Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

El relato de la pureza libertaria, diseñado en los laboratorios digitales para cautivar a una sociedad agobiada por los privilegios de la vieja dirigencia, ha comenzado su fase de desgaste acelerado. La caída en la imagen de Javier Milei en todo el país responde al impacto combinado de una situación económica que asfixia la actividad productiva y la exposición impúdica de escándalos de corrupción en el entorno más íntimo del poder central.

En Misiones, ese declive adquiere una densidad política particular: el detonante que sacude el núcleo duro de La Libertad Avanza en la provincia tiene nombre y apellido de cuño local: Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa de la Nación. “Hasta lo que sé, Javier era alguien de confianza para Adorni, lo que no significa que estén vinculados en alguna investigación judicial”; esa defensa fue la única que pudo ensayar un numerario de la mesa chica que dirige en el Cantón el diputado Carlos Adrián Nuñez.

En esa mesa hay quienes creen que la reciente designación de Adrián Ravier, diputado nacional por La Pampa y economista de cuño liberal, como vocero presidencial, en reemplazo de Adorni, anticipa la caída del propio Adorni y toda la estructura que se armó en su entorno. Lo que incluiría a Lanari, quien aún permanece en su cargo.

Esta semana, la diputada nacional Marcela Pagano volvió a poner el foco sobre la denominada “ruta del dinero Adorni”. Lo hizo en diferentes medios y prometió hacer ampliaciones de sus declaraciones en los tribunales de Comodoro Py. Lanari —a quien la legisladora define sin rodeos como “el cajero” de la estructura— aparecería en la trama judicial que investiga el cobro de presuntos retornos a empresarios a cambio de habilitar audiencias ministeriales en Buenos Aires.

Lo que en las redes sociales se vende como la desburocratización del Estado, en los expedientes judiciales empieza a perfilarse como una maquinaria tradicional de recaudación opaca, donde los fondos terminaban canalizados a través de facturaciones simuladas para la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. En la mesa chica de La Libertad Avanza en Misiones, el lastre de Adorni y su mano derecha en el armado local puede derivar en un nuevo escándalo.

Para Pagano, Lanari utilizó la influencia de su cargo para acomodar de forma sistemática a familiares y amigos en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El asombro se transforma en indignación al comprobar que las dos principales cajas de la provincia, sectores estratégicos que sostienen el empleo y el desarrollo productivo, terminaron convertidas en el botín de guerra de la nueva casta conectada, mientras los colonos y los productores sufren la parálisis de los mercados.

La decisión presidencial de recortar los márgenes de acción de Adorni y someter su estructura a una intervención directa es el reflejo de una contradicción interna permanente. Sostener al copiloto en el fitito destartalado mientras se le recortan las funciones operativas expone la vulnerabilidad de un esquema gubernamental que gasta sus principales energías en el cuidado y la contención de un funcionario que se ha vuelto completamente disfuncional para la marcha de la administración general. La necesidad de blindarlo llega al extremo de activar gestiones de altísimo nivel para frenar el debate en el Congreso sobre el futuro del jefe de Gabinete.

Este entramado de sospechas también provocó un temblor institucional, y la urgencia por contener los daños reactiva las prácticas más rancias del canje político. En estas horas críticas, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, concentra sus esfuerzos en un objetivo de máxima necesidad: asegurar que los senadores que dependen de los gobernadores “dialoguistas” voten en contra de la interpelación a Manuel Adorni en la Cámara alta. El jefe de Gabinete enfrenta imputaciones graves por enriquecimiento ilícito, y el avance de la oposición parlamentaria busca arrastrarlo hacia una moción de censura que heriría de muerte la credibilidad del programa presidencial.

Para impedir que Adorni deba responder bajo juramento ante los legisladores por el despliegue de Lanari y la red de consultoras fantasmas, la Casa Rosada ya habría acordado el auxilio de los senadores misioneros. Los mismos que evitaron la aprobación de la ley de Ficha Limpia: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A cambio del voto negativo para frenar la interpelación, el poder central ofrece la continuidad de los acuerdos de gobernabilidad y la preservación de espacios de poder locales.

La mentada autonomía legislativa y la defensa de los intereses provinciales se transforman en moneda de cambio para proteger al entorno presidencial de las investigaciones por corrupción. Habrá que ver si los dos senadores, que dependen del gobernador Hugo Passalacqua y que son fieles asistentes a los mítines de Encuentro Misionero, se suman al blindaje parlamentario y vuelven a exponer las costuras de la conveniencia mutua.

El deterioro de la valoración pública de Milei resulta la base del resurgimiento del PRO de Mauricio Macri; montado sobre esa idea, el senador Martín Goerling Lara es uno de los principales impulsores de la interpelación al jefe de Gabinete. “Hay un sector de centroderecha que apoyó los cambios que proponía La Libertad Avanza, pero están desilusionados con todo lo que está pasando. Los radicales que se pusieron la peluca también se lo están cuestionando. Juntos tenemos que volver a ser una alternativa para no volver al pasado ni para quedarnos en esta situación de estancamiento y sospechas”, así lo expuso el legislador durante una reunión que mantuvo la semana pasada en Buenos Aires con un grupo de empresarios del establishment del Cantón.

En el escenario político del futuro inmediato del oficialismo provincial hay nuevas claves. Tras el cisma que se generó como consecuencia de la implosión de lo que fue el Frente Renovador, se comienza a estructurar un esquema de unidad distinto. En el acto por el Día de la Bandera, que se realizó en Candelaria, estuvo Passalacqua junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli. Una fotografía que anticipa el fin de un conflicto y que tuvo a varios interesados en estar lo más cerca posible, especialmente por estas horas; uno de ellos fue el exjefe de Gabinete, Héctor “Kiko” Llera.

También hubo otro retrato de interés político, el del acto que se hizo en Posadas, donde se ve al intendente Leonardo “Lalo” Stelatto y al ministro del Agro, Facundo “Cuca” López Sartori. Posiblemente, en los próximos días el alcalde posadeño se siente a hablar largo y tendido con Passalacqua. Que esta semana nadie se anote para ir a la previa, sigue el “break mundial”, aunque, tal vez, se extienda.

El truco de la tribuna virtual, sostenido por ejércitos de troles encargados de silenciar las críticas y sobreexcitar el odio en las pantallas, pierde eficacia frente a la realidad diaria, la estupidez del ignorante y la contundencia de las pruebas judiciales. Las cuestiones delicadas ya no se dirimirán en transmisiones de streaming ni en rencillas de cabotaje, sino en la capacidad de quienes buscan resistir frente a la degradación de los depredadores cuánticos.

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Por Ezequiel Bermejo

@EzequielBermejo

El gobernador Passalacqua anunció una reducción de ministerios de cara al Presupuesto 2027. La Cámara de Representantes avanza con una ley para construir un Estado simplificado, eficiente y moderno en beneficio del ciudadano. Las dos propuestas hablan de eficiencia. Pero no dicen lo mismo.

Existe una narrativa muy cómoda en la política argentina que dice que el Estado es caro porque tiene muchos ministerios. Si eso fuera cierto, la solución sería sencilla: juntás dos, ponés un solo ministro donde antes había dos, cambiás el membrete y listo. El presupuesto baja, la eficiencia sube, el ciudadano aplaude.

El problema es que eso no pasa. No pasó en ningún lugar donde se probó. Y en Argentina, con Milei, lo vimos en tiempo real y con un nivel de exposición mediática que no dejaba margen para la duda: se disolvieron carteras, se crearon mega-ministerios, se suprimieron organismos enteros. El expediente siguió tardando lo mismo. La ventanilla siguió pidiendo los mismos papeles. El ciudadano siguió haciendo la misma fila.

La razón es simple: el costo del Estado no está en la cantidad de ministerios. Está en cómo funciona adentro. La fusión mágica de estructuras sin tocar los procesos no genera ningún ahorro y no cambia nada para quien lo padece desde afuera. Es como juntar dos cajones desordenados en uno solo: no ordenaste nada, tenés el mismo caos pero más apilado.

Súper ministerios como ilusión de control

Detrás de la lógica de reducir ministerios hay una confusión conceptual sobre la que conviene poner luz: se toma la forma por el fondo. Se cree que achicar el organigrama es lo mismo que achicar el gasto, y que concentrar funciones en menos manos es lo mismo que ejecutarlas mejor.

No lo es. Un súper ministerio que absorbe tres carteras sin rediseñar sus circuitos internos no ahorra: traslada. Traslada el conflicto de coordinación hacia adentro, lo vuelve invisible al debate público, y deja al ciudadano sin un interlocutor claro para su problema. Lo que era una disputa entre organismos pasa a ser una disputa entre direcciones del mismo ministerio. El resultado para quien necesita resolver algo es exactamente el mismo: nadie sabe bien de quién es el problema. El súper ministerio no elimina la burocracia. La concentra. Y la burocracia concentrada es más difícil de ver, más difícil de corregir y más difícil de responsabilizar.

Hay además una dimensión política que vale la pena señalar. Concentrar poder en menos estructuras no es neutro: es una forma de disciplinamiento. Se reduce la cantidad de actores con capacidad de agenda, se centraliza la toma de decisiones, y se acota el margen de acción de sectores que antes tenían su propio espacio institucional. Eso puede ser legítimo o no, pero no es eficiencia. Es otra cosa.

La pregunta que nadie hace

Cuando se discute la estructura del Estado, la pregunta que casi nunca aparece es la más importante: ¿qué experimenta la persona que necesita usarlo?

Pensemos en alguien que vive en El Soberbio, tiene un emprendimiento y necesita una habilitación. Hoy ese trámite puede implicar varios viajes a Posadas, documentación que ya presentó en otro organismo, formularios que nadie sabe bien dónde están, y tiempos que no tienen ninguna lógica más allá del hábito institucional. Ahora bien: si ese mismo ciudadano se entera de que el Ministerio A y el Ministerio B se fusionaron en el Ministerio AB, ¿le cambió algo? ¿Viaja menos? ¿Presenta menos papeles? ¿Tarda menos?

La respuesta es no. Y eso debería ser el punto de partida de cualquier discusión seria sobre reforma del Estado.

El verdadero cambio

El proyecto de ley que los diputados Carlos Rovira y Paula Franco presentaron en la Cámara de Representantes no se pregunta cuántas áreas tiene el Poder Ejecutivo, sino de qué le pasa al ciudadano de a pie cuando tiene que interactuar con él.

El principio central es uno que parece de sentido común pero que ningún gobierno termina de aplicar: si el Estado ya tiene un dato, no puede volver a pedirselo al ciudadano. Esa sola regla, aplicada en serio, elimina una porción enorme del padecimiento burocrático cotidiano. El DNI que se pide cinco veces. El certificado que expide un organismo y lo exige otro. La constancia de domicilio que ya obra en poder de la municipalidad.

A eso se le suma la propuesta de una arquitectura digital pensada para la realidad provincial: identidad digital única, portal unificado de trámites, disponibilidad 24×7 de servicios, como respuesta concreta a ciudadanos que no pueden tomarse el día para ir a una oficina.

Y hay algo más que distingue esta propuesta: no abandona a quienes no pueden subirse a la plataforma. Adultos mayores, personas con discapacidad, zonas sin cobertura: el proyecto obliga a mantener atención presencial y a extender infraestructura de conectividad. La modernización que excluye no es modernización.

Esto no es una ocurrencia local. Es la dirección que tomaron los Estados modernos más eficientes del mundo. Estonia digitalizó casi la totalidad de sus trámites públicos bajo el mismo principio: el ciudadano declara sus datos una sola vez y el Estado los comparte internamente. El Reino Unido tiene desde 2012 un portal único de servicios gubernamentales que unificó cientos de plataformas dispersas en una sola entrada. Nueva Zelanda y los países nórdicos aplican hace años la interoperabilidad entre organismos como estándar, no como excepción. En todos los casos el resultado fue el mismo: menos tiempo perdido por el ciudadano, menos duplicación de recursos por el Estado, más confianza institucional. Ninguno lo logró fusionando ministerios. Lo lograron rediseñando cómo el Estado se relaciona con las personas.

Dos concepciones del Estado

En el fondo, lo que está en discusión no es técnico. Es político en el sentido más profundo del término: de qué sirve el Estado y para quién existe.

Una visión lo concibe como una estructura que hay que reducir porque es costosa en sí misma, cuya eficiencia se mide en cantidad de organismos. Voluntarismo a la carta.

La otra lo concibe como un instrumento al servicio de las personas: un Estado simplificado, eficiente y moderno que existe en beneficio del ciudadano, cuya eficiencia se mide en tiempo ahorrado, en viajes evitados, en trámites que se resuelven sin que nadie tenga que perseguir al Estado para que haga lo que ya debería saber hacer.

El gobernador propuso una cosa. La Cámara impulsa la otra. La pregunta es cuál de las dos le cambia algo a la gente.

Reemplazar el cartel en la puerta del ministerio no le cambia nada a nadie. Que el misionero deje de ser un cadete que lleva papeles de una oficina estatal a otra, sí.

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Por Nicolás Emanuel Zayas

Abogado.

En el análisis político, existe una línea muy delgada entre interpretar la realidad y proyectar sobre ella los deseos propios o las categorías del pasado. La reciente columna de opinión de una ex funcionaria legislativa de Carlos Rovira, titulada “Algo Caducó, no solo el nombre”, incurre en este último error: confunde la evolución natural y necesaria de un espacio político con un síntoma de agotamiento.

Es imperativo elevar el debate y mirar el escenario misionero sin los lentes de la vieja política. Lo que verdaderamente estamos presenciando en la provincia no es el ocaso de un modelo, sino su maduración institucional y conceptual.

El argumento central de esa opinión, sugiere que la reformulación identitaria hacia Encuentro Misionero es un intento de maquillar un desgaste estructural. Esta lectura omite la dinámica histórica de los grandes movimientos políticos. Adaptarse, ampliar las bases y reconfigurar la identidad no es un acto de debilidad, sino de profunda inteligencia estratégica.

Bajo la conducción de Carlos Rovira, Encuentro Misionero ha logrado un hito que parece incomprensible para quienes aún militan en las lógicas de la confrontación tradicional: *ha desterrado las mezquindades y los egos políticos de su esquema de poder.  Mientras a nivel nacional y en otros distritos la política se consume en internas destructivas, pases de factura y vanidades personales, en Misiones el proyecto colectivo se ha blindado frente a los individualismos. El cambio de nombre responde a esto: a la necesidad de nombrar un presente de convergencia, donde lo que importa es la gestión y el futuro de la provincia, no la chapa en la puerta del despacho.

Responsabilidad institucional frente al ruido político

En su texto, también se deslizan advertencias sobre los instrumentos financieros y el debate legislativo en torno al endeudamiento. Aquí también es necesario aportar claridad. En un contexto nacional marcado por la asfixia de recursos hacia las provincias, la búsqueda de herramientas financieras por parte de la Legislatura no es un acto de irresponsabilidad, sino de previsión.

La verdadera irresponsabilidad moral e institucional sería paralizar el desarrollo de Misiones, detener la obra pública o desproteger a los sectores vulnerables por temor al debate. Las decisiones se toman en el marco de la Constitución y con una planificación integral que el Ejecutivo y el Legislativo articulan de manera armónica, sin los ruidos que la oposición intenta instalar.

El pragmatismo del encolumnamiento y la búsqueda de legitimidad

El regreso de figuras que en su momento salieron de la estructura estatal por decisiones de la máxima autoridad no es un hecho fortuito. Responde a una necesidad de legitimación que el llano no les puede otorgar. Al alinearse de manera estricta con la conducción actual, estos actores buscan un doble propósito:

Ampararse en la centralidad del líder: Intentan transferir la aprobación popular de la que goza el mandatario hacia sus propias figuras, debilitadas por el pasado.

Reescribir el trayecto político: El alineamiento actual se utiliza como un mecanismo para difuminar las razones institucionales o políticas que motivaron su desplazamiento anterior.

Este comportamiento revela una concepción de la política entendida no como un espacio de construcción colectiva, sino como un tablero de oportunidades individuales.

La primacía de la autorreferencialidad: La vanidad en la función pública

Desde una perspectiva analítica y de alta cultura política, el verdadero motor de estos retornos no siempre es la vocación de servicio o la convergencia ideológica; con frecuencia, es *la dificultad para gestionar el retiro y la preeminencia del ego.

Para ciertos perfiles dirigenciales, la ausencia de las luces del poder y la pérdida de la centralidad institucional generan un vacío difícil de asimilar. La vanidad, en estos casos, nubla la prudencia política que dictaría dar un paso al costado para permitir la renovación de los cuadros técnicos y políticos.

Cuando la necesidad de protagonismo individual se antepone a la coherencia de un proyecto de gobierno, la acción política se degrada. El deseo de figurar sustituye a la voluntad de aportar, transformando la gestión pública en un escenario para la redención personal.”

El riesgo de que las aspiraciones particulares de estos sectores prevalezcan sobre los objetivos generales es alto. La lealtad declamada hacia el gobernador, bajo esta óptica, corre el riesgo de ser meramente instrumental: una herramienta de supervivencia política más que un compromiso genuino con los desafíos de la provincia.

La responsabilidad de la conducción frente a los Egos y Mezquindades

Frente a esta marea de retornos, la calidad institucional de la provincia depende, en gran medida, de los filtros que aplique la conducción superior. Un liderazgo maduro y con visión de Estado sabe distinguir entre la suma de voluntades que enriquecen un proyecto y el mero pragmatismo que busca refugio bajo su sombra.

La conformación de los equipos de gobierno debe responder a criterios de idoneidad, transparencia y renovación, evitando que el espacio público se convierta en un receptáculo de ambiciones personales insatisfechas. Al final del día, el prestigio de una gestión se mide por su capacidad de mirar hacia el futuro, y no por su disposición a reciclar las asignaturas pendientes del pasado.

El tiempo que viene

Misiones no está frente a un “vacío político”, ni experimentando una “caducidad”. La provincia transita una etapa de institucionalidad madura.

Es cierto que la sociedad demanda cercanía, respuestas rápidas y humanidad. Y es exactamente esa lectura la que dio origen a la matriz actual del oficialismo. Encuentro Misionero no necesita “laboratorios de poder” ni “disciplinamientos basados en el miedo” porque se sostiene sobre un cimiento mucho más sólido: un proyecto provincial que entendió que la política debe ser una herramienta de transformación y no un escenario para la vanidad de los dirigentes.

Lo que caducó en Misiones no es un modelo de gestión, sino la vieja forma de hacer política basada en el personalismo y la confrontación. Hoy, el presente y el futuro se conjugan en un espacio donde los egos quedaron afuera, permitiendo que la verdadera protagonista sea, de manera exclusiva, la sociedad misionera.

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