hoy?”, “Avisame cuando hacés el cambio”, “voy con la pelota”. Los mensajes encriptados en clave futbolera eran intercambiados entre paseros paraguayos y cuatro aduaneros que desde el martes pasado son juzgados por integrar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas para facilitar el contrabando de mercaderías en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que Posadas con Encarnación. 

Los acusados son Lorenzo René Juárez (67), Francisco Antonio Llorente (64), Orlando Ariel Alfonso (56) y Bernardino Castor Esquivel (51), quienes llegaron a juicio más de siete años después del operativo que destapó un entramado de corrupción que permitía el ingreso al país de una infinidad de vehículos paraguayos repletos de mercadería de contrabando.

Todos ellos están imputados por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, mientras que Alfonso además suma otra acusación por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.

El debate oral en sus contra, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el martes pasado, instancia en la que se dio lectura al requerimiento de elevación de la causa, lo que permitió exponer parte de plexo probatorio del expediente, el cual se sustenta en un amplio contenido de escuchas telefónicas y registros de conversaciones de texto que estaban cifradas con léxico futbolístico.

Inicio

La investigación tuvo génesis el 24 de agosto de 2016, tras una denuncia radicada por el Administrador de la Aduana en aquel entonces, quien había advertido una serie de situaciones extrañas en la zona primaria aduanera, por ejemplo, vehículos paraguayos que ante su presencia abandonan el ingreso al país y retornaban hacia Encarnación.

Esa denuncia, a su vez, se conectó con un expediente abierto dos meses antes en la Justicia Federal tras el secuestro de cuatro vehículos abarrotados con cigarrillo y otros productos extranjeros que habían logrado cruzar la frontera, pero cayeron en controles de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Lo que se hizo entonces, fue identificar cada uno de los vehículos con sus respectivas patentes y revisar las cámaras de seguridad del puente internacional para determinar en qué días y horarios traspusieron el viaducto, para así delimitar al personal aduanero que pudiera estar involucrado en la maniobra.

Fueron once agentes los que quedaron bajo la lupa inicialmente. Sus comunicaciones fueron interceptadas mediante orden judicial y gracias a eso la lista de sospechosos se redujo a los cuatro hombres que hoy enfrentan un juicio oral y público en el TOF posadeño.

El tribunal y uno de los acusados conectado en forma telemática.

Escuchas

Una de las primeras escuchas incorporadas como prueba data del 28 de octubre de 2016 e involucra a Orlando Alfonso, más conocido como Kiwi. Entre las comunicaciones de ese día surge un llamado que recibió de parte de un abonado paraguayo, donde le preguntan “¿Hoy vamos a jugar un partidito?” y él responde: “Hoy no, porque estoy en salida yo”.

Ese diálogo fue tan solo el puntapié inicial para que todo el esquema de corrupción que había permitido el ingreso de mercadería de contrabando al país durante un año entero volara por los aires más tarde.

Los investigadores indagaron después en los chats de los sospechosos, descubriendo conversaciones mantenidas con múltiples ciudadanos paraguayos dedicados al cruce de productos extranjeros, diálogos que se efectuaban en léxico futbolístico como clave, donde los paseros eran los “jugadores”, los aduaneros eran los “DT” y los carriles eran las “canchas”.

Kiwi Alfonso es uno de los “DT” que aparece dando una mayor cantidad de indicaciones a sus jugadores, como así también era el blanco de la mayoría de las consultas. En una de las conversaciones que le atribuyen avisa “mañana juegan en la cancha 3” y pide que “lleven la tricota”, lo que para los fiscales de instrucción estos códigos podían ser el carril 3 donde él estaba y los $300 o $3.000 que costaba el “pase”.

De los diálogos también se apuntan hechos de coimas a integrantes de fuerzas de federales, ocultamiento de mercadería en depósitos más tarde allanados en cercanías a la Placita del Puente y algunas maniobras que se frustraron, ya sea por desinteligencias o por revisiones para disimular, entre otras revelaciones.

Después de recabar información durante un año entero, la jueza María Verónica Skanata dio la orden y el 10 de octubre de 2017 la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó el operativo que desarticuló el ardid, con la detención de los aduaneros y el allanamiento de varios inmuebles.

La fiscal Vivian Barbosa y la querellante por Arca Rossana Sienra.

Asociación ilícita

En el requerimiento de elevación a juicio de la causa, el fiscal Diego Stehr acusó a los cuatro implicados de haber “montado”, “coordinado” e “integrado” una “asociación ilícita de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita” relacionada al contrabando de mercaderías sin aval aduanero.

Stehr además estimó que la organización operó desde “al menos agosto de 2016 hasta octubre de 2017” y entre sus consideraciones también señaló que el ardid no solo generó un perjuicio económico para el erario público, sino que también afectó a los comerciantes misioneros producto de la asimetría de precios que existía entre el vendedor formal y el informal.

El juicio oral continuará el lunes, a partir de las 8.30. Se prevé la culminación de la lectura de los instrumentos probatorios pendientes, para después declarar abierto el debate y dar a los imputados la oportunidad de brindar declaración indagatoria ante las partes.

El tribunal es presidido por el magistrado subrogante chaqueño Enrique Bosch e integrado por los jueces originales del TOP Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Cardozo.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Vivian Barbosa, mientras que como querellante particular en representación de Arca (ex Afip) participa la abogada Rosana Sienra.

Los imputados Alfonso yJuárez son defendidos por el letrado Ramón Camargo, en tanto que por Llorente actúa Luis Palma y por Castor Esquivel interviene Roberto Benítez. 

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