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La extraña fuga de dos hermanos pedófilos vinculados al poder

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caso kiczka

*Por Fernando Ortega Zabala.

La cronología del caso Kiczka deja inexplicables espacios de tiempo e incógnitas que generan sospechas. Un diputado investigado por delitos de pedofilia se escapa bajo las narices de todos en una de las provincias más custodiadas del país. Redes de trata, abuso infantil, y guerra por el poder.

Se pide su detención por uno de los delitos más aberrantes por el que se puede acusar a una persona, después de matar. Y aunque todos somos o deberíamos ser iguales ante la Justicia, el caso Kiczka tiene una serie de aristas que lo tornan particular, una de ellas es que se trata de un diputado vinculado íntimamente a uno de los dos apellidos con mayor poder político y económico de la provincia.

Germán Kiczka era el presidente de Activar, el partido que creó el diputado provincial Pedro Puerta, hijo del exgobernador Ramón Puerta, archienemigo favorito de la renovación. Los dos diputados eran íntimos, se tenían confianza, habían construido una amistad que se fue consolidando desde que eran adolescentes en la apacible Apóstoles, una pequeña localidad donde se vienen realizando allanamientos desde febrero, como parte de una investigación internacional por abuso y distribución de pornografía infantil.

Desde aquel momento, con el padre y el hermano del diputado imputados en el marco de una investigación que se inició en Estados Unidos, todos medios de comunicación se ocuparon en seguir el caso. La maquinaria de bots del oficialismo y su ejército de trolls hicieron lo suyo para instalar el tema en la agenda, con la particularidad de dejar bien claro que Kiczka ‘es Puerta”.

El último informe de opinión pública realizado por Zuban Córdoba y Asociados se realizó entre el 12 y 14 de agosto sobre una base de 2500 casos. El 92,2 % de los encuestados situó al aumento de la pobreza como uno de los problemas más graves entre los temas de actualidad en el país. El 89,9 % opinó que se trata del aumento de la desocupación. El caso del diputado misionero investigado por pedofilia se ubicó en tercer lugar con el 89,7%.

Es decir que, en menos de seis meses, el tema se encontraba instalado en la punta de la agenda pública de todo el país. Así y todo, Kiczka y su hermano se dieron a la fuga. No se trata de un NN, sino de un diputado cuyo rostro salió por todos los medios. Misiones es la provincia con mayor cantidad de uniformados por habitante después de la Antártida. Además de la Policía provincial, Misiones cuenta con todas las fuerzas federales.

Lo que queda claro, bajo la luz de la investigación judicial, es que no se trató de una operación montada por la renovación en contra de Puerta. La realidad indica que su amigo y compañero de andanzas electorales se encuentra hasta el cogote, junto a su hermano.

A fines de mayo el juez de Instrucción Cuatro, Miguel Faría, ya tenía informes que apuntaban al diputado Kiczka. Cuando el caso se encontraba a punto de hervor, Pedro Puerta se encontraba en París, en compañía de la diputada renovadora Karen Victoria Fiege Wutzke, lugar donde se comprometieron, bajo el cotillón de los Juegos Olímpicos.

Germán Kiczka era presidente de Activar, el partido creado por su amigo Pedro Puerta.

En el pedido de detención del diputado Kiczka y de su hermano, requerido por la fiscal Silvia Barronis, se argumenta que ambos debían ser apresados “a los fines de evitar entorpecimiento del proceso teniendo en cuenta el estado de la investigación, pericias pendientes de producción, y que la libertad de los involucrados pueda poner en peligro la recolección de los elementos probatorios y el desenvolvimiento del proceso”. En ese dictamen, se detalló que en los dispositivos electrónicos secuestrados a los hermanos se hallaron 603 archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.

A las 20 horas del jueves 22 de agosto el juez ya estaba notificado del desafuero de Kiczka y la Policía lo estaba buscando. Una hora después, el diputado Puerta, amigo y jefe político del prófugo acusado de pedófilo, ingresa al edificio de Canal 4 para ofrecer una exclusiva al periodista Alejandro Barrionuevo. No llegó solo, lo acompañaba la influyente legisladora renovadora e integrante del Consejo de la Magistratura.

En principio todo hace suponer que en la instrucción judicial y en el proceso de desafuero del legislador en la Cámara de Diputados, se hicieron de manera correcta. Pero algo sucedió para que al Estado provincial y Nacional se les hayan escapado dos pedófilos, uno de ellos diputado y ligado a un apellido con poder y socio político del presidente Javier Milei.

Lo más extraño del caso es que nadie se haya ocupado de mantener una custodia a los involucrados en una causa donde el eje es el abuso sexual de menores de edad, más teniendo en cuenta la particular geografía fronteriza con Brasil y Paraguay. El caso Kiczka en Misiones y la desaparición del niño Loan en Corrientes, dos tramas oscuras que tocan hilos del poder.

La cronología de una fuga anunciada

16 de enero. La fiscal especializada en delitos y contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, con jurisdicción en Caba, recibe un correo donde se la invita a sumarse a una investigación de características globales denominada “Guardianes digitales por la niñez”. Tras analizar la información del operativo, la fiscal decide sumarse y avanzar. En la mira había domicilios en Ciudad y provincia de Buenos Aires, en Tucumán y Misiones.

26 de febrero. El juez Faría recibe un exhorto desde Buenos Aires para hacer un allanamiento en Apóstoles, una pequeña localidad donde medianamente todos se conocen. Desde ese día, el magistrado tiene conocimiento que se trata del domicilio de Leonardo Kiczka, padre del diputado Germán Kiczka.

28 de febrero. Es el día más importante de la investigación. Se realizan ocho allanamientos simultáneos, dos en Ciudad de Buenos Aires, dos en territorio bonaerense, uno en Tucumán y otro en Apóstoles, más precisamente en la casa de los Kiczka, los de la pizzería, donde vive el padre de Germán, el amigo de Pedro.

1 de marzo. Todos los medios ya habían publicado que el padre y el hermano del diputado Kiczka se encontraban imputados en una causa por la presunta comisión del delito de tener publicaciones, reproducciones y distribución de pornografía infantil. Para el juez, en el allanamiento “se obtuvo resultados ampliamente positivos, habiéndose procedido al secuestro de una gran cantidad de dispositivos informáticos”.

19 de abril. La Justicia porteña, por cuestiones de competencia territorial, declina parcialmente competencia, en el marco de la causa, para que el juez Faría avance en la investigación. A todo esto, la fiscal del caso en Misiones ya había pedido que el magistrado se declare competente. Cuestiones de forma y procedimientos normales de instrucción.

23 de abril. El juez ya tiene “especial consideración a los datos almacenados en los elementos (dispositivos electrónicos) que fueron secuestrados el 28 de febrero” porque “constituyen prueba fundamental de esta investigación”. También observó que “dada la urgencia ante volatilidad de la evidencia digital” ordenó la apertura y extracción de datos forenses, y luego se procedió a analizar la información obtenida.

21 de mayo. A estas alturas, Germán Kiczka es imputado y surge del “EXPTE N.o 52511/2024 SECRETARIA DE APOYO PARA INVESTIGACIONES COMPLEJAS”, donde figura “el análisis de los datos extraídos” de los equipos secuestrados.

10 de julio. Toda la prueba reunida comprometía claramente al diputado, esa situación no le impidió presentar ese día una nota a la mesa de entrada de la Legislatura para informar su salida del país, del 7 al 22 de julio. Nadie prestó atención a la solicitud. Explican que es de forma, un por si las dudas. Tampoco nadie preguntó al juez, al menos oficialmente. El caso seguía en la agenda de los medios.

6 de agosto. El juez informó a la Cámara de Diputados que el legislador de Apóstoles fue allanado. También hicieron pesquisas en un negocio familiar y la casa donde residen su hermano y su padre. Ese mismo día, por la tarde, Germán Kiczka toma distancia del allanamiento y argumenta que se debe a la causa en la que está imputado su padre y hermano. “Como lo hice desde el primer día, quiero dejar en claro que estoy a disposición de la Justicia para colaborar en lo que se necesite, con el fin de esclarecer lo más rápido posible esta situación”, se lee en un párrafo de un comunicado de prensa. Nada dice de renunciar.

7 de agosto. Buena parte de los medios confirman que en la casa del diputado los efectivos de la Unidad Cibercrimen y la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (Saic) encontraron archivos con pornografía infantil. Todo relacionado al allanamiento ordenado por la Justicia Federal en febrero. En la nueva computadora secuestrada se encontraron archivos con material de pedofilia, zoofilia e incesto y accesorios sexuales. Los artículos periodísticos parecen precisos y hasta muestran las fotos del diputado durante el allanamiento. Pese a lo que pareciera ser un caso de flagrancia, Kiczka no fue detenido el día anterior.

8 de agosto. La Cámara ya está notificada del allanamiento, pero se tomó la decisión de esperar a la sesión prevista para el 22 de agosto para tratar el tema, esperando armar una comisión para investigar el tema, ajustándose al artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece un mecanismo en caso de “faltas graves”. Desde Activar emiten un comunicado donde aclaran que “nadie ni nada está por encima de la ley. Estamos a disposición de la Justicia para colaborar y cumplir con todo lo que ella requiera para esclarecer el caso”. Nadie hizo nada.

9 de agosto. Pedro Puerta utiliza su cuenta en la red social X para comunicar que pidió la renuncia a su amigo y socio político: “Le pedí a Germán Kiczka que renuncie a su banca de diputado para que, sin fueros, la Justicia investigue y avance con celeridad en el esclarecimiento del caso. En Activar nada ni nadie está por encima de la ley. Como espacio político y como ciudadanos, necesitamos conocer la verdad”. Los dos hermanos Kiczka y el padre de ambos se presentaron en el juzgado para ponerse a disposición y designar abogado defensor.

10 de agosto. Faría dijo en una entrevista a FM Show que en el allanamiento del 6 de agosto “se estableció que había un archivo, por eso secuestramos esa notebook Lenovo”, del diputado. “Se visualizaron algunos archivos que tenían vinculación, entonces a raíz de eso vamos a proceder a una apertura, y se va a fijar una fecha a los fines que el diputado Germán Kiczka pueda ejercer su derecho a defensa”. Sin explicación de por qué no se lo detuvo si constituía un delito en flagrancia, y sin tomar medidas ante la alta posibilidad de fuga; tenía todos los medios para fugarse: dinero y poder.

11 de agosto. Kiczka ofrece una entrevista en el canal de Puerta. “Mi renuncia está a disposición del juez y del equipo de nuestro partido”. La nota la presentó ante el juzgado. “Si el juez considera que es necesario que renuncie para investigar, estoy dispuesto a renunciar”.

12 de agosto. Kiczka presenta su renuncia a su banca en la Cámara de Diputados.

15 de agosto. El juez consulta a la Cámara de Diputados si fue aceptada la renuncia presentada por Kiczka. Al hacerlo, en su escrito señala que el diputado de Activar presentó una solicitud de exención de prisión en el marco de la causa principal.

16 de agosto. A las 8.30 se realiza la pericia clave de los aparatos secuestrados a Kiczka. Participan los peritos oficiales y de parte.

20 de agosto. Es martes y el juez pide la detención y el desafuero de Kiczka de la Cámara de diputados.

22 de agosto. Es la primera sesión ordinaria de la Cámara tras el receso invernal. Ingresa una nota entregada por la secretaria de Kiczka donde anuncia la ausencia del diputado en la sesión, luego se sabe que la firma fue falsificada. Durante la sesión, la Cámara rechaza la renuncia que había presentado el diputado puertista, se le quita los fueros y se aprueba la conformación de una comisión legislativa para investigar el caso. Alrededor de las 20 horas el magistrado recibe la resolución de la Cámara y cuando envía a detener a los hermanos Kiczka la Policía no los encuentra. Se fugaron. Tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo.

23 de agosto. El juez Faría solicitó la captura internacional a Interpol.

Fernando Ortega Zabala es periodista. Nació en Buenos Aires y estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. Se especializa en periodismo de investigación y narrativo. Fue jefe de la sección Política del diario El Territorio y editor de Judiciales en Misiones Online. Trabajó durante nueve años en la sección Política de Perfil. Colaboró con la revista Noticias y con diversos medios gráficos, radiales y televisivos. También trabajó en el diario Ámbito Financiero y dicta talleres de periodismo. Publicó dos libros Historia del contrabando en la Argentina y La industria del humo. Cubrió la guerra entre Rusia y Ucrania para Grupo Atlántida.

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Los que hoy te aplauden, mañana te entierran

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Por: Fernando Oz

@F_ortegazabala

 

Lo bueno de esta temporada de columnas de opinión, mecha que prendió Fernando Rumi en LVM, es que no me veo obligado a escribir de política, algo que debería ejercitar más de seguido. Así que la veda electoral me brinda esa oportunidad. La cuestión es que los otros días, revisando unos papeles, encontré de casualidad la Orden del día número 515 de la Cámara de Diputados de la Nación del año 2000, hace veinticinco años, cuando el nuevo siglo comenzaba a caminar.

El documento está impreso sobre dos hojas A4, algo arrugadas y con algunos bordes rasgados. Ahí se puede leer un dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja que luego se aprobó en el pleno con pomposos discursos incluidos.

“Señor presidente: Lamentablemente, y en el Día del Periodista, debemos pronunciarnos acerca de un hecho de violencia perpetrado en contra de un trabajador de prensa que, en ejercicio de su labor, sufrió una injustificable agresión de parte de un miembro de la comunidad de la ciudad de Puerto Iguazú”, se lee al inicio de los fundamentos del proyecto de Declaración.

En realidad, habían sido dos tipos, uno delgado y fibroso, el otro macizo y grandote desde donde se lo mirara. Eran contrabandistas de poca monta que, cada tanto, eran reclutados por el intendente de aquel entonces, cuyo nombre prefiero no recordar, para hacer presencia en actos políticos, romper manifestaciones y apretar a los molestos. Justamente esta última fue el caso. Fue cosa de un minuto. El primero hizo gala de tener un cuchillo en la cintura y me dejó sin aire con un izquierdazo en la boca del estómago. El segundo completó la misión con una trompada seca en la mandíbula. Nocaut.

Leo el dictamen de la Comisión de Libertad de Expresión con cierta nostalgia y pienso enmarcarlo; lo que suelen hacer los viejos periodistas cuando comienzan a batirse en retirada, midiendo lo último del parque de municiones.

Tenía veinticuatro años y tres en “el mejor oficio del mundo”, creía en un periodismo escrito con mayúsculas. Por la mañana me ganaba la diaria como movilero, por la tarde vendía artículos a quien sea: El Territorio, La Nación, La Prensa, revista Veintidós, Noticias. Siempre había un colega amigo dispuesto a dar una mano o simplemente pedía hablar con el jefe de redacción y ofrecía la noticia de manera corta, precisa, sin fisuras. Arriesgaba un título al teléfono, una bajada informativa, vendedora. Y remataba diciendo ‘Escuche jefe, también tengo diez fotos en alta resolución, dos muy buenas si piensa en la tapa. Pero el combo entero tiene otro precio’. Eso, un cazador furtivo de noticias perdido en la triple frontera.

Recuerdo que los diputados habían montado un espectáculo en el Congreso y los medios nacionales hablaban del tema. “Nos causa profunda indignación este atropello de evidente intención intimidatoria hacia la libertad de expresión, opinión e información”, se lee en uno los párrafos de los fundamentos del proyecto de declaración.

Más adelante sigue: “Sirva esta iniciativa, paradójicamente presentada en el Día del Periodista, como un reconocimiento a una profesión que, lejos de ser cómoda y complaciente, es riesgosa y a menudo ingrata, pero que es imprescindible para el resguardo de los derechos y libertades en una sociedad civilizada”. Más adelante citan a Abraham Lincoln y a Rodolfo Walsh.

Pero fíjense lo que son las cosas. El proyecto de Declaración fue firmado por trece diputados de diferentes bloques. Años más tarde, siendo embajadora en Caracas, una de las legisladoras que había estampado su rúbrica, me demandó por escribir que ella hablaba con los peces de la fuente de la sede diplomática en Venezuela; otro de los diputados de aquel momento, tiempo después, siendo gobernador, me detuvo cuando intentábamos ingresar con un equipo periodístico a un sembradío de su propiedad donde aterrizaban sospechosas avionetas que llegaban de Bolivia.

Otros dos de esos diputados tuvieron encontronazos con la prensa después de quedar envueltos en presuntos hechos de corrupción. ¿Entienden lo que quiero decir? Los que hoy te aplauden, mañana te entierran. La relación entre el periodismo y el Poder, sea el que fuere, siempre fue compleja. Lo supo uno de mis abuelos cuando el peronismo cerró su periódico, luego mi padre en plena dictadura, y posiblemente mañana le toque a mi hijo. Quién sabe.

Parecen ser momentos difíciles para el periodismo en el país y en el mundo. Según el balance anual de Reporteros sin Fronteras (RSF) a fines del año pasado, un total de 54 periodistas han sido asesinados, 550 encarcelados y 55 secuestrados en 2024. La organización no gubernamental dice que es una “cifra récord” y que “el periodismo paga un precio humano desorbitado en los conflictos y los regímenes opresores”. Cinco profesionales perdieron la vida en México, otros siete en Pakistán y desde que se desató la guerra en Ucrania van 13, ni qué decir lo de Palestina donde el número de colegas muertos es alrededor de 200.

El último informe de RSF indica que, por segundo año consecutivo, la Argentina registró una profunda caída en el índice global de libertad de prensa: descendió en total 47 lugares durante el gobierno de Javier Milei.

Es terrible, pero qué puedo decir. Esas han sido siempre las reglas, en tiempos de los teletipos y ahora también, donde jóvenes reporteros resisten en Gaza mostrándoles al mundo desde la cámara de sus celulares, a través de las redes sociales, lo miserables que podemos ser los seres humanos.

Es que el periodismo, como contrapoder, se vuelve un ejercicio peligroso en cualquier lugar del mundo. Y, por suerte, siempre hay mujeres y hombres con pensamiento crítico dispuestos a cuestionar y pelear por la verdad, la independencia y la libertad de prensa. Pero claro, tendrán que pagar el precio. El límite depende de cada cual.

Veinticinco años después, ojeo lo que se llevó al recinto del Congreso y me produce un sabor amargo. En cambio, la primera vez que lo leí me pareció que era una dulce victoria. Es el paso del tiempo o el kilometraje. Tal vez, sea el momento de terminar de hacer las valijas, de hacer el relevo.

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Opinión

Escenario electoral a una semana de las elecciones en el Cantón

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Por: @F_ortegazabala

El resultado de las elecciones provinciales, que se conocerán el próximo domingo al finalizar el escrutinio, servirá para medir el piso del oficialismo, de la desmantelada oposición y marcar el enojo de la sociedad hacia una dirigencia que derrocha apatía por Instagram mientras los comedores comunitarios comienzan a desbordarse debido a la creciente necesidad alimentaria.

Fue una campaña sin debate, mediocre, los candidatos no anduvieron; gana la estrategia y pierde el ego y la pedantería. A menos que suceda algo extraordinario, de acá a siete días el cuadro de situación no se correrá. En el oficialismo, los más optimistas creen que el Frente Renovador de la Concordia meterá catorce diputados, los más pesimistas dicen ocho, y el arriba firmante se para en nueve, diez con viento a favor.

El tercer puesto será para el sello de La Libertad Avanza, gerenciado por el abogado tributarista Carlos Adrián Nuñez y el bróker de negocios Diego Hartfield. Si se confía en las encuestas que andan dando vueltas, una de las incógnitas es Martín Arjol y sus radicales con peluca. Un muestreo de opinión pública, que se pasa de mano en mano por el directorio de Yacyretá, ubica al diputado nacional arañando ese tercer puesto hipotético.

Zona gris. Siguiendo esa misma lógica de confianza en las mediciones de unos y otros, el inflado expolicía Ramón Amarilla, que injustamente aguarda una sentencia tras las rejas, se posicionaría en un cuarto o quinto lugar. Tras meses de encierro, el líder de la sublevación policial de mayo del año pasado se encuentra hecho un Ravi Shankar, habla de diálogo y de consenso, se compara con Nelson Mandela; también se sueña diputado provincial, llevando la paz, dice tener fe y sabe que su lista quedó infiltrada por enturbiadas aguas del paraoficialismo.

En esa misma zona gris, tal vez rozando un quinto o sexto puesto se encuentra Unidos por el Futuro, el frente armado a los apurones con lo que quedó de la UCR y el PRO que lleva a Santiago Koch como primer candidato. Todo indica que estas serán las elecciones más amargas que haya sufrido el radicalismo. No hay más bancas para ocupar, sólo se renueva la mitad de la Legislatura, así que todo el resto corre el riesgo de quedar afuera incluso Koch y el ex diputado nacional Héctor Cacho Bárbaro, líder del PAyS.

¿Y el segundo puesto? ¿Esa segunda opción de contrapeso real? Esa segunda fuerza no tendrá ni voz ni voto en la Cámara porque no estará representada. Son los que elegirán votar en blanco o directamente no asistir al acto electoral. Una tendencia que ya se observó en otros distritos del país.

En las elecciones legislativas de CABA, la participación fue del 53,3%, muy por debajo del promedio histórico. Santa Fe abrió el calendario electoral del país el domingo 13 de abril, sólo fue a votar el 55,6% del electorado. En Jujuy fue del 64%, en Salta del 62%, en Chaco: 52%, y en San Luis 60%.

La elección con mayor nivel de crisis de legitimidad fue la del 18 de octubre del 2001, justamente legislativas; previas al derrumbe de la convertibilidad y a la renuncia de Fernando de la Rúa. En aquellos comicios nacionales, el ausentismo fue del 24,53%, los votos impugnados llegaron al 24,5% y el voto en blanco alcanzó el 4,7%. Si lo ponemos en proyección observamos con claridad el triste deterioro del sistema; la apatía de las que les hablaba.

Ese mismo mes y año, con la crisis nacional a pleno galope, el 6,4% de los que fueron a votar en el territorio provincial lo hicieron en blanco. Obtuvieron un virtual tercer puesto. La gente estaba claramente disgustada. El tema se los contaba hace algunas columnas atrás, entonces me tomo la licencia de recordarlo de manera textual.

Luego de aquel mal año, el voto en blanco más bajo en Misiones se registró en las elecciones siguientes, en 2003, cuando el Frente Renovador gana en las urnas por primera vez, con poco más del 46% de los votos. El 3,6% fue al blanco. Desde entonces hubo fluctuaciones, subas y bajas, ondulaciones propias del terreno político.

Tomando los datos de los porcentajes de las boletas de la categoría diputados provinciales de los últimos 22 años, observamos que el primer pico más alto de voto en blanco fue en 2007 con el 10,8%. El otro rebote fue en 2011, ese año, los que optaron por el blanco obtuvieron el segundo lugar con el 10,1% de los que fueron a votar. El Frente Renovador de la Concordia había ganado con el 67,5%, y los radicales se quedaron en tercer lugar con un magro 5,6%.

En 2015 se repite el pico de 2007 con el 10,8%, pero el escenario electoral es diferente. La polarización se acentúa a nivel nacional con el kirchnerismo en caída y la oposición encolumnada detrás de Mauricio Macri. La renovación obtuvo el 56,5% y el más fuerte de la dispersa oposición el 11,9%. El voto en blanco quedaba en tercer lugar.

Siguiendo en el análisis de la categoría Diputados provinciales, en la última elección, con la irrupción de La Libertad Avanza, Javier Milei y toda su pandilla, el voto en blanco volvió a colocarse en tercera posición después de haber permanecido durante tres actos electorales seguidos en cuarto lugar.

Lo que tiene que quedar claro es que, durante las últimas tres elecciones, en Misiones, el voto en blanco saltó del 4,7% al 5,8%. Lo que significa que el malestar vuelve a subir. Y ahora la tendencia es directamente no concurrir a votar, es por eso que, el movimiento final de estas elecciones estará en el poder de convocatoria y movilización, una cuestión de logística vital en una coyuntura general de apatía, de desafección política. No es un detalle menor.

Ahora, si afinamos la mira sobre el oficialismo y las legislativas: En 2005 fue el primer éxito electoral de medio término para el Frente Renovador de la Concordia, obtuvo el 41,9% de los votos; el Frente Justicialista para la Victoria el 19,5%, la UCR el 10,5%, después un variopinto menú cuya sumatoria apenas rozó el 15%. Desde aquel momento, las bancas de la renovación se mantuvieron muy por arriba de lo que se necesita para tener una cámara estable y afín a las necesidades del Poder Ejecutivo. Las legislativas de medio término que siguieron también fueron buenas: En 2009 la renovación metió doce diputados provinciales, nueve en 2013, diez en 2017 y once en 2021.

El resultado es claro, la Renovación Neo tiene la partida ganada. Después se evaluará su performance. La oposición tendrá que pensar más en la provincia. El próximo desafío será en las legislativas nacionales, en octubre, donde el misionerismo tendrá una nueva oportunidad de marcar presencia en el Congreso en un marco de realismo periférico.

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Plan represivo: el uso político de Guacurarí

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Por: Pablo Camogli

@pablocamogli

La ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, presentó la última semana el “Plan Guaçurarí” destinado a controlar la frontera seca entre Misiones y Brasil, a la altura de Bernardo de Irigoyen. Más allá de la certeza sobre la ineficiencia de dicho plan, orquestado solo para llenar minutos de pantalla en los medios de la hegemonía comunicacional porteña y agradar a la embajada de los Estados Unidos, lo lamentable de todo esto es el uso político de nuestro prócer provincial.

En primer término, sorprende la ignorancia o el desinterés puesto de manifiesto a la hora de escribir el apellido de Andrés, que es Guacurarí, con C de casa. Este debate ya fue saldado hace muchos años por los principales investigadores dedicados a biografiar al prócer, entre otros, Jorge Machón, Daniel Cantero, Alfredo Poenitz y quién esto firma. A lo sumo, sería más tolerable la grafía con Z (Guazurarí, igual de errónea), pero nunca con la Ç, ya que esa letra solo forma parte del abecedario portugués, o sea, del enemigo.

En segundo lugar, suena a afrenta el uso del nombre del Comandante General de Misiones por parte de una descendiente directa de Juan Martín de Pueyrredón, el Director Supremo que declaró traidor a la patria a José Artigas, le puso precio a su cabeza y, lo que es más grave aún, pactó con el gobierno imperial en Río de Janeiro la entrega de la Banda Oriental y de las Misiones a cambio del aniquilamiento del artiguismo. Gracias a ese pacto, los pueblos que integraban nuestra provincia fueron destruidos, incendiados, saqueados y su población arriada como ganado.

Tanto la connivencia del Director Supremo con los luso-brasileños como la devastación causada por ellos es algo largamente documentado en la historiografía regional. Desde la perspectiva de Andrés, que es desde dónde pretendemos hacer historia en Misiones, Pueyrredón fue el mayor traidor a la causa común de construir un país unido en el Río de la Plata, un personaje que llegó al extremo de acordar con el enemigo exterior solo para desaparecer a sus adversarios internos.

Se podrá alegar que la ministra desconoce la historia argentina, algo muy probable dado su bajísimo nivel intelectual, pero eso no la exime de la provocación. Que ella, con todos sus pomposos apellidos patricios use el nombre de Guacurarí es un acto de cinismo. Los Bullrich Luro Pueyrredón de la época lo querían muerto a Andrés e hicieron todo lo posible para que ello ocurriera. Del mismo modo, los Bullrich Luro Pueyrredón del presente detestan todo lo que Andrés representa: el federalismo, la expropiación de tierras para dárselas a los más infelices, la igualdad hecha política práctica, la independencia y la defensa de la soberanía frente a toda potencia extranjera.

Es triste que un personaje siniestro y un gobierno cruel utilicen de esa manera a nuestro prócer provincial, que representó valores diametralmente opuestos. Si la ministra hubiera sido coherente que sus ancestros y con lo que ella misma pregona, jamás hubiera recurrido a un indígena como su emblema. Si tuviera dignidad (y valentía) le hubiera puesto Francisco Das Chagas Santos, en homenaje al oficial lusitano que destruyó las Misiones entre 1817 y 1818 y capturó a Andrés, en 1819, en connivencia con Pueyrredón y el patriciado porteño. Ese era su aliando en la época, como el neocolonialismo es su política en el presente.

Algún día los misioneros tendremos que definir si realmente queremos a Andrés como nuestro prócer o si preferimos a otro, a uno más cercano a los Bullrich Luro Pueyrredón, a alguien que no haya defendido con su sangre y con su vida el derecho inalienable de los misioneros a gobernarse por sí mismos. Tener a Guacurarí de prócer y hacerle el juego a los planes represivos de la ministra son cosas incompatibles. Por lo menos, seamos coherentes nosotros.

(*) Historiador

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