Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Retó al gobernador Hugo Passalacqua en mayo de 2024, cuando encabezó una protesta policial por reclamos salariales que se replicó en otras reparticiones del Estado como reguero de pólvora. Un juez de Posadas lo encarceló por los delitos de intento de sedición y conspiración. Desde su presidio, en Cerro Azul, encabezó una lista con la que logró ser electo diputado provincial; y el Superior Tribunal de Justicia ordenó su liberación al reconocer sus fueros parlamentarios: fueron 267 días tras las rejas. Ahora, el suboficial mayor retirado de la Policía, Ramón Amarilla, prepara su candidatura a la gobernación.

Lo hace de manera discreta: reuniones en las afueras de Posadas sin presencia de celulares, máxima cautela con WhatsApp, otros servicios de mensajería y redes sociales. “Esto los va a matar; llevan el enemigo en el bolsillo”, suele repetirles a sus hombres de confianza. Tal vez lo haga de puro paranoico, un persecuta. El diputado cree que el Gobierno sigue sus pasos con espías. “Le sobran los motivos para pensar así: estuvo en cana; hasta eso le hicieron”, lo defienden en su entorno. Pero, además, conoce ese paño. Será por eso por lo que Amarilla únicamente confía en su perro Toby, un caniche que lo sigue a todos lados.

Durante los últimos meses, Amarilla tejió alianzas con sindicalistas, políticos de diverso pelaje, empresarios de la industria forestal y yerbatera, y popes de la Sociedad Rural Argentina. Posiblemente de esas reuniones haya salido que una de las palabras clave que utilizará en su campaña será “producción”. Hablar de producción es intentar entrar por la puerta grande de la chacra, la industria y el malestar acumulado.

“Seguridad” y “fe” serán las otras. Estas dos, tal vez, estén vinculadas con los encuentros que mantiene el diputado con sectores de las fuerzas de seguridad y armadas en “casinos de suboficiales”, y con miembros de la Iglesia Católica en capillas de barrios de diferentes puntos de la provincia. Una estética de cruzada que busca adquirir volumen político.

El dato que lo sostiene no es solamente épico, sino electoral. En las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio del año pasado, Amarilla obtuvo el 19% de los votos. Fue un batacazo: se convirtió en la tercera fuerza política de la provincia, detrás del extinto Frente Renovador de la Concordia Neo, que ganó con el 28% llevando a Sebastián Macías como punta de lanza, y de La Libertad Avanza, que se quedó con el 21% y llevó a la cabeza de su lista a Diego Gabriel Hartfield. A los pocos días, el tenista y bróker financiero se entusiasmó tanto que cinco meses después fue electo diputado nacional, tras ganar esa campaña con el 25% de los votos.

Ahora, en este momento, la encuesta de opinión pública más seria —al menos en la que más confío— indica que, si las elecciones fuesen hoy, Amarilla, el agente del caos, alcanzaría un 20%, con un piso de 18%. Números parecidos maneja el diputado provincial Miguel Núñez, uno de sus principales armadores políticos. Un piso de ese tamaño no garantiza una victoria, pero obliga a todos los demás a mirar de reojo.

La primera vez que Núñez fue a visitar al encartado Amarilla en la Unidad Penal VIII se presentó con un cura párroco que solía ir a verlo. “Es mi monaguillo”, dijo el padre. “Y voy a ser diácono”, redobló el diputado con una sonrisa y una Biblia que sujetaba bajo el brazo. Tal vez sea una leyenda. Lo cierto es que el dúo del bloque “Algo nuevo” recorre la provincia buscando adeptos para una cruzada que mezcla resentimiento, fe, disciplina y ambición de poder.

Creen que pueden llegar al gobierno porque “están dadas las condiciones”. Ven al oficialismo provincial sin la misma concentración de poder que en otros tiempos: Passalacqua gestiona y acomoda sus fichas en el tablero electoral, mientras Carlos Rovira aparece como mentor de un espacio que tiene al vicegobernador Lucas Romero Spinelli como figura emergente. En esa lectura, Amarilla intenta presentarse como la astilla que puede incomodar a una maquinaria acostumbrada a ordenar el escenario a su medida.

Tampoco parecen temerle al oficialismo nacional: “Milei está hundiendo a todos; en la chacra no lo ven serio, no hizo nada por Misiones”; “para estar en La Libertad Avanza hay que tener plata, son como una secta”; “Adrián Nuñez recibe ordenes de Buenos Aires, nosotros queremos autonomía”. Son algunas de las cosas que se dicen en el entorno de los dos legisladores de “Algo nuevo”. Diferenciarse de la Casa Rosada y disputar el voto bronca sin quedar atrapados en la marca libertaria.

Mantienen un aceitado diálogo con el radicalismo especialmente con la diputada Rosa Kurtz y con los exdiputados Gustavo González y Walter “Chiquitín” Molina. Hay correligionarios que creen que la idea de utilizar a Amarilla como mascarón de proa no está mal para retomar espacios perdidos, dentro del marco de un gran frente opositor al oficialismo provincial y al nacional.

El que no parece demasiado convencido es el exdiputado y actual presidente de la UCR, Ariel “Pepe” Pianesi. ¿El maratonista estará esperando alguna señal del passalacquismo? Es una pregunta que viene circulando en diferentes mesas políticas, no sólo en la que lidera el policía retirado. En el Cantón, las señales muchas veces valen más que los discursos, y los silencios suelen ser una forma sofisticada de negociación.

Con el PRO, en cambio, el puente está roto desde que las autoridades provinciales de ese partido reclamaron a la justicia electoral que Núñez devuelva la banca por haberla abandonado y armado otro espacio político. La cuestión, tras un reciente fallo del Tribunal Electoral en que se lava las manos, quedó a instancias de la Cámara de Representantes. Aun así, cerca de Amarilla insisten: “También tenemos las puertas abiertas para los del PRO”.

Además, conversan con el diputado Martín Arjol y con lo que queda del puertismo. Por la mesa de negociación también pasaron algunos libertarios como Nicolás Sosa. En tiempos de fragmentación, nadie descarta del todo a nadie.

“Amarilla está empecinado en que el candidato tiene que ser él y únicamente él; no quiere ser segundo. Tampoco se puede llegar a ningún tipo de acuerdo”. Esa fue la impresión que quedó en el PJ del Cantón después de una reunión entre Christian Humada, su hermano César y el policía retirado en el estudio de uno de los bogados más importantes de la provincia. Hay diferentes versiones sobre ese encuentro. ¿Será cierto que el presidente del PJ le propuso a Amarilla ser su compañero de fórmula?

Lo único claro, por el momento, es que Amarilla no estaría dispuesto a resignar el primer lugar. El plan para que el candidato sea el del ingeniero agrónomo y empresario forestal Rafael Scherer, duró poco, se bajó “porque tiene mucho para perder”, argumentan. Aún creen que es muy temprano para hablar de una compañía en la fórmula, aunque los nombres de Kurtz y Arjol aparecen sobre la mesa. El problema, como siempre, no es solo quién acompaña, sino qué garantiza cada nombre: votos, estructura, territorialidad o apenas una foto de unidad.

Con Héctor “Cacho” Bárbaro, líder del Partido Agrario y Social (PAyS), hay muy buena onda, pero ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo electoral. Sus diferencias pasan más por lo ideológico que por otra cosa: “ellos son de izquierda, están más cercanos al kirchnerismo, nosotros estamos apuntando a otro lado”, asegura un empresario ultraopositor de la talla de Núñez, ambos sueñan con arrasar el monte nativo para plantar trigo o lo que traiga plata rápido.

Amarilla debería observar los errores que cometió el PAyS. Esa fuerza política, netamente local, tuvo su primer bautismo de fuego electoral en las legislativas 2009, cuando lograron conseguir su primera banca en la Cámara de Representantes. Recién se convirtió y consolidó firmemente como la tercera fuerza política de la provincia en las elecciones legislativas de 2017, tras capitalizar un fuerte respaldo en las zonas rurales e industriales del interior, obteniendo un 12% de los sufragios. Este resultado le permitió posicionarse de manera estable detrás de las dos fuerzas mayoritarias de la época: el oficialista Frente Renovador de la Concordia y la alianza Cambiemos. Posteriormente, en las elecciones provinciales de 2019, el espacio revalidó esa condición de tercera fuerza e incrementó su techo electoral al alcanzar el 12.87% en la categoría de gobernador bajo la fórmula integrada por Isaac Lenguaza y el propio “Cacho” Bárbaro.

Según los registros y las actas de escrutinio definitivo del Tribunal Electoral, el PAyS nunca fue la segunda fuerza política. Su posicionamiento histórico más alto en el conteo de toda la provincia siempre fue el tercer o cuarto puesto.

El sueño de un gran frente o alianza opositor después de más de veinte años de los mismos actores políticos viene siendo recurrente desde hace tiempo, pero la verdad es cruda: la polarización es fuerte, los nombres escasean, y la estructura territorial no siempre alcanza para llegar a toda la provincia.

Amarilla camina sobre una cornisa interesante: puede ser el síntoma de una crisis de representación o apenas una fiebre pasajera de la política misionera. Tiene relato, tiene votos, tiene enemigos claros y empieza a tener interlocutores. Lo que todavía debe demostrar es si puede convertir la épica del detenido que llegó a diputado en una arquitectura de poder capaz de disputar la gobernación. Porque una cosa es encarnar el malestar; otra, mucho más difícil, es organizarlo para gobernar.

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Clarisa Neztor

Puente Quemado II reclama agua potable desde hace años. Ahora, en medio de un conflicto territorial abierto con Arauco, el Gobierno de Misiones permite que la multinacional forestal aparezca como responsable de garantizar un derecho que corresponde al Estado. La comunidad rechaza esa intervención y exige una obra pública sin condicionamientos empresariales.

En medio del conflicto territorial que atraviesa la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II aparece nuevamente el mayor actor del extractivismo forestal en Misiones: Arauco. Esta vez no llega presentada como la multinacional que concentra tierras, expande monocultivos de pino y mantiene un conflicto abierto con la comunidad, sino como una supuesta benefactora dispuesta a resolver el acceso al agua potable que el Estado provincial viene negando desde hace años a la comunidad.

Puente Quemado II reclama agua potable desde hace casi una década. Durante años las familias tuvieron que consumir agua del arroyo Garuhapé que esta contaminado. Los reclamos fueron presentados ante organismos provinciales y municipales y la situación llegó a tal extremo que la comunidad tuvo que solicitar donaciones para conseguir agua y alimentos. En marzo de 2026, además, análisis realizados sobre muestras utilizadas por la comunidad determinaron que no eran aptas para consumo humano por contaminación microbiológica.

Existe una profunda asimetría de poder entre una corporación transnacional y un pueblo indígena que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad y reclama la recuperación de su territorio.

Puente Quemado II viene denunciando desde hace años que no cuenta con agua potable, que debe recurrir a fuentes inseguras y que el acceso a un elemento indispensable para la vida depende muchas veces de la solidaridad externa. El Gobierno de Misiones, la Municipalidad de Garuhapé y los organismos provinciales como la Direccion de Asuntos Guaranies y el Ministerio de Derechos Humanos tambien conocen esta situación, estamos frente a años de incumplimiento de una responsabilidad pública.

Son años de abandono sobre una comunidad indígena a la que se le ha negado una obra pública básica mientras, en paralelo, una de las empresas forestales más poderosas de la provincia consolidaba su presencia territorial. Y justamente cuando el conflicto territorial alcanza uno de sus momentos más graves, Arauco aparece dentro de la comunidad acompañada por el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, en una instancia presentada públicamente como consulta y diálogo para avanzar, entre otras cuestiones, con una perforación de agua.

Quién tiene la responsabilidad de garantizar derechos es el Gobierno, no la empresa. El agua potable es un derecho humano y su provisión forma parte de las obligaciones indelegables del Estado. Una multinacional privada no puede asumir el lugar del Gobierno provincial, mucho menos cuando esa empresa mantiene intereses económicos sobre el mismo territorio donde pretende intervenir. Arauco no es un organismo público, no representa el interés general ni tiene la obligación constitucional de garantizar derechos. Su naturaleza es privada y responde a una lógica empresarial. Permitir que ocupe el lugar que el Estado dejó vacío significa profundizar una relación de dependencia y otorgarle todavía más poder dentro de un territorio indígena atravesado por un conflicto judicial y territorial.

La gravedad aumenta porque Arauco no llega a Puente Quemado II como un actor neutral. La comunidad mantiene desde hace años un reclamo territorial frente a la multinacional y exige que abandone tierras que considera parte de su territorio ancestral. Existen antecedentes que documentan 333 hectáreas reclamadas por la comunidad sobre las cuales avanzaron con monocultivos de pinos. Por eso resulta inadmisible presentar a Arauco simplemente como una empresa que llega a “dar agua” sin mencionar el conflicto que existe entre ambas partes. Esa narrativa elimina el problema territorial, borra la concentración de tierras y transforma a una empresa cuestionada por las comunidades en una supuesta solución social.

En ese escenario, la actuación del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes ejercen un rol clave de la complicidad estatal con la empresa. Fueron estos organismoslos que facilitaron la presencia de Arauco en una instancia presentada como consulta previa, libre e informada. En vez de asumir el Estado directamente la responsabilidad por la obra, termina habilitando a una empresa privada para intervenir sobre una necesidad que debería haber sido resuelta hace años mediante políticas públicas. Esa decisión no equilibra la relación entre las partes; la profundiza. De un lado existe una multinacional con enormes recursos económicos, jurídicos y comunicacionales. Del otro, una comunidad indígena que reclama agua potable, territorio y condiciones elementales para vivir. Frente a semejante desigualdad, el Estado debería proteger a la parte más vulnerada y garantizar sus derechos, no abrirle nuevas puertas de entrada a la empresa dentro del territorio.

También preocupa la utilización de estas instancias bajo la figura de la consulta. La consulta previa, libre e informada fue reconocida para proteger a los pueblos indígenas frente a decisiones estatales y empresariales que puedan afectar sus territorios. No fue creada para producir fotografías institucionales, legitimar reuniones ni convertir la presencia de una comunidad en sinónimo de consentimiento. Puente Quemado II sostiene que no acordó que Arauco realizara la perforación. Esa afirmación debe ser respetada. Participar de una reunión no equivale a autorizar una obra, y mucho menos cuando existe una relación profundamente desigual y un conflicto territorial todavía abierto.

Mesa de diálogo entre referentes de Puente Quemado II, DDHH, Asuntos Guaraníes y Arauco el 31 de julio.

Estos encuentros tienen un valor especifico para las políticas de sostenibilidad corporativa de Arauco. La empresa publica reportes anuales, mantiene certificaciones internacionales y debe demostrar estándares sociales y ambientales para sostener parte de su posicionamiento global. Las relaciones con pueblos indígenas y los procesos de consulta forman parte de esos marcos. Por eso una fotografía de diálogo con una comunidad tiene un valor empresarial enorme. Alimenta reportes de sostenibilidad, refuerza certificaciones y proyecta una imagen de respeto a los derechos indígenas que contrasta con los conflictos territoriales que las comunidades vienen denunciando. Ahí aparece el escenario concreto del greenwashing: utilizar una necesidad básica como el acceso al agua para construir legitimidad social mientras el problema estructural de la tierra permanece sin resolver.

El Gobierno de Misiones no puede permitir que una necesidad extrema de la comunidad sea convertida en capital reputacional para una empresa extractiva. Cuando se trata de agua potable, salud, vivienda o infraestructura básica, el Estado debe estar presente con recursos públicos, obras públicas y garantías públicas. El acceso al agua potable es un derecho humano. La perforación, la infraestructura, el control de la calidad del agua y el mantenimiento del sistema constituyen responsabilidades que el Gobierno de Misiones debe asumir mediante una política pública.

La asimetría territorial vuelve esta situación todavía más grave. Arauco concentra más de 230.000 hectáreas en Misiones y tiene una presencia dominante en numerosos municipios de la provincia. Frente a ese poder territorial, Puente Quemado II reclama el reconocimiento efectivo de las tierras necesarias para sostener su vida comunitaria, donde gracias a Arauco atraviesa una profunda situación de desigualdad social y territorial.

La comparación muestra con claridad quién tiene capacidad económica, política y jurídica para imponer condiciones y quién depende de que el Estado cumpla con su obligación de garantizar derechos. Por eso la construcción del pozo no puede quedar en manos de Arauco. Debe ser realizada por el Gobierno de Misiones, con financiamiento público, control público y participación real de la comunidad en cada decisión. El Estado debe garantizar la perforación, la calidad del agua, el mantenimiento del sistema y la continuidad del servicio sin condicionamientos empresariales de ningún tipo. Esa es su función y esa es la responsabilidad que viene incumpliendo.

Puente Quemado II no necesita caridad empresarial. Necesita que se respete su territorio y que el Estado haga lo que debe hacer. Necesita agua potable sin tener que negociar con una multinacional que mantiene intereses sobre sus tierras y destruye el ecosistema donde habita. Necesita que la Dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Derechos Humanos protejan sus derechos colectivos y no terminen legitimando la expansión del poder empresarial dentro de la comunidad. Necesita que el Gobierno provincial ejerza su obligación pública.

Lo que ocurre con el agua resume una discusión mucho más profunda sobre el modelo de provincia. Cuando el Estado abandona derechos básicos y deja que una empresa extractiva ocupe ese lugar, no desaparece el poder estatal: se pone al servicio de otra lógica. Se construye una relación donde la corporación gana presencia, legitimidad y capacidad de intervención mientras la comunidad continúa dependiendo de decisiones ajenas para acceder a condiciones mínimas de vida.

El agua no puede convertirse en moneda de negociación dentro de un conflicto territorial ni en una herramienta para lavar la imagen de una multinacional. Garantizarla es responsabilidad del Gobierno de Misiones. Arauco debe respetar el territorio indígena y el Estado debe dejar de entregarle funciones que nunca debieron salir de lo público.

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Salvo algunas pocas y honrosas excepciones, una vez más, la clase política del Cantón está demostrando de qué está hecha. Ya pasaron por la fantástica etapa del baile en el Titanic, a la del sálvese quien pueda. El papel que está teniendo el oficialismo en el escenario político es patético. Mi tía Claudia me diría, en voz baja, que se parece a un conventillo. Me refiero al oficialismo local, en toda su amplia gama, ya sean de la primera ola, de la Neo con pantalones chupines, del Blend sabor a motosierra, del nuevísimo Encuentro Misionero, del Movimiento por lo que Viene, o de los radicales por venir.

Intendentes caminando en circulantes ferias ministeriales, pidiendo obras y viendo qué tajada agarrar; diputados que parecen desorientados y que olvidan hasta lo que firman; funcionarios con más de veinte años de trayectoria que parecen recién llegados a un baile al que dicen no haber sido invitados. En definitiva, el sistema de navegación se rompió y la herrumbrada brújula también. Los mismos que ayer aplaudían, aprobaban leyes y ponían firmas, ahora deshacen desde ministerios hasta millonarios negocios con el Estado.

Mientras los reflectores se posan sobre los actores de este escenario circense, en el Cantón florecen los “Adornis” de la vida bajo el amparo de un diverso y silencioso engranaje de recaudación. Este lunes, tras la feria judicial, volverá a activarse en Comodoro Py la investigación que tramita el fiscal federal Gerardo Pollicita, enfocada en el presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni. Las declaraciones testimoniales aportadas en el expediente han requerido verificar la trama de aportes y recaudación paralela, por lo que las miradas de la fiscalía se extienden sobre los colaboradores, incluyendo a Javier Lanari, recientemente nombrado en el Banco Nación y con fuertes vínculos en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La diputada nacional Marcela Pagano, que llegó al Congreso con la boleta de Milei, fue la primera que expuso, públicamente y ante la Justicia, al ex vocero presidencial y a su mano derecha en un presunto entramado de “recaudadores” o “cajeros” a nombre de la Secretaría General de la Presidencia para el cobro de intermediaciones o “peajes” a empresarios a cambio de gestiones y reuniones. “Co-responsabilidad operativa”, adelantan fuentes judiciales.

Posiblemente en los próximos días avance una pesquisa sobre los estados financieros de la EBY encarada por los sabuesos de la Auditoría General de la Nación (AGN). La ejecución presupuestaria no estaría cuadrando con los informes de gestión. En la Cámara baja del Congreso, una pila de papeles de la entidad binacional terminaría en un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Habrá que ver el resultado de la auditoría y el timing de Diputados.

En pocas semanas se decidirá la continuidad de dos de los cuatro integrantes del Consejo de Administración de la EBY. Pareciera ser que el director Ejecutivo del organismo, Diego Adúriz –con nombramiento, por decreto presidencial, hasta el 31 de diciembre de 2031–, estaría analizando algunos cambios más profundos; sugeridos por su primo Toto Caputo, ministro de Economía, como consecuencia de una serie de encuentros con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Diego Hartfield.

Con el padrinazgo de Caputo y el sutil apoyo de la EBY, Hartfield, el Gato, ex tenista ATP, agente de mercado de capitales, lanzará su candidatura a la gobernación “cuando tenga con quién medirse”, porque “todavía no se abrió el torneo”. Se cree que la exitosa abogada laboralista Valeria Soczyuk, cuadro libertaria y recientemente nombrada coordinadora general de la Escuela de Dirigentes de LLA en Misiones, será quien la acompañe en la fórmula. Con nombre propio en el ámbito del ejercicio del derecho, años atrás, la doctora fue candidata a la presidencia del Colegio de Abogados de la provincia en una lista patrocinada por la Renovación. Cosas del pasado, ahora, Soczyuk lidera a los libertarios misioneros junto con su pareja, el diputado provincial Carlos Adrián Nuñez, recientemente apodado como “Jopo Nuñez” por sus compañeros de golf en el country paraguayo Aguavista.

Es muy temprano y hay muchos interrogantes. En la EBY, ese mundo paralelo de dobles finanzas, habrá que ver qué pasa con los consejeros Alfonso Peña, hombre de Mauricio Macri y ex director de la misma casa, y con el radical con peluca Rodrigo de Arrechea. Tampoco se sabe si continuará en su puesto Ignacio Lanari, jefe del Departamento Administrativo y hermano del actual director del Banco Nación; aunque tiene el “respaldo y confianza” de Karina Milei, El Jefe.

Las mismas incógnitas hay sobre dos hombres claves en las menudencias de la millonaria caja de la EBY: Juan Pablo Arrechea, lo llaman “el bueno”, ingresó a la entidad hace más de veinte años de la mano de Humberto Schiavoni y ahora dirige la poderosa Secretaría General y el siempre lubricado Departamento de Obras Complementarias. Ignacio “Nacho” Palacios, a él lo llaman “el mecánico”, reporta para la oficina de Santiago Caputo, colecciona automóviles en un garaje de la avenida Centenario y colocó a un amigo de Miami como jefe de Seguridad e Informaciones de la EBY; se trata de Jorge Omar Waisman, un tucumano que estuvo casi veinte años en la patrulla marítima en Florida, reconocido por su velocidad en lanchas y sus trabajos para la DEA y la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Lo concreto, en resumidas cuentas, es que en el Cantón los libertarios avanzan con sus internas al hombro hacia la gobernación tras una suma de “objetivos estratégicos”, entre los que se encuentran los negocios energéticos, con la construcción de represas, y la venta de tierras a capitales extranjeros. Con la idea conceptual de que “son los frenos normativos provinciales lo que limita las inversiones privadas en el sector energético”, los lobistas pro-represas pretenden la “inconstitucionalidad o revisión de las leyes que condicionan obras de interés energético nacional dentro del territorio provincial”. En ese marco entra la construcción de Corpus, un negocio que supera los 5.000 millones de dólares.

Volviendo a la implosión de la Renovación, fractura, división, escisión, como quieran llamarlo; hace unos días, tomando café en el viejo Vitrage, un ministro de pasos presurosos se acercó a la mesa y, sin mediar preámbulo, sonrisa mediante, me preguntó de qué lado estaba. En la misma baldosa de siempre, le contesté y se fue con la misma sonrisa. Sucede que por lo general, en este bendito país, todo lo nuevo, por más nuevo que parezca, siempre nace de alguna ruptura. La pregunta siempre es la misma: ¿Usted, de qué lado está?

Si alguien no apunta contra el “malo” del momento, puede caer bajo sospecha. Resulta que desde hace un tiempo se puso de moda pegarle a Carlos Rovira, así, a secas. De repente dejó de ser “el conductor”, “el ingeniero”, “el presidente de la Legislatura”, “el driver”; ya ni siquiera le dan el rol de diputado, mucho menos el de “genio de la estrategia política”. Así son las cosas. Y los primeros en lanzar piedras estuvieron durante años y hasta hace poco entre las filas de sus más fervientes aduladores. No me extraña, es un “gesto de amor” hacia el nuevo poder.

Es la clásica fauna de los palacios y la política: los aduladores de profesión que, apenas ven trastabillar al poder, son los primeros en sacar el cuchillo para cobrar factura y sobreactuar su nueva “dignidad”. Esta clase de personas estuvo siempre, desde las entrañas de la antigua Roma y las cortes de los emperadores.

Ustedes me disculparán si no me sumo a la nueva moda, es que nunca se me dio por adular al rey victorioso ni por patear al rey vencido; y en lo que a mí respecta, el ingeniero dejó de ser un asunto mío el 29 de octubre de 2006. Además, a esta edad comienzo a juzgar los hechos con cierta serenidad, sin que la tormenta afecte el rumbo.

Séneca, que fue tutor y consejero de Nerón, observó de cerca cómo los cortesanos cambiaban de bando en un pestañeo y vivió en carne propia la veleidad del poder. Para él, la prisa con la que los serviles atacan al caído no es justicia ni valentía; es sobreactuación para disimular su propia complicidad pasada. Atacan al antiguo amo para demostrarle al nuevo poder que ya no tienen ningún lazo con el anterior. El verdadero valor exige enfrentar al tirano cuando está en el cénit de su fuerza, no cuando está en el suelo. Y con esto no quiero decir que Rovira sea un tirano, ni que tampoco que esté en el suelo.

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