Opinión
Los tiempos de la política y las implicancias del caso Kiczka

Por: Fernando OZ
@F_ortegazabala
Comprender los tiempos de la política es fundamental para que el zoon politikon que llevamos dentro pueda sobrevivir. El manejo del timing político es conocer su articulación, su sincronización, su gestión. Quien no entienda que el verano de un hemisferio político es el invierno de otro; quien se muestra incapaz de tener en cuenta las diversas franjas horarias que configuran el planeta de la política; quien, en definitiva, sólo actúa a partir de su propio calendario, de su agenda, de su reloj, está condenado al fracaso.
La primera tanda de operaciones y especulaciones del inicio del año electoral se terminó el jueves 20 a medianoche, con la llegada del otoño y la presentación de los frentes y partidos que jugarán en el tablero electoral de las elecciones provinciales del 8 de junio. La próxima fecha de interés a la que hay que prestar atención es el 31 de marzo, día del inicio del juicio oral y público al ex diputado provincial de Activar Germán Kiczka y su hermano Sebastián por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI).
La instancia judicial, por la que pasarán 67 testigos, se extenderá hasta el 16 del mes entrante: cuatro días después del cierre de plazos para la presentación de lemas y a dos del registro de sublemas. La última jornada para que se anoten las candidaturas de los sublemas es el 19 de abril. En lo formal, los plazos establecidos por el Tribunal Electoral no tienen nada que ver con las fechas que impuso el Tribunal Penal I para juzgar a los Kiczka. Pero, si se tiene en cuenta que uno de los procesados fue jefe del bloque del partido que fundó el diputado Pedro Ramón Puerta, además de amigos y compañeros de banca, podemos decir que el momento culmine del caso, que conmocionó a todo el país y en especial a la sociedad misionera, se cruza justo sobre la delicada línea de los tiempos de la política. Tal vez, casualidades del destino.
El 24 de abril es el inicio formal de la campaña electoral y el plazo de inscripción para los candidatos a diputados es el 29, en medio de esas dos fechas buena parte de la atención de los medios y de los consumidores del show político estará puesta en el casamiento de Pedro con la ex diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, que se realizará el 26 en las Cataratas, donde se espera un desfile de personalidades del ámbito político que incluiría a los ex mandatarios Eduardo Duhalde y Mauricio Macri, el ex senador Eduardo Menem y hasta el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Los detalles de la millonaria y glamurosa fiesta son tan desopilantes que merecen una columna aparte, nada fuera del alcance del segundo heredero del empresario yerbatero y eximio político Federico Ramón Puerta.
El primer coletazo electoral del caso Kiczka quedó expuesto el jueves pasado en el Tribunal Electoral con la ausencia de Activar en la composición de los tres frentes que se presentaron para competir en las legislativas provinciales. Tampoco se encuentra en el listado de los diez partidos políticos inscriptos en soledad para ir a las urnas. En las dos últimas elecciones el partido de Pedro tuvo un rol preponderante en el armado de las listas: en 2021 el primer puesto de diputados del frente opositor Juntos por el Cambio fue para el radical Pepe Pianesi, el segundo para la dirigente del Pro Mikaela González Coria y el tercero fue para Activar en la figura de Germán Kiczka, y en 2023 la lista de candidatos a legisladores provinciales fue encabezada por Pedro, el legítimo heredero político de los dorados ‘90.
Si habrá o no un segundo coletazo es un interrogante clave. Los juicios orales y públicos de trascendencia suelen ser una caja de pandora, más cuando hay políticos involucrados. Según el estatal Canal Doce, faro de la comunicación oficial del Gobierno, los más de 900 archivos de MASI “encontrados en las computadoras de Germán Kiczka, serán presentados como prueba durante el juicio”, además de lo que declaren los 67 testigos, “entre ellos residentes de la ciudad de Apóstoles, peritos e investigadores digitales, quienes aportarán sus testimonios y análisis en un caso que los expertos han calificado como voluminoso por su complejidad y la cantidad de evidencia digital involucrada”. Nadie sabe con certeza qué puede salir de todo eso ni hasta dónde llegan las relaciones promiscuas de los procesados con actores del poder político.
Limitaciones a la prensa que despiertan sospechas innecesarias
La decisión adoptada por el Tribunal Penal I, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya, limita la cobertura periodística completa del juicio contra los hermanos Kizcka. Las únicas audiencias abiertas a la prensa serán el 31 de marzo, para la apertura y lectura del requerimiento de elevación a juicio, y la del 16 abril, para la formulación de alegatos y lectura del veredicto. La medida, que fue fundamentada en los artículos 379 y 380 del Código Procesal Penal y las Reglas de Heredia, en principio, afecta derechos constitucionales fundamentales, entre ellos la libertad de prensa y el acceso a la información pública, esenciales en una sociedad democrática, que debe abogar por la transparencia de sus actos, sobre todo los concernientes a la Justicia y su accionar.
Si bien, las restricciones a la cobertura total del proceso pueden, en ciertos casos, estar justificadas para proteger la intimidad de las víctimas, pero esta decisión no debe superar el principio de proporcionalidad y las limitaciones a la libertad de prensa deben estar adecuadamente fundamentadas, lo que no parece haber ocurrido.
En casos de delitos sensibles como la pedofilia, es común la restricción de datos para proteger a las víctimas, especialmente si son menores de edad, pero, también es cierto que el Poder Judicial tiene facultad coactiva y cuenta con remedios legales suficientes para sancionar severamente al medio o al periodista que los vulnere. La prohibición es un recurso arbitrario y autoritario que deja la puerta abierta a la sospecha.
El Tribunal, con la anuencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ), se limitó a los artículos 4 y 5 de las Reglas de Heredia, pero ignoró lo establecido en el artículo 6 donde se establece que “prevalece la transparencia y el derecho de acceso a la información pública cuando la persona concernida ha alcanzado voluntariamente el carácter de pública y el proceso esté relacionado con las razones de su notoriedad. Sin embargo, se considerarán excluidas las cuestiones de familia o aquellas en los que exista una protección legal específica. En estos casos podrán mantenerse los nombres de las partes en la difusión de la información judicial, pero se evitarán los domicilios u otros datos identificatorios”.
Uno de los procesados tiene trayectoria política y exposición pública voluntaria, por lo que el caso adquiere un interés público y político significativo que refuerza la necesidad de garantizar la transparencia del proceso, los cuales deben realizarse en un marco de cobertura razonable, especialmente en asuntos de relevancia social.
Es importante señalar que el acceso de la prensa al juicio no impide la protección de la identidad de las víctimas ni pone en jaque el debido proceso. Por lo tanto, la decisión del Tribunal parece exceder los límites razonables de restricción y corre el riesgo de generar un impacto desproporcionado en los derechos en juego. El acceso a la información pública debe ser garantizado salvo casos excepcionales debidamente motivados, no siendo la prohibición la única y mejor medida.
En consecuencia, la decisión adoptada debería ser revocada y permitir el acceso de la prensa durante todo el proceso del juicio oral y público. Es fundamental que el STJ, verdadero responsable de la medida adoptada por el Tribunal, explique y fundamente las razones detrás de su decisión, los motivos y riesgos reales y concretos que justifiquen limitar la cobertura periodística y demuestre que estas medidas son necesarias y proporcionales al objetivo perseguido. Si no se justifica adecuadamente, podría considerarse que la decisión adoptada es una violación de los derechos constitucionales.
Esta escueta sumatoria de datos y hechos (hay más), no debería ser pasada por alto para el análisis de los complejos tiempos de la política. Pero me temo que en el fragor de la política del Cantón Verde corremos el riesgo de ir perdiendo empatía por el sentido de la oportunidad.
Opinión
Por la idea del todo y la memoria de Hipócrates

Por: Fernando Oz
Tengo una duda. En verdad miles, pero la más apremiante es ¿qué vamos a votar en las elecciones de octubre? La respuesta parece fácil: votaremos diputados nacionales para que nos representen en la Cámara baja del Congreso, en este caso se renovarán tres de las siete bancas que le corresponden a Misiones. Hasta ahí vamos bien. Pero a quiénes van a “representar” esos legisladores una vez que sean electos es la gran cuestión ¿Representará a un partido político, a una alianza electoral, a un gobierno en particular, a la Nación, a la Provincia?
Señora, señor, candidato, nominado o como usted prefiera que lo llame, cuénteme: ¿los intereses de quién va a representar en el Parlamento? ¿Los míos? ¿Los suyos? La respuesta es de manual y se encuentra en cualquier libro de instrucción cívica básico, o si quieren en la misma Constitución, la madre de las reglas del juego democrático de Argentina.
En resumidas cuentas, la Cámara de Diputados se compondrá “de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias…”. Así se lee en la segunda parte de la Carta Magna, artículo 45. En la página institucional del Congreso dice que en la actualidad hay 257 diputados que “representan a los ciudadanos en cuanto a atender y defender sus intereses” y son elegidos utilizando el sistema de representación proporcional D’Hondt. A la Cámara de Diputados se la denomina coloquialmente como “la casa del pueblo”. Se entiende que la Nación está integrada, entre otras cuestiones, por un territorio compuesto por las provincias. La idea del “todo”.
En cambio, los senadores representan los intereses de cada provincia. La Cámara alta está integrada por 72 legisladores. Son elegidos tres por provincia y tres por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya tenemos las piezas en su lugar.
Ahora, ¿a quién representa el diputado nacional cuyo voto impide mayor presupuesto para educación, salud o niega un escuálido aumento para nuestros jubilados? Saben qué, el juego del “toma y daca” entre las provincias y el lobby porteño suele ser tan ingrato como miserable. No es de ahora, viene desde antes de la declaración de la independencia, se encuentra en la génesis del ser argentino.
¿A quiénes representaron los diputados Martín Arjol, Florencia Klipauka y Emanuel Bianchetti cuando votaron para que el veto a la ley de financiamiento universitario quedara firme? Lo habrán hecho en nombre de sus electores de Misiones, o a pedido de quienes no los votaron en el resto del país, tal vez por una exigencia de algún partido “a nivel nacional” o a cuenta de Javier Milei, el Poder Ejecutivo. ¿A pedido de quién? En esa misma votación los cuatro diputados renovadores, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, se abstuvieron. ¿Habrá sido en representación de los intereses políticos de la provincia o en defensa de los estudiantes de toda la nación?
Pongamos otro caso, hay para elegir, el que sea. Por ejemplo, cuando Arjol convalidó el veto a la reforma jubilatoria, pese a que tres meses antes había votado a favor de la ley ¿a quién representó con su decisión? Después sabemos lo que vino: divorcio con el radicalismo y peluca radiante. Pero, en aquel momento, cuando tomó la decisión política, ¿qué intereses defendió? Lo más probable es que diga que lo hizo para proteger al conjunto y no a un sector en particular. Pero convengamos que eso es lo que diría cualquiera en sus zapatos. Lo que intento plantear es cuál es el límite del “toma y daca”, hasta dónde llega el planteo ético del juramento de un diputado nacional y los verdaderos intereses que representa.
Tengo un amigo que se llama Rafael, es médico y trabaja desde hace casi dos décadas para Médicos Sin Fronteras. Una vez, no hace mucho, mientras me contaba sobre su última misión en Siria y tomábamos unos tragos, le pregunté cuándo se iba a dedicar a ganar dinero haciendo cirugías estéticas en una clínica privada. “Lo hago por la memoria de Hipócrates”, me contestó. Ya saben, el griego que lleva el mote de ser el padre de la Medicina, el que transformó la práctica médica de su tiempo desafiando siglos de supersticiones o explicaciones mágicas.
Hipócrates también fue filosofo. La idea central de su pensamiento, de su filosofía es el principio de totalidad. La idea del “todo”, esa era su visión sobre el rol del médico en la sociedad. De ahí viene el famoso Juramento Hipocrático que hacen los médicos cuando se reciben: acompañar al paciente, curar y una serie de puntos de la ética médica que no vienen al caso.
¿Los intereses de quién defendió esta semana el diputado Carlitos Fernández cuando votó en contra del tratamiento sobre tablas del proyecto de emergencia nacional pediátrica? ¿Lo hizo por la Provincia o por la Nación? Habrá sido “por Dios y la Patria”, tal como juró cuando asumió como un honorable diputado nacional. Digo: ¿en quién tengo que confiar mi voto si el médico pediatra, el del Juramento Hipocrático, vota en contra del Garrahan?
Ese mismo día, Arjol, abogado y profesor, votó en contra del tratamiento de la ley de financiamiento universitario. Lo mismo hicieron los otros seis diputados nacionales de Misiones. Es que todos ellos, a juzgar por sus votaciones, parecería que cada día coinciden en más cosas. El médico contra el derecho a la salud pública y el profesor contra la educación pública.
El día que el médico pediatra Fernández asumió escribió en X: “Con Orgullo y Respeto, asumo la Responsabilidad y Compromiso de ser Diputado Nacional, así defender los Derechos de todos los habitantes de mí querida provincia”. Y juró, en el Congreso, bajo la fórmula de rigor, el respeto y cumplimiento de la Constitución Nacional.
Es bueno saber desde dónde va a jugar cada uno de los candidatos antes de votarlos. Primero para saber a quién elegir, segundo para saber a quién reclamarle. Diego Hartfield, el diputado provincial electo por La Libertad Avanza, que le gustó el asunto y ahora quiere anotarse para ser candidato a diputado nacional, dijo esta semana que “ojalá, Misiones algún día salga a tomar deuda”. Con esa afirmación, entre otras, el ex tenista y bróker de negocios ya deja claro, de algún modo, qué intereses va a representar.
Opinión
Pensar desde acá, actuar hacia allá

Por: Micaela Gacek.
@MicaelaGacek
En estos días que corren la sociedad misionera ya no necesita dirigentes que se escondan cuando las cosas se complican. Necesita líderes que caminen con la cabeza alta en las buenas y en las malas. Que vuelvan a mirar a la gente a los ojos. Que se animen a reconocer errores y tengan el coraje de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
Creo en un liberalismo misionero. No importado ni copiado. Un proyecto local, con centro en el ser humano, que se construye desde abajo hacia arriba. De acá para allá, no de allá para acá. Porque cuando las soluciones se piensan desde lejos, lo que está cerca se rompe.
Quiero un Estado suficiente. Lo justo y necesario. No para controlar la vida de las personas, sino para garantizar lo que verdaderamente importa: salud de calidad, educación de excelencia y una seguridad que proteja sin abusos. Eso no es lujo. Es dignidad básica.
Representar no es obedecer ciegamente a un gobierno nacional. Representar no es ser funcional a los intereses de turno. Representar es sostener la voz de la provincia con autonomía, con coherencia, con respeto. Y sobre todo, con independencia.
Estoy convencida de que gobernar no es repartir contratos ni acomodar parientes. Gobernar es estar. Escuchar. Caminar con la gente. Decir la verdad. No estar solo cuando hay aplausos, sino también cuando toca enfrentar momentos difíciles.
La política necesita volver a ser humana. Más cerca de la realidad. Más conectada con lo cotidiano, con lo que viven las familias, los jóvenes, los trabajadores, los que emprenden y los que sostienen.
No venimos a imponer. Venimos a proponer.
No creemos en soluciones mágicas. Pero sí en ideas claras.
No queremos representantes obedientes. Queremos representantes presentes.
Este es un camino. No el único. Pero sí el que creemos necesario.
Un camino que parte desde Misiones, con identidad bien nuestra, con respeto por nuestras raíces, por nuestros abuelos que escaparon del caos y encontraron en esta una tierra fértil donde desarrollar su proyecto de vida, y sobre todas las cosas con la convicción de que se puede hacer política de otra manera.
Una manera más humana.
(*) Candidata a diputada nacional del Frente Renovador Neo
Opinión
Una presión fiscal que ahoga: el modelo impositivo misionero está agotado

Ariel “Pepe” Pianesi
@pepepianesi
La contracción de la economía y la caída del consumo de alimentos y productos básicos vuelven a poner en agenda el abusivo sistema de tributación que sostiene la gestión renovadora en Misiones.
A la crisis de la yerba mate y la mandioca, ahora se suma el pedido de auxilio del sector forestal, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años. La combinación de baja demanda en el mercado interno y parálisis total del mercado externo deja a esta industria clave en una situación crítica. En un comunicado reciente, AMAYADAP —la asociación que nuclea a empresas del rubro— reclamó medidas urgentes al gobierno provincial, entre ellas, la devolución de saldos a favor en el impuesto a los Ingresos Brutos.
Este es un punto que venimos señalando desde hace mucho tiempo. A pesar de los esfuerzos de la oposición, aún no existe claridad sobre el monto total acumulado en concepto de saldos a favor, aunque se estima que equivale a más de una recaudación fiscal completa de un año. Y lo más grave: no hay señales de voluntad política para devolver esos montos, permitir su compensación o, al menos, eximir de las retenciones automáticas en cuentas bancarias.
Otro aspecto crítico es el de los anticipos impositivos. Si bien el impuesto sobre los Ingresos Brutos se cobra en todas las provincias con tasas similares, muy pocas exigen su pago adelantado. Esta práctica distorsiva afecta profundamente al sector privado: achica el comercio, encarece los productos para el consumidor final y termina desalentando la inversión, el desarrollo y la creación de empleo.
El modelo misionero llega a extremos que no se ven en otras jurisdicciones. Un ejemplo es la retención del 8% sobre rendimientos de inversiones bursátiles, como los plazos fijos. Es decir, si un ciudadano busca cubrirse de la inflación invirtiendo su dinero, la Agencia Tributaria de Misiones le cobra no una, sino dos veces: al ingresar el dinero a su cuenta, y luego sobre las ganancias obtenidas. Todo esto, a pesar de que la Comisión Arbitral ha señalado que esa retención es ilegal.
Y como si todo esto fuera poco, el sistema se completa con una verdadera aduana interna, que obstaculiza el libre comercio dentro del país, castiga a las empresas locales y expulsa inversiones hacia provincias vecinas o incluso hacia Paraguay. Son muchas las empresas que abandonaron Misiones o dejaron de operar con ella por considerar que la carga impositiva supera la rentabilidad.
Este modelo fiscal, basado en una recaudación insaciable para sostener una caja electoral inédita en el país, está agotado. Es urgente rediscutir la matriz impositiva y avanzar hacia un sistema que premie a quienes invierten, generan empleo y apuestan por el desarrollo. Misiones tiene todo para ser un polo productivo, comercial y exportador. Pero para eso, necesitamos un régimen impositivo que empuje, no que asfixie.
(*) Diputado Provincial UCR
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