Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Impulsado por el último resultado electoral y el retorno de las relaciones carnales con Washington, el presidente Javier Milei está a un trámite de obtener la reforma laboral, uno de los puntos más controvertidos de la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada. El próximo objetivo de los libertarios será llevar adelante una profunda reforma electoral con la idea de modernizar el sistema, lo que, entre otras cuestiones, dejará fuera de competencia a los partidos más pequeños por falta de recursos, debido a un giro hacia un nuevo esquema de financiamiento privado. Ese clima de movimiento de placas tectónicas tendrá su propia dimensión en el Cantón.

Este viernes, un heterogéneo grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley para la creación de una comisión que estudie y reforme el sistema electoral de Misiones. La iniciativa, que tiene a la polémica ley de lemas como principal blanco, lleva la firma de los diputados radicales Francisco Fonseca, Rosa Kurtz y Santiago Koch; de Analía Labandoczka, del PRO; Héctor “Cacho” Bárbaro, del PAyS; y el expolicía Ramón Amarilla, del bloque “Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores”.

Entre los impulsores de la iniciativa que se cocinó en el despacho de Kurtz, hay quienes esperan conseguir el apoyo de los diputados Martín Arjol —quien no fue invitado a firmar el proyecto— y Juan Ahumada, ambos con su respectivo monobloque. Pero dudan tener el acompañamiento de los cinco diputados de La Libertad Avanza (LLA) y de los tres legisladores de Por la Vida y los Valores, bloque que preside Walter Ríos y que conduce su esposa, Débora Mangone.

Al diputado Carlos Adrián Nuñez, jefe de los libertarios en el Cantón, le llamó la atención la presentación del proyecto; al parecer, se enteró por La Voz de Misiones. De todos modos, no se sumarán, y no porque estén a favor de la ley de lemas, sino porque aseguran, con ese tono de superioridad que da el sentirse el viento de época, tener algo superior y más abarcativo.

Minimizaron la iniciativa; consideran que es “para armar una comisión para estudiar, analizar una reforma”, y que desde La Libertad Avanza ya tienen el tema “trabajado y resuelto”. Creen que el sistema de lemas en la provincia no formará parte del próximo escenario y que el actual régimen electoral de Misiones se deberá “acoplar a un modelo nuevo que es para todo el país”.

El Gobierno nacional busca una reforma amplia, que va desde la unificación del calendario electoral y la eliminación de las PASO, hasta la consolidación de la Boleta Única, pasando por modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, para quitar financiamiento, y en el Código Penal, para cambiar el monto de las penas por delitos electorales. Las provincias no están obligadas a “acoplarse” a una reforma; tienen autonomía para dictar sus propios regímenes electorales para elecciones internas. Milei quiere que se unifique todo el sistema electoral del país con el argumento de ahorro de costos y transparencia.

El péndulo de la política

En el Gobierno provincial no está en agenda ninguna reforma electoral; Hugo Passalacqua está enfocado en rearmar un gabinete pensado en atravesar un escenario “hostil” como consecuencia de una economía planchada y un “clima de demolición”, incitado por sectores de la oposición que comienzan a ver la configuración de un nuevo mapa de poder de cara a 2027. Motivos suficientes para seguir desprendiéndose de funcionarios más adeptos a las confabulaciones internas que a respaldar la gestión en tiempos complejos.

En el plano nacional, pese a sus reclamos y diferencias, Passalacqua fue uno de los gobernadores que apoyó la reforma laboral de Milei con quórum y votos. Con esto, la provincia se garantizó otra temporada en el club de los aliados al Gobierno libertario; lo que significa un poco de fondos frescos del Tesoro Nacional, algún adelanto de coparticipación y la carta del menú de promesas. Los cuatro diputados de la Renovación Neo, dirigidos por el peronista Alberto Arrúa, fueron clave desde el principio.

Apenas salió el proyecto del Senado, diez diputados apuraron la convocatoria para la sesión especial donde se dio el tratamiento de la reforma laboral. Entre los firmantes, entre libertarios y del PRO, se encontraban Arrúa como presidente del bloque Innovación Federal, que cuenta con siete legisladores: Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel “Colo” Vancsik y Oscar Herrera Ahuad, que responden a Passalacqua; y los salteños Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, que responden al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

La sesión del jueves en la Cámara baja se inició con la presencia de 130 diputados, dos más de los necesarios. Algunos mandatarios aportaron quórum y no votos, como es el caso del catamarqueño Raúl Jalil: tres de sus legisladores votaron todo el paquete en contra. El santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora dieron votos o ausencias, como el extraño faltazo de Juan Schiaretti.

Todos los integrantes de Innovación Federal votaron la ley en lo general. Los salteños Biella y Outes votaron en contra del título XXVI, que incluye la derogación de media decena de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista; y Vega, también salteña, se abstuvo. Los diputados de la Renovación Neo jugaron a pleno. Posiblemente el mayor costo político lo haya pagado Herrera Ahuad, quien se expuso a cuenta propia en todas las vidrieras posibles, tal vez, intentando justificar su propia votación.

Passalacqua, equilibrista consumado, juega su partida entre la diplomacia y la supervivencia. Apoya a Milei cuando el termómetro de la billetera lo indica, garantiza votos para la reforma laboral y, a la vez, congela sueldos de funcionarios con altos cargos, sube salarios de los empleados estatales y apaga incendios gremiales, todo intentando que el barco provincial no zozobre en medio del temporal económico. Uno lo imagina, por momentos, como un capitán de barco con un ojo puesto en la tormenta y otro en la bodega, donde alguna rata siempre amenaza con morder la cuerda equivocada.

Y en este clima, cuando la política parece estar escrita en clave de alta estrategia, llega el episodio que nos recuerda la inercia de la argentinidad al palo: la funcionaria que, desde las playas aztecas, graba un video para los “pobres” y termina cayendo en desgracia viral. Karina “Reina” Acosta, directora de Turismo Social, fue apartada por Passalacqua sin titubeos ni romanticismos. Trabajaba bajo la órbita de la cartera que conduce el siempre indemne ministro José María Arrúa; sería la presidenta de una asociación civil y pertenecería al círculo de amistades de Viviana Rovira, pero nadie intentó evitar su salida. Decreto 252 y a otra cosa.

La destitución de Acosta no es un mero acto administrativo. Es, en el fondo, una señal. Un gesto —tarde, acaso, pero necesario— de que la función pública no puede ser escenario de frivolidades ni de provocaciones a quienes, desde hace años, soportan el rigor del ajuste y la promesa del cambio eterno. Y es aquí donde la reforma electoral, la modernización de las instituciones y el debate sobre el financiamiento de la política se cruzan con la ética y las formas. Porque de nada sirve cambiar leyes y sistemas si quienes las encarnan no comprenden que la virtud —ese viejo valor de la república— se demuestra en los gestos más cotidianos.

En la Misiones de hoy, como en la Argentina entera, el péndulo sigue oscilando. La modernidad choca con la tradición, la voluntad de poder con los límites de la decencia. No hay manual ni reforma que resuelva la contradicción de fondo: la necesidad de instituciones fuertes y de funcionariado a la altura, que no confunda el Estado con un escalón hacia la notoriedad efímera. Mientras tanto, la ciudadanía espera, una vez más, que la política deje de ser rutina de desencantos y se parezca, aunque sea por un rato, a la virtud de la que tanto se habla y tan poco se ejerce.

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Por: Carlos A. Scotto

¿Puede algún referente libertario de Misiones explicar cuáles fueron los criterios técnicos que motivaron el desplazamiento de funcionarios y agentes en distintos organismos nacionales con asiento en la provincia? ¿Qué evaluación de desempeño o qué plan de mejora justificó esas decisiones?

En las últimas semanas, y coincidiendo llamativamente con el período de receso, se registraron cambios en estructuras clave del Estado Nacional en Misiones: PAMI (INSSJP), Migraciones, Aduana, entre otros. El patrón parece repetirse: trabajadores con trayectoria y experiencia son desplazados de funciones jerárquicas, mientras se designa en su lugar a referentes o militantes libertarios.

El debate no es ideológico; es institucional. El Estado puede -y debe- mejorar su eficiencia. Pero la profesionalización no se logra sustituyendo experiencia por pertenencia política. En el ámbito laboral existe el ius variandi, la facultad del empleador de introducir modificaciones en las condiciones de trabajo. Sin embargo, esta potestad tiene límites claros: no puede implicar degradación, pérdida de funciones, afectación salarial ni perjuicio moral. Los cambios deben responder a necesidades funcionales objetivas, ser razonables y no arbitrarios.

Cuando se alteran carreras administrativas consolidadas sin fundamentos transparentes, no solo se afecta a trabajadores protegidos por convenios colectivos, sino que se debilita la institucionalidad. La promesa de eliminar privilegios y “terminar con la casta” pierde consistencia si las designaciones se basan en afinidad partidaria antes que en idoneidad técnica.

El caso del PAMI en Misiones, donde fueron removidos jefes y jefas de agencias en varias localidades, funciona como ejemplo visible de una práctica más amplia. La pregunta de fondo es otra: ¿cuál es el modelo de gestión que se está construyendo? ¿Uno basado en estabilidad, profesionalismo y continuidad técnica, o uno marcado por la rotación política permanente?

La eficiencia estatal no se declama: se construye con equipos capacitados, reglas previsibles y respeto por la carrera administrativa. De lo contrario, el discurso de transformación corre el riesgo de convertirse en una reedición de aquello que se prometió superar. Cambiar personas no siempre significa cambiar prácticas. Y el desafío de gobernar es, precisamente, demostrar lo contrario. En fin… más de lo mismo, cambiar para no cambiar nada…

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Por Cristian Castro

La reunión en Aristóbulo del Valle no es solo un encuentro de productores, cooperativas y asociaciones de productores, es el síntoma de un ecosistema productivo en riesgo de colapso por la desregulación asimétrica impuesta por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025.

1. El diagnóstico económico: el oligopsonio fallido

Afirmar que el mercado de la yerba mate es de “libre competencia” es una falacia técnica. La estructura productiva del sector se caracteriza por una atomización de la oferta (miles de pequeños productores) frente a una concentración de la demanda (un puñado de molinos industrializadores).

* Poder de negociación: en un oligopsonio, el comprador tiene la capacidad de fijar precios por debajo del equilibrio competitivo. Sin la potestad fijadora de precios del INYM, el productor primario pierde el único mecanismo de defensa ante el diferimiento de pagos y la baja de precios nominales.

* Perecederidad y asimetría: A diferencia de otros commodities, la hoja verde debe procesarse en horas. Esta urgencia biológica anula la capacidad del productor de “esperar a un mejor precio”, forzándolo a aceptar las condiciones del eslabón más fuerte de la cadena.

2. La contradicción ideológica del “libre mercado”

El gobierno nacional aplica una visión ortodoxa que ignora las externalidades negativas de la desregulación en economías regionales.

* Excepcionalismo global: incluso en las economías más abiertas del mundo (como la Unión Europea o EE. UU. con el Farm Bill), el sector agrícola está protegido por subsidios y regulaciones de precios. Se entiende que la seguridad alimentaria y el arraigo rural son activos estratégicos, no simples variables de ajuste.

* Morfología del mercado imperfecto: al retirar al INYM su capacidad regulatoria, el Estado no está creando “libertad”, sino que está delegando la regulación del mercado en los actores dominantes. Es pasar de una regulación pública transparente a una regulación privada arbitraria.

3. Impacto político y social: el desarraigo

La política no puede disociarse de la economía. El desmantelamiento de las facultades del INYM atenta contra el tejido social de Misiones.

* Descapitalización del pequeño productor: La caída del precio real de la hoja verde empuja al colono hacia la línea de pobreza, fomentando la venta de tierras y la concentración latifundista.

* Crisis de las cooperativas: las cooperativas, motores del desarrollo local, se ven asfixiadas al no poder competir con la espalda financiera de los grandes grupos económicos en un escenario de desregulación total.

* Éxodo de trabajadores calificados, los mejores tareferos hoy están emigrando hacia Brasil en búsqueda de mejores condiciones laborales y salariales.

El año pasado la paso muy mal el pequeño y mediano productor, ya a fines del último trimestre la cuestión financiera comenzó a golpear a pequeños y medianos secaderos. Lo dijimos hoy en el análisis del sector en la reunión con el INYM y también en esta reunión con productores.

“La necedad ideológica de ignorar que la yerba mate opera en un mercado imperfecto no solo es un error técnico, es una decisión política que condena a la marginalidad a 12,000 familias productoras. La defensa del INYM no es un capricho estatista; es la defensa de la competencia real frente al monopolio de hecho”.

P/D: dijo don Hugo Sand “vienen por nuestras chacras” no es un error, es un plan estratégico para empobrecernos y quedarse con nuestras tierras fértiles y nuestra agua.

Yerbateros en asamblea en Aristóbulo: “De Nación ya no esperamos nada”

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