Por: Fernando Oz

@F_ortegazabala

En el horizonte inmediato las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde se ponen en juego 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Además, ese día, los argentinos ratificarán o no, con el voto, la gestión de Javier Milei frente al Poder Ejecutivo. Una evaluación sobre la mitad de su mandato.

Si los libertarios embanderados en La Libertad Avanza ganan, el corte deshumanizante de la motosierra se profundizará en todo el país y tocará sectores que aún no han sido alcanzados. La inflación volvió, la devaluación se come el salario, aumenta el desempleo y la inseguridad se siente a diario; ese es el cuadro actual, las proyecciones son desalentadoras.

Si las oposiciones ganan, la ecuación de fondo no cambiará demasiado. Habrá más voces en el Congreso en contra de un avasallante presidente con poco apego a las normas democráticas, pero el Gobierno mantendrá el rumbo.

Los cálculos están hechos. Aunque realice una inmejorable elección legislativa, Milei tiene claro que seguirá sin mayoría en el Congreso. Lo que significa que para avanzar con sus planes necesitará de los legisladores de las fuerzas aliadas, partidos provinciales, o cualquier solitario dispuesto ofrecer el voto a cambio de algo.

A nivel nacional el PJ aparece como la opción opositora más fuerte. A los argentinos nos gusta tropezar con la piedra de las polarizaciones, de las antinomias estúpidas; ayer se llamaron unitarios y federales, después llegaron los conservadores y los que no lo eran, y así la vamos llevando, estancándonos y pisando el palito de nuestra propia ignorancia. Hoy asistimos a una nueva temporada de peronismo y antiperonismo. En medio de sus propias internas el PJ toma cuerpo frente a un Milei que logró disciplinar al alicaído Pro de Mauricio Macri y a un sector del radicalismo.

Entre las alternativas de menos peso, la más importante es la que ofrecen cinco gobernadores que se presentan como una variante de centro con una mirada más federal, sin kirchnerismo ni libertarios. Una suerte de “ancha avenida del medio” pero sin Sergio Massa. En esa arquitectura andan el cordobés Martín Llaryora, el santafecino Maximiliano Pullaro, el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal.

Este nuevo frente, bautizado como Provincias Unidas, busca sumar a otros mandatarios, pero al parecer no hay una estrategia que favorezca a todos por igual. Por otro lado, dos gobernadores radicales arreglaron para ir junto a La Libertad Avanza: Alfredo Cornejo, de Córdoba, y Leandro Zdero, de Chaco. El entrerriano Rogelio Frigerio también se sumó al sello violeta. En Corrientes, Gustavo Valdés prefirió no sumarse a la liga.

En distinta medida, los gobernadores dependen del dinero que el Ejecutivo “federal” recauda en su nombre y luego reparte. Pero en su afán por conseguir superávit fiscal, Milei se ha quedado con esos fondos provinciales, una estrategia de estrangulamiento financiero que completó con la paralización total de la obra pública nacional y de la prestación de servicios de seguridad social.

Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 51% de los ingresos totales de Misiones provienen de recursos de origen nacional, lo que coloca a la provincia entre las más independientes en términos económicos. Eso se alcanzó, hay que decirlo, gracias a la gestión del Frente Renovador de la Concordia; la década de los 90 había dejado a la provincia endeudada y con una dependencia que rondaba el 80%. Fueron años de orden fiscal y crecimiento sostenido.

En todo este concierto, qué nos toca a los ciudadanos de Misiones, cuál es la mejor opción. Podemos inclinarnos hacia el aceleracionismo libertario en medio de la tempestad, volver a confiar en los partidos tradicionales con base en el puerto de Buenos Aires o apostar a los acuerdos de coyunturales montados sobre la hora.

También podemos darle el voto a los oportunistas del enfado colectivo, mal direccionado al gobierno local, que vieron la oportunidad y gritaron más fuerte. Por lo general suelen ser los más peligrosos. Algunos aparecen de la nada con sellos partidarios, financistas fantasmas, un poco de marketing para la ocasión, prestándose al baile y pintándose la cara. Otros van boyando de alianza en alianza para sobrevivir en el mercado político.

El Frente Renovador de la Concordia sabe que cuenta con la confiabilidad, tras una satisfactoria y ordenada gestión administrativa. El balance final es ese 49% de independencia. Dato inapelable. Esa es la principal opción del que vive en Misiones y anhela alcanzar esos dos puntos que le garantizan el camino de autonomía marcado por Carlos Rovira.

Pero la renovación también sabe que su performance durante las últimas elecciones fue la peor desde su creación. El desgaste propio de los años y el exitismo de una minúscula elite aburguesada erosionó su credibilidad. Ojo, porque esa misma vara le cabe a toda la clase política del país, por eso la recuperación de la credibilidad es una tarea prioritaria de la Argentina democrática.

Para ganar credibilidad, hay que sincerarse. Para sincerarse, hay que reconocer públicamente aquellas verdades que incomodan. Ese primer paso ya lo dió Oscar Herrera Ahuad. Lo hizo el lunes último, en Alem, con micrófono en mano y ante ciento treinta referentes de salud de la zona sur del Cantón, cuando pidió a los diputados nacionales que acompañen con el voto la ley de financiamiento de emergencia sanitaria pediátrica, conocida como la Ley Garrahan.

En las elecciones del 26 de octubre Misiones renueva tres de las siete bancas que ocupa en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Nadie duda sobre los resultados de la renovación, lo podemos palpar con ese 49% de prolijidad financiera que le permite hoy, en este contexto, cumplir con las obligaciones salariales sin debilitar la prestación de seguridad social. Sus vaivenes políticos dejan, en cambio, una larga estela de interrogantes.

Si a la confiabilidad, Herrera Ahuad sigue marcando la diferencia, se recuperará la credibilidad y la provincia se asegurará una voz independiente y con experiencia a favor de los misioneros.

Vivir con lo nuestro y votar en defensa propia

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Luis Pastrori

@luispastori

En fecha 1/8/2016 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.264, denominada “Programa de Recuperación Productiva” más conocida como “Ley Pymes”, la que en su Título II propone la aplicación de tratamientos impositivos especiales para el fortalecimiento de estas empresas.

A instancias del suscripto, se incorporó como Artículo 10 un texto que textualmente expresa: “Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para implementar programas tendientes a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que éste establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas”.

Lamentablemente este artículo nunca fue reglamentado, ni por el gobierno de Macri ni por el de Alberto Fernández ni tampoco por el actual de Milei. Su propósito claro y transparente es el de otorgar beneficios impositivos y fiscales a las Pymes fronterizas como las de Misiones en particular, que sufren las asimetrías -especialmente tributarias- con Paraguay y Brasil, países con los que comparte un 90% de sus límites, ahogando sus posibilidades de crecimiento y
desarrollo en un contexto de nula competitividad.

En la gestión Fernández-Massa-Cristina el gobierno renovador misionero se entusiasmó con la promesa de la creación de una “Zona Aduanera Especial” (similar a la de Tierra del Fuego). Sin embargo, y habiéndose aprobado un artículo en la Ley de Presupuesto para el año 2022, el mismo fue vetado por el propio Alberto Fernández. Repetido luego en la Ley de Presupuesto 2023, y a pesar de las promesas que repetidamente hiciera el Ministro de Economía Massa –por entonces candidato a presidente-, finalmente nunca se concretó.

Por ello, y ante las dificultades que implica aprobar una nueva norma en dicho sentido, lo más accesible es insistir por enésima vez en la reglamentación del Art. 10 de la Ley 27.264, que solamente requiere de la voluntad del Poder Ejecutivo de dictar un decreto que lleve beneficios concretos y que alivien la situación fiscal y económica de nuestras empresas y, en consecuencia, de los consumidores que somos todos.

¿Cuáles podrían ser algunas de esas medidas? En forma temporal y por un plazo de cinco (5) años, se podrían considerar por ejemplo las siguientes:

a. Impuesto a las Ganancias: Reducir del 25 al 15% la alícuota del impuesto para aquellas empresas que declaren ganancias netas de hasta $ 101.679.000 anual (monto vigente para 2025)

b. IVA: Programa de reintegro del impuesto para consumidores de la provincia de Misiones

c. Impuesto a los débitos y créditos bancarios: alícuota cero (0%)

d. Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono: Reducción de un 50%

e. Reducción de contribuciones patronales y mayor crédito fiscal en IVA por las
contribuciones patronales.

Advertimos en su momento que la “Zona Aduanera Especial” era algo muy difícil de lograr y luego de concretar. El camino de reglamentar el Art 10 de la Ley Pymes nos debe unir a todos para convencer al país central que Misiones necesita imperiosamente una mirada diferencial que tienda a compensar en alguna medida las carencias de infraestructura básica como gas natural, transporte ferroviario, autopistas, así como el injusto reparto de recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos donde Misiones percibe menos que las demás provincias del NEA (Corrientes, Chaco y Formosa) a pesar de registrar la mayor cantidad de habitantes en la región.

Pero todo ello también requiere el esfuerzo que debe hacer el gobierno de la Provincia en el sentido de bajar la presión tributaria que es una de las más altas del país, en especial con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sus altas alícuotas, los cuantiosos saldos a favor de los contribuyentes que nunca se recuperan y la inconstitucional implantación de la llamada “aduana paralela”, todo lo cual agrega un costo que finalmente lo terminamos soportando los habitantes vía precios en las góndolas.

Nación y Provincia tienen pues la enorme responsabilidad de comenzar a brindar respuestas. Los misioneros, el derecho y el deber de reclamar por todas las vías lo que legítimamente nos corresponde.

*Diputado Provincial y Nacional –M.C.

Un régimen electoral hecho pelota

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Por: Fernando Oz
@F_ortegazabala

Ustedes disculparán, pero cada vez que dos o más gobernadores izan las banderas del federalismo me asalta cierta incredulidad. Es que basta con verlo por el espejo retrovisor del tiempo y ya me dirán qué opinan. Me sucedió esta semana cuando leí en los portales de noticias que los mandatarios de Córdoba, Santa Fe, Chubut, Jujuy y Santa Cruz abrieron al resto de sus colegas la puerta de un frente electoral de espíritu federal como una alternativa a la polarización entre el oficialismo libertario y el peronismo.

No es la primera vez que surgen iniciativas de este tipo, casi siempre impulsadas por los cordobeses y los santafecinos. El problema de fondo, también lo sabemos, no es ideológico ni partidario, sino de caja, y cuanto más nos acercamos al puerto de Buenos Aires la tentación por la plata crece. Así lo supieron los Llaryora y Pullaro de ayer, los que traicionaron a sus colegas contemporáneos cada vez que tuvieron oportunidad.

El lobby porteño siempre se las ingenió para sabotear el federalismo de este bendito país. Comenzaron birlando parte de los impuestos de la corona del reino de España, hasta que decidieron que era mejor no envirar nada, luego llegó la independencia y fueron por las riquezas de las provincias. Es que se habían quedado sin el comercio de la plata altoperuana, el tabaco y la yerba de Paraguay y los cueros de Uruguay, pero conservaban la formidable aduana, donde germinó la fiebre Argentum.

Pese al poder territorial, en términos de metro cuadrado y recursos, las provincias siempre terminaron tranzando con el puerto del Río de la Plata. Fue la alianza de las provincias en el Congreso lo que permitió la creación de la figura de presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y designaron a Bernardino Rivadavia, que acababa de llegar de hacer negocios por Europa, para ocupar el cargo. Rivadavia era un porteño de la clase alta de la época, integrante del círculo de los comerciantes y hacendados que sumaban nuevos negocios derivados de sus tradicionales exportaciones.

Después vino otro porteño para que administre el asunto entre el puerto y las provincias, Vicente López y Planes, poeta, creador del Himno Nacional Argentino y conocido abogado entre contrabandistas con patente de aduana, cuatreros reconvertidos en señores de la guerra y comerciantes ingleses de ultramar que se casaban con criollas para hacerse de tierras.

Desde entonces —y pasando por la guerra civil entre Buenos Aires y las provincias, incluso durante la hegemonía de Rosas, el Restaurador que terminó siendo más porteñista que el mismo Rivadavia—, la balanza de poder siempre estuvo a favor del lobby del puerto, que con el tiempo se quedó con el manejo de buena parte de los recursos estratégicos de las diferentes provincias, ya sea mediante empresas, impuestos o la simple apetencias del caudillo de turno.

El pico máximo de la puja se dio en la década de 1850, cuando Buenos Aires se independizó de las provincias. Las tropas federales habían sitiado a los porteños por tierra y una escuadra naval bloqueaba el río a punta de cañón. Estaban rodeados y resolvieron la cuestión sobornando al jefe de la escuadra, un estadounidense de apellido Coe, por dos millones de pesos y otros tantos para algunos hacendados de provincia, porque los traidores siempre estuvieron presupuestados. Más adelante llegó Bartolomé Mitre con la misión de fortalecer el poderío porteño y su influencia en la economía agroganadera.

En total, de 50 presidentes que hemos tenido, incluidos los de facto, 17 eran porteños, 13 de Buenos Aires y cinco de Córdoba. De los 21 militares que estuvieron frente a la Presidencia, siete nacieron en territorio bonaerense, cinco en suelo porteño y tres en Entre Ríos. En definitiva, en el país de los argentos el Poder con mayúsculas siempre giró
alrededor del puerto y las provincias agroganaderas. No se trata del lugar de nacimiento, sino de un sistema en el que da igual si el que se sienta en el sillón de Rivadavia fuese formoseño o porteño. Todos terminan pintándose la cara de unitario.

El último presidente del Norte Grande fue el correntino Arturo Frondizi, depuesto por una conspiración cívico militar en 1962. El único patagónico fue Néstor Kirchner.

De los últimos diez presidentes, es decir desde el retorno de la democracia, sólo hubo dos porteños: Alberto Fernández y Javier Milei. Cuatro bonaerenses: Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Fernando De la Rúa era cordobés, pero antes de ser presidente fue jefe del Gobierno porteño. El riojano Carlos Menem y el puntano Adolfo Rodríguez Saá, llegaron de esa parte del país donde los negocios de sus minerales se cierran con empresas extranjeras con oficinas con vistas al Río de la Plata.

Pero volvamos al presente, al frente nacional electoral que empujan los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El documento que emitieron no fue muy novedoso, más que el espíritu ya parece el arquetipo del reclamo de los mandatarios provinciales desde que nos independizamos de su majestad: “Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”.

A ese nuevo esquema se podría sumar el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz: autónomo, alejado del kirchnerismo, sin pertenencia a La Libertad Avanza y con un fuerte anclaje provincial. También hay conversaciones con otros mandatarios. La idea es sumar al pelotón con ADN localista que se mantienen por fuera de las estructuras nacionales tradicionales, como Alberto Weretilneck de Río Negro, el neuquino Rolando Figueroa, Claudio Poggi de San Luis y el sanjuanino Marcelo Orrego.

Hugo Passalacqua podría convertirse en un actor gravitante en esta nueva liga del federalismo político. “Cuando hay unanimidad de todas las provincias, hay participación nuestra, pero cuando son descolgados o cuando tienen aspecto más de disolución que dé solución hay que ver qué pasa”, observó un importante funcionario de Misiones, aunque reconoció que el país se encuentra frente “a un Estado central absolutamente indiferente e insensible a las problemáticas de las provincias”.

Por el momento, la iniciativa, bautizada simbólicamente como “un grito federal”, no atrajo demasiado al resto de los mandatarios. El correntino Gustavo Valdés prefirió tomar distancia, al menos durante estas elecciones. La mayoría prefiere esperar.

Desde antes de la Constitución de 1853, la que adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal, los argentinos venimos discutiendo el desequilibrio entre las provincias pobres y ricas. Hace más de doscientos años el puerto del Río de la Plata nos recuerda la arrogancia y mezquindad de los argentos.

Fragmentación, desconfianza y futuro: un dilema electoral

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