Opinión
La extraña fuga de dos hermanos pedófilos vinculados al poder

*Por Fernando Ortega Zabala.
La cronología del caso Kiczka deja inexplicables espacios de tiempo e incógnitas que generan sospechas. Un diputado investigado por delitos de pedofilia se escapa bajo las narices de todos en una de las provincias más custodiadas del país. Redes de trata, abuso infantil, y guerra por el poder.
Se pide su detención por uno de los delitos más aberrantes por el que se puede acusar a una persona, después de matar. Y aunque todos somos o deberíamos ser iguales ante la Justicia, el caso Kiczka tiene una serie de aristas que lo tornan particular, una de ellas es que se trata de un diputado vinculado íntimamente a uno de los dos apellidos con mayor poder político y económico de la provincia.
Germán Kiczka era el presidente de Activar, el partido que creó el diputado provincial Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta, archienemigo favorito de la renovación. Los dos diputados eran íntimos, se tenían confianza, habían construido una amistad que se fue consolidando desde que eran adolescentes en la apacible Apóstoles, una pequeña localidad donde se vienen realizando allanamientos desde febrero, como parte de una investigación internacional por abuso y distribución de pornografía infantil.
Desde aquel momento, con el padre y el hermano del diputado imputados en el marco de una investigación que se inició en Estados Unidos, todos medios de comunicación se ocuparon en seguir el caso. La maquinaria de bots del oficialismo y su ejército de trolls hicieron lo suyo para instalar el tema en la agenda, con la particularidad de dejar bien claro que Kiczka ‘es Puerta”.
— Fernando Oz (@F_ortegazabala) August 25, 2024
El último informe de opinión pública realizado por Zuban Córdoba y Asociados se realizó entre el 12 y 14 de agosto sobre una base de 2500 casos. El 92,2 % de los encuestados situó al aumento de la pobreza como uno de los problemas más graves entre los temas de actualidad en el país. El 89,9 % opinó que se trata del aumento de la desocupación. El caso del diputado misionero investigado por pedofilia se ubicó en tercer lugar con el 89,7%.
Es decir que, en menos de seis meses, el tema se encontraba instalado en la punta de la agenda pública de todo el país. Así y todo, Kiczka y su hermano se dieron a la fuga. No se trata de un NN, sino de un diputado cuyo rostro salió por todos los medios. Misiones es la provincia con mayor cantidad de uniformados por habitante después de la Antártida. Además de la Policía provincial, Misiones cuenta con todas las fuerzas federales.
Lo que queda claro, bajo la luz de la investigación judicial, es que no se trató de una operación montada por la renovación en contra de Puerta. La realidad indica que su amigo y compañero de andanzas electorales se encuentra hasta el cogote, junto a su hermano.
A fines de mayo el juez de Instrucción Cuatro, Miguel Faría, ya tenía informes que apuntaban al diputado Kiczka. Cuando el caso se encontraba a punto de hervor, Pedro Puerta se encontraba en París, en compañía de la diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, lugar donde se comprometieron, bajo el cotillón de los Juegos Olímpicos.

Germán Kiczka era presidente de Activar, el partido creado por su amigo Pedro Puerta.
En el pedido de detención del diputado Kiczka y de su hermano, requerido por la fiscal Silvia Barronis, se argumenta que ambos debían ser apresados “a los fines de evitar entorpecimiento del proceso teniendo en cuenta el estado de la investigación, pericias pendientes de producción, y que la libertad de los involucrados pueda poner en peligro la recolección de los elementos probatorios y el desenvolvimiento del proceso”. En ese dictamen, se detalló que en los dispositivos electrónicos secuestrados a los hermanos se hallaron 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.
A las 20 horas del jueves 22 de agosto el juez ya estaba notificado del desafuero de Kiczka y la Policía lo estaba buscando. Una hora después, el diputado Puerta, amigo y jefe político del prófugo acusado de pedófilo, ingresa al edificio de Canal 4 para ofrecer una exclusiva al periodista Alejandro Barrionuevo. No llegó solo, lo acompañaba la influyente legisladora renovadora e integrante del Consejo de la Magistratura.
En principio todo hace suponer que en la instrucción judicial y en el proceso de desafuero del legislador en la Cámara de Diputados, se hicieron de manera correcta. Pero algo sucedió para que al Estado provincial y Nacional se les hayan escapado dos pedófilos, uno de ellos diputado y ligado a un apellido con poder y socio político del presidente Javier Milei.
Lo más extraño del caso es que nadie se haya ocupado de mantener una custodia a los involucrados en una causa donde el eje es el abuso sexual de menores de edad, más teniendo en cuenta la particular geografía fronteriza con Brasil y Paraguay. El caso Kiczka en Misiones y la desaparición del niño Loan en Corrientes, dos tramas oscuras que tocan hilos del poder.
La cronología de una fuga anunciada
16 de enero. La fiscal especializada en delitos y contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, con jurisdicción en Caba, recibe un correo donde se la invita a sumarse a una investigación de características globales denominada “Guardianes digitales por la niñez”. Tras analizar la información del operativo, la fiscal decide sumarse y avanzar. En la mira había domicilios en Ciudad y provincia de Buenos Aires, en Tucumán y Misiones.
26 de febrero. El juez Faría recibe un exhorto desde Buenos Aires para hacer un allanamiento en Apóstoles, una pequeña localidad donde medianamente todos se conocen. Desde ese día, el magistrado tiene conocimiento que se trata del domicilio de Leonardo Kiczka, padre del diputado Germán Kiczka.
28 de febrero. Es el día más importante de la investigación. Se realizan ocho allanamientos simultáneos, dos en Ciudad de Buenos Aires, dos en territorio bonaerense, uno en Tucumán y otro en Apóstoles, más precisamente en la casa de los Kiczka, los de la pizzería, donde vive el padre de Germán, el amigo de Pedro.
1 de marzo. Todos los medios ya habían publicado que el padre y el hermano del diputado Kiczka se encontraban imputados en una causa por la presunta comisión del delito de tener publicaciones, reproducciones y distribución de pornografía infantil. Para el juez, en el allanamiento “se obtuvo resultados ampliamente positivos, habiéndose procedido al secuestro de una gran cantidad de dispositivos informáticos”.
19 de abril. La Justicia porteña, por cuestiones de competencia territorial, declina parcialmente competencia, en el marco de la causa, para que el juez Faría avance en la investigación. A todo esto, la fiscal del caso en Misiones ya había pedido que el magistrado se declare competente. Cuestiones de forma y procedimientos normales de instrucción.
23 de abril. El juez ya tiene “especial consideración a los datos almacenados en los elementos (dispositivos electrónicos) que fueron secuestrados el 28 de febrero” porque “constituyen prueba fundamental de esta investigación”. También observó que “dada la urgencia ante volatilidad de la evidencia digital” ordenó la apertura y extracción de datos forenses, y luego se procedió a analizar la información obtenida.
21 de mayo. A estas alturas, Germán Kiczka es imputado y surge del “EXPTE N.o 52511/2024 SECRETARIA DE APOYO PARA INVESTIGACIONES COMPLEJAS”, donde figura “el análisis de los datos extraídos” de los equipos secuestrados.
10 de julio. Toda la prueba reunida comprometía claramente al diputado, esa situación no le impidió presentar ese día una nota a la mesa de entrada de la Legislatura para informar su salida del país, del 7 al 22 de julio. Nadie prestó atención a la solicitud. Explican que es de forma, un por si las dudas. Tampoco nadie preguntó al juez, al menos oficialmente. El caso seguía en la agenda de los medios.
6 de agosto. El juez informó a la Cámara de Diputados que el legislador de Apóstoles fue allanado. También hicieron pesquisas en un negocio familiar y la casa donde residen su hermano y su padre. Ese mismo día, por la tarde, Germán Kiczka toma distancia del allanamiento y argumenta que se debe a la causa en la que está imputado su padre y hermano. “Como lo hice desde el primer día, quiero dejar en claro que estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación”, se lee en un párrafo de un comunicado de prensa. Nada dice de renunciar.
7 de agosto. Buena parte de los medios confirman que en la casa del diputado los efectivos de la Unidad Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic) encontraron archivos con pornografía infantil. Todo relacionado al allanamiento ordenado por la Justicia Federal en febrero. En la nueva computadora secuestrada se encontraron archivos con material de pedofilia, zoofilia e incesto y accesorios sexuales. Los artículos periodísticos parecen precisos y hasta muestran las fotos del diputado durante el allanamiento. Pese a lo que pareciera ser un caso de flagrancia, Kiczka no fue detenido el día anterior.
8 de agosto. La Cámara ya está notificada del allanamiento, pero se tomó la decisión de esperar a la sesión prevista para el 22 de agosto para tratar el tema, esperando armar una comisión para investigar el tema, ajustándose al artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece un mecanismo en caso de “faltas graves”. Desde Activar emiten un comunicado donde aclaran que “nadie ni nada está por encima de la ley. Estamos a disposición de la Justicia para colaborar y cumplir con todo lo que ella requiera para esclarecer el caso”. Nadie hizo nada.
9 de agosto. Pedro Puerta utiliza su cuenta en la red social X para comunicar que pidió la renuncia a su amigo y socio político: “Le pedí a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado para que, sin fueros, la Justicia investigue y avance con celeridad en el esclarecimiento del caso. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley. Como espacio político y como ciudadanos, necesitamos conocer la verdad”. Los dos hermanos Kiczka y el padre de ambos se presentaron en el juzgado para ponerse a disposición y designar abogado defensor.
10 de agosto. Faría dijo en una entrevista a FM Show que en el allanamiento del 6 de agosto “se estableció que había un archivo, por eso secuestramos esa notebook Lenovo”, del diputado. “Se visualizaron algunos archivos que tenían vinculación, entonces a raíz de eso vamos a proceder a una apertura, y se va a fijar una fecha a los fines que el diputado Germán Kiczka pueda ejercer su derecho a defensa”. Sin explicación de por qué no se lo detuvo si constituía un delito en flagrancia, y sin tomar medidas ante la alta posibilidad de fuga; tenía todos los medios para fugarse: dinero y poder.
11 de agosto. Kiczka ofrece una entrevista en el canal de Puerta. “Mi renuncia está a disposición del juez y del equipo de nuestro partido”. La nota la presentó ante el juzgado. “Si el juez considera que es necesario que renuncie para investigar, estoy dispuesto a renunciar”.
12 de agosto. Kiczka presenta su renuncia a su banca en la Cámara de Diputados.
15 de agosto. El juez consulta a la Cámara de Diputados si fue aceptada la renuncia presentada por Kiczka. Al hacerlo, en su escrito señala que el diputado de Activar presentó una solicitud de exención de prisión en el marco de la causa principal.
16 de agosto. A las 8.30 se realiza la pericia clave de los aparatos secuestrados a Kiczka. Participan los peritos oficiales y de parte.
20 de agosto. Es martes y el juez pide la detención y el desafuero de Kiczka de la Cámara de diputados.
22 de agosto. Es la primera sesión ordinaria de la Cámara tras el receso invernal. Ingresa una nota entregada por la secretaria de Kiczka donde anuncia la ausencia del diputado en la sesión, luego se sabe que la firma fue falsificada. Durante la sesión, la Cámara rechaza la renuncia que había presentado el diputado puertista, se le quita los fueros y se aprueba la conformación de una comisión legislativa para investigar el caso. Alrededor de las 20 horas el magistrado recibe la resolución de la Cámara y cuando envía a detener a los hermanos Kiczka la Policía no los encuentra. Se fugaron. Tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo.
23 de agosto. El juez Faría solicitó la captura internacional a Interpol.
Fernando Ortega Zabala es periodista. Nació en Buenos Aires y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Se especializa en periodismo de investigación y narrativo. Fue jefe de la sección Política del diario El Territorio y editor de Judiciales en Misiones Online. Trabajó durante nueve años en la sección Política de Perfil. Colaboró con la revista Noticias y con diversos medios gráficos, radiales y televisivos. También trabajó en el diario Ámbito Financiero y dicta talleres de periodismo. Publicó dos libros Historia del contrabando en la Argentina y La industria del humo. Cubrió la guerra entre Rusia y Ucrania para Grupo Atlántida.

Opinión
Por qué nos movilizamos los docentes

Por: Leandro Sánchez
Lo salarial es la motivación más importante, los 570.000 pesos que gana un docente que recién se inicia es el motivo, con una canasta familiar por encima del millón de pesos es motivo suficiente, pero además nos preocupa que manden 380 pesos por día por alumno para los comedores de jornada completa (para la media jornada es la mitad), en un contexto económico tan difícil como el actual (en realidad esa cifra fue la del fin año, en lo que va del 2025 no mandaron nada todavía), también nos preocupa que no lleguen más libros que dependía de un programa nacional y en la zona de frontera donde se habla el portuñol, donde la aparición de un libro nuevo en casas donde tal vez hay solamente una biblia es un gran acontecimiento cultural que ya no ocurre, que no se arreglen algunas escuelas, se terminen las que estaban en construcción o se construyan nuevas es un problema, como también nos preocupan los problemas derivados de la implementación del sistema SUNA (Sistema Único de Novedades de los Agentes) que su implementación no trae innumerables problemas y por el cual se crea una confusión tremenda por los errores de funcionamiento. En algún momento se dijo que cada pueblo debía tener su EPET, pero no le construyeron su edificio o se abrieron secundarios con la promesa de la pronta edificación nueva y en muchos casos eso no ocurrió nunca. Para incremento salarial, infraestructura, materiales y comedores nos dicen que no hay plata, al igual que lo expresa el gobierno nacional, pero, sin embargo, vemos que cada tanto aparece una nueva denuncia por corrupción que parece que nunca se resuelve. Todo esto repercute en la calidad educativa, un pibe con hambre no puede aprender, alumnos hacinados tampoco van a estar totalmente predispuestos a la tarea. Esas son las motivaciones que nos llevan a enviar notas a los responsables, a salir por la prensa, a marchar y a llegar a medidas más extremas o a parar por el futuro de la educación en Misiones.
La respuesta del gobierno es ignorar los reclamos y la judicialización, amenazar con llevarnos a juicio oral. Esta respuesta, ¿soluciona algo?
Claro que no. Intenta amedrentar y acallar las voces de los que piden mejores salarios, al igual que lo hacen tratando de desviar la atención, mostrando que pusieron internet en las escuelas o haciendo cursos para enseñar cómo es el sindicalismo que ellos pretenden, no soluciona los problemas.
Un reclamo colectivo como este que se desarrolla en asambleas, en plazas y cuyas acciones son votadas a mano alzada por los que las van a desarrollar no se va a parar porque condenen a dos maestros, como los que a lo ancho y a lo largo de la provincia sostienen la escuela pública misionera con venta de comidas para reparar o de ferias de distinto tipo para sostener el comedor… porque los están castigando a ellos.
Apresaron a los policías que reclamaron salarios y ahora lo intentan con los maestros, pero este proceso colectivo no se va a poder parar porque nos lleven a juicio.
*Docente y secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM).
Opinión
La oposición busca la paja en ojo ajeno

Por: Fernando Oz
@F_ortegazabala
El diputado Pepe Pianesi, previo a unos lances de florete por X, escribió una breve columna de opinión donde apunta al Frente Renovador de la Concordia, su oponente predilecto. En resumidas cuentas, se queja de la gran cantidad de sublemas que presentó el oficialismo, una “maniobra” a la que calificó como “un abuso electoral” y que se financiará con la “nuestra”. Protestando, nuevamente, contra las reglas del juego.
Primero acomodemos los melones. En las elecciones del 8 de junio la provincia elegirá a 20 diputados provinciales, la mitad de la Legislatura. A su vez, sólo en 11 de los 78 municipios, también se votarán concejales. Esos once municipios son clave para la estabilidad política del Cantón, allí se encuentra casi el 70% del electorado.
En esos enclaves, donde los intendentes se ven obligados a reforzar o mantener el statu quo, se inscribieron 347 sublemas. La renovación presentó 159 y la sumatoria de toda la oposición 188. La marca de los hermanos Milei, La Libertad Avanza, inscribió 37. En cuanto a los radicales y el último pelotón del PRO, asociados en el Frente Unidos por el Futuro, 68. El resto de las fuerzas políticas, las de menor peso y con menos intención de votos, suman en total 83 sublemas.
Y acá vale una aclaración. Varios sublemas inscriptos abandonaron la competencia antes de arrancar, ya sea por pura estrategia electoral, acuerdos políticos, económicos o por lo que fuera, pero los números que se lanzaron en esa primera rueda son los mencionados. Otro capítulo de las reglas, tan cuestionables como acomodaticias.
Pianesi se queja de las reglas, la Ley de lemas es una de ellas. En su escrito esgrimió que el oficialismo “después de más de 20 años al frente del gobierno, todavía necesitan estas maniobras para sostener las mayorías en los poderes legislativos de la provincia y los municipios”. También describió, a su modo, un mecanismo que conocemos todos, que no es más que una estrategia, avalada por la norma, que viene dando muy buenos resultados al frente que lidera Carlos Rovira.
Luego continuó con un poco más de lamentos y un rocambolesco pronóstico electoral para octubre. Y tiró un lance final: “La Renovación quedará muy expuesta en sus propias contradicciones y tendrá la responsabilidad de cambiar el paso”. Una estocada fallida para quien integra un partido lleno de “contradicciones”. Tal vez, deberían ser los dirigentes de la oposición quienes tengan que actuar con mayor “responsabilidad” y “cambiar el paso”.
Como consecuencia del desdoblamiento de las elecciones de los dos principales distritos electorales del país, provincia de Buenos Aires y CABA, las más importantes fuerzas políticas dejaron por la libre a sus referentes y electores de Misiones y otras jurisdicciones. El kirchnerismo y el PJ se concentran en la resistencia del territorio bonaerense. Los primos Macri, con lo que queda del PRO, hacen lo mismo en defensa del bastión porteño. Los radicales siguen los objetivos de Martín Lousteau, que rara vez cruzan la General Paz.
Hasta el electorado que se auto percibe libertario, al que se le está montando una campaña ficticia, fue dejado a su suerte. Sus principales referentes, con el tributarista Carlos Adrián Nuñez a la cabeza, están muy ocupados, junto a los radicales con peluca, en los entuertos de la EBY. No están dispuestos a hacer muchos esfuerzos en las elecciones provinciales; como saben que parten de la nada, todo lo que venga de arriba por la marca, es ganancia pura.
Lo que Pepe y el resto de la oposición deberían preguntarse es qué hicieron durante todos estos años para cambiar las reglas. Nada o muy poco. Ni siquiera fueron capaces de adaptarse al contexto del momento, lo que no significa rendirse. En el Cantón Verde, el arco opositor, de centro izquierda a centro derecha —que al peronismo cada cual lo ubique donde quiera— no logra salir de un espiral de internas y mezquindades que termina deteriorando cualquier equilibrio posible.
La clase política, que continúa hablando sólo a su público cautivo, está evitando debatir sobre los problemas de fondo y esa falta de intercambio dialéctico, de enfrentamiento intelectual, de choque de ideas, o como quieran llamarlo, nos hace mal porque nos deja indefensos ante los desafíos del presente y del futuro. Claro que los enfrentáremos, como siempre se hizo, pero hace falta congruencia de parte de la dirigencia para propender con cambios que dejen de ser declamaciones oportunistas para convertirse en una verdadera cohesión social. Así, los muros se derriban más rápido.
Opinión
Misiones: una provincia con “brutos ingresos”, fronteras y aduanas “paralelas”

Por: Luis Mario Pastori
@luispastori
El 1/11/2014, el especialista en tributación José Alaniz escribió en “Práctica y Actualidad Tributaria” de Errepar una nota con sentido crítico que tituló: “Misiones. Una provincia con fronteras… y algo más”, refiriéndose al régimen de pago a cuenta de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (en adelante ISIB) establecido por la RG 56/2007 del 27/12/2007de la entonces Dirección General de Rentas –hoy ATM-, en los primeros días del primer mandato del gobernador M. Closs. Esta medida abarca a “los productos o mercaderías que ingresen a la Provincia de Misiones, por cualquier medio, para su compraventa, o remisiones entre fábricas o sucursales, o entregas en depósito o en consignación, así como con relación a la prestación del servicio de transporte de cargas con origen en esta provincia”.
Más recientemente, en “Doctrina Tributaria” de abril de 2025 de la misma editorial, los autores Vitale, Raijman y Estévez vuelven sobre este régimen que aplica la provincia de Formosa en sus puestos de control, destacando los rasgos que lo tornan evidentemente inconstitucional, recordando que, además de Misiones y Formosa, también aplican regímenes similares Salta y Jujuy. Este mismo análisis lo utilizamos para determinar los vicios constitucionales que afectan a este mecanismo.
1- Misiones: una provincia con “brutos ingresos”
La Provincia de Misiones ha desarrollado un sistema de recaudación basado en el ISIB que representa la principal fuente de financiamiento en materia de tributos propios, llegando a representar en 2024 el 94,26% de los ingresos tributarios recaudados por la ATM (datos a set/2024).
La recaudación, influida por las altas alícuotas del impuesto, se ve potenciada fuertemente por el cobro de los anticipos en los puestos de control, conocidos popularmente como “aduana paralela” o “aduana interna”. A pesar de los objetivos recaudatorios y de control, este sistema ha generado controversias por sus posibles conflictos con principios constitucionales. Diversos fallos judiciales y análisis doctrinarios han cuestionado la validez de estas medidas, señalando excesos normativos y afectaciones a los derechos de los contribuyentes (1).
El responsable no necesariamente debe ser contribuyente del ISIB en la Provincia de Misiones para resultar obligado al pago del anticipo. Se presentan entonces las siguientes situaciones:
- i) Contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral con alta en la Provincia de Misiones deben pagar un 2,38% del importe bruto de la operación.
- ii) Contribuyentes locales inscriptos en Misiones: el 2,38% del importe bruto de la operación.
iii) Sujetos No Inscriptos: el 3,40 %.
2- Fronteras y “algo más”. Vicios constitucionales
Al analizar los principios constitucionales que se ven afectados, señalo junto a los autores precitados, los siguientes:
a. Principio de Legalidad: Este añejo principio señala en forma terminante que no hay tributo sin ley, reforzado por la Constitución Provincial en su art. 101 inc. 2). Sin embargo, del análisis de las resoluciones de la ATM se establece como hecho imponible el ingreso de mercaderías a la Provincia independientemente de que se configure el hecho imponible definido en el artículo 143 del Código Fiscal de la Provincia (Ley XXII N° 35). La base imponible se calcula sobre el mayor valor entre la factura o el precio de referencia administrativo, contraviniendo los artículos 150 y siguientes del citado Código, que estipulan que debe basarse en los ingresos brutos reales devengados. En conclusión, hablamos de una norma dictada por la ATP órgano de carácter administrativo que gravaría un hecho distinto al que establece la ley; por lo tanto, no podemos hablar de un pago a cuenta del ISIB sino de un impuesto distinto de este.
b. Principio de Capacidad Contributiva: La definición según el cual la riqueza que se busca captar, no es la del vendedor, quien concibe al tributo como un costo más para la realización de su actividad, sino la que exterioriza quien adquiere el bien o servicio de que se trate al adquirirlo. Entonces, si bien el ingreso de mercaderías por parte de los contribuyentes podría suponer para el Fisco provincial un indicador de riqueza, esta compra por sí sola no configura el hecho imponible ni tampoco demuestra la capacidad contributiva que se pretende gravar con el ISIB.
c. Libre circulación territorial: Los artículos 9/10/11/12 y 75, inc 13) de la CN garantizan la libre circulación de mercaderías dentro del país y prohíben la existencia de aduanas internas. En varios casos, como Akapol SA y Yamaha Motor Argentina SA los contribuyentes han planteado la violación de principios constitucionales como la libre circulación y que actúan como barreras comerciales. En estas instancias, la Procuración General de la Nación ha emitido dictámenes dispares. Algunos casos se desestimaron por no presentar un manifiesto contenido federal, mientras que, en otros, como Loma Negra SA se consideró que la cuestión tenía relevancia federal al interferir con el comercio interjurisdiccional. La CSJN intervino en Loma Negra, dictando una medida cautelar que ordena a Misiones abstenerse de obstaculizar la circulación de mercaderías por falta de pago de los anticipos del ISIB, generando así un precedente importante. Otros casos recientes plantean cuestionamientos similares. La Procuración General consideró que estos casos son sustancialmente análogos a Loma Negra, reconociendo la competencia de la CSJN para actuar.
En síntesis: Coincidiendo con los autores precitados, al realizar el análisis de los principios tributarios podemos observar que el régimen de recaudación del ISIB vulnera el Principio de Legalidad; grava el ingreso de mercadería a la Provincia con independencia de haberse configurado el hecho imponible previsto en la Código Fiscal; previendo además un régimen sancionatorio propio. Afecta la libre circulación de mercaderías interjurisdiccional constituyendo en lo que podría definirse como una “aduana interior” en contra de lo establecido por la CN y genera una carga administrativa para los contribuyentes de extraña jurisdicción ya que la ATP establece la “obligación” de que liquide y pague el impuesto para poder ingresarlo a la Provincia, amén del trámite que supone las solicitudes de exclusión y/o devolución de estos pagos a cuenta. La mera compra de bienes por parte de los contribuyentes locales no hace suponer la capacidad contributiva que el ISIB intenta captar afectando el Principio de Capacidad Contributiva. Finalmente, si bien la Corte no se ha expedido a la fecha sobre la cuestión de fondo, podemos advertir que la acción podría plantearse en instancia originaria ante la Corte en lugar de interponer la demanda ante los estrados de la justicia federal de Misiones o en la justicia local, ya que la misma recientemente se declaró competente y concedió la medida cautelar de no innovar solicitada (Caso “Loma Negra”) y podría expedirse en esa línea, toda vez que el planteamiento del contribuyente revista un manifiesto contenido federal, y se cuestionen normas provinciales violatorias de los artículos 9, 10, 11, 75, incisos 1), 10) y 13), y artículo 26 de la CN (Dictamen de la Procuradora General de la Nación en las causas CSJ 421/2023 y CSJ 1396/2023).
En conclusión, estas observaciones al régimen no solo aportan fundamentos desde la perspectiva de su inconstitucionalidad, entendiendo que los principios consagrados en nuestra CN no representan un conjunto de normas de aplicación discrecional que las Provincias puedan adoptar o ignorar según sus propios criterios fiscales.
(1) Casos:
CSJN – “Akapol SA c/Misiones, Provincia de – Dirección General de Rentas – s/acción declarativa (art. 322, Cód. Procesal)” – FPO 4067/2016
CSJN – “Yamaha Motor Argentina SA c/Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones y otro s/acción meramente declarativa de derecho” – FPO 6629/2016/
CS1 CSJN – “Loma Negra Compañía, Industrial, Argentina, Sociedad Anónima c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa de certeza” – sentencia del 27/9/2022 – Fallos: CSJ 2240/2016 “Biuot SA c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad (CJS 421/2023)” y “Bonnin Hermano c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad (CJS 1936/2023).”
(*) Contador Público. Docente Universitario. Diputado Provincial y Nacional (M.C.)
-
Provinciales hace 7 días
Boda del año: Pedro Puerta y Karen Fiege sellarán su amor, el sábado en Iguazú
-
Judiciales hace 7 días
Ramón Amarilla inició huelga de hambre en la UP VIII: “Soy inocente”
-
Política hace 1 día
Se oficializó la candidatura de Ramón Amarilla a diputado provincial
-
Policiales hace 4 días
Mató a un vecino en Pozo Azul y fue capturado tras 8 años prófugo
-
Política hace 2 días
Ramón Amarilla fue internado unas horas y levantó la huelga de hambre
-
Provinciales hace 4 días
Karen y Pedro festejaron su amor y pronto pasarán por el registro civil
-
Política hace 3 días
Nuevos nombres en la lista de diputados de la Renovación que encabeza Macías
-
Política hace 6 días
Remueven a titular de la Secretaría de Trabajo de la Nación en Misiones