Opinión
La extraña fuga de dos hermanos pedófilos vinculados al poder
*Por Fernando Ortega Zabala.
La cronología del caso Kiczka deja inexplicables espacios de tiempo e incógnitas que generan sospechas. Un diputado investigado por delitos de pedofilia se escapa bajo las narices de todos en una de las provincias más custodiadas del país. Redes de trata, abuso infantil, y guerra por el poder.
Se pide su detención por uno de los delitos más aberrantes por el que se puede acusar a una persona, después de matar. Y aunque todos somos o deberíamos ser iguales ante la Justicia, el caso Kiczka tiene una serie de aristas que lo tornan particular, una de ellas es que se trata de un diputado vinculado íntimamente a uno de los dos apellidos con mayor poder político y económico de la provincia.
Germán Kiczka era el presidente de Activar, el partido que creó el diputado provincial Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta, archienemigo favorito de la renovación. Los dos diputados eran íntimos, se tenían confianza, habían construido una amistad que se fue consolidando desde que eran adolescentes en la apacible Apóstoles, una pequeña localidad donde se vienen realizando allanamientos desde febrero, como parte de una investigación internacional por abuso y distribución de pornografía infantil.
Desde aquel momento, con el padre y el hermano del diputado imputados en el marco de una investigación que se inició en Estados Unidos, todos medios de comunicación se ocuparon en seguir el caso. La maquinaria de bots del oficialismo y su ejército de trolls hicieron lo suyo para instalar el tema en la agenda, con la particularidad de dejar bien claro que Kiczka ‘es Puerta”.
— Fernando Oz (@F_ortegazabala) August 25, 2024
El último informe de opinión pública realizado por Zuban Córdoba y Asociados se realizó entre el 12 y 14 de agosto sobre una base de 2500 casos. El 92,2 % de los encuestados situó al aumento de la pobreza como uno de los problemas más graves entre los temas de actualidad en el país. El 89,9 % opinó que se trata del aumento de la desocupación. El caso del diputado misionero investigado por pedofilia se ubicó en tercer lugar con el 89,7%.
Es decir que, en menos de seis meses, el tema se encontraba instalado en la punta de la agenda pública de todo el país. Así y todo, Kiczka y su hermano se dieron a la fuga. No se trata de un NN, sino de un diputado cuyo rostro salió por todos los medios. Misiones es la provincia con mayor cantidad de uniformados por habitante después de la Antártida. Además de la Policía provincial, Misiones cuenta con todas las fuerzas federales.
Lo que queda claro, bajo la luz de la investigación judicial, es que no se trató de una operación montada por la renovación en contra de Puerta. La realidad indica que su amigo y compañero de andanzas electorales se encuentra hasta el cogote, junto a su hermano.
A fines de mayo el juez de Instrucción Cuatro, Miguel Faría, ya tenía informes que apuntaban al diputado Kiczka. Cuando el caso se encontraba a punto de hervor, Pedro Puerta se encontraba en París, en compañía de la diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, lugar donde se comprometieron, bajo el cotillón de los Juegos Olímpicos.
Germán Kiczka era presidente de Activar, el partido creado por su amigo Pedro Puerta.
En el pedido de detención del diputado Kiczka y de su hermano, requerido por la fiscal Silvia Barronis, se argumenta que ambos debían ser apresados “a los fines de evitar entorpecimiento del proceso teniendo en cuenta el estado de la investigación, pericias pendientes de producción, y que la libertad de los involucrados pueda poner en peligro la recolección de los elementos probatorios y el desenvolvimiento del proceso”. En ese dictamen, se detalló que en los dispositivos electrónicos secuestrados a los hermanos se hallaron 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.
A las 20 horas del jueves 22 de agosto el juez ya estaba notificado del desafuero de Kiczka y la Policía lo estaba buscando. Una hora después, el diputado Puerta, amigo y jefe político del prófugo acusado de pedófilo, ingresa al edificio de Canal 4 para ofrecer una exclusiva al periodista Alejandro Barrionuevo. No llegó solo, lo acompañaba la influyente legisladora renovadora e integrante del Consejo de la Magistratura.
En principio todo hace suponer que en la instrucción judicial y en el proceso de desafuero del legislador en la Cámara de Diputados, se hicieron de manera correcta. Pero algo sucedió para que al Estado provincial y Nacional se les hayan escapado dos pedófilos, uno de ellos diputado y ligado a un apellido con poder y socio político del presidente Javier Milei.
Lo más extraño del caso es que nadie se haya ocupado de mantener una custodia a los involucrados en una causa donde el eje es el abuso sexual de menores de edad, más teniendo en cuenta la particular geografía fronteriza con Brasil y Paraguay. El caso Kiczka en Misiones y la desaparición del niño Loan en Corrientes, dos tramas oscuras que tocan hilos del poder.
La cronología de una fuga anunciada
16 de enero. La fiscal especializada en delitos y contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, con jurisdicción en Caba, recibe un correo donde se la invita a sumarse a una investigación de características globales denominada “Guardianes digitales por la niñez”. Tras analizar la información del operativo, la fiscal decide sumarse y avanzar. En la mira había domicilios en Ciudad y provincia de Buenos Aires, en Tucumán y Misiones.
26 de febrero. El juez Faría recibe un exhorto desde Buenos Aires para hacer un allanamiento en Apóstoles, una pequeña localidad donde medianamente todos se conocen. Desde ese día, el magistrado tiene conocimiento que se trata del domicilio de Leonardo Kiczka, padre del diputado Germán Kiczka.
28 de febrero. Es el día más importante de la investigación. Se realizan ocho allanamientos simultáneos, dos en Ciudad de Buenos Aires, dos en territorio bonaerense, uno en Tucumán y otro en Apóstoles, más precisamente en la casa de los Kiczka, los de la pizzería, donde vive el padre de Germán, el amigo de Pedro.
1 de marzo. Todos los medios ya habían publicado que el padre y el hermano del diputado Kiczka se encontraban imputados en una causa por la presunta comisión del delito de tener publicaciones, reproducciones y distribución de pornografía infantil. Para el juez, en el allanamiento “se obtuvo resultados ampliamente positivos, habiéndose procedido al secuestro de una gran cantidad de dispositivos informáticos”.
19 de abril. La Justicia porteña, por cuestiones de competencia territorial, declina parcialmente competencia, en el marco de la causa, para que el juez Faría avance en la investigación. A todo esto, la fiscal del caso en Misiones ya había pedido que el magistrado se declare competente. Cuestiones de forma y procedimientos normales de instrucción.
23 de abril. El juez ya tiene “especial consideración a los datos almacenados en los elementos (dispositivos electrónicos) que fueron secuestrados el 28 de febrero” porque “constituyen prueba fundamental de esta investigación”. También observó que “dada la urgencia ante volatilidad de la evidencia digital” ordenó la apertura y extracción de datos forenses, y luego se procedió a analizar la información obtenida.
21 de mayo. A estas alturas, Germán Kiczka es imputado y surge del “EXPTE N.o 52511/2024 SECRETARIA DE APOYO PARA INVESTIGACIONES COMPLEJAS”, donde figura “el análisis de los datos extraídos” de los equipos secuestrados.
10 de julio. Toda la prueba reunida comprometía claramente al diputado, esa situación no le impidió presentar ese día una nota a la mesa de entrada de la Legislatura para informar su salida del país, del 7 al 22 de julio. Nadie prestó atención a la solicitud. Explican que es de forma, un por si las dudas. Tampoco nadie preguntó al juez, al menos oficialmente. El caso seguía en la agenda de los medios.
6 de agosto. El juez informó a la Cámara de Diputados que el legislador de Apóstoles fue allanado. También hicieron pesquisas en un negocio familiar y la casa donde residen su hermano y su padre. Ese mismo día, por la tarde, Germán Kiczka toma distancia del allanamiento y argumenta que se debe a la causa en la que está imputado su padre y hermano. “Como lo hice desde el primer día, quiero dejar en claro que estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación”, se lee en un párrafo de un comunicado de prensa. Nada dice de renunciar.
7 de agosto. Buena parte de los medios confirman que en la casa del diputado los efectivos de la Unidad Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic) encontraron archivos con pornografía infantil. Todo relacionado al allanamiento ordenado por la Justicia Federal en febrero. En la nueva computadora secuestrada se encontraron archivos con material de pedofilia, zoofilia e incesto y accesorios sexuales. Los artículos periodísticos parecen precisos y hasta muestran las fotos del diputado durante el allanamiento. Pese a lo que pareciera ser un caso de flagrancia, Kiczka no fue detenido el día anterior.
8 de agosto. La Cámara ya está notificada del allanamiento, pero se tomó la decisión de esperar a la sesión prevista para el 22 de agosto para tratar el tema, esperando armar una comisión para investigar el tema, ajustándose al artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece un mecanismo en caso de “faltas graves”. Desde Activar emiten un comunicado donde aclaran que “nadie ni nada está por encima de la ley. Estamos a disposición de la Justicia para colaborar y cumplir con todo lo que ella requiera para esclarecer el caso”. Nadie hizo nada.
9 de agosto. Pedro Puerta utiliza su cuenta en la red social X para comunicar que pidió la renuncia a su amigo y socio político: “Le pedí a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado para que, sin fueros, la Justicia investigue y avance con celeridad en el esclarecimiento del caso. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley. Como espacio político y como ciudadanos, necesitamos conocer la verdad”. Los dos hermanos Kiczka y el padre de ambos se presentaron en el juzgado para ponerse a disposición y designar abogado defensor.
10 de agosto. Faría dijo en una entrevista a FM Show que en el allanamiento del 6 de agosto “se estableció que había un archivo, por eso secuestramos esa notebook Lenovo”, del diputado. “Se visualizaron algunos archivos que tenían vinculación, entonces a raíz de eso vamos a proceder a una apertura, y se va a fijar una fecha a los fines que el diputado Germán Kiczka pueda ejercer su derecho a defensa”. Sin explicación de por qué no se lo detuvo si constituía un delito en flagrancia, y sin tomar medidas ante la alta posibilidad de fuga; tenía todos los medios para fugarse: dinero y poder.
11 de agosto. Kiczka ofrece una entrevista en el canal de Puerta. “Mi renuncia está a disposición del juez y del equipo de nuestro partido”. La nota la presentó ante el juzgado. “Si el juez considera que es necesario que renuncie para investigar, estoy dispuesto a renunciar”.
12 de agosto. Kiczka presenta su renuncia a su banca en la Cámara de Diputados.
15 de agosto. El juez consulta a la Cámara de Diputados si fue aceptada la renuncia presentada por Kiczka. Al hacerlo, en su escrito señala que el diputado de Activar presentó una solicitud de exención de prisión en el marco de la causa principal.
16 de agosto. A las 8.30 se realiza la pericia clave de los aparatos secuestrados a Kiczka. Participan los peritos oficiales y de parte.
20 de agosto. Es martes y el juez pide la detención y el desafuero de Kiczka de la Cámara de diputados.
22 de agosto. Es la primera sesión ordinaria de la Cámara tras el receso invernal. Ingresa una nota entregada por la secretaria de Kiczka donde anuncia la ausencia del diputado en la sesión, luego se sabe que la firma fue falsificada. Durante la sesión, la Cámara rechaza la renuncia que había presentado el diputado puertista, se le quita los fueros y se aprueba la conformación de una comisión legislativa para investigar el caso. Alrededor de las 20 horas el magistrado recibe la resolución de la Cámara y cuando envía a detener a los hermanos Kiczka la Policía no los encuentra. Se fugaron. Tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo.
23 de agosto. El juez Faría solicitó la captura internacional a Interpol.
Fernando Ortega Zabala es periodista. Nació en Buenos Aires y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Se especializa en periodismo de investigación y narrativo. Fue jefe de la sección Política del diario El Territorio y editor de Judiciales en Misiones Online. Trabajó durante nueve años en la sección Política de Perfil. Colaboró con la revista Noticias y con diversos medios gráficos, radiales y televisivos. También trabajó en el diario Ámbito Financiero y dicta talleres de periodismo. Publicó dos libros Historia del contrabando en la Argentina y La industria del humo. Cubrió la guerra entre Rusia y Ucrania para Grupo Atlántida.
Por Fernando Oz
Me pregunto cuánto tendremos que esperar para que la Cámara de Representantes expulse al diputado Ramón Amarilla por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” —artículo 99 de la Constitución provincial—. El agente del caos, esta semana, volvió a utilizar sus redes sociales con el único objetivo de inflar el malestar social en un contexto de crisis económica. Ya lo había hecho antes de finalizar el primer mes del año, cuando convocó a los empleados públicos, en especial a la policía y al servicio penitenciario, a reunirse en la plaza 9 de Julio para llevar una caterva de reclamos al Gobierno.
Este martes repitió la maniobra y, al día siguiente, volvió con el mismo espectáculo del miércoles anterior. Y el viernes también publicó en sus redes otro mensaje del tipo diplomáticamente incendiario. No tuvo reparos en aprovechar el conflicto salarial de la policía de Santa Fe para impulsar un reclamo masivo en Misiones, como tampoco parece darle ni una pizca de vergüenza la utilización, para su campaña de desestabilización, de los recientes casos de suicidio entre las filas de quienes fueron sus camaradas.
Hay un claro modus operandi: mediante hechos consecutivos, estudiados y planificados, el agente del caos realza un estado de malestar real de un sector social con el fin de magnificarlo y provocar violencia social. Ejecuta la acción de manera abierta a través de medios de comunicación y redes sociales. Su audiencia es el empleado público, especialmente de las fuerzas de seguridad. Lo repito: lo hace en el marco de un contexto de crisis económica a nivel nacional, dentro de un marco de ajustes y desempleo.
Amarilla no es un ciudadano común, de esos que tienen todo el derecho a plantarse y ponerle mala cara a un mal gobierno. Estamos hablando de un diputado; su función legislativa es clara: elaborar, discutir, modificar y sancionar leyes de interés público provincial; también puede fiscalizar actos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo solicitar informes a funcionarios, además de prestar acuerdo para el nombramiento de magistrados o funcionarios judiciales y cuestiones institucionales.
A diferencia del ciudadano común, Amarilla cuenta con una serie de derechos e inmunidades: no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita en el desempeño de su mandato; también tiene inmunidad de arresto.
Cuenta con facultades valiosísimas, como la de presentar proyectos de ley, de resolución o de declaración sobre cualquier tema de competencia provincial. Puede participar en las comisiones que desee para patalear por cualquier iniciativa legislativa antes de su tratamiento y, si tiene ganas, puede seguir pataleando en el recinto. Puede pedir informes y hasta realizar investigaciones propias. Hay un vademécum de acciones que puede hacer, muchos puede, pero su interés es claro: generar y aprovechar el caos.
Que algún diputado provincial, fiscal o juez de turno diga si la instigación al desorden social corresponde al ejercicio de las atribuciones de un legislador. Que el presidente de la Cámara, Sebastián Macías, explique si Amarilla incurrió en “desorden de conducta” conforme a sus funciones.
Amarilla debe entender que no es un sindicalista y menos de una fuerza policial. Es un diputado, y la Cámara puede aplicar sanciones disciplinarias que van desde la amonestación hasta la expulsión definitiva, y que puede ser expulsado por incurrir en desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, con una mayoría especial de dos tercios de los votos de los miembros presentes.
El caso del expolicía no es el de un opositor más. Tiene antecedentes. Intentó amotinar una fuerza de seguridad. Fue imputado por los delitos de sedición y conspiración, acusaciones que surgieron tras la revuelta policial de mayo de 2024, que incluyó un acampe, corte de avenidas y la toma de vehículos oficiales.
Cabeceras ajenas, promesas y silencios
En política, las mesas importan tanto como las sillas, pero mucho más los sitios donde se sientan los protagonistas. No es casualidad que la reciente reunión sobre el destino del sector yerbatero haya tenido al presidente de la Cámara de Representantes relegado al rol de invitado, mientras el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero, ocupaba la cabecera y, con gesto de anfitrión, organizaba el encuentro junto a Rodrigo Correa, mandamás del INYM. Uno podría esperar que, en el Cantón, la cabecera sea la prerrogativa del que lleva la insignia institucional más pesada. Pero no. Aquí, la cabecera fue el trono del que maneja la agenda, aunque sea por coyuntura y no por jerarquía.
Nuñez no solo eligió dónde sentarse; también el ritmo y el tono de la conversación, como esos generales que, sin serlo, se adueñan del mapa de batalla. Es curioso observar cómo el diputado, envalentonado por el aire fresco de la desregulación y el desempleo, se convirtió en un hábil organizador de agendas. Pero la política es el arte de la oportunidad, y el Doctor la aprovechó una vez más.
El sector yerbatero está inmerso en una crisis que parece no tener fin, como el mate de la tarde que se enfría y nadie quiere terminar. Los pequeños productores, siempre al margen, siguen esperando que los libertarios traigan un milagro. Pero la fe en los discursos no paga cuentas. El encuentro concluyó, como suele suceder, con promesas de diálogo y avances difusos. Los pequeños productores ven pasar la procesión de charlatanería sin que el santo yerbatero les preste atención. No hubo medidas concretas, apenas palabras que, como el humo, se disipan enseguida.
Rodrigo Correa se mueve entre el pragmatismo y la diplomacia, intentando sostener un equilibrio imposible entre la defensa del sector y la presión de quienes quieren abrir la compuerta del mercado sin restricciones. Nuñez, el abogado tributarista que hasta ayer gestionaba las cobranzas impositivas de varios municipios, sostiene la bandera de la libertad económica, como si el mercado fuera un dios benevolente; mientras Macías observa cómo los equilibrios institucionales se desdibujan ante la embestida política. Nadie se atreve a decirlo, pero la mesa sirvió más para mostrar quién comanda la oposición en el Cantón que para resolver lo urgente.
En definitiva, el encuentro fue una postal de tiempos nuevos: los políticos que organizan no siempre son los que tienen el cargo, y quienes deberían defender a los pequeños productores terminan sentados en el borde, escuchando. En política, por lo general, suele suceder que lo importante no está en lo que se dice, sino en lo que se calla y en lo que se muestra. Las mesas no siempre resuelven, pero sirven para apoyar las cartas al finalizar la partida. El sector yerbatero, golpeado y fragmentado, espera que alguna vez, quien se siente en la cabecera lo haga no por coyuntura, sino por compromiso real. Hasta entonces, los pequeños seguirán esperando, y la política seguirá jugando a cambiar de sillas, sin cambiar el fondo.
Por Javier Mela
Misiones se acerca al millón y medio de habitantes, pero su estructura económica sigue anclada en un modelo productivo pensado para una provincia mucho más pequeña. Este desajuste no es coyuntural ni ideológico: es estructural.
La matriz productiva misionera continua dependiendo de actividades primarias tradicionales —yerba mate, té, tabaco y foresto-industria algo de mandioca y no muchos más, en cuanto a la ganadería, unas 300 mil cabezas, el cuadro lo completa el turismo que tiene un gran potencial, un poco mas desarrollado en Puerto Iguazú (a pesar de la crónica falta de infraestructura eléctrica, de agua y saneamiento) muy lejos de su vecina Foz de Iguacú, poco y nada en el resto de la Provincia .
Todas estas actividades enfrentan límites claros. Crisis de precios, concentración, bajo valor agregado y escaso encadenamiento industrial, falta de infraestructura, hacen que este ecosistema productivo provincial ya no generen el empleo ni los ingresos necesarios para sostener a una población creciente, alcanza para pocos y empobrecidos.
No se trata de cuestionar al productor ni al trabajo rural. El problema no es quién produce, sino qué estructura económica se ha construido alrededor de esa producción. Una economía que no agrega valor termina expulsando, aun cuando produzca.
La comparación con el estado brasileño de Santa Catarina es inevitable. Allí, con unidades productivas chicas y medianas, similares a las misioneras, se desarrolló un complejo agroindustrial basado en el maíz. Ese grano no se exporta sin procesar: se transforma en proteína animal, en industria alimentaria, en empleo y en exportaciones con valor agregado.
El resultado es visible: mayores ingresos, más trabajo local y mejor calidad de vida. No es una cuestión cultural ni geográfica; es una decisión estratégica sostenida en el tiempo.
Misiones, además, cuenta con un recurso clave que no puede seguir fuera del debate: la energía. Una provincia chica, con vocación industrial, necesita energía abundante y competitiva. Bendecida por dos grandes ríos, Misiones debería discutir seriamente su potencial hidroeléctrico, incluyendo proyectos largamente estudiados como Corpus–Pindoí.
No explotar la hidroenergía en Misiones, es como que los jujeños no exploten el litio, los neuquinos el petroleo y el gas de vaca muerta o las provincias marítimas sus recursos pesqueros.
Sin energía no hay industria. Sin industria no hay empleo. Y sin empleo, no hay futuro.
Misiones no necesita más administración del presente. Necesita discutir, con madurez y sin prejuicios, cómo transformar su matriz productiva para contener a su población y evitar la diáspora de los jóvenes.
Por Cristian Castro
En el debate yerbatero suele instalarse una idea simplista: “hay mucha yerba, por eso baja el precio”. Los datos muestran que eso no alcanza para explicar la crisis actual.
Entre 2021 y 2025 la producción de hoja verde prácticamente no cambió: pasó de 882 millones a 889 millones de kilos, un aumento marginal del 0,8%. No hubo una explosión productiva ni un desborde de oferta que justifique el derrumbe del precio al productor.
Sin embargo, cuando se mira el consumo total neto, el panorama es distinto: creció 7,7%, impulsado principalmente por las exportaciones, que aumentaron 63,3%. Es decir, la yerba se vende más, especialmente hacia afuera, aun cuando el consumo interno cayó por pérdida del poder adquisitivo.
El punto clave aparece en la relación oferta–demanda de hoja verde.
En 2021 la demanda prácticamente absorbía la producción: la diferencia era de apenas 7,2 millones de kilos, un mercado relativamente equilibrado. En ese contexto, con el Inym activo regulando precios, plazos y condiciones de pago, el productor cobraba bien y cobraba en tiempo. El precio de la hoja verde no era un regalo del mercado: era el resultado de reglas claras y poder de negociación equilibrado.
En 2025 ocurre algo aparentemente contradictorio: la demanda crece fuerte (941 millones de kilos, +7,7%), incluso supera ampliamente a la oferta, pero el sistema muestra un “excedente negativo” de más de 52 millones de kilos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la industria compra más de lo que se produce, pero lo hace en condiciones cada vez más desiguales para el productor.
Aquí aparece el factor político y estructural: la desregulación del mercado yerbatero y el vaciamiento de las funciones del Inym. Sin un precio efectivo de referencia, sin control de plazos de pago y sin sanciones reales, el “libre mercado” no generó competencia sino concentración de poder en la industria.
El resultado es conocido por todos en la chacra: precios por debajo de los costos, pagos a 90, 120 o 180 días, cheques rechazados y productores financiando a molinos y exportadores. No hay crisis por exceso de yerba; hay crisis por abuso de posición dominante.
En síntesis, en 2021 el productor cobraba bien no porque faltara yerba, sino porque había Estado y reglas.
En 2025 se paga mal no porque sobre yerba, sino porque el mercado quedó librado a actores concentrados que trasladan todo el ajuste hacia el eslabón más débil.
La discusión de fondo no es técnica, es política: o la yerba mate se gobierna con criterios de equilibrio social y productivo, o se transforma en un negocio financiero donde el pequeño productor queda condenado a perder, aun cuando la yerba se venda más que nunca.
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