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Tarifazo energético en Misiones

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Por: Javier Mela

@JavierMela1

En varias oportunidades abordamos la crisis energética que atraviesa nuestra provincia en su conjunto, es tiempo de abordar y desmenuzar el tema central: tarifas de enorme importancia para los usuarios y de gran impacto socioeconómico.

Los datos encontrados en una búsqueda realizada en los cuadros tarifarios de las provincias del NEA nos muestran que la provincia de Misiones está sometida a tarifas que casi duplican el valor con el resto, además verificamos que sufrimos aumentos mensuales, mientras el resto tiene ajustes trimestrales.

Está situación abusiva que enfrentamos los misioneros y que ya en varias oportunidades denunciamos, fue noticia el día 23 de enero de 2025, cuando un conocido medio provincial publicó en su página web una nota que reproduce la nota publicada en el portal Iprofesional, titulada “Fuerte dispersión en las tarifas: cuáles son las provincias que más pagan por la luz y por qué”, que presenta el estudio realizado por Alejandro Enisstos y su equipo.

En este estudio la provincia de Misiones, y la empresa provincial de energía, someten a los ciudadanos a la quinta tarifa más alta del país para la categoría sin subsidio. Quedando entre las 10 más baratas para las categorías con subsidio.

A esta situación, el día 1 de febrero de 2025, el mismo diario digital de la provincia de Misiones publica una nota donde la secretaria de Energía de la Nación anuncia la quita de subsidios de 71% a 65% para la categoría N2 (bajos ingresos) y una quita de 60% a 55% para la categoría N3 (ingresos medios).

La quita de subsidios es algo que todos esperábamos a sabiendas de que la situación generada por los gobiernos kirchneristas no era sostenible, y de que el presidente Milei lo aclaró en cada oportunidad que tuvo durante su campaña.

Ahora bien, una cosa son las quitas de subsidios y otra es el elevado precio de la energía. Los misioneros somos los principales afectados por las consecuencias de la principal obra energética del país, y a pesar de sufrir las consecuencias y de estar a 90 km de la principal central generadora del país, tenemos la energía más cara y una de las de peor calidad del país.

Las familias de la provincia sufren los constantes aumentos y quitas de subsidios. No podemos olvidar que un porcentaje elevado de población económicamente activa trabaja en la administración pública provincial y municipal, y tienen los salarios más bajos del país. Las familias consideradas de altos ingresos ya pagan la energía a precios de los más caros del país, y las de ingresos medios y bajos están llegando mes a mes a este valor.

Pero hay algo que es también muy importante y no podemos olvidar: ¿Qué tarifa pagan nuestros industriales y comerciantes?

La energía pagada por quienes son los “generadores de riqueza” de la provincia hace mucho tiempo está muy por arriba de la media nacional, y no podemos olvidar que a esto se le suma la ridícula presión fiscal a la que son sometidos en la provincia los que intentan producir.

Los misioneros venimos experimentando aumentos desde el mes de octubre de 2023, que no se corresponden con los aumentos establecidos por Nación. La figura abajo nos muestra como los aumentos provinciales no llevan una relación con los aumentos nacionales, y muestran el descontrol y fracaso del modelo energético provincial.

¿Todo esto nos lleva a plantear el interrogatorio de qué está pasando en Misiones? No podemos dejar de recordar que vivimos los últimos peores 25 años en materia energética de la provincia, donde la falta de planificación e inversión llevaron al sistema eléctrico al borde del colapso. En los últimos ocho años la provincia recibió como ayuda de emergencia la instalación de grupos generadores Diesel, conocidos como grupos delivery. Además, que en los dos últimos dos años recibimos en misiones dos instalaciones nuevas de generadores Diesel (con los contaminantes e ineficientes).

Estos generadores se abastecían con combustible “gratuito” recibido desde ENARSA, pero es de público conocimiento que ENARSA y CAMMESA no están cumpliendo con sus contratos y que ENARSA desde octubre de 2023 no entrega combustible a Misiones, punto que coincide con los primeros aumentos de tarifa.

La pregunta es: ¿la provincia verde está cobrando a sus ciudadanos la tarifa más cara del país para financiar la fiesta de despilfarro para sustentar caprichos energéticos y de los otros?

Como última reflexión agregamos una particularidad en materia Defensa del Consumidor (derechos incorporados por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994), asignatura incumplida de punta a punta en nuestra provincia (aquí los Usuarios y Consumidores en materia de energía eléctrica directamente no existen). El ente encargado por velar por la calidad del servicio ofrecido por la empresa EMSA y por las cooperativas, así como por la modicidad tarifaria es el E.P.R.E. (Ente Provincial Regulador de la Energía), que en nuestra provincia no ha sido reglamentada, a pesar de que la normativa data del año 1995 cuando se sanciona la Ley X N° 17 (antes Ley 3270) deuda del Poder Ejecutivo provincial, no se cumple la Ley.

Es por eso por lo que los usuarios estamos indefensos ante los constantes abusos, como son los cortes de varios días de duración, la imposición de tarifas siderales y otros abusos como que los clientes hagamos las obras que son obligación de EMSA.

Me refiero a los problemas que un sistema eléctrico sin planificar y sin ser tomado en serio. Por ejemplo, la empresa de energía toma decisiones que son totalmente arbitrarias y que afectan a todos los usuarios, en especial a los que intentan producir y crecer con sus proyectos. Aquí nos referimos a que la ley 24.065 de 1991, que establece en su artículo 21: “Será responsabilidad del distribuidor, sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, la transmisión de toda la demanda de energía eléctrica a través de sus redes y las ampliaciones de instalaciones derivadas de todo incremento de demanda en su zona de concesión, en los términos del contrato de concesión”.

Pero resulta que, en Misiones, como ya es de conocimiento popular, el ciudadano que intenta implantar un nuevo proyecto (residencial, comercial o industrial), debe solicitar a EMSA la elaboración de los planos (que los cobra) para poder realizar (el cliente) su propia la obra. Obra que es obligación de EMSA y que además EMSA utiliza para vender energía a otros usuarios, inviabilizando muchas veces proyectos de inversión muy importantes.

En definitiva, no desviemos los ojos del problema atacando la quita de subsidios y coloquemos nuestra atención en discutir como proporcionar a todos los ciudadanos un modelo energético que nos permita crecer y generar riqueza genuina.

*Abogado, diputado provincial UCR.

Opinión

Por la idea del todo y la memoria de Hipócrates

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Por: Fernando Oz

@F_ortegazabala

Tengo una duda. En verdad miles, pero la más apremiante es ¿qué vamos a votar en las elecciones de octubre? La respuesta parece fácil: votaremos diputados nacionales para que nos representen en la Cámara baja del Congreso, en este caso se renovarán tres de las siete bancas que le corresponden a Misiones. Hasta ahí vamos bien. Pero a quiénes van a “representar” esos legisladores una vez que sean electos es la gran cuestión ¿Representará a un partido político, a una alianza electoral, a un gobierno en particular, a la Nación, a la Provincia?

Señora, señor, candidato, nominado o como usted prefiera que lo llame, cuénteme: ¿los intereses de quién va a representar en el Parlamento? ¿Los míos? ¿Los suyos? La respuesta es de manual y se encuentra en cualquier libro de instrucción cívica básico, o si quieren en la misma Constitución, la madre de las reglas del juego democrático de Argentina.

En resumidas cuentas, la Cámara de Diputados se compondrá “de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias…”. Así se lee en la segunda parte de la Carta Magna, artículo 45. En la página institucional del Congreso dice que en la actualidad hay 257 diputados que “representan a los ciudadanos en cuanto a atender y defender sus intereses” y son elegidos utilizando el sistema de representación proporcional D’Hondt. A la Cámara de Diputados se la denomina coloquialmente como “la casa del pueblo”. Se entiende que la Nación está integrada, entre otras cuestiones, por un territorio compuesto por las provincias. La idea del “todo”.

En cambio, los senadores representan los intereses de cada provincia. La Cámara alta está integrada por 72 legisladores. Son elegidos tres por provincia y tres por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya tenemos las piezas en su lugar.

Ahora, ¿a quién representa el diputado nacional cuyo voto impide mayor presupuesto para educación, salud o niega un escuálido aumento para nuestros jubilados? Saben qué, el juego del “toma y daca” entre las provincias y el lobby porteño suele ser tan ingrato como miserable. No es de ahora, viene desde antes de la declaración de la independencia, se encuentra en la génesis del ser argentino.

¿A quiénes representaron los diputados Martín Arjol, Florencia Klipauka y Emanuel Bianchetti cuando votaron para que el veto a la ley de financiamiento universitario quedara firme? Lo habrán hecho en nombre de sus electores de Misiones, o a pedido de quienes no los votaron en el resto del país, tal vez por una exigencia de algún partido “a nivel nacional” o a cuenta de Javier Milei, el Poder Ejecutivo. ¿A pedido de quién? En esa misma votación los cuatro diputados renovadores, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, se abstuvieron. ¿Habrá sido en representación de los intereses políticos de la provincia o en defensa de los estudiantes de toda la nación?

Pongamos otro caso, hay para elegir, el que sea. Por ejemplo, cuando Arjol convalidó el veto a la reforma jubilatoria, pese a que tres meses antes había votado a favor de la ley ¿a quién representó con su decisión? Después sabemos lo que vino: divorcio con el radicalismo y peluca radiante. Pero, en aquel momento, cuando tomó la decisión política, ¿qué intereses defendió? Lo más probable es que diga que lo hizo para proteger al conjunto y no a un sector en particular. Pero convengamos que eso es lo que diría cualquiera en sus zapatos. Lo que intento plantear es cuál es el límite del “toma y daca”, hasta dónde llega el planteo ético del juramento de un diputado nacional y los verdaderos intereses que representa.

Tengo un amigo que se llama Rafael, es médico y trabaja desde hace casi dos décadas para Médicos Sin Fronteras. Una vez, no hace mucho, mientras me contaba sobre su última misión en Siria y tomábamos unos tragos, le pregunté cuándo se iba a dedicar a ganar dinero haciendo cirugías estéticas en una clínica privada. “Lo hago por la memoria de Hipócrates”, me contestó. Ya saben, el griego que lleva el mote de ser el padre de la Medicina, el que transformó la práctica médica de su tiempo desafiando siglos de supersticiones o explicaciones mágicas.

Hipócrates también fue filosofo. La idea central de su pensamiento, de su filosofía es el principio de totalidad. La idea del “todo”, esa era su visión sobre el rol del médico en la sociedad. De ahí viene el famoso Juramento Hipocrático que hacen los médicos cuando se reciben: acompañar al paciente, curar y una serie de puntos de la ética médica que no vienen al caso.

¿Los intereses de quién defendió esta semana el diputado Carlitos Fernández cuando votó en contra del tratamiento sobre tablas del proyecto de emergencia nacional pediátrica? ¿Lo hizo por la Provincia o por la Nación? Habrá sido “por Dios y la Patria”, tal como juró cuando asumió como un honorable diputado nacional. Digo: ¿en quién tengo que confiar mi voto si el médico pediatra, el del Juramento Hipocrático, vota en contra del Garrahan?

Ese mismo día, Arjol, abogado y profesor, votó en contra del tratamiento de la ley de financiamiento universitario. Lo mismo hicieron los otros seis diputados nacionales de Misiones. Es que todos ellos, a juzgar por sus votaciones, parecería que cada día coinciden en más cosas. El médico contra el derecho a la salud pública y el profesor contra la educación pública.

El día que el médico pediatra Fernández asumió escribió en X: “Con Orgullo y Respeto, asumo la Responsabilidad y Compromiso de ser Diputado Nacional, así defender los Derechos de todos los habitantes de mí querida provincia”. Y juró, en el Congreso, bajo la fórmula de rigor, el respeto y cumplimiento de la Constitución Nacional.

Es bueno saber desde dónde va a jugar cada uno de los candidatos antes de votarlos. Primero para saber a quién elegir, segundo para saber a quién reclamarle. Diego Hartfield, el diputado provincial electo por La Libertad Avanza, que le gustó el asunto y ahora quiere anotarse para ser candidato a diputado nacional, dijo esta semana que “ojalá, Misiones algún día salga a tomar deuda”. Con esa afirmación, entre otras, el ex tenista y bróker de negocios ya deja claro, de algún modo, qué intereses va a representar.

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Opinión

Pensar desde acá, actuar hacia allá

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Por: Micaela Gacek.

@MicaelaGacek

En estos días que corren la sociedad misionera ya no necesita dirigentes que se escondan cuando las cosas se complican. Necesita líderes que caminen con la cabeza alta en las buenas y en las malas. Que vuelvan a mirar a la gente a los ojos. Que se animen a reconocer errores y tengan el coraje de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Creo en un liberalismo misionero. No importado ni copiado. Un proyecto local, con centro en el ser humano, que se construye desde abajo hacia arriba. De acá para allá, no de allá para acá. Porque cuando las soluciones se piensan desde lejos, lo que está cerca se rompe.

Quiero un Estado suficiente. Lo justo y necesario. No para controlar la vida de las personas, sino para garantizar lo que verdaderamente importa: salud de calidad, educación de excelencia y una seguridad que proteja sin abusos. Eso no es lujo. Es dignidad básica.

Representar no es obedecer ciegamente a un gobierno nacional. Representar no es ser funcional a los intereses de turno. Representar es sostener la voz de la provincia con autonomía, con coherencia, con respeto. Y sobre todo, con independencia.

Estoy convencida de que gobernar no es repartir contratos ni acomodar parientes. Gobernar es estar. Escuchar. Caminar con la gente. Decir la verdad. No estar solo cuando hay aplausos, sino también cuando toca enfrentar momentos difíciles.

La política necesita volver a ser humana. Más cerca de la realidad. Más conectada con lo cotidiano, con lo que viven las familias, los jóvenes, los trabajadores, los que emprenden y los que sostienen.

No venimos a imponer. Venimos a proponer.

No creemos en soluciones mágicas. Pero sí en ideas claras.

No queremos representantes obedientes. Queremos representantes presentes.

Este es un camino. No el único. Pero sí el que creemos necesario.

Un camino que parte desde Misiones, con identidad bien nuestra, con respeto por nuestras raíces, por nuestros abuelos que escaparon del caos y encontraron en esta una tierra fértil donde desarrollar su proyecto de vida, y sobre todas las cosas con la convicción de que se puede hacer política de otra manera.

Una manera más humana.

(*) Candidata a diputada nacional del Frente Renovador Neo

 

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Opinión

Una presión fiscal que ahoga: el modelo impositivo misionero está agotado

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Ariel “Pepe” Pianesi

@pepepianesi

 

La contracción de la economía y la caída del consumo de alimentos y productos básicos vuelven a poner en agenda el abusivo sistema de tributación que sostiene la gestión renovadora en Misiones.

A la crisis de la yerba mate y la mandioca, ahora se suma el pedido de auxilio del sector forestal, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. La combinación de baja demanda en el mercado interno y parálisis total del mercado externo deja a esta industria clave en una situación crítica. En un comunicado reciente, AMAYADAP —la asociación que nuclea a empresas del rubro— reclamó medidas urgentes al gobierno provincial, entre ellas, la devolución de saldos a favor en el impuesto a los Ingresos Brutos.

Este es un punto que venimos señalando desde hace mucho tiempo. A pesar de los esfuerzos de la oposición, aún no existe claridad sobre el monto total acumulado en concepto de saldos a favor, aunque se estima que equivale a más de una recaudación fiscal completa de un año. Y lo más grave: no hay señales de voluntad política para devolver esos montos, permitir su compensación o, al menos, eximir de las retenciones automáticas en cuentas bancarias.

Otro aspecto crítico es el de los anticipos impositivos. Si bien el impuesto sobre los Ingresos Brutos se cobra en todas las provincias con tasas similares, muy pocas exigen su pago adelantado. Esta práctica distorsiva afecta profundamente al sector privado: achica el comercio, encarece los productos para el consumidor final y termina desalentando la inversión, el desarrollo y la creación de empleo.

El modelo misionero llega a extremos que no se ven en otras jurisdicciones. Un ejemplo es la retención del 8% sobre rendimientos de inversiones bursátiles, como los plazos fijos. Es decir, si un ciudadano busca cubrirse de la inflación invirtiendo su dinero, la Agencia Tributaria de Misiones le cobra no una, sino dos veces: al ingresar el dinero a su cuenta, y luego sobre las ganancias obtenidas. Todo esto, a pesar de que la Comisión Arbitral ha señalado que esa retención es ilegal.

Y como si todo esto fuera poco, el sistema se completa con una verdadera aduana interna, que obstaculiza el libre comercio dentro del país, castiga a las empresas locales y expulsa inversiones hacia provincias vecinas o incluso hacia Paraguay. Son muchas las empresas que abandonaron Misiones o dejaron de operar con ella por considerar que la carga impositiva supera la rentabilidad.

Este modelo fiscal, basado en una recaudación insaciable para sostener una caja electoral inédita en el país, está agotado. Es urgente rediscutir la matriz impositiva y avanzar hacia un sistema que premie a quienes invierten, generan empleo y apuestan por el desarrollo. Misiones tiene todo para ser un polo productivo, comercial y exportador. Pero para eso, necesitamos un régimen impositivo que empuje, no que asfixie.

(*) Diputado Provincial UCR

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