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La extraña fuga de dos hermanos pedófilos vinculados al poder

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caso kiczka

*Por Fernando Ortega Zabala.

La cronología del caso Kiczka deja inexplicables espacios de tiempo e incógnitas que generan sospechas. Un diputado investigado por delitos de pedofilia se escapa bajo las narices de todos en una de las provincias más custodiadas del país. Redes de trata, abuso infantil, y guerra por el poder.

Se pide su detención por uno de los delitos más aberrantes por el que se puede acusar a una persona, después de matar. Y aunque todos somos o deberíamos ser iguales ante la Justicia, el caso Kiczka tiene una serie de aristas que lo tornan particular, una de ellas es que se trata de un diputado vinculado íntimamente a uno de los dos apellidos con mayor poder político y económico de la provincia.

Germán Kiczka era el presidente de Activar, el partido que creó el diputado provincial Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta, archienemigo favorito de la renovación. Los dos diputados eran íntimos, se tenían confianza, habían construido una amistad que se fue consolidando desde que eran adolescentes en la apacible Apóstoles, una pequeña localidad donde se vienen realizando allanamientos desde febrero, como parte de una investigación internacional por abuso y distribución de pornografía infantil.

Desde aquel momento, con el padre y el hermano del diputado imputados en el marco de una investigación que se inició en Estados Unidos, todos medios de comunicación se ocuparon en seguir el caso. La maquinaria de bots del oficialismo y su ejército de trolls hicieron lo suyo para instalar el tema en la agenda, con la particularidad de dejar bien claro que Kiczka ‘es Puerta”.

El último informe de opinión pública realizado por Zuban Córdoba y Asociados se realizó entre el 12 y 14 de agosto sobre una base de 2500 casos. El 92,2 % de los encuestados situó al aumento de la pobreza como uno de los problemas más graves entre los temas de actualidad en el país. El 89,9 % opinó que se trata del aumento de la desocupación. El caso del diputado misionero investigado por pedofilia se ubicó en tercer lugar con el 89,7%.

Es decir que, en menos de seis meses, el tema se encontraba instalado en la punta de la agenda pública de todo el país. Así y todo, Kiczka y su hermano se dieron a la fuga. No se trata de un NN, sino de un diputado cuyo rostro salió por todos los medios. Misiones es la provincia con mayor cantidad de uniformados por habitante después de la Antártida. Además de la Policía provincial, Misiones cuenta con todas las fuerzas federales.

Lo que queda claro, bajo la luz de la investigación judicial, es que no se trató de una operación montada por la renovación en contra de Puerta. La realidad indica que su amigo y compañero de andanzas electorales se encuentra hasta el cogote, junto a su hermano.

A fines de mayo el juez de Instrucción Cuatro, Miguel Faría, ya tenía informes que apuntaban al diputado Kiczka. Cuando el caso se encontraba a punto de hervor, Pedro Puerta se encontraba en París, en compañía de la diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, lugar donde se comprometieron, bajo el cotillón de los Juegos Olímpicos.

Germán Kiczka era presidente de Activar, el partido creado por su amigo Pedro Puerta.

En el pedido de detención del diputado Kiczka y de su hermano, requerido por la fiscal Silvia Barronis, se argumenta que ambos debían ser apresados “a los fines de evitar entorpecimiento del proceso teniendo en cuenta el estado de la investigación, pericias pendientes de producción, y que la libertad de los involucrados pueda poner en peligro la recolección de los elementos probatorios y el desenvolvimiento del proceso”. En ese dictamen, se detalló que en los dispositivos electrónicos secuestrados a los hermanos se hallaron 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.

A las 20 horas del jueves 22 de agosto el juez ya estaba notificado del desafuero de Kiczka y la Policía lo estaba buscando. Una hora después, el diputado Puerta, amigo y jefe político del prófugo acusado de pedófilo, ingresa al edificio de Canal 4 para ofrecer una exclusiva al periodista Alejandro Barrionuevo. No llegó solo, lo acompañaba la influyente legisladora renovadora e integrante del Consejo de la Magistratura.

En principio todo hace suponer que en la instrucción judicial y en el proceso de desafuero del legislador en la Cámara de Diputados, se hicieron de manera correcta. Pero algo sucedió para que al Estado provincial y Nacional se les hayan escapado dos pedófilos, uno de ellos diputado y ligado a un apellido con poder y socio político del presidente Javier Milei.

Lo más extraño del caso es que nadie se haya ocupado de mantener una custodia a los involucrados en una causa donde el eje es el abuso sexual de menores de edad, más teniendo en cuenta la particular geografía fronteriza con Brasil y Paraguay. El caso Kiczka en Misiones y la desaparición del niño Loan en Corrientes, dos tramas oscuras que tocan hilos del poder.

La cronología de una fuga anunciada

16 de enero. La fiscal especializada en delitos y contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, con jurisdicción en Caba, recibe un correo donde se la invita a sumarse a una investigación de características globales denominada “Guardianes digitales por la niñez”. Tras analizar la información del operativo, la fiscal decide sumarse y avanzar. En la mira había domicilios en Ciudad y provincia de Buenos Aires, en Tucumán y Misiones.

26 de febrero. El juez Faría recibe un exhorto desde Buenos Aires para hacer un allanamiento en Apóstoles, una pequeña localidad donde medianamente todos se conocen. Desde ese día, el magistrado tiene conocimiento que se trata del domicilio de Leonardo Kiczka, padre del diputado Germán Kiczka.

28 de febrero. Es el día más importante de la investigación. Se realizan ocho allanamientos simultáneos, dos en Ciudad de Buenos Aires, dos en territorio bonaerense, uno en Tucumán y otro en Apóstoles, más precisamente en la casa de los Kiczka, los de la pizzería, donde vive el padre de Germán, el amigo de Pedro.

1 de marzo. Todos los medios ya habían publicado que el padre y el hermano del diputado Kiczka se encontraban imputados en una causa por la presunta comisión del delito de tener publicaciones, reproducciones y distribución de pornografía infantil. Para el juez, en el allanamiento “se obtuvo resultados ampliamente positivos, habiéndose procedido al secuestro de una gran cantidad de dispositivos informáticos”.

19 de abril. La Justicia porteña, por cuestiones de competencia territorial, declina parcialmente competencia, en el marco de la causa, para que el juez Faría avance en la investigación. A todo esto, la fiscal del caso en Misiones ya había pedido que el magistrado se declare competente. Cuestiones de forma y procedimientos normales de instrucción.

23 de abril. El juez ya tiene “especial consideración a los datos almacenados en los elementos (dispositivos electrónicos) que fueron secuestrados el 28 de febrero” porque “constituyen prueba fundamental de esta investigación”. También observó que “dada la urgencia ante volatilidad de la evidencia digital” ordenó la apertura y extracción de datos forenses, y luego se procedió a analizar la información obtenida.

21 de mayo. A estas alturas, Germán Kiczka es imputado y surge del “EXPTE N.o 52511/2024 SECRETARIA DE APOYO PARA INVESTIGACIONES COMPLEJAS”, donde figura “el análisis de los datos extraídos” de los equipos secuestrados.

10 de julio. Toda la prueba reunida comprometía claramente al diputado, esa situación no le impidió presentar ese día una nota a la mesa de entrada de la Legislatura para informar su salida del país, del 7 al 22 de julio. Nadie prestó atención a la solicitud. Explican que es de forma, un por si las dudas. Tampoco nadie preguntó al juez, al menos oficialmente. El caso seguía en la agenda de los medios.

6 de agosto. El juez informó a la Cámara de Diputados que el legislador de Apóstoles fue allanado. También hicieron pesquisas en un negocio familiar y la casa donde residen su hermano y su padre. Ese mismo día, por la tarde, Germán Kiczka toma distancia del allanamiento y argumenta que se debe a la causa en la que está imputado su padre y hermano. “Como lo hice desde el primer día, quiero dejar en claro que estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación”, se lee en un párrafo de un comunicado de prensa. Nada dice de renunciar.

7 de agosto. Buena parte de los medios confirman que en la casa del diputado los efectivos de la Unidad Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic) encontraron archivos con pornografía infantil. Todo relacionado al allanamiento ordenado por la Justicia Federal en febrero. En la nueva computadora secuestrada se encontraron archivos con material de pedofilia, zoofilia e incesto y accesorios sexuales. Los artículos periodísticos parecen precisos y hasta muestran las fotos del diputado durante el allanamiento. Pese a lo que pareciera ser un caso de flagrancia, Kiczka no fue detenido el día anterior.

8 de agosto. La Cámara ya está notificada del allanamiento, pero se tomó la decisión de esperar a la sesión prevista para el 22 de agosto para tratar el tema, esperando armar una comisión para investigar el tema, ajustándose al artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece un mecanismo en caso de “faltas graves”. Desde Activar emiten un comunicado donde aclaran que “nadie ni nada está por encima de la ley. Estamos a disposición de la Justicia para colaborar y cumplir con todo lo que ella requiera para esclarecer el caso”. Nadie hizo nada.

9 de agosto. Pedro Puerta utiliza su cuenta en la red social X para comunicar que pidió la renuncia a su amigo y socio político: “Le pedí a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado para que, sin fueros, la Justicia investigue y avance con celeridad en el esclarecimiento del caso. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley. Como espacio político y como ciudadanos, necesitamos conocer la verdad”. Los dos hermanos Kiczka y el padre de ambos se presentaron en el juzgado para ponerse a disposición y designar abogado defensor.

10 de agosto. Faría dijo en una entrevista a FM Show que en el allanamiento del 6 de agosto “se estableció que había un archivo, por eso secuestramos esa notebook Lenovo”, del diputado. “Se visualizaron algunos archivos que tenían vinculación, entonces a raíz de eso vamos a proceder a una apertura, y se va a fijar una fecha a los fines que el diputado Germán Kiczka pueda ejercer su derecho a defensa”. Sin explicación de por qué no se lo detuvo si constituía un delito en flagrancia, y sin tomar medidas ante la alta posibilidad de fuga; tenía todos los medios para fugarse: dinero y poder.

11 de agosto. Kiczka ofrece una entrevista en el canal de Puerta. “Mi renuncia está a disposición del juez y del equipo de nuestro partido”. La nota la presentó ante el juzgado. “Si el juez considera que es necesario que renuncie para investigar, estoy dispuesto a renunciar”.

12 de agosto. Kiczka presenta su renuncia a su banca en la Cámara de Diputados.

15 de agosto. El juez consulta a la Cámara de Diputados si fue aceptada la renuncia presentada por Kiczka. Al hacerlo, en su escrito señala que el diputado de Activar presentó una solicitud de exención de prisión en el marco de la causa principal.

16 de agosto. A las 8.30 se realiza la pericia clave de los aparatos secuestrados a Kiczka. Participan los peritos oficiales y de parte.

20 de agosto. Es martes y el juez pide la detención y el desafuero de Kiczka de la Cámara de diputados.

22 de agosto. Es la primera sesión ordinaria de la Cámara tras el receso invernal. Ingresa una nota entregada por la secretaria de Kiczka donde anuncia la ausencia del diputado en la sesión, luego se sabe que la firma fue falsificada. Durante la sesión, la Cámara rechaza la renuncia que había presentado el diputado puertista, se le quita los fueros y se aprueba la conformación de una comisión legislativa para investigar el caso. Alrededor de las 20 horas el magistrado recibe la resolución de la Cámara y cuando envía a detener a los hermanos Kiczka la Policía no los encuentra. Se fugaron. Tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo.

23 de agosto. El juez Faría solicitó la captura internacional a Interpol.

Fernando Ortega Zabala es periodista. Nació en Buenos Aires y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Se especializa en periodismo de investigación y narrativo. Fue jefe de la sección Política del diario El Territorio y editor de Judiciales en Misiones Online. Trabajó durante nueve años en la sección Política de Perfil. Colaboró con la revista Noticias y con diversos medios gráficos, radiales y televisivos. También trabajó en el diario Ámbito Financiero y dicta talleres de periodismo. Publicó dos libros Historia del contrabando en la Argentina y La industria del humo. Cubrió la guerra entre Rusia y Ucrania para Grupo Atlántida.

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Opinión

Rovira-Passalacqua: la urgencia de un propósito definido para el Cantón

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Congreso vida

Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

 

La política del Cantón se está reconfigurando a cielo abierto y el proceso exige una lectura despojada de pasiones. Durante más de veinte años, el Frente Renovador de la Concordia funcionó en Misiones como un engranaje de enorme previsibilidad, una estructura donde la unidad era la regla inalterable. Hoy, la realidad introduce nuevas tensiones. La sorpresiva mutación jurídica del Partido de la Concordia Social en una marca denominada Encuentro Misionero —un sello institucional conducido por el diputado Carlos Rovira— no trajo la cohesión esperada. Lejos de ser un bálsamo, evidenció las diferencias de una interna sorda e incómoda. Lo que queda en el tablero es la dispersión y un oficialismo que parece obligado a redescubrir el eje de su agenda.

Cualquiera que camine la provincia y hable con los actores del terreno nota que el mapa del oficialismo se encuentra fragmentado en tres posiciones. En la primera se ubica el sector que mantiene una disciplina estricta bajo la conducción de Rovira, un espacio que desde hace un tiempo parece estar condicionado por un nuevo entorno de asesores que, con lecturas de laboratorio alejadas del pulso social, parecen entorpecer cualquier tipo de cohesión. En la vereda de enfrente se plantan las bases territoriales y la gran mayoría de los intendentes, que empujan la candidatura y la autonomía del gobernador Hugo Passalacqua sin aceptar más tutelas ni dobles comandos que desgasten la gestión.

En el medio, una tercera vía, minoritaria, menos pasional y más racional, intenta acercar las partes con un argumento estrictamente pragmático: advierten que, si el proyecto “misionerista” original se sigue desangrando en disputas de oficina, las elecciones ejecutivas de 2027 correrán el riesgo de perderse en manos de La Libertad Avanza, que ya camina la provincia con el binomio de Diego Hartfield y Carlos Adrián Nuñez. El riesgo no es una discusión de cartel; es la continuidad del proyecto.

La última controversia pública estalló esta semana cuando Encuentro Misionero difundió un comunicado en redes sociales anunciando sus nuevas autoridades partidarias. En un movimiento que en la Rosadita se interpretó como inconsulto, el posteo incluyó entre las autoridades a Oscar Herrera Ahuad, a Maurice Closs y hasta a Hugo Passalacqua, entre otros dirigentes.

Dos de las autoridades del nuevo partido me aseguraron que nadie les consultó nada, otro simplemente me dijo que “no recuerda” haber estampado su rúbrica en el acta de cambio de sello porque firma “muchas cosas”; varios desmemoriados fueron surgiendo con el paso de las horas. Y los voceros de Encuentro Misionero optaron por el silencio.

La reacción de la Jefatura de Gabinete fue inmediata y explícita. Carlos “Kako” Sartori, sin dudas una de las figuras más importantes en la política del Cantón de los últimos meses y principal escudero de Passalacqua, salió a aclarar que el gobernador jamás dio su consentimiento y que usaron sus nombres sin autorización. Sartori explicó que la vieja Renovación directamente “se extinguió, ya no existe más” y apuntó a que las fichas de afiliación fueron trasladadas de forma automática a la nueva denominación sin consultar a las bases.

“Ellos se fueron y nosotros seguimos con los mismos ideales. Hoy no hay unidad”, señaló el jefe de Gabinete. Las diferencias las ventiló a los cuatro vientos después de prender el ventilador durante una entrevista con Alejandro Barrionuevo en el Show de los Impactos. Para marcar la distancia entre lo institucional y lo partidario, aclaró que una foto reciente en el Día de la Bandera con el vicegobernador Lucas Romero Spinelli es solo cortesía republicana, no pertenencia política.

Mientras la conducción tradicional lidia con un ecosistema de asesores que confunde la tribuna virtual de las redes con la construcción política real, Passalacqua decidió concentrarse en la administración y la respuesta al sector privado. Firmó el Decreto 1129 y reestructuró la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), una caja clave. Le dio mayores atribuciones al subdirector de Rentas, Gabriel Petta, un propia tropa, el técnico detrás de la eliminación del cobro del anticipo de Ingresos Brutos en ruta, una demanda histórica de las empresas que ahogaba la actividad económica.

Es el pragmatismo de la gestión frente al dogma del aceleracionismo. Y es apenas el primer movimiento: para el 31 de julio, cuando envíe el Presupuesto a la Legislatura, el gobernador prevé una reorganización que incluirá la eliminación de varios ministerios.

La necesidad de edificar una plataforma que responda a este nuevo tiempo es un hecho. La presidenta del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en Misiones, Fabiana Perié, ya puso su sello político a disposición del mandatario para sostener una eventual postulación en 2027, un camino que, según Sartori, cuenta con el aval de cerca del 97% de los intendentes. Lo mismo hizo la dirigente Mónica Alustiza al poner el Partido Consenso a disposición de Passalacqua. A ese esquema hasta se sumó el Partido Socialista de Fernando Fernández, que manifestó su disconformidad con el trato recibido dentro de la coalición desde 2023.

El intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, asoma en los pasillos como uno de los pocos encargados de tender puentes entre los diferentes sectores, pero en el despacho principal de la Rosadita la instrucción sigue siendo muy clara: “Enfoquémonos en la gestión”.

Es acá, en el núcleo de la crisis, donde hay que detenerse a analizar el fondo. Ningún dirigente, por más experiencia o lucidez que posea, puede saberlo todo solo. Cada persona tiene un conocimiento limitado, una experiencia acotada, una perspectiva estrecha y un tiempo finito. Los mayores logros de la historia no nacen de voluntades aisladas o de círculos cerrados de asesores que blindan la realidad, sino de la capacidad de combinar habilidades distintas. Cuando dos personas colaboran de manera auténtica, la suma siempre es mayor que las partes; surge una fuerza colectiva que supera cualquier mirada individual.

Para que esa inteligencia común funcione, se necesita una dirección clara. Las personas pueden reunirse en un comité o compartir un acto, pero si no existe un objetivo común, la energía se dispersa y el poder se debilita. El propósito actúa como un imán: organiza los esfuerzos, los recursos y las decisiones cotidianas.

Cuando el propósito es claro, la colaboración se vuelve poderosa. En cambio, cuando el norte se vuelve difuso, aparece el conflicto menor, la distracción y el desperdicio de energía en discusiones por sellos partidarios que a la gente no le modifican la vida. Los grupos que perduran no solo comparten una boleta; comparten respeto, confianza, lealtad y la madurez para resolver diferencias sin destruir la construcción común.

El oficialismo provincial necesita recobrar con urgencia su propósito definido para poder seguir gobernando un nuevo período. No hablo en nombre de una corporación política ni de una abstracción teórica, sino como un ciudadano más que observa el desgaste de la gestión frente a una crisis económica que muerde los bolsillos de la gente. Si la dirigencia misionera no comprende que la sociedad está fatigada de las disputas de palacio alimentadas por entornos deficientes, la opción libertaria consolidará su avance de cara a 2027. Recuperar la brújula y el sentido del servicio público es la única alternativa para garantizar la estabilidad del Cantón.

Si la Renovación o el espacio que le suceda, se llame como se llame, no logran internalizar un propósito en común, con la dispersión actual terminará pavimentando el camino para su propia caída. Frente a una oposición libertaria que capitaliza el descontento, el verdadero desafío de la conducción no es dirimir quién se queda con las viejas fichas de afiliación, sino rescatar el sentido original de servicio al pueblo misionero. Solo recuperando esa brújula colectiva se obtendrá la única vacuna para evitar que el sismo de hoy sea la crónica de una derrota anunciada.

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Opinión

La reforma de la Ley General de Sociedades y una oportunidad perdida

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Por Héctor Julio Franco

 

La reforma de la Ley General de Sociedades y una oportunidad perdida: hacia una teoría de la gobernanza digital de las personas jurídicas deliberativas.

El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades representa uno de los cambios más trascendentes del derecho privado argentino de las últimas décadas. La incorporación de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), el reconocimiento de los contratos inteligentes (smart contracts) y la utilización de tecnología blockchain para la organización y funcionamiento de las sociedades comerciales constituyen un claro reconocimiento de que la transformación digital también ha llegado al derecho societario.

Sin embargo, el debate legislativo parece detenerse demasiado pronto.

Si el legislador considera jurídicamente válido que una sociedad comercial pueda expresar su voluntad mediante mecanismos de gobernanza digital, ¿por qué ese mismo principio no habría de extenderse al resto de las personas jurídicas cuya voluntad institucional también se forma mediante procesos deliberativos?

La pregunta trasciende el derecho societario. En realidad, interpela a toda la teoría general de las personas jurídicas.

Las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las cooperativas, las mutuales y los partidos políticos poseen una característica común que hasta ahora no ha sido suficientemente destacada por la doctrina: todas ellas construyen su voluntad institucional mediante órganos colegiados, deliberación y votación de sus miembros.

Podría decirse que todas integran una misma categoría funcional: las personas jurídicas deliberativas.

No se trata de una nueva clasificación legal ni de una nueva especie de persona jurídica. Se trata simplemente de reconocer que existen organizaciones cuya esencia radica en la participación de sus integrantes para adoptar decisiones colectivas.

Desde esa perspectiva, las DAO dejan de ser un fenómeno exclusivamente societario para convertirse en la primera manifestación legislativa de un concepto mucho más amplio: la gobernanza digital de las organizaciones.

La historia del derecho demuestra que las innovaciones tecnológicas rara vez crean instituciones completamente nuevas. Lo habitual es que transformen la forma en que instituciones preexistentes expresan su voluntad.

La firma digital no creó un nuevo contrato.

El expediente electrónico no creó un nuevo proceso judicial.

Las reuniones a distancia no crearon una nueva asamblea.

Simplemente modificaron el soporte tecnológico sobre el cual esas instituciones ya funcionaban.

La gobernanza digital debería recorrer el mismo camino.

No resulta necesario crear una “Asociación Civil Digital” ni una “Cooperativa Digital”. La personalidad jurídica permanece inalterada. Lo que evoluciona es el modo mediante el cual la organización delibera, vota y ejecuta sus decisiones.

Una asociación civil podría mantener su padrón de asociados mediante tecnología blockchain.

Una cooperativa podría realizar elecciones internas mediante votación criptográficamente verificable.

Una mutual podría distribuir determinados beneficios conforme a contratos inteligentes previamente aprobados por sus órganos.

Un partido político podría organizar sus elecciones internas, congresos partidarios y consultas a los afiliados mediante sistemas de identidad digital, blockchain y escrutinio automático verificable.

En todos estos casos no cambia la naturaleza jurídica de la organización. Lo único que cambia es la infraestructura tecnológica mediante la cual se forma y ejecuta la voluntad colectiva.

Precisamente los partidos políticos constituyen quizás el mejor ejemplo de esta evolución posible.

El artículo 38 de la Constitución Nacional los define como instituciones fundamentales del sistema democrático y exige su organización y funcionamiento democráticos.

Si la Constitución exige democracia interna, resulta razonable preguntarse si el derecho no debería admitir también herramientas tecnológicas capaces de fortalecer esa democracia mediante procesos más transparentes, auditables, seguros y participativos.

La blockchain no sustituye la democracia interna; puede fortalecerla.

El verdadero aporte de estas tecnologías no consiste en modificar el patrimonio de las personas jurídicas ni en alterar sus fines institucionales.

Su aporte consiste en transformar la forma en que las organizaciones deliberan, construyen consensos, expresan su voluntad y ejecutan las decisiones previamente adoptadas por sus miembros.

En otras palabras, la blockchain no viene a transformar las personas jurídicas.

Viene a transformar la democracia interna de las organizaciones.

Por ello, quizás el próximo paso del legislador argentino no debería consistir en crear nuevos tipos societarios, sino en incorporar al Código Civil y Comercial un régimen general de Gobernanza Digital de las Personas Jurídicas Deliberativas, aplicable a todas aquellas organizaciones cuya voluntad institucional se forme mediante órganos colegiados y procedimientos de participación de sus integrantes.

Ese régimen podría reconocer, entre otras cuestiones:

* la identidad digital de los miembros;

* los registros distribuidos como soporte de libros institucionales;

* la votación criptográficamente verificable;

* la utilización de contratos inteligentes para la ejecución automática de decisiones previamente aprobadas;

* la validez jurídica de mecanismos digitales de participación y deliberación, siempre respetando los principios de legalidad, publicidad, responsabilidad, tutela judicial efectiva y protección de las minorías.

La discusión que hoy se abre con las DAO no debería agotarse en el derecho societario.

Constituye, en realidad, la oportunidad para comenzar a construir una teoría general de la gobernanza digital de las personas jurídicas deliberativas.

Quizás ese sea el verdadero desafío que el derecho argentino tiene por delante.

*Dr. Héctor Julio Franco, ex Director Gral. de Personas Jurídicas y Registro Público.

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Opinión

La gobernación es mía, mía, mía

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Por Ezequiel Bermejo

 

Corría 1991. Carlos Menem era presidente, y el empresario italiano Massimo del Lago le había regalado una Ferrari 348 TB roja. Envuelto en una polémica que crecía día a día ante eventuales dádivas, y consultado desde la prensa acerca de si pensaba donársela al Estado, un Menem a la defensiva respondió con una frase que quedó para la historia: “La Ferrari es mía, mía, mía”.

35 años después, la política misionera asiste a un espectáculo similar de capricho personal y adicción al poder. Cuando aún le restan 530 días de ejercicio en el cargo, Hugo Passalacqua se ata al mástil del poder y va en busca de su tercer mandato al frente del Ejecutivo provincial, al grito de guerra de “¡La gobernación es mía, mía, mía!”.

¿Qué es lo que hace que un hombre con una larga trayectoria política pueda creer que (entre un millón y medio de misioneros) es el único capacitado para conducir los destinos de la Tierra Colorada?.

Passalacqua ha sido beneficiado como nadie con oportunidades concretas de hacer un aporte que mejore la vida de los misioneros.  ¿Lo logró?

Desde 2003 hasta 2009 fue Ministro de Educación de la provincia. A pesar de sus numerosas referencias a su pasado como docente, su paso por el Ministerio de Educación no dejó una marca doctrinaria ni una reforma estructural memorable. Su gestión fue anodina, limitada a adaptar políticas bajadas desde la Nación por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuyos resultados hoy sufren los docentes, los alumnos y las familias. A diferencia de otros ministros cuya obra continúa siendo objeto de análisis o referencia, no existe un consenso público que recuerde a Passalacqua como un transformador relevante del sistema educativo misionero.

En 2007 se postuló como intendente en su ciudad natal, Oberá, pero no resultó electo. Un conocido refrán dice que nadie es profeta en su tierra. Tal vez los obereños se anticiparon y vieron lo que el resto de los misioneros no pudo en
ese momento.

Entre 2009 y 2011 fue electo diputado provincial, mandato que interrumpió para acompañar, como vicegobernador, la reelección del por entonces gobernador Closs. El mandato popular volvió a consagrarlo diputado provincial entre 2019 y 2023. En ninguno de ambos períodos como legislador aparece asociado a una ley provincial importante que hoy sea recordada por llevar su impronta.

¿Y su desempeño como vicegobernador? Estrictamente protocolar.

En 2015, con un amplísimo consenso popular, la Renovación coloca a Hugo Passalacqua en el primer término del binomio ejecutivo y lo consagra por primera vez gobernador de Misiones. Es el cargo que implica uno de los mayores desafíos políticos que un misionero podría enfrentar en su vida. Sin embargo, su gestión al frente de la gobernación mostró una moderación excesiva: simplemente administró el modelo político preexistente que heredó, y si bien mantuvo la estabilidad fiscal en un contexto económico nacional adverso, no existieron iniciativas ni reformas de magnitud que llevaran su sello personal.

Concluía el 2022. La Renovación debía elegir el candidato a reemplazar a Herrera Ahuad y su histórica e hiperactiva gestión al frente del Ejecutivo provincial, plena de logros, aun cuando debió enfrentar la pandemia. Hugo Passalacqua suplicó a la conducción renovadora volver a ser el candidato a gobernador para saldar ese sabor a poco que arrastraba desde su primer mandato. Carlos Rovira accedió a confiarle nuevamente el estandarte.

Los misioneros le concedieron a la Renovación un amplio triunfo en las elecciones provinciales de 2023 y consagraron a Passalacqua como gobernador por segunda vez, hasta 2027.

En esta gestión actual el ahora dos veces gobernador sorprendió: su inacción superó todo lo demostrado por él hasta ese momento. Su gobierno se ha limitado a culpar a Javier Milei como la razón de todos sus males.

Desde 2023, y en sus propias narices, le dinamitaron la producción yerbatera, sin que pudiera idear la más mínima alternativa para enfrentar la crisis, con el agravante de que su ministro del Agro, su favorito, no es idóneo.

El gobernador que permanentemente nos recuerda que es educador, ha empujado a los salarios docentes a los últimos puestos en el ranking nacional. Lo mismo ocurre con los de los médicos, enfermeros y policías. No podemos, ni debemos, soslayar un dato fundamental: si se tienen en cuenta los últimos diez años, Passalacqua ha gobernado 6. Su responsabilidad en el tema es irrenunciable.

Frente a aquella protesta generalizada de mayo de 2024 que parecía no terminar de escalar, que mantuvo en vilo a la sociedad misionera, que interrumpió el libre tránsito y el comercio, y que puso en riesgo la seguridad pública, el gobernador no tuvo más reacción que encerrarse en el silencio.

Misiones ha quedado sin un rumbo claro, sin la determinación de administraciones anteriores, fuera del radar de la inversión nacional e internacional, mientras sufre el embate de la recesión libertaria sin capacidad de respuesta ni conocimiento para una reactivación pensada, creada e implementada desde acá. Passalacqua confunde buena gestión con los sueldos estatales el último día de cada mes, algo que ya venía ocurriendo hace dos décadas. Interpreta que gobernar es prorrogar los remanidos Programas Ahora, sin comprender que la gente no necesita comprar en cuotas. Necesita poder comprar.

A pesar de la falta de méritos, la pulsión por la reelección es más fuerte. Tanto para él como para esa legión variopinta de intendentes eternos, ministros atornillados a sus carteras, nostálgicos exfuncionarios y algún exgobernador preocupado por cuidar jugosos contratos con el Estado provincial.

A sus 68 años, luego de 23 de cobrar ininterrumpidamente su sueldo solventado por los contribuyentes, y a la vista de los resultados obtenidos cada vez que intervino en la vida pública misionera, una pregunta dolorosa asoma inevitable: ¿qué le queda a Passalacqua para ofrecerle a los misioneros que justifique razonablemente una nueva reelección?

La gestión de la cosa pública no se puede transformar en una calesita en la que se pide otra, y otra, y otra vuelta, hasta que se logre eventualmente sacar la sortija.

Las oportunidades estuvieron. El tiempo transcurrió. Es hora de que Misiones pueda dar vuelta la página y consagre a nuevas figuras, con nuevas ideas, que puedan elaborar soluciones misioneras ante los desafíos que nuestra provincia enfrenta.

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